#CódigoProcesalPenal: reforma puede generar puja entre jueces y fiscales por el presupuesto

El nuevo Código que Cristina anunció le quita poder a los jueces, ganando peso de decisión los fiscales. Cambios abren chance de una suba de fondos al Ministerio Público

A finales de julio del año pasado, Alejandra Gils Carbó realizó un viaje relámpago a Chile que le resultó revelador y la terminó convenciendo de la necesidad de reformar el Código Procesal Penal. Y mientras el Congreso se aprestaba a iniciar el trámite del Código Civil y Comercial y en el Ejecutivo circulaban versiones sobre cambios en el Código Penal, la Procuradora trasladó la idea de aggiornar el libro cuyo proyecto de reforma había sido tratado en varias ocasiones en Cámara de Diputados. En el Gobierno la recibieron positivamente y un año y dos meses después de aquel viaje la presidenta Cristina Fernández anunció en cadena nacional el pronto envío al Congreso del proyecto de reforma.
Pero los cambios que Gils Carbó, apoyada en un grupo de especialistas, le recomendó a Cristina conllevan una atractiva disputa que se dará en caso de que el Procesal Penal avance en las instancias que corresponden. Como el Código propone pasar del actual sistema inquisitivo al acusatorio, dándole más relevancia al trabajo de los fiscales en las investigaciones, el Ministerio Público reclamará un incremento en su presupuesto anual, que hoy es de $ 2.909 millones. El aumento responde a importantes inversiones que se deberían llevar a cabo en matería tecnológica principalmente.
De dónde saldrán esos fondos resulta una gran incógnita. El hecho de que los jueces pierdan influencia en las investigaciones en caso de avalarse la propuesta podría repercutir en una redistribución del dinero que percibe el Poder Judicial, en la actualidad, alrededor de $ 9200 millones. Parece impensado ese escenario teniendo en cuenta los continuos cruces que la Corte Suprema tiene con la Jefatura de Gabinete por la asignación de las partidas para pagar los sueldos de los empleados del sector. La plata, así, surgiría de otro lado.
Cuestiones de esta índole en el horizonte reavivan las tensiones entre Gils Carbó y el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que han tenido diversos cruces desde que Gils Carbó asumió en agosto de 2012 por diferencias en fallos trascendentes. Como en caso de aprobarse, el renovado Código Procesal Penal demoraría en aplicarse, todavía los protagonistas de posibles conflictos prefieren no emitir opinión públicamente.
De prosperar el nuevo Código, que con matices ya se hizo efectivo en varias provincias, los fiscales pasarían a estar al frente de las investigaciones y el juez sólo se encargaría de juzgar. Actualmente, explican en la Procuración, los magistrados pueden decidir si delegan o no la investigación en los fiscales. Si se modifica ese punto, serían estos últimos los responsables de llevar a cabo todo el proceso.
Ayer, el secretario de Justicia, Julián Alvarez, aseguró que «en los próximos días» el Poder Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que «era una deuda pendiente».

Fuente: texto y foto publicados por El Cronista (10/10/2014)