201308.30
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Ley de medios: tras la audiencia pública, resta que la Corte defina

Con la exposición de los representante del Estado y del Grupo Clarín, concluyó la audiencia pública en la Corte Suprema por la ley de medios, con lo que ahora parece quedar todo listo para que el máximo tribunal resuelva sobre su constitucionalidad. El fallo, por el momento, no tiene fecha.

La Corte Suprema de Justicia retomó la audiencia pública iniciada el miércoles -cuando escucharon las posiciones de cinco “amicus curiae” (amigo de la corte) por cada parte- en el marco de la contienda legal entre el Estado Nacional y el Grupo Clarín. Además, dieron lugar a los considerados “independientes” o en representación de la ciudadanía, como la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y la defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cynthia Ottaviano. El único de los magistrados que no estuvo presente hoy fue Raúl Zaffaroni.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, reanudó la audiencia informativa para resolver sobre la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Comunicación Audiovisual, sancionada hace cuatro años, y afirmó que desde el máximo tribunal “tenemos la necesidad de indagar sobre cuestiones concretas”.
“Lo que tiene la Corte aquí es un caso, las posiciones son claras, pero nosotros tenemos la necesidad de indagar cuestiones concretas, y por eso lo que hemos hecho es discutir este tema y elaborar 50 preguntas que fueron consensuadas entre todos los ministros de la Corte”, informó Lorenzetti al abrir la audiencia de este jueves.
La audiencia, que fue la continuación de la que tuvo lugar el miércoles con los amigos de la Corte, en aval de la posición de Clarín y del Estado, se organizó mediante la formulación de preguntas, primero a la parte actora (Grupo Clarín), y luego a la demandada (el Poder Ejecutivo).
El Grupo Clarín fue el primero en responder las preguntas de la Corte y aseguró que la ley de medios de aplicarse afectaría la sustentabilidad de la empresa y afectaría la libertad de expresión, al tiempo que negó que se pueda hablar de monopolio su situación.
Damián Cassino, abogado del Grupo Clarín, aseguró que de aplicarse la ley “se reduce la sustentabilidad y la empresa no va a poder sobrevivir. No va a pagar la deuda que tiene, no va a invertir y no va a poder operar, sobre todo en cable y en el servicio de Internet”, dijo.
En ese sentido, la abogada María Angelica Gelli, letrada del exjuez de la Corte Antonio Boggiano y ahora del grupo jurídico del grupo clarín, aseguró que la ley también “afecta derechos propietarios pero también del público”.
Además, los abogados justificaron la fusión Cablevisión-Multicanal, aprobada por el kirchnerismo años atrás pero ahora fustigada como argumento que se trata de una empresa monopólica, ya que fue “para subsistir en el mercado y tener competencia”.
Al rechazar la situación de monopolio, un economista del grupo expositor del grupo Clarín aseguró que “se amplía la competencia, pasamos de mercados separados hacia integrados, la fusión y adquisición fue para resistir”.
“¿La libertad de expresión requiere de un volumen económico como el del grupo Clarín?”, y “¿cuál es la comparación con otros medios más chicos?”, preguntó el secretario de la Corte Cristian Abrita.
Si bien los abogados de Clarín de alguna manera eludieron la respuesta, sí justificaron que según pericias practicadas en torno a la causa es “imposible seccionar el cable” y de hacerlo “el grupo Clarín dejaría de ser la voz que es”.
La audiencia de la cual se hizo un breve receso de quince minutos tiene una activa participación de los jueces de la Corte, y es permanente la intervención de Lorenzetti en las re preguntas y en señalar que las respuestas sean concretas.
El Poder Ejecutivo Nacional defendió la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en cuanto a que protege la diversidad de contenidos y prestadores de servicios, y aseguró que 29 prestadores presentaron su voluntad de adecuarse a la ley, y sólo uno, el grupo Clarín, no lo hizo.
La posición del Estado nacional, “el demandado” en la causa “Grupo Clarín SA y otros contra Poder Ejecutivo Nacional y otros sobre acción meramente declarativa”, fue planteada por Daniel Larrache y Graciana Peñafort Colombi, el constitucionalista y asesor externo de la Procuración del Tesoro, Eduardo Barcesat, y el economista Horacio Seillant, que respondieron 33 preguntas de la Corte sobre un total de 50 (17 respondió Clarín).
Larrache, director de Gestión, Administración y Desarrollo de la AFSCA, dejó claro que cuando se dice que la ley “no se aplica plenamente es porque un grupo de medios no quiere entrar en las generales de la ley”.
La abogada Peñafort Colombi remarcó que Clarín “logró concentrar más licencias que las permitidas”, en una clara manifestación de concentración, y señaló que “la libertad de expresión es un valor simbólico que requiere una legislación anterior a que se produzca la vulneración”, a diferencia de la ley de defensa de la competencia, que es posterior.
Seillant, por su parte, insistió que en el caso Clarín se está “ante un grupo que tiene características de monopolio natural y legal”, y sostuvo que los problemas generados por este tipo de monopolios “no pueden ser resueltos por los mecanismos de defensa de la competencia, sino que requieren de una norma activa para regular los precios de la prestación del servicio”, que es lo que hace la ley de Medios.
