201502.23
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Consumidores y empresas debaten por el rol del Observatorio de Precios

Observatorio de preciosEl Gobierno reglamentó la semana pasada la creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, una creación de la última reforma legislativa sobre derechos de los consumidores que tiene el propósito de recabar información para determinar los sectores de la cadena productiva que registren ganancias excesivas, y funcionar como un “alerta temprana” de falta desabastecimiento de productos, especialmente los que tienen un alto impacto sobre los consumidores. Con la norma reglamentada en la mano, arrancó el debate de cómo la utilizará el Gobierno. Entre los temores, está el de que se la utilice como un instrumento de sometimiento político. Sin embargo, empresas y consumidores admiten que bien utilizada, servirá para destrabar problemas en la cadena productiva, mejorar la disponibilidad de bienes y controlar que nadie se quede con una renta excesiva en perjuicio de los consumidores.

Un poco de historia

Argentina adhirió en 1962 a la Declaración Universal de los Derechos del Consumidor proclamados por Naciones Unidas. Pero recién en 1993 sancionó la ley respectiva (24.240). Desde entonces, ha sido objeto de sucesivos cambios. Los últimos fueron en marzo de 2008 y septiembre de 2014. El primero, mediante la Ley 26.361, amplió el concepto de “consumidor” al establecer el principio de responsabilidad mediata de productores y proveedores, afectando relaciones ya reguladas por normas específicas. Algunas de las medidas de esa reforma, fueron la prolongación del plazo de garantía, el incremento de los importes de las multas y la inversión de la carga de la prueba en favor del consumidor. Con esos cambios, quedaron comprendidos servicios hasta entonces no regulados como tiempo compartido y cementerios privados, entre otros. Lo que más rechazo provocó en el mundo empresarial fue la facultad de imponer indemnizaciones otorgada a órganos administrativos, al margen de los tribunales.

La reforma sancionada por el Congreso nacional en septiembre último, modificó parcialmente las leyes de defensa del consumidor, de defensa de la competencia, de lealtad comercial y de abastecimiento. Una de las novedades del paquete es la creación de un servicio de conciliación que agiliza la resolución de conflictos mediante un fuero específico. Pero, lo que irritó al empresariado fue la reforma de la Ley de Abastecimiento. El G-6 (Unión Industrial, Sociedad Rural, Cámaras de Comercio y de la Construcción, Bolsa de Comercio y Asociación de Bancos Privados) recurrió a los tribunales por la “inconstitucionalidad” de esta norma, si bien la misma no tiene aún vigencia efectiva.

La reforma de setiembre comprende una tercera medida: la creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios mediante la Ley 26.992. La norma, reglamentada el miércoles último por Decreto 41/2015, se propone “monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados” en la Argentina.

Ese Observatorio es el que está generando debate entre empresas y consumidores.

Fuente: Texto e ilustración publicados por DiarioBae.com (18/02/2015)