201309.25
Apagado
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La Corte Suprema busca acelerar los juicios penales

La Corte Suprema dictó una acordada en la que instó a los jueces penales federales y de la Justicia Nacional de la Capital Federal a que en un plazo de 90 días elaboren propuestas para acelerar los juicios, algo que podría desembocar en pedidos de reforma procesal o bien cambios internos en el Poder Judicial.

A su vez, el Tribunal envió un oficio al Consejo de la Magistratura para que avancen en el nombramiento de jueces, a raíz de unas 249 vacantes que existe en la Justicia nacional y federal.
Ese pedido se produjo luego de que el Tribunal deslizara críticas a la paralización de la labor de ese organismo, encargado de designar magistrados.
A través de una acordada suscripta por todos los supremos, excepto por la jueza Carmen Argibay, la Corte consideró que existe la necesidad de reformar el sistema penal, «para acercarlo a las necesidades de la población».
«Es imprescindible acentuar los esfuerzos para tener una justicia más rápida. Es indispensable que el sistema se oriente a la conclusión de los casos en un plazo razonable, sin perder de vista la fortaleza en las decisiones que se adopten en cada caso», suscribieron los ministros en la acordada 32/13.
Los jueces recalcaron que las cuestiones «directamente vinculadas a la problemática son las que más preocupan al ciudadano común y a la sociedad en su conjunto» y por ello «la celeridad de los juicios en esta materia resulta una exigencia que debe ser atendida por todos los intervinientes en el ámbito propio de sus competencias».
En ese sentido, la Corte resolvió crear tres comisiones: la primera, con cinco integrantes designados por la Cámara Federal de Casación Penal; la segunda, por cinco designados por la Cámara del Crimen porteña; y la tercera por media decena de los tribunales orales federales y criminales.
La Corte resolvió que las comisiones «deberán elaborar propuestas con el fin de acelerar los juicios penales», a través de «reformas internas, elaboración de manuales de actuación y de gestión administrativa y procedimental, información al público, transparencia de los procesos, reformas legislativas procesales y mejoras en el sistema de excarcelaciones».
La idea del Tribunal, según confió una fuente del cuerpo a Noticias Argentinas, es recibir las propuestas y las críticas al por qué de los retrasos en los juicios y luego canalizarlas, ya sea por vía de una propuesta de reforma legislativa, cambios internos en el Poder Judicial o bien articular algún tipo de política con el Ejecutivo.
La iniciativa del cuerpo dirigido por Ricardo Lorenzetti se muestra en línea con los reclamos, tanto del Gobierno, como de sectores de la oposición, para agilizar la Justicia, especialmente en cuestiones penales, estrechamente ligadas a la seguridad.
En paralelo, la Corte remitió al Consejo de la Magistratura un pedido para que el organismo avance en la designación de la gran cantidad de cargos de jueces vacantes que existen, lo que afecta tanto el desarrollo de los juicios como el las causas.
El máximo tribunal ve con preocupación la falta de jueces, sobre todo en la zona norte del país, Jujuy y Salta.
Esta situación incluso motivó un encuentro entre magistrados de las cámaras federales de esa zona del país con Lorenzetti y el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, para poder buscar una solución a esa problemática y ante la gran cantidad de causa por narcotráfico que deben tramitar.
Como solución, Berni ofreció nombrar a un delegado para que se integre a una unidad de coordinación con la justicia federal de Salta y Jujuy, a fin de optimizar recursos.

Fuente: texto publicado por Ámbito Financiero (24/9/2013)