201307.31
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Crean un cuerpo de inspectores federal para combatir el trabajo no registrado

Trabajo sumará atribuciones sobre los gobiernos provinciales

El Gobierno decidió crear una cuerpo de inspectores con jurisdicción federal para combatir el trabajo no registrado. En esa tónica, además, se ampliarán las facultades del ministerio de Trabajo para el contralor en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que en esos distritos la normativa vigente establece que la jurisdicción es prioridad de las administraciones locales. Se descuenta que el sector del trabajo rural, donde se aprecian los mayores porcentajes de irregularidades de empleo, será uno de los blancos claves de la nueva estructura. En el abanico de medidas que se harán públicas en las próximas horas se concretará una convocatoria a la comisión de Empleo del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (CSMVM) para abocarse al tema.
Precisamente en ese foro el jueves la presidenta Cristina Fernández marcó el objetivo de incorporar al segmento de trabajadores registrados, hoy integrado por 9.335.684 personas, al 32% de que se desempeña en empleos informales. “Creo que la gran pelea, la de todos y la de responsabilidad como Presidenta es luchar por ese grupo de argentinos que todavía no está registrado”, enfatizó Cristina ante el CSMVM.
Fuentes del Ejecutivo confiaron anoche a BAE que el esquema de acción prioriza aumentar el margen de acción del ministerio a cargo de Carlos Tomada dentro de la organización federal de la Argentina.
Con respecto al número de inspectores que deberían formar esa dotación, otras fuentes estimaron que el número ideal rondaría en los 5.000 agentes, para los 24 distritos mencionados, lo cual representaría un promedio de 208 inspectores por provincia y la CABA. “Es un cálculo simple, la distribución de agentes se daría en cuanto densidad poblacional y económicamente activa de cada provincia”, acotó el informante.
Dentro del esquema sobre el cual se trabaja por estas horas también recobró valor una expresión del ministro Carlos Tomada, que meses atrás, refiriéndose al trabajo no registrado ponderó la importancia de los sindicatos para colaborar en los controles. “El número de inspectores, sumando a los integrantes de las comisiones gremiales de todas las empresas del país rondaría en 70 mil agentes”. El funcionario aclaró que no sólo se refería a estadísticas sino que descontaba el compromiso de los delegados que a diario ejercen la defensa de los derechos de sus compañeros en cada lugar de trabajo.

Respaldo de la CGT
Al respecto, este medio consultó a fuentes de la CGT que lidera Antonio Caló sobre la ofensiva al trabajo no registrado: “es una de nuestras prioridades desde que conformamos esta central y hacemos nuestra la decisión que plasmó Cristina porque hace también a la reinvidicación del movimiento obrero”.
Por su parte el experto en derecho Sindical Carlos Marín comentó: “hay que precisar que no se trata de trabajo en negro, ni que carece de registro, la figura exacta es trabajo ilegal”. El abogado se mostró a favor de una fuerza con injerencia en todo el territorio nacional se aplique a los controles como labor central y no accesoria.
Las cifras oficiales reflejan que en 2003 cuando el presidente Néstor Kirchner comenzó su mandato la cartera laboral contaba con 20 inspectores. Hoy esa cifra se multiplicó hasta llegar a los 400, pero una ofensiva contundente contra el trabajo ilegal amerita una dotación lo más numerosa. Marín destacó también que para cumplir este objetivo, “los sindicatos deberán ser parte de ese esquema, no solo desde la declamación, sino como alguna vez dijo el ministro en cuanto a que cada delegado que posee la tutela legal que hace a su función debe constituírse en un controlador del trabajo ilegal”.

Fuente: Diario BAE (31/7/2013)