Reducción de la jornada laboral: ¿se podría aplicar en la Argentina?

El diputado Héctor Recalde considera que los empleados deben prestar como máximo 45 horas semanales y afirma que esto ayudaría a crear más puestos de trabajo. En el Senado, existe una iniciativa que busca establecer el máximo legal en 6 horas diarias. Qué opinan los asesores de empresas.

En la actualidad, la tecnología contribuye a acortar procesos, a optimizar recursos humanos, favorece la hiperconectividad en cualquier momento y lugar y también abre las puertas a modalidades laborales más flexibles tales como el teletrabajo.
Sin embargo, los tiempos que se viven exigen al mismo tiempo a los empresarios hacer todo lo posible para no ceder ante la competencia y, en muchos casos, factores tales como la inflación les juegan una mala pasada a los números de la compañía.
Es entonces cuando se evalúan costos y beneficios y, pese a todas las bondades de la tecnología que podrían permitirles aplicar jornadas laborales más reducidas, sucede lo contrario ya que deben recurrir -en más de una oportunidad- a que sus empleados realicen horas extras en lugar de asignar turnos y contratar, en consecuencia, a otro empleado para cubrir un determinado volumen de producción.
Sucede que este último caso implicaría el pago de un nuevo salario con sus cargas patronales asociadas, algo que puede resultar difícil de soportar por parte de las firmas.
Así, la realidad empresaria parece contrastar con diversas iniciativas parlamentarias en las que se apunta a que los dependientes rindan más como resultado de que llevan una mejor calidad de vida, producto de la posibilidad de compatibilizar mejor su ámbito laboral con el personal-familiar.
Incluso, hasta el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, propuso hace un año trabajar tres días a la semana durante once horas, para tener libres otros cuatro días y dedicarlos a innovar y a crear o a tener más tiempo disponible simplemente.
En este contexto, en la Argentina este tema volvió a tomar relevancia luego de que el diputado oficialista Héctor Recalde considerara como una buena opción reducir la jornada laboral pero manteniendo los salarios. Esto, con el objetivo de crear más puestos de trabajo y así combatir el desempleo, de modo que se podría asistir a las obras sociales -por mayor recaudación- y ayudar al mismo tiempo al Fisco nacional.

Proyecto de ley
La propuesta de Recalde no es la única existente. De hecho, en forma concreta, existe un proyecto de ley del senador Osvaldo López (ARI – Tierra del Fuego) que fue presentado hace poco menos de un año y propone reducir la jornada de trabajo a 6 horas diarias y a 36 horas semanales sin recorte salarial, para todos los trabajadores en relación de dependencia que desempeñen su labor en la actividad pública o privada.
El senador explicó los motivos de la iniciativa que impulsa: «Necesitamos trabajar para vivir, y vivir es un concepto que tenemos que recuperar».
El fueguino aclaró que su iniciativa «es perfectamente realizable» y agregó que «hoy hay menos necesidad de horas hombre en el proceso».
López considera que redundaría en beneficios para el empleado porque descansaría más y su jornada sería más productiva y también para el empleador porque el dependiente se dedicaría sólo a su labor específica.
El senador por Tierra del Fuego estimó que «no hay una relación aritmética entre las horas trabajadas y el nivel de producción» y aseveró que «cambiar la jornada de trabajo de 8 a 6 horas no significa la mengua de la misma».
Tras los dichos de Recalde y la salida del cajón del proyecto de López, otros integrantes de la vida política argentina salieron a apoyar la medida y preocuparon al empresariado local.
El ex asesor de la CGT propuso reducir la jornada de 48 a 45 horas semanales y señaló que «si se sanciona la ley, sin merma en el salario, estaríamos ofreciendo 200.000 puestos laborales».
Recalde afirmó que «no es tan audaz el planteo, no es dramático para las empresas y sería una medida de justicia social y de inclusión».
«El derecho al trabajo ni crea ni destruye empleo, es la política económica. Si hay dos trabajadores obligados a jornadas de 12 horas diarias, eso impide que un desocupado trabaje 8 horas, es decir, esas 24 horas dividirlas en tres», remarcó.

