201402.21
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Impulsan ley para mayor control a empresas y expropiar mercaderías

Quince diputados kirchneristas presentaron ayer un proyecto de ley que buscan transformar en herramienta clave en la guerra por el control de precios. La iniciativa incorpora las propuestas del senador Aníbal Fernández para que las empresas sancionadas por incumplir el acuerdo de precios o por publicidad engañosa o falsa de productos paguen antes de apelar, pero le suma otros ingredientes: aumentos de multas de hasta el 1.000% con actualización anual automática, reducción de plazos de todos los procesos administrativos y facilita la expropiación de mercadería en casos de maniobras especulativas o de desabastecimiento.

IprofesionalEl diputado del Frente para la Victoria (FpV) Héctor Recalde es el autor del proyecto que, en la reunión de bloque oficialista que mantuvieron el miércoles, sumó la firma de otros catorce legisladores. Ingresó en la Cámara ayer, un día después de que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, amenazara con una “revisión legislativa” para evitar posiciones dominantes en el mercado que les permita a algunas empresas la carterización de precios y el manejo de la canilla del abastecimiento.

“El proyecto apunta a la estabilidad, la razonabilidad y la previsibilidad de los precios, dándole plena efectividad a las penalidades que fijan las normas”, remarcó Recalde en declaraciones a BAE Negocios. “Hay productos que aumentan y que no tienen nada que ver con un dólar a 8 pesos”, opinó. Y calificó a la batalla por el control de precios como un asunto “de Estado”.

La iniciativa avanza en la reforma de tres leyes: la de Abastecimiento, la de Defensa del Consumidor y la de Lealtad Comercial. En las últimas dos, replica los proyectos que ya presentó el senador Fernández, para evitar que las empresas sancionadas dilaten con medidas cautelares o apelaciones administrativas infinitas el pago de multas. En las tres legislaciones propone saltos radicales en las multas y sanciones (en algunos casos las cifras se multiplican por diez ya que venían muy atrasadas), otorga mayor celeridad a los procesos administrativos y las unifica con un criterio base: la actualización permanente de los montos de las multas con la fórmula de la movilidad jubilatoria.

Con la reforma, explica Recalde, se “facilita” la posibilidad de “expropiar bienes que sean objeto de maniobras de desabastecimiento o de especulación” y de “intervenir y disponer la venta de productos y mercaderías”, facultades que ya tiene el Poder Ejecutivo por la Ley de Abastecimiento, aunque la legislación vigente reduce esta posibilidad a que la Nación atraviese un “estado de emergencia económica”.

En la Ley de Abastecimiento, además, establece como organismo para las apelaciones a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, porque “es lo que corresponde en una demanda contra el Estado”, explicó el abogado. Hasta aquí, estos reclamos recaían mayormente en tribunales en lo penal económico.

El bloque oficialista no recibió aún instrucciones definitivas del Gobierno de cómo se integrará la agenda legislativa de este año. Habrá que esperar hasta el inicio de las sesiones ordinarias, el 1º de marzo, para saber si esta iniciativa consigue luz verde de Olivos para tratarse de inmediato.

PUNTOS DESTACADOS

EXPROPIACIÓN
El proyecto facilita el acceso del Poder Ejecutivo a la facultad que le otorga la Ley de Abastecimiento para avanzar con la expropiación de “bienes destinados a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, cultura e insumos para la industria” cuando “sean objeto de maniobras de desabastecimiento, acaparamiento, agiotaje y/o especulación”. La legislación vigente sólo permite avanzar en esta dirección en casos de “estado de emergencia económica”.

MULTAS Y SANCIONES
Las sanciones de la legislación actual están tan atrasadas que, en algunos casos, plantea multas de 100 pesos. El proyecto propone un aumento considerable de esas penalizaciones, llevando cifras de 1 a 5 millones, otras de 5 a 10 millones y unifica el mínimo en las tres leyes en 5.000 pesos. Todos los montos se actualizan por la ley de movilidad jubilatoria. También aumenta las penas de inhabilitación para infractores, tanto como posibles proveedores del Estado como para la práctica del comercio.

PAGUE, DESPUÉS APELE
Otro aspecto que el proyecto unifica en las tres leyes, de Abastecimiento, de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial, es el principio de que para poder apelar una multa fijada por el Estado en caso de incumplimiento de la legislación vigente primero deberán depositar la totalidad del monto fijado como sanción. En caso de no hacerlo, la apelación quedaría automáticamente desestimada. Esta propuesta replica los proyectos que el senador Aníbal Fernández presentó en los últimos días.

REDUCCIÓN DE PLAZOS
Otro aspecto esencial del proyecto presentado ayer en el Congreso es que busca “otorgar mayor celeridad a los procedimientos establecidos por cada una de las normas”, según detalla en sus fundamentos. Ese achique de los plazos administrativos afecta tanto a las aplicaciones de multas y sanciones como en el tiempo dispuesto para apelar una sanción. En algunos casos esa reducción planteada va de 3 a 5 días, en otros de 10 a 5 días y en otros de 20 a 10 días hábiles.

FUERO ADMINISTRATIVO  
En el caso de la Ley de Abastecimiento, el proyecto de Héctor Recalde explica que ante una sanción del Estado se “podrá recurrir por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, o ante las cámaras federales de apelaciones con asiento en las provincias, según corresponda de acuerdo al lugar de comisión del hecho”. Hasta hoy, la mayoría de las apelaciones por esta legislación recaían en tribunales en lo penal económico.

Fuente: texto y foto publicados por IProfesional (21/02/2014)