Suspenden parcialmente el convenio por el juego
La Justicia hizo lugar a un reclamo en contra del inciso que prohibía cobrar Ingresos Brutos a los casinos
La justicia porteña suspendió ayer la cláusula del convenio del juego firmado entre los gobiernos nacional y porteño, que liberaba a los casinos y las tragamonedas de Cristóbal López de las deudas con la Ciudad por Ingresos Brutos, un monto estimado en más de 2000 millones de pesos.
La decisión fue tomada por la jueza en lo contencioso administrativo y tributario Elena Liberatori, en un expediente impulsado por el abogado Andrés Gil Domínguez, que sostiene que la reciente actualización del convenio es nula e inconstitucional.
Mientras la magistrada analiza esos planteos, hizo lugar a la medida cautelar pedida por Gil Domínguez, que consiste en la suspensión de la cláusula 3.2 del texto, que reza: «Las partes acuerdan que la percepción de las sumas convenidas en la presente significará la extinción de las pretensiones o créditos relacionados con el pago del impuesto a los ingresos brutos o cualquier otra tributación específica sobre las concretas actividades de juego desarrolladas en nombre de Lotería por los referidos operadores».
Cabe aclarar que la modificación en el convenio por las actividades de juegos de azar rubricado por Lotería Nacional y el Instituto de Juegos de Apuestas porteño incluyó un aumento de la porción que recibe la Ciudad de las ganancias de casinos y tragamonedas del 35% al 50%. Además, previó que los administradores de esos juegos -ligados al kirchnerista Cristóbal López- paguen un canon «especial» del 3% de las ganancias obtenidas, exclusivo para las arcas porteñas.
A cambio de estos beneficios para la gestión de Mauricio Macri, en la cláusula objetada se prevé que no se cobre a las mencionadas actividades el impuesto a los ingresos brutos. Algunos interpretaron que se trata no sólo de una renuncia a futuros cobros, sino también a la deuda de más de 10 años que los barcos casino de Puerto Madero y las tragamonedas de Palermo mantienen con el fisco porteño.
La versión fue negada por Macri, que desmintió haber condonado las deudas a la actividad. Lo explicó su jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta: «En ningún lugar del convenio se habla de una condonación de deudas. La letra de los convenios es taxativa, no se puede interpretar. Decir que se extingue la carga tributaria no significa renunciar a los reclamos judiciales», dijo oportunamente a LA NACION.
En su presentación ante la Justicia, Gil Domínguez solicitó que se dejara cautelarmente sin efecto dos incisos del convenio, en los que el gobierno porteño renuncia a su potestad tributaria sobre las casas de juego. Uno de ellos, el 3.2.
El abogado consideró que el texto, ratificado por una ley de la Legislatura, es nulo porque la norma debería haber sido discutida en audiencia pública y votada dos veces, antes y después, por los diputados. Así está previsto para excepciones a un régimen general (en este caso, el de Ingresos Brutos) y así lo había entendido el procurador general de la Ciudad, Julio Conte Grand, al dictaminar al respecto.
Pero la Legislatura ratificó el convenio en un único debate, a libro cerrado y en menos de 15 minutos.
Además, planteó la inconstitucionalidad del contenido de la actualización. «Viola el artículo 6 de la Constitución porteña, porque no respeta la autonomía de la ciudad y el deber de preservarla. Tampoco respeta los artículos 17 y 50, que regulan los juegos de azar en la ciudad, y los permiten siempre y cuando todo lo producido se destine a políticas sociales», explicó.
Ayer, Liberatori convalidó la suspensión cautelar de la cláusula que extingue las pretensiones del cobro de Ingresos Brutos.
LA NACION quiso conocer los efectos que esta suspensión tiene sobre la vigencia del flamante convenio. El gobierno porteño designó como interlocutor a Conte Grand.
Según el procurador, el freno a ese inciso «no modifica en nada el convenio en términos operativos». En ese sentido, recordó que la decisión de Liberatori habilita al gobierno porteño a cobrar el impuesto a los ingresos brutos, pese al aumento del dinero recibido por parte de Lotería y de los concesionarios. Pero, agregó, no obstante hay medidas cautelares preexistentes que impiden ese cobro.
Efectivamente, desde 1999 los empresarios del juego cuestionan la jurisdicción de la Ciudad sobre las actividades que, o bien se realizan en un territorio federal como el Río de la Plata, o bien bajo una concesión del gobierno nacional.
Además, adelantó que apelarán el fallo porque la justicia porteña no puede intervenir en un convenio en el que participa y rubricó el Estado nacional.
Un Fuero que pone frenos
Las políticas del gobierno, bajo la lupa judicial
Elena Liberatori – Jueza porteña
La magistrada maneja el juzgado en lo contencioso administrativo N°4 y la secretaría ad hoc de villas. Al igual que otros jueces de su fuero, suele complicar con sus fallos las políticas del gobierno porteño, tanto de Macri como de sus antecesores
Fuente: texto y foto publicados por La Nación (19/12/2013)