Cómo funcionaría
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la cantidad de horas de trabajo en la Argentina viene en ascenso: aumentó del 2000 al 2005 y volvió a hacerlo en el período 2005-2009. De acuerdo con las cifras de este relevamiento, el promedio de algunos rubros, como el comercio, ya supera las 46 horas semanales mientras que uno de cada tres hombres trabaja 48 horas o más, lo que es considerado exceso de trabajo.
Recalde sostuvo que la propuesta se podría llevar adelante a través de una herramienta que se podría denominar «repartición del trabajo». «Ésta, históricamente, fue concebida para distribuir de manera igualitaria las horas evitando que pocos trabajen demasiado y demasiados no tengan empleo», señaló.
Por otra parte, destacó que «la reducción de la jornada laboral produce un aumento en las cotizaciones sindicales y de la seguridad social» disminuyendo, a su vez, las cargas sobre los fondos estatales correspondientes a esta última -reducción, por ejemplo, en las sumas erogadas por el Estado en concepto de subsidios por desempleo- provocando por doble vía -recaudación y ahorro- mayores ingresos fiscales que puedan ser destinados a la creación de nuevas fuentes de empleo -creación de planes que generen puestos directos e indirectos, paliando a su vez problemas habitacionales».
«Son elocuentes los estudios que demuestran la incidencia directa de la reducción de la jornada de trabajo de 8 a 7 horas y de 7 a 6 horas en la siniestralidad laboral», explicó Recalde.
Las estadísticas indican que la mayor cantidad de accidentes ocurre en las últimas horas de trabajo -o en la primera- como producto de la desatención sufrida por cúmulo de fatiga.
«Así deben direccionarse las políticas sobre riesgos laborales hacia la prevención y sólo luego a la reparación del daño», remarcó.

¿Puede funcionar en la Argentina?
Otros países intentaron llevar adelante esta clase de medidas con resultado diverso.
En Francia, la «Ley Aubry» que buscaba limitar la jornada a 35 horas no tuvo éxito, al no generar más empleo, con el agravante de privar a determinados sectores productivos franceses de competitividad en sus empresas, además del alto impacto fiscal.
Esa iniciativa apuntalaba, supuestamente, a las compañías a través de asistencia o subsidios estatales para que adhirieran a esta reducción de la jornada de trabajo.
En cambio, en Alemania se redujo el tiempo de trabajo a través de acuerdos colectivos sectoriales y ello contribuyó a incrementar el consumo por ampliarse el tiempo de ocio como consecuencia de la reducción y eso sí generó empleo en sectores de servicios.
Héctor Alejandro García, socio del estudio García, Pérez Boiani & Asociados, consideró que «este tipo de iniciativas no son válidas en un contexto de inflación y depreciación en el poder adquisitivo de los salarios, los que se verían doblemente afectados al recortarse la carga de trabajo como consecuencia de la disminución de la jornada».
Además, señaló que «no se generaría empleo espontáneamente, mucho menos cuando el costo laboral se incrementaría en ocasión de pretender que se contraten más personas, por cuanto la productividad se mide en términos de «costo laboral unitario» y aquí se aumentaría.
«Ello redundaría en menos competitividad en las empresas», opinó.
En tanto, para Pablo Mastromarino, socio del estudio Tanoira & Cassagne, «aún cuando el proyecto tenga un fin loable tendiente a fomentar la vida familiar y reducir el desempleo, la práctica demuestra que estos fines no siempre se cumplen y que muchas veces las consecuencias reales de su implementación se contraponen a los efectos deseados».
«Un análisis realista nos llevaría a vislumbrar mayores perjuicios que beneficios. En el campo práctico de su aplicación, lejos de estimular al empleador a crear nuevos puestos se lo termina castigando con mayores costos laborales, ya que para mantener el mismo nivel de producción deberá afrontar uno sensiblemente mayor», agregó.
«Por ello, no sería extraño que varios empleadores opten por el efecto contrario, es decir, reducir el nivel de producción», destacó el abogado de Tanoira & Cassagne.
Además, los expertos coincidieron al señalar que el empleador no es el único perjudicado en este proyecto, sino que también lo es el propio trabajador porque en muchas actividades un componente muy importante de la remuneración son las horas extras, que se pretenden reducir.
«Es difícil entonces imaginarse que estos empleados perjudicados en sus salarios por la reducción de las horas adicionales, vuelquen sus ingresos a un mayor consumo».

Fuente: iProfesional.com (5/8/2013)