La oposición y la Corte objetaron el proyecto de reforma del Código Civil

El oficialismo quiere aprobar la iniciativa antes del recambio parlamentario; críticas a la eliminación de la responsabilidad civil del Estado y a los derechos de incidencia colectiva.

Por Laura Serra

La oposición encendió una luz roja: no está dispuesta a aprobar a las apuradas y sin cambios el proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial que impulsa el oficialismo. Pero no sólo los opositores reclaman modificaciones; los propios autores del texto, los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, dejaron trascender por lo bajo su desacuerdo con varios de los retoques que impuso el Poder Ejecutivo en la iniciativa.

El oficialismo pretende aprobar el nuevo Código Civil antes de la renovación legislativa , el 10 de diciembre. Con ese objetivo, convocó para este jueves a la Comisión Bicameral ad hoc, que durante el año pasado se dedicó a recorrer el país para debatir el proyecto y tomar sugerencias. En la reunión, cada fuerza política presentará sus dictámenes, pero, a diferencia de otras oportunidades, el kirchnerismo hizo saber que no quiere imponer su criterio por la fuerza de su mayoría, sino que, tratándose de una ley tan trascendente, procurará el mayor consenso posible. Pero la oposición desconfía: hay quienes, como Elisa Carrió (Coalición Cívica), creen que el súbito reimpulso del Código Civil es, en realidad, un toma y daca entre el Gobierno y Lorenzetti después de que la Corte declarara constitucional la ley de medios.

«El contexto político para el debate no ayuda demasiado», admitió un diputado opositor. La diputada Graciela Camaño (Frente Renovador), mano derecha de Sergio Massa, coincide. «Resulta sugestivo que se pretenda sacar a las corridas un Código cuando faltan muy pocos días para la asunción de los nuevos legisladores», advirtió.

Pero, además del contexto político, están las dudas de los legisladores sobre el texto propiamente dicho. Es que el Gobierno, antes de remitir la iniciativa al Congreso, incluyó varias y polémicas modificaciones que hasta los jueces de la Corte cuestionan.

Una de las más controvertidas se refiere a la eliminación del nuevo Código Civil y Comercial de la responsabilidad civil del Estado, la cual había sido incluida originalmente por la comisión redactora, integrada por Lorenzetti, Highton y la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci. Esta eliminación implicará que el ciudadano común ya no podrá reclamar por vía civil una reparación por los daños y perjuicios que le provoque un daño cometido por el Estado o cualquier funcionario público.

El oficialismo reconoció el vacío legal que provocará esta eliminación del Código Civil. Pero argumentó que la responsabilidad del Estado no le corresponde al derecho privado (civil), sino al público (administrativo) y propone que el Congreso apruebe en simultáneo una ley en ese sentido.

«No estamos de acuerdo. La responsabilidad debe ser civil, no administrativa», insistió el diputado radical Ricardo Gil Lavedra. Los demás bloques coinciden.

Otro punto polémico que incorporó el Gobierno es la preeminencia de los derechos de incidencia colectiva por sobre los derechos individuales, contenida en los artículos 14 y 240 del nuevo Código Civil. Según el texto, los derechos de cada ciudadano quedarán limitados cuando se afecten «derechos de incidencia colectiva en general», que el proyecto original de la Corte detallaba, pero que, sugestivamente, el Gobierno suprimió.

Casualidad o no, esta tesis sobre la preeminencia de los «derechos de incidencia colectiva» fue invocada por la Corte para declarar constitucional en su fallo la ley de medios.

«De acuerdo con la Constitución y a la jurisprudencia de la Corte las limitaciones a los derechos individuales no sólo deben ser razonables, sino precisas. En cambio, en el texto oficial aparecen muy difusas y vaporosas, por lo que los derechos individuales podrían quedar afectados», advirtió el diputado Pablo Tonelli (Pro), para quien esto perjudicaría la seguridad jurídica.

También Gustavo Ferrari (Frente Peronista) alzó una voz de alerta. «Estos derechos de incidencia colectiva, que tienen reconocimiento constitucional bajo la figura del amparo, son ahora la puerta para que, en las relaciones entre particulares, y entre éstos y los bienes, se introduzca el Estado», advirtió.

Los cuestionamientos al texto oficial no terminan aquí. Otra de las modificaciones más polémicas que introdujo el Gobierno es cuando, en el artículo referido a las obligaciones constituidas en moneda extranjera, permite que los deudores las afronten con el equivalente en la moneda de curso legal.

Fuente: texto publicado por La Nación (11/11/2013)