Los abogados, a un paso de tener su ley de honorarios

La desactualización en la regulación de los honorarios de los profesionales del derecho afecta, al menos en la Capital Federal, a más de 80.000 matriculados. Así, las idas y venidas por los honorarios judiciales se convirtieron en un tema que genera una inmediata reacción en el ámbito de los abogados.

En este marco, en la Comisión de Legislación General de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran ultimando detalles para que este año se convierta en ley la iniciativa de la Agrupación Gente de Derecho –que impulsa el legislador  de PRO Daniel Lipovetzky, cercano a Daniel Angelici– para la regulación de los honorarios de los abogados. La iniciativa es apoyada no sólo por gran parte de PRO sino que también por el FpV y la izquierda, quienes dan impulso al avance del proyecto aunque, como toda iniciativa de peso, presenta resistencias, en este caso por parte de Héctor Hiudici y del pinedismo que –según fuentes legislativas– pretende tutelar los intereses de los grandes estudios.

Según lo indicaron a BAE Judicial fuentes legislativas, en el próximo encuentro serían convocadas las autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, donde se originó el proyecto que fue fruto de consulta con todos los abogados a lo largo de seis años.

Pero este espacio no es el único en el que avanza la iniciativa sino que recientemente el diputado nacional Héctor Recalde reafirmó que “la voluntad política de representar el proyecto de ley de honorarios está vigente”. Con este fuerte compromiso por parte del diputado, se concreta uno de los principales puntos por los que pelean los abogados que apunta a que el proyecto de honorarios sea convertido en ley tanto en la Ciudad como a nivel nacional.

Consultado por BAE Judicial, Daniel Lipovetzky explicó: “El proyecto de honorarios profesionales para abogados que impulsamos viene a dejar atrás una ley nacional anticuada e injusta, que fuera alumbrada durante la dictadura y flexibilizada en el menemismo, siguiendo la línea lógico de esas dos expresiones. Desde la Ciudad, en pleno ejercicio de nuestra autonomía, presentamos un proyecto para una ley diferente e integradora”.

“El Colegio Público hace tiempo que brega por reformular el modo en que regulan los honorarios, las condiciones en que los abogados ejercen su profesión, la calidad alimentaria de sus honorarios, y la propiedad exclusiva sobre ellos. Ahora vamos a hacer realidad todo eso en la Legislatura”, afirmó el legislador.

La situación actual

La Ciudad de Buenos Aires no cuenta con una ley de honorarios propia, por lo cual los tribunales aplican supletoriamente una ley nacional, la 21.839, que es una ley que data de la época de la dictadura y que fue reformada en la década del ’90, por lo cual no está actualizada.En este macro desde el Colegio Público se empezó por impulsar una nueva ley nacional –que en la actualidad tomará forma a través de un proyecto que presentará el diputado Recalde– y ese mismo camino llevó a que la iniciativa se abriera camino en la Ciudad, donde estaría a un paso de convertirse en ley.

Consultado sobre los beneficios de esta iniciativa, Lipovetzky  advirtió  que “se modifican algunas lógicas como la base del honorario para el cálculo, ya no es sólo un porcentual sino que tiene un valor tomado sobre la base de la remuneración de un juez. Con el período inflacionario, si se determinan valores fijos rápidamente los montos se desactualizan”, sostiene y fija este punto como un problema existente en la ley nacional.

Sobre las negativas al avance de esta iniciativa, el actual presidente del Colegio Público, José Roberto López, señaló que “al aumentar los honorarios de los profesionales, la mayoría de las empresas grandes van a tener que pagar más. Entendemos que hubo alguna presión de los grandes sectores para que esta ley se vea frenada”.

Por su parte, el consejero de la Magistratura de la Ciudad, Sebastián De Stéfano, sostuvo que “la profesión se divide entre quienes tienen grandes estudios y quienes llevan adelante la profesión pateando tribunales día a día. Es necesario que los abogados cuenten con una regulación de sus honorarios que se ajuste a los índices inflacionarios que variaron de forma tal que los regulados terminan siendo, muchas veces, montos irrisorios”.

La legislación vigente

Actualmente, los honorarios de los abogados están establecidos por una ley sancionada en la época de Martínez de Hoz (ley 21.839, vigente desde el 20 de julio de 1978) y las modificaciones introducidas en 1991 (ley 24.432) por el entonces presidente Carlos Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo, que agravaron la situación de los profesionales de la abogacía al dejar sin efecto el concepto de orden público establecido en materia arancelaria. Esto trajo como consecuencia, según lo define el titular de la Agrupación Gente de Derecho,  Jorge Rizzo, “una depreciación de la labor profesional, no sólo en cuanto a su carácter distributivo sino, y esencialmente, en cuanto al carácter de una verdadera retribución al trabajo profesional del abogado”. En este marco y ante la existencia de honorarios que en casos han alcanzado a regularse en 50 pesos, se avanzó sobre un proyecto de ley que busca principalmente evitar las arbitrariedades en el cálculo de un canon que tiene carácter alimentario.

Para esto, la iniciativa plantea la aplicación de una “unidad de medida arancelaria”, donde se determinarán los honorarios a través de un cálculo equivalente al 1,5% de la remuneración total asignada a un juez de primera instancia, lo cual regirá tanto para la actividad judicial como para la extrajudicial. En lo que respecta al ámbito nacional, en Diputados y Senadores se encontraba desde hace tiempo a estudio esta iniciativa, que es de vital importancia para los abogados y que será representada por el diputado Recalde. Se plantea entonces la actualización monetaria, la restitución del orden público de la ley, la garantía de que los honorarios del profesional sean considerados inembargables, alimentarios; asimismo, se propone que se puedan celebrar pactos de cuota litis o convenios de honorarios en cuestiones previsionales y en asuntos que involucren cuestiones alimentarias y a menores, estableciendo para tales casos un tope máximo del 20% del monto a percibir por el demandante. Para el caso de cambio de patrocinio y representación, el profesional desplazado podrá adquirir la calidad de parte para actuar en la protección de sus derechos a la regulación de honorarios.“Es un concepto equívoco y por demás anacrónico; que el abogado, por el simple hecho de poder ejercer su profesión en forma liberal (entre las tantas variantes que el siglo XXI le ofrece al ejercicio profesional) no merezca que sus honorarios se consideren de carácter alimentario y, por consiguiente, alcanzados por el orden público que también engloba al salario de los trabajadores”, sostiene Rizzo. En este marco de acción, Lipovetzky explicó a BAE Judicial que “en la Legislatura están dadas las condiciones para aprobar este proyecto. Estamos incorporando una nueva ley nueva y ésta es una necesidad a nivel porteño”, sostiene.

Los montos

En la actualidad, en aquellos juicios que tienen valor económico, los peritos que intervienen tienen un honorario de entre el 4% y el 8% del monto total del pleito, ello así conforme a una Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En lo que respecta a los abogados y procuradores, la ley 21.839 de 1978 establecía un mínimo del 11% y un máximo del 20% para los abogados de cada parte; pero esta ley fue modificada en 1995 por la  24.432, que lo redujo a un máximo del 25% del valor del juicio para todos los profesionales que hayan intervenido en el proceso judicial (abogados, peritos, etcétera). La iniciativa que avanza en las distintas esferas legislativas prevé para los profesionales actuantes que se desempeñen como peritos en todas las especialidades un honorario mínimo del 5% y un máximo de 10%, y para los abogados y procuradores prevé un mínimo del 11% y un máximo del 25% del valor total del juicio.

Fuente: texto y foto publicados por Diario BAE (26/08/2014)