Designarán a 12.000 bonaerenses para ser jurados en juicios penales

Se sortearán los documentos de los habitantes de la provincia, de entre 21 y 75 años, que sepan leer; actuarán en casos graves, con penas mayores a los 15 años

LA PLATA.- La provincia de Buenos Aires sorteará el miércoles de la semana próxima los nombres de 12.000 habitantes de ese territorio, que quedarán habilitados para ejercer como jurados en juicios penales.

El anuncio lo hizo ayer el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal. Los sorteados serán 6000 hombres y 6000 mujeres, y actuar como jurado será una carga pública irrenunciable, lo mismo que ser autoridad de mesa en una elección.

Al bolillero de la Lotería provincial, donde se hará el sorteo, ingresarán los números de documentos de todos los bonaerenses mayores de 21 años y menores de 75 que sepan leer y escribir.

No podrán ser convocados quienes sean abogados, escribanos, funcionarios públicos, miembros del Poder Judicial ni los ciudadanos con procesos por delitos.

Casal dijo que para fines de año la provincia estaría en condiciones de tener los primeros juicios por jurados, en razón de que «la ley entró en vigencia hace poco y que las investigaciones sumariales duran entre un año y medio y dos».

Sin embargo, la Suprema Corte bonaerense advirtió que para ponerlos en marcha falta adaptar edificios, equipamiento informático y filmación de audiencias, además de instrumentar la capacitación del personal y la definición del pago de las remuneraciones, viáticos y movilidad, entre otras cuestiones de índole administrativa.

Casal dijo que los juicios serán «tal como se ve en las películas», si bien sólo «para causas graves», con condenas de más de 15 años de prisión. Explicó que «la absolución será inapelable, pero cualquier otra sentencia será apelable».

El sorteo se hará el miércoles próximo en la Lotería de la Provincia, por los últimos tres números del documento de identidad. Resultará seleccionada «una persona cada mil del padrón electoral».

Casal dejó en claro que quien resulte sorteado tendrá «una carga pública» y precisó que el jurado deberá estar integrado en partes iguales por hombres y mujeres. El ministro explicó a LA NACION que los 10.000 o 12.000 ciudadanos que surjan del sorteo del miércoles próximo serán notificados de inmediato y sus nombres integrarán un padrón que, una vez depurado de acuerdo a las prohibiciones y los requisitos exigidos por la ley, será enviado a la Suprema Corte.

El máximo tribunal realizará un nuevo sorteo, esta vez por departamento judicial, cada vez que un imputado formule un pedido. Los ciudadanos seleccionados serán jueces en las jurisdicciones en las que viven. Y, según estimó Casal, «en 30 días quedará integrado el jurado». Si la decisión del cuerpo de ciudadanos es una absolución, ésta será inapelable. Cualquier otra sentencia podrá ser recurrida.

El funcionario destacó que su ministerio trabaja en conjunto con el de Economía y la Jefatura de Gabinete para establecer «una compensación económica» (no retributiva salarial) para los integrantes del jurado popular, teniendo en cuenta «que estarán dedicando horas, días, al pleito».

Y para atender las medidas de «necesaria concreción» para poner en práctica los juicios por jurado, la Suprema Corte resolvió ayer encomendar la elaboración de un Programa de Implementación a las secretarías Administrativas, de Planificación de Tecnología e Informática.

Planteos, quejas y ejemplos

Fuentes judiciales informaron a LA NACION que la nueva ley aún puede ser motivo de un recurso de inconstitucionalidad, ya que, por ejemplo, el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional dice que «corresponde al Congreso» dictar las leyes «que requiera el establecimiento de juicio por jurados».

Casal opinó que no son pertinentes estos planteos, ya que «el juicio por jurado corresponde al Código de Procedimiento Penal, que dicta cada provincia». Recordó que este procedimiento también se puso en marcha en Córdoba y en Neuquén.

Andrés Harfuch, del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (Inecip), habló con LA NACION sobre el punto más sensible en la aplicación de la ley: la resistencia de algunos magistrados.

«La mayoría en la corporación judicial nunca quiso al jurado, aún siendo un mandato de la Constitución, porque significaba entregar el monopolio del poder de juzgar al pueblo. Pero ahora lo necesitan por el descrédito y la falta de legitimidad que el Poder Judicial tiene ante los ojos de la ciudadanía», dijo.

Concluyó: «El jurado es un cambio político y también cultural. Obliga a los abogados y jueces a hacer juicios de mejor calidad y a presentar pruebas de manera correcta y suficiente. Eso hace elevar el estándar de litigación en los juicios».

Según Casal, ya hubo interesados en someterse a un juicio por jurados: citó a Cristian Martínez Poch, acusado de haber mantenido secuestrada durante 15 días a su ex pareja y de haber abusado de sus dos hijas. Sin embargo, la defensa de Martínez Poch negó interés en este juicio popular. Fue el fiscal Marcelo Romero quien lo había pedido, sin éxito. «El nuevo sistema demanda conformidad del imputado y el defensor. Y no aceptaron», informó Romero a LA NACION.

Hubo otro interesado: Waldo Tactaca, acusado de robo calificado en Campana. Su pedido no prosperó porque la ley -sancionada hace seis meses- aún no está en condiciones de ser aplicada.

Fuente: texto y foto publicados por La Nación (15/05/2014)