El Gobierno revisa proyectos de Ley para fijar nuevas tarifas en telefonía celular
Durante su presentación ante el Senado, la oposición le traspasó un demorado reclamo a Jorge Capitanich: la regulación de la telefonía móvil. Actualmente duermen en esa Cámara, desde hace al menos tres años, tres proyectos que el jefe de Gabinete se comprometió a revisar. Expedientes que buscan desarmar el cuadro oligopólico que hoy explota este mercado y poner al Estado como contralor de un servicio que encabeza todos los rankings de reclamos por parte de los usuarios.
La vertiginosa expansión que en los últimos años tuvo el servicio de telefonía móvil empuja, según los proyectos en danza, a avanzar en la regulación de un mercado que hoy permite que tres multinacionales como Telefónica (Movistar), Telecom (Personal) y AMX (Claro), del magnate mexicano Carlos Slim, se repartan entre sí 52 millones de líneas, a las que pueden alterarle la tarifa sin control ni intervención oficial. Tarifa que, según explicó el senador Rubén Giustiniani (FAP) durante el informe de Capitanich, es “medida en dólares por minuto, la más alta del mundo”.
Los senadores Giustiniani y Eugenio “Nito” Artaza (UCR), autores de dos de los tres proyectos trabados en el Congreso, le exigieron a Capitanich que el oficialismo habilite la discusión. Si bien el ministro coordinador afirmó que la Secretaría de Comunicaciones está trabajando en una mejora de “la calidad del servicio, en virtud del incremento de la demanda”, pidió que le remitan los proyectos para evaluarlos.
Giustiniani impulsa desde 2010 un proyecto para declarar “servicio público” a la telefonía móvil. Cuando Capitanich le preguntó cuál era la diferencia en darle esa declaración formal al servicio, el socialista le respondió que tener “a la cabeza de los reclamos en la oficina del consumidor y de la Defensoría del Pueblo el tema de la telefonía celular habla de que no tiene una correcta regulación” y que “todos tengamos problemas de señal, sobre todo en el interior, habla de que las inversiones de las empresas no tienen una clara regulación del Estado”. “Hay una distancia gigantesca entre que sea servicio público o no –agregó–, que es la regulación por parte del Estado con participación de los usuarios”.
Su proyecto es el más integral: crea un ente regulador autárquico del Gobierno, prohíbe el ajuste automático de tarifas, intima a las empresas a presentar informes periódicos y permite a los clientes romper en cualquier momento el vínculo con su proveedor de telefonía sin pagar multas. También limita las ganancias a las compañías un marco de rentabilidad similar “a la obtenida internacionalmente”, en línea con la revisión que desde el Ministerio de Economía vienen anunciando sobre la rentabilidad empresarial para controlar los precios. También pone entre los objetivos de la regulación “fijar tarifas máximas”, “promover la competencia” y “fomentar innovación tecnológica” para abaratar el costo de los planes.
El proyecto de Artaza es más escueto, aunque puntual: busca que sea “el Poder Ejecutivo” quien tenga la facultad de fijar “las tarifas máximas” y crea el “Fondo de Comunicaciones Móviles Universales”, que tendrá como fin “la instalación y mantenimiento de la infraestructura necesaria” para llevar la telefonía móvil a “todas las poblaciones del territorio nacional de más de cien habitantes”. Este fondo se integraría con aportes de los licenciatarios de telefonía móvil, que deberán aportar anualmente “hasta el 10%” de sus ingresos por “servicios de telecomunicaciones”.
El tercer proyecto que transita el Senado es de la chubutense Graciela di Perna, que declara a la telefonía móvil servicio público y faculta al Estado para fijar tarifas máximas.
Fuente: texto y foto publicados por Diario BAE (17/03/2014)