A cuatro años de su sanción, la Ley de Medios espera que la Corte emita su veredicto
En el máximo tribunal trabajan en el fallo final de un expediente de alto impacto político y que se prevé para luego de las elecciones. Cómo fallarán los ministros, la incógnita a develar.
Aquél sábado 10 de octubre de 2009, a las 2.30 de la mañana y tras 15 horas de sesión, difícilmente los senadores oficialistas hayan imaginado que el proyecto que acababan de convertir en ley iba a estar en veremos cuatro años exactos después. Ese día, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 26.522, dejó definitivamente los pasillos del Congreso y se trasladó a los de Tribunales, atravesando todas las instancias judiciales y esperando una resolución final de la Corte Suprema. Será este año, casi seguro después de las elecciones del 27 de este mes, y con un fallo que a medida que se aproxima va adquiriendo un mayor grado de incertidumbre.
La judicialización de la Ley fue casi inmediata y se produjo a partir de una demanda que presentó el Grupo Clarín contra el Estado cuestionando la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161, referidos a la cantidad de licencias y al plazo de adecuación. El 7 de diciembre de ese año, el juez civil y comercial Edmundo Carbone dictó una medida cautelar que le permitió a Clarín postergar una eventual desinversión.
La disputa se trasladó así a la Cámara Civil y Comercial, escenario en el que el multimedios y el Gobierno se sacaron chispas durante más de dos años. Fue la Sala I de la Cámara la que en 2011 mantuvo la cautelar pero fijó un plazo de desinversión de tres años, confirmado en mayo de 2012 por la Corte, que estableció el 7 de diciembre de ese año como fecha límite para adecuarse a la Ley. Así, dio pie al 7D que instaló el kirchnerismo y que, luego de recusaciones masivas a los camaristas y de una batalla en el Consejo de la Magistratura por el concurso que debía designar un juez para la causa, se frustró un día antes, cuando la Cámara Civil y Comercial resolvió extender la medida cautelar hasta que se dictara una sentencia definitiva.
El fallo de fondo lo confirmó el subrogante Horacio Alfonso, quien determinó la constitucionalidad de los artículos cuestionados, pero en abril de este año la Cámara volvió a castigar al Gobierno dictaminando la inconstitucionalidad del artículo 45, de un párrafo clave del 48 -ambos referidos al régimen de licencias- y considerando constitucionales el 41 y el 161, relacionados con los plazos.
Fue allí que el expediente llegó por día directa a la Corte, y no por per saltum como había intentado el Gobierno. El máximo tribunal trabaja en el caso desde mayo, aunque debido a la intensa actividad judicial que se originó por la frustrada reforma del sector que había impulsado el Ejecutivo y aprobado el Congreso, el tema quedó para el segundo semestre.
El 28 y 29 de agosto la Corte convocó a las partes a dos audiencias en las que expusieron sus argumentos, intervención de cinco amicus curiae por lado. Desde ese momento, los equipos técnicos de los ministros trabajan en cada detalle, aunque no hubo manifestaciones públicas sobre qué decisión tomará el máximo tribunal. El presidente Ricardo Lorenzetti repite que la causa se resolverá cuanto antes, aunque su colega Carlos Fayt se animó a pronosticar que el fallo saldrá después de las elecciones.
Si bien no se expresan de manera oficial, y pese a los rumores que surgieron sobre un pedido del Gobierno para expresarse antes, los siete ministros coinciden en que es prudente esperar a que pasen los comicios legislativos para decidir, conscientes del impacto político que tendrá el dictamen. No obstante, ya se especula con cómo será la votación, que se prevé pareja, salomónica y respetando lo decidido por la Cámara del fuero. A cuatro años de la sanción de la Ley, será la Justicia la que diga la última palabra.
Fuente: texto publicado por El Cronista (10/10/2013)