Harán más de 40 cambios al proyecto del Código Procesal Penal
Concluyeron las exposiciones de los especialistas invitados al Senado, por lo que se espera que este martes se proceda a firmar el dictamen para dejar el proyecto listo para llevarlo la semana siguiente al recinto.
Tras una nueva jornada de análisis, el proyecto del nuevo Código Procesal Penal quedó listo para llegar al dictamen. Eso será a partir de las 11 de este miércoles, cuando se retome el debate ya sin invitados, y se espera que le hagan alrededor de 40 modificaciones al proyecto original.
Según pudo saber parlamentario.com, entre las más destacadas deben citarse cambios para morigerar el poder de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, teniendo en cuenta que uno de los reclamos más marcados por la oposición fue la necesidad de modificar la Ley de Ministerio Público, cuestión de morigerar su influencia.
Entre los ajustes se redactará nuevamente el artículo que le da a esa dependencia la facultad de reasignar causas.
Asimismo se modificará el tema de la expulsión de extranjeros, tal vez el artículo que generó más polémica mediática.
Por otra parte se eliminaría el tema de la conmoción social, que también había generado revuelo. El proyecto decía que se podía dictar prisión preventiva de inmediato en casos que generen “conmocion social”, poniéndose como ejemplo el del motochorro que asaltó a un turista que lo filmó. La oposición decía que no estaba bien definido el término «conmoción social» y que incluso el Gobierno lo podía aplicar contra las tapas de los diarios.
Todo eso se plasmará en el texto definitivo, al cabo de la última jornada con especialistas invitados. El plenario se reanudó este martes a las 15 en el Salón Azul del Senado, con la presencia del vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Alberto Binder; del secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato; y del director general de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Ariel Cejas Meliare.
En su exposición, Binder se manifestó a favor del proyecto, sobre todo en cuanto a lo que hace a la instrucción de la que se tiene que ocupar el juez, cosa que le otorga “un enorme poder” porque “investiga y se controla a sí mismo”.
El jurista señaló que, en cambio, el fiscal “no tiene la concentración de poder del juez de instrucción” por cuanto “está sometido a un doble control”. Se mostró a favor de ir “hacia un nuevo modelo de Ministerio Público”, pero reclamó normas que eviten que el procurador general pueda dar instrucciones particulares a un fiscal tales como “archivar una causa”.
Asimismo asistio el titular del gremio de los judiciales, Julio Piumato, quien se mostró muy crítico respecto al proyecto y enfatizó en el papel que le asigna a la procuradora general. Criticó que “los concursos del Ministerio Público Fiscal para la Defensoría General son totalmente amañados”, criticó el artículo que “deja en el poder concentrado de una persona quién va a investigar o quién va a seguir las investigaciones en curso”.
También participaron de la discusión la diputada provincial de Entre Ríos Rosario Romero; el subdirector de la Dirección de Legales y Contencioso de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Rodrigo Borda; el profesor adjunto del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA Fernando Díaz Cantón; el profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA Maximiliano Rusconi; y el doctor en Derecho Penal Carlos Enrique Llera.
Fuente: texto y foto publicados por Parlamentario.com (11/11/2014)