201411.05
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Diputados puso en marcha el debate sobre aborto, pero no hubo dictamen

La Comisión de Legislación Penal, conducida por Patricia Bullrich, arrancó sin quórum desde las primeras horas de la tarde, cuando se había reunido para tratar otros temas. Algunos diputados exigieron sacar dictamen antes de que termine el año parlamentario, aunque el proyecto deberá pasar por otras dos comisiones.

parlamentarioCon versiones cruzadas sobre el quórum, pero aún sin número para conseguir el dictamen, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados puso en marcha este martes el debate por la despenalización del aborto, en una jornada agitada por multitudinarias movilizaciones puertas afuera del Congreso.

El proyecto para legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a partir de la semana 12 de gestación no obtuvo dictamen y varios diputados exigieron a la presidenta de la comisión, Patricia Bullrich, que vuelva a convocar a una reunión para firmar el aval antes de que termine el período ordinario.

Si bien Bullrich no adelantó su accionar, la iniciativa tiene además dos obstáculos por delante, ya que deberá pasar también por las comisiones de Familia, que preside el massista Felipe Solá, y Salud, comandada por la oficialista Andrea García, cercana al titular de la Cámara baja, Julián Domínguez.

La reunión de Legislación Penal arrancó con nueve diputados (se necesitaban 11) “a la hora en que estaba citada la comisión”, es decir, dos horas antes de la convocatoria para debatir sobre el aborto, cuando la reunión para discutir otros proyectos se cayó por falta de quórum.

Así lo informó Bullrich, a pesar de que Margarita Stobizer (GEN), rápida de reflejos, había considerado de entrada que se trataba de “dos reuniones distintas”.

“En todo momento planteé que no estaba en el espíritu de esta presidencia sacar dictamen en esta reunión. Si los diputados no vinieron a la hora que tenían que venir, no es un problema mío”, aseveró la macrista.

Además, la ausencia de al menos dos diputados firmantes del proyecto en cuestión echó por tierra la posibilidad del dictamen, aunque también habrían operado diferencias dentro del propio oficialismo por la resistencia de los diputados de la agrupación La Cámpora, y en el bloque hay quienes no quieren correr el riesgo de generar una división.

En este sentido la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, nunca se pronunció públicamente sobre el tema y el bloque oficialista no actuará si no es bajo órdenes del Poder Ejecutivo.

Más allá de la disputa política, la Sala 1 del Anexo de Diputados se convirtió en una postal del antagonismo irremediable que despierta este debate: de un lado, las militantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; del otro, representantes de agrupaciones que se oponen a la norma.

La kirchnerista Adela Segarra, quien encabeza el proyecto, abrió el debate al señalar que el proyecto de IVE es “una asignatura pendiente de la democracia” y que “el derecho de las mujeres a decidir sobre sí mismas es un tema de salud pública”.

“No se puede seguir criminalizando a las mujeres que mueren por abortos clandestinos”, sostuvo la marplatense entre aplausos de la militancia a favor de la ley.

Otra de las impulsoras del tema, Victoria Donda (Libres del Sur) consideró “urgente y necesario que el Congreso lo discuta en el recinto” ya que “hay que resguardar el derecho a la vida de las mujeres que hoy mueren por abortos clandestinos”.

Tanto ella como Manuel Garrido (UCR) pidieron a Bullrich que habilite una nueva reunión de su comisión para firmar el proyecto allí antes del 20 de noviembre, fecha límite para la firma de dictámenes.

Garrido encabezó además la defensa jurídica del proyecto: “No podemos hacerle decir al derecho lo que el derecho no dice. La Constitución no dice nada sobre la protección del embrión y esta ley de ninguna manera se ve afectada por el Código Civil”, explicó.

La voz más dura contra el proyecto fue la de la exdiputada Cynthia Hotton, ferviente evangélica, quien auguró que “esto no va a terminar prosperando”. “Siento que nos están usando políticamente. Hace muchos fines de año que nos tiran esta bombita”, dijo.

Hotton despertó silbidos y hasta risas de parte de las militantes proabortistas: “Si nadie quiere morir en un aborto, seamos creativos, pensemos otras opciones”, lanzó, y agregó que “el problema no es el aborto, sino la pobreza”, por la cantidad de mujeres que mueren en operaciones clandestinas.

También se expresó en contra el radical tucumano Juan Casañas, quien informó que “más de 10 mil personas salieron a manifestarse en contra (de la legalización del aborto) en Tucumán”, y le reprochó a quienes están a favor que “no hablaron del deseo de vivir de los chicos que están en el vientre”.

La discusión fue interrumpida en varios pasajes por los cruces entre las dos bandas, que tuvo su clímax cuando las mujeres en contra de la ley exhibieron imágenes de bebés con la leyenda “Esto es vida”. “¡Fotos de menores, no!”, les gritaban desde enfrente.

Sin citar fuentes, Nicolás del Caño (PTS/FIT) apuntó que “el 80% de la población está a favor de la despenalización en algunos casos, y el 60% en todos los casos”, y responsabilizó al Frente para la Victoria por las trabas al proyecto: “El bloque mayoritario se ha negado a tratarlo, pero en cambio hubo disciplina de bloque para votar el artículo 19 (del Código Civil)”, disparó.

Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, recogió el guante y recordó que “más de la mitad de las firmas” que tiene el proyecto “son del Frente para la Victoria”. Además, opinó que “no hace falta constatar las cifras con fuentes, basta con caminar por la calle para darse cuenta de que es un flagelo”.

Por otra parte, Mara Brawer aprovechó para recordar que en los ‘90 la propia Bullrich “presentó un proyecto” sobre aborto junto a Graciela Fernández Meijide.

En tanto, la puntana Ivana Bianchi (Compromiso Federal) abrió otra discusión al advertir que el proyecto, a diferencia de las anteriores oportunidades, no fue girado a la Comisión de Presupuesto, por lo que “la ley no se va a cumplir”, ya que los servicios de salud pública y las obras sociales deben garantizar la gratuidad de la intervención.

Fuente: texto y fotos publicados por Parlamentario.com (04/11/2014)