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Lo que viene: el Congreso se prepara para tratar desde febrero proyectos de ley clave para el país

A diferencia de otros años, el debate comenzará en febrero. Entre los más importantes se encuentran el del Código Civil y la limitación de la responsabilidad del Estado ante reclamos patrimoniales. Qué otras iniciativas se deberán analizar y cuál será su importancia

2013-01-22 IProfesionalPese a que en las elecciones legislativas el oficialismo no obtuvo la cantidad de votos que esperaba, aún mantiene la mayoría en el Congreso, por lo que es el bloque que fijará la agenda hasta el 2015.

A diferencia de otros años, la intención del Gobierno es que el 2014 -legislativo- arranque en febrero para poder así analizar diversas iniciativas a las que considera primordiales.

Luego, a partir del 1 de marzo, cuando arranque el período ordinario, se debatirán proyectos de ley de vital importancia para los argentinos. Por ejemplo, la Cámara de Diputados tendrá que comenzar a tratar la reforma del Código Civil y Comercial, que ya cuenta con media sanción del Senado, que a su vez deberá debatir el proyecto sobre responsabilidad del Estado (que ya cuenta con el aval de la Cámara baja).

En tanto, según el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, está en los planes avanzar desde el 1 de febrero en la reforma del Código Aduanero y, además, analizar una propuesta para castigar las protestas de fuerzas de seguridad que abandonen sus puestos de trabajo como así también la sanción del Digesto Jurídico.

En este sentido, vale recordar que a comienzos de enero el funcionario anunció -a través de su cuenta de Twitter- los “204 objetivos y 272 metas” para 2014. Muchas de ellas se encuentran vinculadas directamente al Congreso.

Código Civil
Esta reforma marcará un “antes” y un “después” para los argentinos en cuestiones clave del Derecho.

Por la importancia y profundidad de los temas que aborda el proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, el texto original -que fue elaborado por la comisión redactora integrada por el presidente y vice de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, y la ex jueza mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci- ya sufrió casi 180 modificaciones.

Y no es para menos, si se considera que aborda aspectos tales como el divorcio “exprés”, el régimen de adopción, el concubinato, los acuerdos económicos de pareja, entre otros que hacen al Derecho Civil, como así también cuestiones patrimoniales entre las que se destacan las referidas a las deudas en dólares, la creación de las sociedades anónimas unipersonales y la fijación de límites respecto de los alquileres, entre muchos otros.

Sin embargo, hay grandes posibilidades de que el oficialismo intente dar marcha atrás con una concesión a la Iglesia y devuelva el proyecto al Senado con la redacción original del artículo 19, referido al comienzo de la vida “desde la concepción”.

Asimismo, el Congreso deberá tratar dos leyes especiales que originalmente estaban incluidas en el texto original: la protección de los embriones no implantados, disponibles para ser utilizados en los tratamientos de fertilización asistida; y el resguardo de la propiedad comunitaria indígena. No obstante, ninguno de los temas urge al oficialismo.

Responsabilidad del Estado
El proyecto de responsabilidad del Estado establece en su artículo primero que “las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria” y agrega que “la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios”.

Además, estipula que el particular tendrá un plazo de tres años para demandar al Estado “en los supuestos de responsabilidad extracontractual”, mientras que la posibilidad de querellar a funcionarios y agentes públicos prescribiría a los dos años. Adicionalmente, se prevé la responsabilidad en su carácter de empleador.

Una de las críticas principales de la oposición recae en que la regulación haya sido excluida del proyecto de Código Civil y Comercial, bajo el argumento oficial de que corresponde al ámbito del derecho administrativo.

En este sentido, consideran que el ciudadano vería limitado su derecho de hacer juicio al Estado por la vía administrativa. El oficialismo, en cambio, asegura que recoge una vasta jurisprudencia para derivar los casos a este fuero.

Digesto Jurídico
Por otro lado, el Gobierno nacional solicitó a los senadores la aprobación del Digesto Jurídico Argentino, proyecto que ya tiene media sanción de Diputados.

Se trata de un trabajo de depuración de la legislación vigente desde 1852, un tema largamente demorado ya que había sido incluido en la reforma constitucional de 1994 como obligación del Congreso.

De acuerdo con el trabajo que llevó adelante el Sistema Argentino de Informática Jurídica (SAIJ) y una comisión bicameral, quedarán vigentes tan solo el 10% de las 32.000 normas dictadas desde 1852.

Vale recordar que Aníbal Fernández estuvo al frente de la comisión que se ocupó del estudio del conjunto de los textos sistematizados y ordenados donde se compilan todas las normas de carácter público y obligatorio. Asumió su presidencia en reemplazo del diputado Héctor Tomas y se mantuvo en el cargo hasta la emisión del dictamen. El Digesto sólo necesita el aval del Senado.

Código Penal
A principios de 2012, el Gobierno creó una comisión para la elaboración de un proyecto de ley de reforma, actualización e integración del Código, integrada por Eugenio Zaffaroni, Ricardo Gil Lavedra, Federico Pinedo, María Elena Barbagelata y León Arslanian. Esta comisión terminó de redactar el anteproyecto a mediados de diciembre pasado y el texto ahora está siendo evaluado por el PEN. Se espera que en los próximos meses sea remitido al Congreso.

Será una reforma integral luego de los sucesivos “parches” que se le introdujeron en los últimos años. El mecanismo de la discusión será similar al que tuvo el Código Civil.

Registro No llame
La comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados emitió un dictamen favorable a una propuesta ya aprobada por el Senado que crea en el ámbito de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Registro Nacional “No Llame”.

El proyecto tiene como objetivo “proteger a los titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados”.

En el texto -donde se unificaron las propuestas de Norma Morandini y Juan Manuel Irrazábal- se detalla que la inscripción y baja en el mencionado registro “es gratuita y debe ser implementada por medios eficaces y sencillos, con constancia de la identidad del titular o usuario autorizado y del número telefónico”.

Además, se propone que la baja pueda “ser solicitada por el titular o usuario en cualquier momento” y que ésta tendrá “efectos inmediatos”.

Otros temas de relevancia
El Jefe de Gabinete también anunció que el Gobierno impulsará “una Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal” y “el primer Código Contencioso Administrativo Federal”.

El primero de los proyectos incorpora penas específicas para los miembros de las fuerzas de seguridad que “abandonen injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de la función a la que reglamentariamente están obligados”. El expediente fue presentado luego de los saqueos y muertes a partir de los reclamos salariales de la policía en diferentes provincias.

La misma iniciativa contempla penas para los militares que abandonen su servicio o deserten en tiempo de conflicto armado o zona de desastre.

El debate comenzará en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y concluirá en el recinto de la Cámara de Diputados.

Por último, cabe destacar dos metas establecidas en el plan de trabajo de la Presidenta que si bien no lograron avances concretos en el Congreso, sí fueron objeto de un debate incipiente ya sea por medio de la presentación de proyectos de ley, como por especulación política.

En la inauguración del período legislativo 2012, la Presidente Cristina Kirchner anunció: “Vamos a trabajar muy fuertemente en la instalación del seguro contra todo riesgo, multiriesgo”.

Si bien trascendieron reuniones en el Ejecutivo para evaluar esta posibilidad, el Gobierno nunca envió una iniciativa y tampoco fueron implementadas acciones en este sentido. Tanto en 2012 como en 2013, varios diputados presentaron proyectos de Ley para establecer seguros agrícolas obligatorios pero, por decisión del oficialismo, ninguno tuvo avances, señaló la agencia FOIA.

Fuente: texto y foto publicados por IProfesional (21/01/2014)