Presentarán un amparo contra decreto que protege a directores designados por el Estado
El diputado del Frente Renovador, Mauricio D’Alessandro, y la asociación Hágase Justicia, promoverán una medida cautelar contra el Gobierno para que se suspenda la aplicación del decreto 196 –que otorga cobertura legal a los directores designados por el Estado en empresas privadas– ya que lo consideran una “suerte de autoamnistía que recuerda las prácticas de la dictadura militar”, y es “inconstitucional por donde se lo mire”.
Con el decreto del 12 de febrero, el Gobierno otorgó un “escudo legal” para los directores, síndicos, consejeros y otros funcionarios designados por el Estado en empresas y sociedades privadas, en caso de que sean demandados o denunciados.
El Estado viene nombrando directores estatales desde 2008, cuando absorbió la participación accionaria que tenían las viejas AFJP en varias compañías. Al día de hoy, ya se han designado directivos para 42 empresas nacionales.
La “indemnidad legal” que promueve la norma implica que los gastos de la defensa y por los fallos en contra que puedan tener vinculados con su actuación en las empresas donde el Estado tenga participación accionaria, correrán por cuenta de la administración.
El documento de la medida cautelar que se presentará este lunes señala que el decreto significa un claro “blindaje judicial y económico”, y que limita la responsabilidad de los funcionarios públicos excluyéndolos del orden “civil”. Además, establece que la indemnidad también se aplicará a situaciones jurídicas preexistentes, es decir, a demandas del pasado. También se indica que el decreto transforma a “simples empresarios en funcionarios públicos para sustraerlos de la responsabilidad que les correspondería como hombres de negocios”. Asimismo, advierte que los directores son “cargos políticos”.
El decreto “incurre en reiteradas irregularidades y es abiertamente ilegítimo, violando principios y garantías constitucionales”, resume el documento.
Por otro lado, en la medida cautelar se menciona que la norma es considerada como útil para “los fines de las múltiples y variadas batallas que todos los días desata el ejecutivo”, que además ve a la industria nacional, como un “brazo armado” de las decisiones políticas del gobierno.
“Con la ley 26.944 dieron el primer paso, pero en este caso corren el alambre de tal modo que ningún director de las empresas ANSES responderán por impericia o negligencia en la actividad que desarrollen en las mismas”, afirmó D’Alessandro.
“Es virtualmente una autoamnistía, al estilo de la de Bignone, y está enmarcado en todo el proceso que iniciaron hace un par de años con el nuevo código civil, limitando la responsabilidad de los funcionarios públicos”, finalizó.
Fuente: texto e imagen publicados por iProfesional.com (23/2/2015)
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