Última audiencia pública por el nuevo Código Procesal Penal

Los cambios serán debatidos por un panel de expertos entre los que está el jurista Alberto Binder, que encabezó las reformas procesales en varias provincias argentinas y países latinoamericanos. En las últimas horas se ultimarán detalles y pasarán a la firma del dictámen para poder debatirlo el miércoles próximo en el recinto.

En el Senado de la Nación continúa hoy el plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda en el que se debate el proyecto de Código Procesal Penal (CPP) enviado por el Poder Ejecutivo. A las 15 los senadores recibirán en audiencia pública a los últimos expositores y se prevé que en las próximas horas los legisladores llegarán a un dictamen de comisión, para tratar el proyecto en el recinto el miércoles 19.

Entre los expositores convocados para hoy en el salón Eva Perón, están el titular de Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato; el vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Alberto Binder; el director general de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Ariel Cejas Meliare y el subdirector de la Dirección de Legales y Contencioso de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Rodrigo Borda.

En total son nueve los referentes del ámbito judicial y especialistas convocados para informar, desde sus respectivos puntos de vista y experiencia, a los legisladores. La diputada mandato cumplido Rosario Romero, impulsora de la reforma que en Entre Ríos dotó de mayor potestad para investigar a los fiscales y convalidó la oralidad durante todo el proceso penal, será de la partida.

Los académicos convocados son el profesor adjunto del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA, Fernando Díaz Cantón; al profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA, Maximiliano Rusconi; y al doctor en Derecho Penal, Carlos Enrique Llera.

Para el cierre, está prevista la participación de Pablo Ceriani Cernadas, miembro del Comité de la ONU sobre Derechos de Migrantes y sus Familias, quien se expedirá sobre la posibilidad que fija el proyecto expulsar a extranjeros que tienen algún tipo de irregularidad en su situación migratoria, si son sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito.

En la propuesta, esta medida, se da como condición de la suspensión del juicio a prueba, y el fiscal puede oponerse por criterios de política criminal o por ser necesario para otra investigación en curso; y se aplicaría siempre y cuando la expulsión no afecte la reunificación familiar. “Es una opinión importante, que seguramente los legisladores tendrán en cuenta”, señalaron a Infojus Noticias fuentes de la comisión bicameral, aunque aclararon que aún no está definido si se introducirán cambios al respecto.

“Sí existe un acuerdo general para excluir la ′conmoción social’ como una de las causales para disponer una prisión preventiva”, dijo la misma fuente. Este fue uno de los puntos que ocupó a la mayoría de los expositores que pasaron por la comisión en el Senado, y su modificación habilitaría un mayor consenso a la hora de la votación en el plenario de comisiones.

Si el proyecto obtiene dictamen de mayoría, algo que se descuenta ya que el kirchnerismo tiene el número necesario en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda (es decir: mayoría simple, de la mitad más uno) el nuevo Código estaría listo para ser debatido en la sesión del miércoles 19 de noviembre.

Una vez que el Senado le de media sanción, el proyecto pasará para su tratamiento a la Cámara de Diputados para ser convertido en Ley. No obstante, su entrada en vigencia se producirá una vez que, tal como lo establece la iniciativa, se conforme la Comisión Bicameral para su puesta en marcha. “Con este Código vamos a arrancar en tres o cuatro años”, dijo el senador Aníbal Fernández la pasada semana en el plenario de comisiones, y recordó que esta reforma viene a cumplir con un mandato constitucional, tal como señalaron varios de los oradores convocados.

Los principales puntos del proyecto

De mixto a acusatorio

Actualmente rige el “Código Levene”, sancionado en 1991. Es un código mixto, entre inquisitorio y acusatorio. En el inquisitorio, el proceso penal lo dirige el juez; el acusatorio investiga el fiscal. Actualmente, con el sistema mixto, el juez puede delegar, si quiere, en el fiscal la investigación y si no quiere la hace enteramente él. Con el nuevo Código Procesal Penal quedaría instalado el sistema acusatorio. Es decir el que delega en el fiscal toda la investigación sin quitarle las facultades que le son propias al juez. Es el juez el que decide las resoluciones judiciales, el juez –como su nombre lo indica – es el que juzga, es el que absuelve, es el que condena, pero la investigación es conducida, dirigida y está a cargo del fiscal.