La idea es que “exista competencia para que haya libertad de expresión”, e introdujo el concepto de “monopsonio”, que es lo mismo que monopolio pero hacia la compra, y el que controla se queda con los beneficios del vendedor porque tiene capacidad de fijar el precio, contenidos y calidad”.
Ante un requerimiento de la Corte, Larrache precisó que tras la sanción de la ley 26.522, unos 14 licenciatarios se presentaron para la adecuación a la norma, otros 15 están en proceso de aprobación, lo que da un total de “29 licenciatarios que se adecuaron o están en trámite” de lograrlo.
Recordó que otros diez no tenían necesidad de adecuación, y subrayó que “todos los grupos relevados se presentaron, excepto el grupo Clarín” y que “incluso el socio minoritario de Cablevisión (prestadora de servicios de cable de Clarín) se presentó, por lo que hoy no adecua el 60 por ciento de Cablevisión”.
Respecto a la preservación de fuentes de trabajo, Peñafort Colombi señaló que la ley “protege” al trabajador en su puesto de trabajo, al tiempo que “multiplica la oferta al ingresar nuevos actores”.
Seillant aportó que la ley generará más fuentes de trabajo en economías regionales, al incorporarse universidades, cooperativas, organizaciones sin fines de lucro y otros sectores que antes no estaban incluidos en este mercado.
El punto en el que mayor intercambio hubo entre la Corte y el Estado fue el referido a las licencias, en particular sobre “derecho adquirido” y “temporalidad”.
En este punto, los representantes del Estado explicaron que las licencias no generan derechos adquridos y que son por un tiempo, y que tienen que estar vinculadas siempre con el interés común, aunque dejó en claro que “no es una facultad discrecional” del Estado sacarlas y que “no pueden ser un privilegio ilimitado”.
Peñafort Colombi dejó en claro que “el objetivo de la ley no fue reducir la cantidad de licencias de Clarín, sino tener un mercado desconconcentrado”.
Graciana Peñafort Colombi explicó que el Grupo Clarín “tiene la posición dominante y marca precio”. Además, defendió el límite máximo de participación de 35% -que aclaró es tanto para operadores satelitales como por cable- y consideró que “es suficiente” para que los operadores sean “más que sustentables”. “Ninguno de los competidores de Cablevisión llegan al 35%”, remarcó.
Además aseguró que está garantizada la continuidad del servicio en aquellos lugares donde el Grupo Clarín deba dejar de prestarlo. “Los nuevos participantes podrán ser empresas nacionales, tenemos 650 licencias que pueden crecer, todos los que no pueden entrar hoy en este mercado concentrado se van a beneficiar”, explicó.
En este sentido, recordó que la magnitud del mercado que ocupa el grupo Clarín “genera barreras al ingreso de competidores, marca precios y condiciones, prácticas predatorias y excluyentes”, y remarcó que muchas veces “compró competidores, no para explotarlos, sino para cerrarlos”.
Finalmente, Larrache mencionó “hay una enorme y clara monopolización” y agregó que en cuanto a TV abierta, “Clarín tiene el 40 por ciento de alcance, y no el 35 por ciento que se establece” y que lo mismo sucede con las radios.
Citó los casos de las señales Paka-Paka y CN23 que han solicitado su incorporación a la grilla de Cablevisión, servicio de cable del Grupo Clarín, y que no son aceptados por lo que quedan “excluídas del 45 por ciento del mercado argentino”.
El titular del la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, fue el encargado de tomar la última palabra en la defensa de la postura del Gobierno.
Los dardos de Sabbatella se dirigieron en principio hacia la Cámara de Apelaciones que, a su criterio, “benefició con su fallo sólo al Grupo Clarín”.
Pero luego dirigió sus cañones al holding de medios al que acusó de “construir su poderío a base de la extorsión” y aseguró que “es falso que no es sustentable si se aplica la ley”. “Si uno quiere tener una empresa de comunicación para manipular la opinión pública, afectar la democracia, para poner y sacar un presidente, obviamente no alcanza; para eso hay que armar un partido y ganar las elecciones”, bramó Sabbatella.
Sabbatella defendió la plena vigencia de la ley de Medios, al señalar que de no ocurrir eso se avalaría “una tendencia monopólica, una posición dominante y competencia desleal por parte del Grupo Clarín”.
Ante la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la audiencia pública para resolver la constitucionalidad o no de algunos artículos de la norma, Sabbatella sostuvo que la no plena vigencia de la ley “regulará a los competidores de Clarín y no al multimedios”.
Por último, Sabbatella insistió con que “la Corte tiene en sus manos la posibilidad de que la democracia siga avanzando” y abogó por una rápida resolución del máxima tribunal sobre la constitucionalidad.
Esta audiencia pública, que se desarrolló en el cuarto piso del edificio de Tribunales, es la antesala del fallo definitivo que dictará la Corte Suprema de Justicia sobre la ley de Medios.
La norma fue aprobada en 2009, pero una medida cautelar otorgada a Clarín dejó sin efecto dos de sus artículos, el 45 y el 161, que regulan las transferencias de licencias y los plazos de aplicación, y, por esa razón, quedó trunca su aplicación plena.

Fuente: Ámbito Financiero (29/8/2013)