201404.10
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Despenalización del aborto ingresó al Congreso (hay consenso de varios bloques)

Por quinta vez, pero con más optimismo que las anteriores oportunidades ante el consenso de la mayoría de los bloques, ingresó el miércoles al Congreso un proyecto de ley que prevé la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación con el solo pedido de la mujer, el cual podría tratarse en comisión en las próximas semanas.

Con el apoyo de 70 diputados de todos los bloques políticos, la iniciativa propuesta desde la agrupación civil Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se conformó en 2005, inició su periplo parlamentario con una presentación en el Anexo A de la Cámara de Diputados donde se vivieron momentos de tensión cuando se intentó desviar el debate.

En la actualidad, el Código Penal establece penas que van hasta los 4 años de prisión para “la mujer que causare su propio aborto o consintiese en que otro se lo causare”. Para los médicos que interviniesen, las penas se elevan hasta los 10 años. De prosperar el proyecto se legaliza la interrupción voluntaria hasta las 12 semanas de gestación, mientras que para los casos donde el embarazo ponga en peligro la salud de la madre o sea producto de una violación lo autoriza sin restricción de tiempo.

Además, plantea que los sistemas de salud, tanto públicos como obras sociales, deben proveer de esta prestación, mantiene la objeción de conciencia para los médicos y la penalización para quien “con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente fuere notorio o le constare”, tal como indica el artículo 87 del Código.

“No nos van a cansar en la lucha”, sostuvo Cristina Zurutuza, integrante de la Campaña, durante la presentación previa a que el proyecto ingrese al Congreso. En esta oportunidad los impulsores son más optimistas de que, al menos, se plantee el debate en las comisiones de Legislación Penal (comisión cabecera) -donde el tema ya fue puesto en agenda por la diputada Victoria Donda (FAP-Libres del Sur)-, Salud y Familia.

“El tema logró legitimidad pública. Hoy está en la agenda. Creemos que efectivamente en este periodo parlamentario se pueda aprobar y que no tengamos que volver a hacer un acto como este para dar de nuevo luz y visibilidad pública y política a nuestro pedido del derecho a un aborto legal seguro y gratuito. No nos vamos a cansar. Si no se aprueba este año, lo volveremos a presentar en 2016”, afirmó Zurutuza.

En diálogo con ámbito.com, la diputada con mandato cumplido e integrante de la Campaña, Estela Díaz, admitió que el actual “no es un contexto fácil” para que se apruebe el aborto, “pero nos parece que es mucho el acumulado social en relación al reclamo”.

“Mientras, es crucial que se avance claramente en el sistema de salud con todo lo que tiene que ver con el programa de salud reproductiva, con las conserjerías pre y post aborto. El ejemplo de Uruguay es muy importante porque se logró eliminar la mortalidad materna previa al cambio de ley”, agregó.

Díaz explicó que en la actualidad la ilegalidad de la interrupción genera gastos millonarios a los sistemas de salud, tanto públicos como privados, que reciben a las mujeres con abortos mal practicados en la clandestinidad.

“Eso le resulta carísimo al sistema de salud, además de todo el negocio millonario clandestino. Ahorraríamos dinero porque la ilegalidad del aborto no te permite operar sobre las causas que provocaron el embarazo no deseado. Si el aborto es legal, se hace consejería, trabajas con esa mujer para que no se repita la situación de tener que recurrir nuevamente a una interrupción de un embarazo”, afirmó.

Durante el encuentro tuvieron la palabra una decena de diputados. La iniciativa cuenta con las firmas de legisladores de casi todos los bloques y todo indica que las bancadas darán libertad de conciencia a sus miembros para que definan su voto.

Por el Frente para la Victoria fue Adela Segarra la encargada de llevar la postura de parte del bloque que adhiere. También fue la primera en hacer referencia a uno de los principales obstáculos que encuentra el aborto para prosperar: el reciente acercamiento entre el Gobierno y la Iglesia tras la designación de Bergoglio como Papa.

“Pensamos que con el tema del Papa habría más diputados que se verían más presionados. En realidad no tiene nada que ver el Papa en este tema. Es un tema que seguramente tenga que debatir la Iglesia”, indicó.

Para Segarra la responsabilidad de que se despenalice la práctica es del Estado, y enmarcó la necesidad de la ley para llevar adelante una política de salud que disminuya la mortalidad infantil, cuya principal causa son los abortos clandestinos, según indican los promotores del texto.

Por la UCR fue el diputado Manuel Garrido quien consideró que el Estado “no puede imponer ideales de vida, tiene que preocuparse por otras cuestiones, no tiene que imponer maternidades forzadas”.

Pero fue durante la presentación de la diputada por el Partido Socialista Alicia Ciciliani donde el clima de emoción se vició por unos instantes. La legisladora hizo referencia al proyecto como “ley de procreación responsable” y rápidamente fue corregida a los gritos por los integrantes de la Campaña: “¡Es aborto legal, no procreación responsable!”.

Luego fue el turno de Nicolás Del Caño (PTS/FIT). El representante por Mendoza se refirió a la “voluntad política” de que el proyecto se mueva en el Congreso y responsabilizó al Ejecutivo de no querer que se trate. Su intervención quebró el clima de emoción del centenar de personas congregadas.

“No queremos dejar de señalar la responsabilidad política del bloque mayoritario del Frente Para la Victoria, que permite que algunas leyes, como la indemnización a Repsol, salgan aprobadas en menos de dos meses y otras, como ésta, lleva casi una década sin ser tratada”, manifestó. Del Caño apenas pudo terminar la frase antes de recibir una silbatina unánime. “¡Esto es censura a un diputado!”, exclamaron sus asesores. Un minuto después se calmaron las aguas, luego de que los impulsores del aborto dejasen en claro con su interrupción que no permitirán que el proyecto sea utilizado para rédito político.

Los legisladores son concientes que el tema choca contra numerosas resistencias tanto adentro como afuera del Congreso. Saben que tienen por delante largos debates en comisión, lobbys desde las obras sociales, presión de la Iglesia y el expreso rechazo del Poder Ejecutivo de incluir en su agenda la cuestión. “Necesitamos que los partidos tradicionales en el país que tienen la mayoría en el Congreso se animen a perder el miedo y dejarnos debatir. Estamos dispuestos a perder”, sintetizó Carla Carrizo (SUMA + UNEN).

El texto presentado este miércoles lleva también las firmas de Laura Alonso (PRO), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Claudio Lozano, Víctor De Gennaro (UP), Carlos Heller (Nuevo Encuentro), Carla Carrizo (UNEN), Juliana Di Tullio, Héctor Recalde, Edgardo Depetri, Verónica Magario, Liliana Mazure , Araceli Ferreyra, Remo Carlotto, Diana Conti, Leonardo Grosso, Adriana Puiggrós, Andrea García, Horacio Pietragalla, Mara Brawer (FpV), Virginia Linares (GEN), y Miguel Bazze (UCR), entre otros.

Fuente: texto y foto publicados por Ámbito Financiero (10/4/2014)