Diputados emitió dictamen por proyecto contra trabajo en negro

El oficialismo en la Cámara de Diputados buscará convertir en ley la semana próxima el proyecto de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral que impulsa el Poder Ejecutivo, que obtuvo el dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto.

En el marco de una reunión que contó con la presencia del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el dictamen de mayoría contó con el aval del bloque del Frente para la Victoria y de sus habituales aliados, como el Frente Cívico de Santiago del Estero y Nuevo Encuentro; además de las disidencias parciales de la UCR, del Frente Amplio Progresista y del Frente Renovador.

En tanto, presentaron dictámenes de minoría el PRO, Unidad Popular y la Izquierda.

La intención del bloque kirchnerista es llevar el tema al recinto el miércoles de la próxima semana, para completar así la sanción que el Senado le dio al proyecto el pasado 30 de abril.

«El proyecto contempla, entre otras cosas, la creación de un registro de empresas que incumplen con las contribuciones; que al ser de estado público va a significar para las mismas una sanción social porque habrá una visibilidad mayor de las empresas que no cumplen», señaló el ministro durante su exposición.

Tomada expuso durante 40 minutos en el plenario presidido por el titular de la comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde, y luego respondió las dudas que los representantes de los diferentes bloques plantearon sobre el articulado del proyecto.

Tomada centró su exposición en desplegar brevemente los alcances del proyecto y en responder a las críticas que recibió el mismo por parte de la oposición, lo que fue posible gracias a que el texto llegó a Diputados tras su debate en el Senado.

«Es necesario que el Estado nacional y las provincias cuenten con instrumentos para poder detectar casos de empleo no registrado y ejecutar sanciones», precisó el ministro sobre las expresiones de quienes califican a la iniciativa como «de fuerte carácter sancionatorio».

Dedicó una parte importante de su explicación a fundamentar que «este proyecto no tiene nada que ver con las políticas laborales de la década del `90. Estos no son los `90, por una cuestión de calendario y porque no son esas las políticas que llevamos adelante, inventen lo que inventen o digan lo que digan».

Tomada también respondió a los cuestionamientos sobre la oportunidad de la presentación del proyecto, al afirmar que «muchos nos dicen, `¿ahora se acuerdan?`, a lo que respondemos que hace algunos años nadie hablaba del trabajo no registrado, porque la situación del empleo era dramática, por eso no se hablaba».

Los diputados coincidieron mayoritariamente en la necesidad de avanzar con una legislación contra el empleo no registrado, aunque plantearon diferentes matices.

El representante de Unión PRO, Federico Sturzenegger, propuso una desgravación de cargas patronales por niveles de ingreso y cuestionó «el costo que puede tener contratar el sexto trabajador», en aquellos casos en que se dan beneficios a empresas con cinco empleados.

Por el Frente Renovador, el sindicalista Héctor Daer anticipó el apoyo de su bancada, «por la importancia que puede tener el registro que lleve a la sanción pública a las empresas que violen el régimen» y pidió «darle más legitimidad a las asociaciones sindicales para participar en el proceso de combatir el trabajo no registrado».

El radical Eduardo Santín anticipó que acompañarán «en general el proyecto por entender que es un paliativo enderezado a generar condiciones para promover el trabajo registrado, aunque insuficiente y con vicios que pueden llegar a desincentivar a las Pymes, logrando un efecto contrario al buscado».

Por el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola anticipó que la nueva legislación «puede promover despidos por parte de empresas que quieran ser beneficiadas, ya que se puede dar el caso que renueven su planta de empleados cada dos años para que no sean afectados esos beneficios».

En el cierre del debate, el vicepresidente del bloque oficialista, Pablo Kosiner, remarcó que el proyecto «mejora la calidad del trabajo e implica mayor protección social» porque se trata de «una iniciativa impulsada por un espacio político que viene defendiendo el trabajo desde hace más de 10 años».

El proyecto contempla la reducción de contribuciones patronales para microempresas, medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado nacional y la creación de un registro donde se incluirá a las empresas que violen la legislación laboral.

En ese Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, se incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores y contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales o incurran en trata de personas para el trabajo forzado.

A través de la iniciativa, también se crea un Régimen Especial y Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempresas de Menores Niveles de Productividad y Competitividad con beneficios.

Ese régimen abarca a empresas que tienen hasta cinco trabajadores, que no son sociedades anónimas y tienen un cierto nivel de facturación anual.

Para este tipo de empresas, habrá una reducción en las contribuciones patronales de hasta un 50 por ciento de manera permanente y un límite en las cuotas que pueden cobrar las ART en ese sector.

Asimismo, las empresas de hasta 15 trabajadores van a tener un régimen transitorio para la creación de nuevos puestos de trabajo a través de una disminución de cargas sociales; en tanto que habrá otra escala para las empresas que tengan entre 17 y 80 trabajadores y más de 80 empleados.

Fuente: texto y foto publicados por Ambito Financiero (13/05/2014)