Seguro de vida: clientes bancarios que no reclamaron podrían cobrar

por DOLORES OLVEIRA

A partir de más de 100 juicios entablados desde 2007 contra entidades financieras por el cobro de un seguro de vida en los préstamos que fue tachado de abusivo, algunos bancos llegaron a acuerdos con sus clientes a través de asociaciones de consumidores. Esos acuerdos fueron homologados por jueces, pero esos mismos jueces los están anulando o convirtiendo de “devolución a requerimiento” en “automáticos”, luego de que la presidenta Cristina Kirchner acusó en febrero de 2013 a la ONG de usuarios Adecua de perjudicar con los acuerdos a 1,7 millón de clientes que reclamaban indemnizaciones por $ 367 millones. Algunas entidades recurrirán las nuevas sentencias ante la Corte Suprema de Justicia y otras ajustarán sus acuerdos para que respondan al nuevo criterio judicial.

Los bancos cobran un seguro de vida en los préstamos que, en el período en que el tema se judicializó, podía ser de hasta $ 2 cada $ 1.000 de deuda. Luego, una licitación del Banco Ciudad demostró que el mercado podía ofertar este servicio por entre $ 0,15 a $ 0,25. Y en 2010, la Superintendencia de Seguros lo reguló mediante una tabla, para terminar con la disputa, explicó Osvaldo Riopedre, abogado de Adecua.

La Sala B de la Cámara Comercial ratificó el 24 de abril pasado una decisión del 15 de marzo de 2013 del juez Héctor Chomer, que en noviembre de 2009 había homologado un acuerdo entre Tarjeta Naranja y Adecua, pero el año pasado celebró una audiencia para revisar el cumplimiento de su sentencia. Aprovechó a cambiar todo: del mecanismo de devolución por previo requerimiento, pasó a ordenar uno automático para todos los damnificados.

En el caso del Banco Privado de Inversiones, el juez Jorge Sicoli también revisó su propia sentencia y anuló el acuerdo. La Sala C lo ratificó en abril pasado. Entre 135.000 clientes afectados, sólo 37 se habían beneficiado del acuerdo firmado por Adecua.

La ex subsecretaría de Defensa del Consumidor, María Lucila Pimpi Colombo pidió también la nulidad de sendos acuerdos transaccionales de los bancos Santander y Galicia. Son juicios separados y no afectan las condiciones del convenio vigente.

Consultados los voceros de Tarjeta Naranja, dijeron que en noviembre de 2009, frente a una demanda de la asociación de consumidores Adecua, “en la que se cuestionaba el cobro del seguro de saldo deudor en las operaciones financiadas en más de 3 cuotas, Tarjeta Naranja celebró un acuerdo transaccional con la participación activa del juez y del fiscal intervinientes, en el cual se establecía la legitimidad del cobro del cargo; una reducción del monto que se cobraría a futuro, y con respecto a lo ya cobrado, se reconocían una serie de gastos en que había incurrido Tarjeta Naranja y la posibilidad de los titulares que se hubieran visto afectados de solicitar, por un trámite o pedido en cualquier local de la empresa o en la sede de Adecua, la devolución parcial de los montos abonados por dicho concepto, previo análisis de su procedencia, conforme los términos fijados en el acuerdo”. “Tarjeta Naranja entiende que el acuerdo fue oportunamente cumplido en su totalidad, conforme los términos y condiciones establecidos en el mismo. Se deja expresamente aclarado que el cumplimiento del acuerdo por parte de la empresa fue debidamente acreditado en el expediente y en su momento no fue observado ni por el juez ni por el fiscal”, continuaron.

“Lo cierto es que luego de tres años de homologado y cumplido el acuerdo, el Juez de Primera Instancia, con la ratificación parcial de la Cámara, pretende modificar los términos del mismo. Así es que, so pretexto de controlar la ejecución de la sentencia, se imponen obligaciones que no se ajustan a lo acordado”, enfatizaron.

“Tarjeta Naranja se encuentra evaluando la posibilidad de recurrir el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, concluyeron los voceros.

También Adecua apelará a la Corte, por considerarlo persecutorio, ya que –aseguró Riopedre– otras asociaciones también firmaron acuerdos iguales y no fueron denunciadas penalmente como ésta, ni sus acuerdos anulados.

Por su parte, la Cámara justificó lo decidido por el juez Chomer y ella misma, al afirmar que “en este tipo de casos, los jueces están llamados a adoptar un mayor control sobre lo discutido”.
“No puede haber agravio en que se devuelvan las sumas en cuestión a todos los consumidores si eso fue precisamente lo que se reconoció en el acuerdo transaccional”, afirmó.

“La falta de presentación a cobrar por parte de los consumidores no puede ser interpretada como una renuncia a sus derechos”, remarcaron las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Colodrero.

En cambio, no avalaron la determinación de intereses a Tarjeta Naranja que pretendió imponer el juez Chomer, y sí reconocieron los gastos del seguro.

Fuente: texto y foto publicados por El Cronista (26/05/2014)