Ante las quejas y fallas, crecen los pedidos para que se declare a la telefonía móvil como servicio público

La Secretaría de Comunicaciones rechazó la suba de tarifas planeada por las firmas prestadoras y dictó un reglamento que ayudaría a mejorar el servicio pero nada especifica sobre montos a cobrar. Legisladores y entidades que defienden a consumidores piden «a gritos» una ley que cambie la situación.

Sin dudas, el lanzamiento de los smartphones -cada vez más versátiles- tuvo como correlato un crecimiento exponencial de las ventas de estos equipos.
Pero, para que los usuarios puedan aprovechar al máximo sus capacidades, es necesario que el servicio de telefonía celular sea ofrecido por parte de las firmas prestadoras con alta calidad -lo cual implica que dichas compañías realicen inversiones- de modo de evitar y, en lo posible, eliminar posibles fallas que afecten las comunicaciones.
En la práctica, esto no sucede lo cual deriva en serios problemas que llevan a que se multipliquen los reclamos en casi todas las oficinas que defienden los derechos del consumidor del país y a que sean de los más recurrentes entre todas las quejas allí planteadas.
Sucede que las empresas hoy en día son «libres» para, entre otras cuestiones, fijar las tarifas y condiciones del servicio, por lo que los argentinos se sienten desprotegidos y atados a una firma. Cambios de planes sin consulta, cobros indebidos, aumentos de precios y trabas burocráticas son algunos ejemplos de lo que padecen recurrentemente.
En este contexto, además, vale mencionar que si bien se sancionó la norma que permite la portabilidad numérica, en la actualidad no es tan fácil cambiarse de compañía lo cual incrementa la sensación de malestar.
Un caso típico tiene lugar cuando se compra un aparato pero existe un contrato de adhesión previo firmado con el propósito de que la persona siga con la empresa en cuestión durante cierto tiempo pese a que el servicio sea deficiente.
Así las cosas, la Secretaría de Comunicaciones y al Ministerio de Planificación decidió tomar cartas en el asunto y dictó un reglamento que establece los requisitos de calidad respectivos.
En el mismo, se indica que dichas empresas deberán garantizar el libre acceso de la CNC a las instalaciones y sistemas vinculados con estas prestaciones, brindar la información requerida y hasta se indica que habrá sanciones para quien no cumpla con ello pero nada se dice sobre la regulación de las tarifas.
Por eso, ante la realidad imperante, los titulares de equipos celulares siguen esperando la aprobación de una ley que declare a este servicio como «público», de modo que se cumpla con dichos requisitos efectivamente y se apliquen pautas concretas para la fijación de tarifas.
Para ilustrar el alcance que puede tener este rubro, vale recordar recientes cifras del INDEC que revelan que las comunicaciones por teléfono móvil crecieron entre junio de 2013 y de 2012 un 20% mientras que los mensajes de texto un 18,8%, en dicho período. En tanto, la cantidad de dichos aparatos se incrementó un 3,2%.
En este escenario donde crecen día a día los usuarios pero -al mismo tiempo- se multiplican las quejas, la Secretaría de Comunicaciones también salió a negar que haya autorizado un aumento para las tarifas de celulares -las empresas querían una suba de entre un 7% y 12% en forma directa a partir de septiembre- y dijo que, junto a la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Guillermo Moreno, llevará adelante «todas las acciones que sean necesarias» para evitar que eleven sus precios.
A tal efecto, es importante destacar que existe un decreto presidencial habilita al organismo a cargo de Norberto Brener a tomar medidas idóneas para evitar un mal servicio, lo que incluye la suspensión en la venta de nuevas líneas de celulares.
Aun así, esto parece no ser suficiente.

Insistencia
Ante este panorama, la Red Argentina de Consumidores (RAC) volvió a instar por una ley que declare como servicio público a la telefonía celular y rechazó la decisión unilateral de las compañías de aumentar sus tarifas.
«Con cerca de 40 millones de usuarios activos, se hace necesario discutir un nuevo marco legal que asegure una protección efectiva al consumidor, quien se ha transformado en rehén de un mercado concentrado en forma oligopólica», señaló Christian Galindo, responsable de RAC.
A Galindo le llamó la atención que las compañías «con muy escasos requerimientos suben sus tarifas unilateralmente en el porcentaje y época del año que se les ocurre y en forma conjunta».
En este escenario, diversos legisladores se han hecho eco de esta situación y han presentado distintas iniciativas parlamentarias para buscar que por ley se declare a estas prestaciones como un «servicio público» y procurar así que sean reguladas a nivel técnico, operativo, administrativo en lo que respecta a tarifas y penalidades frente a incumplimientos de las empresas que las brindan.
Para el titular de Consumidores Responsables, Henry Stegmayer, la CNC debería emitir una resolución para que las firmas prestadoras estén obligadas a fraccionar las llamadas por segundo y no por minuto, tal como ocurre actualmente al momento de facturar.
«El servicio es una pesadilla y comunicarse es, en algunos casos, una odisea», explicó.
«No existe tal regulación toda vez que la legislación no lo considera público», advirtió.
De esta manera, desde las entidades de consumidores aconsejan realizar un permanente control de las facturas porque «las empresas cambian los planes de manera unilateral e inconsulta, generando mayores gastos o cobrando aquello que no prestan».
Además, señalan que si uno no ha sido fehacientemente notificado de un aumento, éste no puede llevarse adelante ya que no alcanza con una solicitada en un diario porque debe ser notificado cada usuario en forma personal.
En este escenario, también vale recordar la iniciativa del senador peronista Carlos Verna en la cual se plantea que el Poder Ejecutivo fije «las tarifas máximas que podrán percibir los prestadores del servicio público esencial de telefonía móvil para todas las modalidades».
Además, la diputada nacional Alicia Comelli, perteneciente al Movimiento Popular Neuquino y aliada al kirchnerismo, solicitó a la comisión de Defensa del Consumidor que trate en forma inmediata una iniciativa de ley de su autoría, por la que propone declarar a la telefonía móvil como servicio público.
«La masividad del uso de la telefonía móvil en el país y lo importante que es como medio de comunicación por excelencia, demanda la urgente declaración del sistema como un servicio público esencial para la vida de los argentinos», concluyó la diputada.

Fuente: iProfesional.com (22/8/2013)