La reforma procesal penal comenzará a debatirse el martes con el ministro de Justicia
Julia Alak y su vice, el camporista Julián Alvarez, concurrirían a al plenario de comisiones del Senado para exponer la iniciativa oficial. El kirchnerismo quiere tener la media sanción para fines de noviembre.
El Frente para la Victoria quiere tener la media sanción del nuevo Código Procesal Penal antes del cierre del período parlamentario, el 30 de noviembre. Atento a que la reforma merece un debate profundo y a que queda un mes y medio para que concluya el año legislativo, el oficialismo buscará iniciar el debate este martes a las 15, una semana después del ingreso del proyecto.
Será en un plenario de las comisiones de Asuntos Penales y Justicia y de Presupuesto y Hacienda, que dirigen los kirchneristas Pedro Guastavino (Entre Ríos) y Aníbal Fernández (Buenos Aires), respectivamente, en el Salón Azul del Congreso.
Se prevé para ese día la presentación oficial del proyecto por parte del ministro de Justicia, Julio Alak, y de su vice, el dirigente de La Cámpora Julián Alvarez.
El jefe de los senadores oficialistas, Miguel Pichetto, anticipó este miércoles que buscarán la media sanción de la propuesta antes del 30 de noviembre. Dada que ese día concluye el período parlamentario, se espera que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias para que la Cámara de Diputados complete el tratamiento del tema.
Ejes del proyecto
El nuevo Código Procesal Penal establece un sistema acusatorio en el que se fortalece el poder del Ministerio Público.
Así, los fiscales quedarán a cargo de la investigación y la recolección de pruebas –que hoy realizan los jueces- y podrán elegir qué causas investigar, salvo en los casos de corrupción de funcionarios, discriminación o violencia de género, que deberán tomar sí o sí.
El texto fija un plazo máximo de tres años para la duración de un proceso judicial y además establece sanciones si los jueces demoran los casos.
Por otra parte, se le dará más participación de las víctimas en los procesos aunque no sean querellantes: son protegidas, pueden intervenir en el proceso y pueden seguir con una acción privada si el fiscal desiste en la investigación.
Todo el proceso será oral y, por otra parte, se mantienen los criterios actuales para prisión preventiva.
En el caso de los extranjeros que son sorprendidos cometiendo un delito “in fraganti” pero siempre y cuando no vulnere la “reunificación familiar”.
Fuente: foto e imagen publicados por Parlamentario.com (23/10/2014)