Un recorrido por la actualidad de las causas judicializadas de lesa humanidad

Hay 1.135 procesados y desde 2003 fueron judicializados los casos de más de 10.500 víctimas. Se celebraron más de 123 juicios y en la actualidad hay 14  procesos judiciales en curso con 2.185 víctimas

Si bien las cifras obtenidas en materia de procesos judiciales por delitos de lesa humanidad son alentadoras porque muestran el avance de los juicios, referentes judiciales marcan la necesidad de atender el déficit que generan la falta de salas preparadas para desarrollar los juicios orales y la no integración de los tribunales, que muchas veces lleva a que los procesos se extiendan en el tiempo.

Según lo indica un relevamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación hay 927 detenidos en el marco de causas sobre lesa humanidad, más del 60% en cárceles y poco más del 30% en prisión domiciliaria. Desde 1983 se celebraron 123 juicios, 108 de los cuales se realizaron a partir de 2004 y hay 14 juicios en curso por 2.185 víctimas, indican desde la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Las cifras indican que la cantidad de procesados asciende a 1.135 en todo el país, y desde diciembre pasado fueron dictados procesamientos sobre 66 imputados. Desde la Procuraduría adelantaron además que desde 2003 a la fecha fueron judicializados los casos de más de 10.500 víctimas en todo el país, cifra que marca la dimensión del universo de víctimas incluidas en causas judiciales desde la reapertura de los procesos.

En conversación con BAE Judicial, Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, explicó que “si bien hay una fotografía de los juicios actuales que muestra un mayor número de procesos desarrollándose, esto no significa necesariamente celeridad, dado que en muchos casos las audiencias se celebran cada dos o tres semanas; esto se debe a que en muchas jurisdicciones no hay salas con las condiciones necesarias para llevar adelante estos juicios, o también a causa del déficit existente para integrar los tribunales y tener jueces titulares en cada jurisdicción”.

Lo cierto es que actualmente se realizan 14 juicios por delitos de lesa humanidad que tienen lugar en Capital Federal, Córdoba, La Rioja, San Luis, La Plata, Rosario, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y Salta. Un dato significativo da cuenta que en este total de causas, más del 10 por ciento de los imputados son civiles: hay 272 involucrados en distintas causas, según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Entre los civiles acusados –conjunto que incluye a hombres de la Iglesia y empresarios– sobresalen los que trabajaron como funcionarios del Poder Judicial: son 53 casos, 32 de ellos fueron jueces.

El avance de las causas

En el marco del encuentro de la Mesa de Diálogo Institucional y Social, encabezada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, su titular Jorge Auat pidió que se trabaje en optimizar todos aquellos aspectos que entorpecen el avance de las investigaciones por estos crímenes y sostuvo que “es necesario renovar el mensaje y el compromiso para avanzar en las causas. No podemos dejar puerta sin golpear, timbre sin tocar ni colega sin persuadir, dijo el fiscal general.

Según se informa desde el Ministerio Público, casi el 60 por ciento de los procesados cuenta con una causa elevada a juicio –561 personas– o con requerimiento de elevación a juicio –otras 99 personas–. Asimismo, según la información aportada por los fiscales, casi la mitad de los de los 561 que tienen al menos una causa elevada a juicio “ya ingresó en la etapa de juicio propiamente dicha  y se encuentra próximo a obtener una sentencia definitiva a su respecto”.

El camino de las condenas también resulta auspicioso: la cantidad de condenados desde 1983 asciende a 531, mientras que 58 han sido absueltos. “La cantidad de condenados también ha crecido exponencialmente, al igual que el número total de procesados”, indican desde la Procuraduría. “Hasta 2008 había 70 personas condenadas; al finalizar el 2009 ese número aumentó a 100; a fines de 2010, a 199, mientras que para el 2011, a 267. En el 2012, el número de condenados aumentó a 378 personas y, por último, en el año 2013 alcanzó las 519 personas”, enumera el organismo.

