El Gobierno elabora un proyecto para ampliar las prisiones domiciliarias
Por la superpoblación penitenciaria. Lo contó Julio Alak en encuentro con magistrados de la Casación Penal.
El Gobierno prepara un proyecto para reformular las penas carcelarias y de ese modo incrementar el número de reclusos que cumplen su condena a nivel domiciliario. Así lo transmitió Julio Alak el pasado viernes en un encuentro que protagonizó en la Casación Penal federal con la comisión de jueces dedicada al seguimiento de las cuestiones carcelarias, actualmente bajo la órbita del camarista Gustavo Hornos. Este grupo es integrado por magistrados, representantes del Ministerio Público Fiscal y de ONG dedicadas a la temática penal.
El ministro de Justicia ya ha concurrido en reiteradas ocasiones a esas reuniones en las cuales se plantean serias deficiencias en la administración del Servicio Penitenciario Federal y en los procedimientos que tienen lugar en la Justicia de Ejecución Penal. El proyecto en el cual se trabaja en la calle Sarmiento sería la respuesta a una serie de diagnósticos y recomendaciones desarrollada por dicha comisión en los últimos meses.
Reubicar a los reclusos en sus domicilios permitiría descomprimir la superpoblación carcelaria y para su ejecución sería necesaria la implementación definitiva de las pulseras electrónicas.
Los integrantes de este grupo de jueces suelen apersonarse en diversos establecimientos carcelarios del país, casi siempre en forma sorpresiva para observar las condiciones de esos establecimientos. Estas prácticas generan críticas dentro del Poder Judicial y a comienzos de este año en un plenario de la Casación la jueza Liliana Catucci le planteó a Hornos que debía abandonar la comisión.
Reyertas típicas que describen el clima del máximo tribunal penal surcado por enfrentamientos entre sus integrantes. Un estado de situación potenciado ahora por el desembarco del expediente que debe definir la constitucionalidad del memorando firmado con Irán. En ese frente, la pelea más reciente es entre Catucci y la presidenta de la cámara Ana María Figueroa que mañana apenas vuelva de sus vacaciones deberá tener un encuentro áspero con su colega para definir la integración del tribunal que tiene que resolver esa cuestión candente para la agenda política. El reloj corre en este expediente desde que el juez Juan Carlos Gemignani fijara las audiencias para apurar su resolución.
Durante el segundo semestre del año pasado el oficialismo había desarrollado un proyecto de ley orientado a reformar el Servicio Penitenciario para convertirlo en una agencia descentralizada bajo control civil. Los borradores del documento preveían la Agencia Federal Penitenciaria y de Reinserción Social que estaría basada en la «desmilitarización» de todas las áreas que no tengan relación con la custodia de quienes están privados de la libertad. Al igual que varias iniciativas de la cartera de Justicia, el escándalo por la muerte de Alberto Nisman dejó el proyecto en stand by.
La problemática carcelaria es compleja en el interior del país donde ya en diversas jurisdicciones los magistrados amenazan al poder político con emitir fallos que directamente exijan la clausura de los establecimientos por sus condiciones estructurales. En marzo del año pasado el tema ya se escuchó en los plenarios de la Magistratura.
Fuente: texto y foto publicados por Ambito.com (24/3/2015)
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