Las víctimas en el proceso

A partir de la reforma, el rol de la víctima y sus familiares —querellantes— cambiará. “En este caso, también introducimos en el Código a las víctimas, no como meros querellantes como están actualmente, sino que van a poder participar en el proceso, junto al fiscal, junto al juez exigiendo medidas, produciendo medidas e inclusive proponiendo la dirección del proceso, cuando el juez y el fiscal no lo hagan”.

Adiós justicia sumaria

El texto que la Presidenta envió al Congreso incorpora los principios de celeridad, oralidad, publicidad y “desformalización” de las decisiones. Prevé que ningún proceso podrá durar más de tres años, y agiliza la revisión de las decisiones. Esta nueva lógica no se agota en la investigación y el juicio, sino que se traslada a toda la etapa de recursos y a la de ejecución de la pena, que hoy en día se encuentra muy saturada y sin capacidad de control de resultados. “Todas las decisiones serán orales, en audiencia pública y con decisión en el mismo momento, frente a un procedimiento actual escrito, pesado, lento, sin control de las partes. La oralidad da una contemporaneidad a las decisiones, una publicidad y una participación, por parte de la víctima que hoy no tiene y también un control por parte de la sociedad”, explicó Cristina Fernández de Kirchner en Cadena Nacional.

Justicia más veloz

El nuevo Código fija tiempos más cortos para que la causa sea enviada a juicio oral: “La instrucción en las causas que hoy lleva entre tres o cuatro años, se realizará como máximo en tan sólo un año y el juicio oral debe realizarse entre cinco y treinta días una vez terminada la investigación o instrucción. Esto no es como algunos dicen que si transcurre un año prescribe la causa. No es así en absoluto. La causa no prescribe”, explicó. Además, las apelaciones a las sentencias se deberán resolver también en cinco días, desde el momento en que se interponen. Según se prevé, con el nuevo Código el 90 por ciento de los casos estará resuelto en no más de 10 meses. Otro punto que llevara a agilizar el proceso es que el nuevo Código regula la conciliación y mediación entre víctima y victimario, evitando así que mucho casos menores lleguen a juicio oral.

Control y sanciones

“Este Código prevé que si los fiscales, en su carácter de investigadores, o los jueces, en su carácter de juzgadores, no cumplen con los plazos perentorios para juzgar o para investigar van a ser sancionados con sanciones graves”, explicó la Presidenta y aclaro que tres sanciones graves, de acuerdo con la legislación vigente, son causal de jury para un juez y seguramente cuando se unifique la ley de Ministerio Público Fiscal, también lo será para un fiscal.

Prisión preventiva y reincidencia

“Quienes cometan delitos graves van a estar presos desde el primer día de la investigación y condenados en menos de diez meses”, dijo Cristina en su discurso y aclaró que “cuando hay un hecho que produce conmoción social no solamente importa si la pena es grave o no, sino también que la sociedad se sienta protegida y segura por sus organismos institucionales y jurisdiccionales. Y también se tendrá en cuenta la reincidencia del autor. Es un clamor de la sociedad que la reincidencia sea tomada como una causal para determinar la prisión preventiva, y no otorgar la libertad de quien ha cometido un delito, o por lo menos se presume que ha cometido un delito”. El nuevo Código prevé que casos de detención al momento de cometer el delito, el juez debe resolver la prisión preventiva en no más de 72 horas.

Expulsión de extranjeros

Según explicó la Presidenta, el nuevo Código prevé la expulsión de extranjeros que tienen algún tipo de irregularidad en su situación migratoria y son sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito. Esta medida se da como condición de la suspensión del juicio a prueba. “En ese caso van a ser expulsados del país y no podrán volver a reingresar por 15 años y si lo hacen serán juzgados por el delito por el cual fueron extrañados”. El fiscal puede oponerse por criterios de política criminal o por ser necesario para otra investigación en curso. Se aplica siempre y cuando la expulsión no afecte la reunificación familiar.

Fuente: texto y foto publicados por Infojus Noticias (11/11/2014)