“Concretamente, el año pasado se condenó a 160 personas, 141 de las cuales fueron condenadas por primera vez”, añade. De las 520 condenas dictadas, sólo 114 se encuentras firmes y comprenden a un conjunto total de 108 personas, tal como se informó oportunamente.

Otro dato significativo que se desprende en el desarrollo de estas causas refiere a las condenas fijadas por la Justicia. Los últimos datos indican que existen 927 personas detenidas, un 62,4% en unidades penitenciarias, 36% en detención domiciliaria, 1,1% en dependencias de las fuerzas de seguridad (provinciales o nacionales) y 0,5% en hospitales.

La actualidad judicial

Desde que se iniciaron los juicios por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en 1983 hasta el presente se llevaron a cabo 123 juicios, 108 de los cuales han sido a partir de 2004, “con un récord anual para 2013, año en el que concluyeron 24 procesos”, sostienen.

Actualmente, se está juzgando a 268 personas por los crímenes cometidos en perjuicio de 2.185 víctimas en el marco de catorce juicios, doce orales y dos escritos. La cantidad de víctimas y personas juzgadas en la actualidad tiene relación con la celebración de tres de los juicios más grandes de la historia judicial argentina: el de la causa Esma Unificada (66 imputados por 796 víctimas); el de La Perla y La Ribera en Córdoba (44 imputados por 414 víctimas), y el juicio en Mendoza a magistrados y miembros de fuerzas armadas y de seguridad (34 imputados por 207 víctimas).

“En el año 2014 serán juzgadas al menos otras 32 personas más por los casos de 185 víctimas, que son aquellas imputadas en las seis causas que ya tienen fecha de juicio programada”, indica el informe de la Procuraduría. En torno del análisis del tratamiento y el rumbo que toman las causas, Auat destacó la importancia de optimizar procesos a fin de lograr mayor celeridad en la resolución de los casos. En este contexto, varias organizaciones de derechos humanos manifestaron a la procuración preocupación por el desempeño del Cuerpo Médico Forense. “En lo discursivo, los juicios vinieron para quedarse, pero en los hechos encontramos que falta decisión. A dónde está el compromiso cuando necesitamos que un médico viaje a revisar a un detenido y el trámite de sus viáticos demora seis meses”, se quejó Auat. En este contexto, organizaciones presentes en la Mesa de Diálogo coincidieron en la importancia de que el Ministerio Público pueda contar con su propio cuerpo pericial para intervenir en los procesos. Consultada al respecto, Varsky indicó que es un tema sobre el que se encuentran avanzando intensamente.

Otro de los puntos de análisis que surgió en relación con la optimización de estos procesos, se enfocó en la necesidad de que los juzgados de primera instancia y los tribunales orales cumplan con las “Reglas de Casación”, acordada mediante la que el máximo tribunal penal hizo recomendaciones a los tribunales inferiores para la agilización de los procesos judiciales.

Esas reglas indican a los jueces que deben fotocopiar los expedientes para seguir con el trámite de la causa mientras se trata un recurso en una instancia superior o incorporar testimonios en otras instancias judiciales para que una víctima no deba declarar una y otra vez y sufra revictimización. Asimismo se coincidió en la necesidad de que los operadores del Poder Judicial cuenten con capacitación para el tratamiento de testigos víctimas de delitos sexuales.

Lo cierto es que los operadores judiciales desde las diferentes áreas de trabajo buscan las vías para agilizar el tratamiento de estos casos complejos. Fiscales advierten una mora de los tribunales revisores de sentencias: desde el Juicio a las Juntas de 1985 hasta hoy, quedaron firmes 114 condenas por crímenes del terrorismo de Estado, que comprenden a un conjunto total de 108 personas juzgadas en 51 procesos. La cantidad de condenados en esa condición es poco más del 20 por ciento de condenas dictadas, que ascienden a 520. Pero, en ese contexto, debe tenerse en cuenta que en los últimos años se dictó la mayor cantidad de sentencias y que 160 fueron sólo en 2013.

Los datos aportados por la procuración revelan que en 2008 hubo 29 condenas y de todas ellas hoy están firmes 26; en 2009 la relación entre sentencias dictadas y firmes es de 30 a 15, respectivamente; en 2010, la distancia se multiplica, con una relación de 99 a 15; en 2011 la situación empeora ostensiblemente, con 168 veredictos dictados y sólo 10 firmes, hasta llegar a 2012, cuando los números indican que hay sólo dos firmes de las 112 del año.

“Si bien hay más cantidad de juicios –lo que refleja un trabajo profundo que se viene realizando en relación de unificar las causas– hay demoras notables a causa de la imposibilidad de conformar los tribunales, ya que hay jueces de diferentes jurisdicciones que deben cubrir juicios en otros lugares”, explicó Varsky. También mencionó como factor de demora el hecho de que se haya avanzado tanto en la identificación y el relacionamiento de funcionarios judiciales en estos casos, “dado que muchos aún hoy siguen trabajando, o tienen allegados que están dentro del Poder Judicial y eso muchas veces impide que las causas avancen”.

El complejo camino de los expedientes a la etapa oral

La situación en los tribunales de La Plata presenta algunas complejidades: hay dos tribunales y sólo uno juzga estos crímenes, en tanto que un tercero fue creado por ley pero aún no tiene jueces. Lo cierto es que en las últimas semanas, fiscales platenses manifestaron su preocupación por la acumulación de causas por crímenes de lesa humanidad en un solo tribunal oral, y, en referencia a las demoras en el inicio de los procesos,  destacaron su preocupación en torno de la edad de los imputados y de las víctimas.

En este cuello de botella se encuentran pendientes, por ejemplo, el actual proceso por los crímenes en La Cacha. El total de causas en trámite suma a más de 600 víctimas de la última dictadura cívico-militar que involucran. El problema radica en que sólo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de capital provincial juzga esos procesos, generándose de esta manera inevitables demoras ante la imposibilidad de que una sola dependencia judicial se haga cargo de causas de semejante envergadura.

En este escenario, el TOCF N°2 de La Plata rechaza –desde la reapertura de estos procesos– la competencia en causas de lesa humanidad por cuestiones de conexidad: cuando recibe un expediente de estas características resuelve que debe ser juzgado por el TOCF 1, dado que este último intervino en procesos anteriores relacionados con el denominado “Circuito Camps”, punto de contacto de todos los crímenes en la zona.

Lo cierto es que el TOCF 1, presidido por Carlos Rozanski, lleva adelante el juicio por los crímenes en el centro clandestino La Cacha, que funcionó en un predio lindero a la cárcel de Olmos. Están en debate 21 imputados cuyas edades oscilan entre los 59 y los 86 años, y el objeto procesal comprende los casos de 129 víctimas. El debate arrancó el 18 de diciembre pasado y se realiza a razón de dos jornadas por semana.

La causa de La Cacha va a cumplir dos años en espera de juicio por el emblemático “Pozo de Banfield”, que en el primer tramo elevado comprende los casos de seis imputados de entre 66 y 87 años, a quienes se atribuye responsabilidad en los casos de 247 víctimas. “Pozo de Banfield” fue radicada en el TOCF 1 en noviembre de 2012 luego de la declaración de incompetencia del TOCF 2.

Este juicio “no comenzaría antes del año 2015”, por lo que “puede llegar a sumarse si se logra acumular a tiempo parte de causa la residual de Banfield, con aproximadamente 16 imputados y seis víctimas más”, indicaron en octubre pasado los fiscales platenses a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Desde el 19 de febrero pasado también está radicada en el TOCF 1 el debate oral que tiene siete imputados y treinta víctimas en el circuito represivo del noroeste bonaerense, que integraron la Comisaría 1ª de Junín, la Unidad N°13 –en construcción– del Servicio Penitenciario Bonaerense, el Destacamento Morse –dependiente de la comisaría juninense–, la Unidad Regional VIII de Policía de la Provincia, con asiento en Junín, y las comisarías de los distritos vecinos de Vedia, Rojas y Chacabuco.

Fuente: texto y foto publicados por Diario BAE (10/06/2014)