El mapa pro bono; se expande la práctica en la Argentina

Constitución y acompañamiento legal a ONGs de interés público pican en punta. El litigio estratégico gana simpatía entre los más jóvenes. Qué se está haciendo.

Infinidad de gente precisa asesoramiento legal, pero no tiene con qué pagarlo. El fenómeno no es patrimonio argentino ni latinoamericano. Solo en Washington D.C. unas 100.000 personas están en esta situación, según el decano de la escuela de derecho de la Universidad de Georgetown.
Por eso, siguiendo una extensa tradición de trabajo pro bono, en octubre, en la capital norteamericana, seis graduados y 15 becarios de esa universidad abrirán el estudio DC Affordable Law Firm.
Pese a la lejanía de las cifras más o menos certeras y lo impensable de un estudio jurídico dedicado 100% al pro bono, en la Argentina la actividad viene creciendo, al punto que Martín Zapiola Guerrico, titular de la firma que lleva por nombre a su apellido, fue reconocido por la publicación inglesa especializada Latin Lawyer como «abogado pro bono del año». Zapiola Guerrico es el abogado de Basta de Demoler, ONG dedicada a defender el patrimonio urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires cuyo vicepresidente fue demandado por el gobierno porteño por $ 24 millones por supuestos daños y perjuicios generados por la suspensión judicial de la obra para la ampliación del subte en la Plaza Alvear.
Ese espacio, pegado a Plaza Francia, es Área de Protección Histórica declarada por ley, lo cual impide realizar modificaciones, explica el letrado. BdD había reclamado el cese de las obras por vía de amparo, se dictó una cautelar y, como resultado final, se decidió por ley relocalizar la futura estación de subte, extender la línea para conectarla con la villa 31 y la estación Retiro, y se restauró la plaza a su estado y función original. Esta ‘demanda mordaza’ motivó la reacción pública de las principales organizaciones dedicadas a temas de interés colectivo. Poder Ciudadano, ACIJ, CELS y FARN se pronunciaron al respecto.
En el medio jurídico, la coincidencia es que el interés público unifica, también en el sector privado. «Se bajan las barreras de la competencia. Se da intercambio de know how y el trabajo de dos o más estudios para encarar un mismo caso», verbaliza el abogado galardonado, uno de los impulsores de la Comisión Pro Bono (CPB) del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
La CPB reúne a abogados de 20 estudios que trabajan gratuitamente en casos de interés público, empleando al derecho como herramienta de cambio social y de modificación de políticas públicas a través del impulso de causas, trámites, eventos y acciones educativas y de difusión de forma voluntaria.
Amparos en temas de salud llevados desde M. & M. Bomchil y Marval, O’Farrell & Mairal; asesoramiento societario a ONGs como Enseñá x Argentina, E4e, Horizonte de Máxima, Conin Tigre y Reporteros sin Fronteras, y un historial de litigios estratégicos que incluye accesibilidad en las escuelas de la Ciudad, transparencia en las declaraciones juradas de los senadores, temas de minoridad y familia, dan cuenta de una actividad en expansión.
La red del trabajo pro bono alcanza también al ámbito académico. La UCA, por caso, tiene un programa para vincular a sus estudiantes con los habitantes de la Villa 1.11.14. A fin de 2014, abogados del Estudio Beccar Varela; Marval, O’Farrell & Mairal; Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera, Torassa; Del Carril, Colombres, Vayo y Zavalía Lagos participaron del ‘Programa Integral en Villas’ y se acordó avanzar en trabajos conjuntos con los alumnos de 5° año.

Casos
En materia pro bono, muchos estudios exploran materias jurídicas que no son las tradicionales de su negocio facturable.
El foco de Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera & Torassa Abogados, por ejemplo, está puesto en temas de minoridad, «ayudando a fundaciones que reciben a niños en riesgo por abuso o malos tratos de sus padres», ejemplifica el name partner Gustavo Torassa. La ayuda pasa por hacer las presentaciones judiciales para que los casos sean resueltos rápidamente por la justicia y que, o bien los menores vuelvan a sus familias de origen o, en casos graves, sean declarados en estado de preadoptabilidad.
En accesibilidad, la Reina del Plata sigue teniendo barreras infranqueables. ¿Una persona en silla de ruedas puede salir por la puerta de entrada de su edificio? ¿Cómo llega al colegio, a su trabajo o a la casa de un amigo? Tanta respuesta negativa encontró Segundo Pinto, socio de Llerena & Asociados, que impulsó hace unos años una acción que le valió el reconocimiento de la comunidad para que las escuelas porteñas faciliten el acceso a personas con movilidad reducida.
Si bien el litigio estratégico es el que más luce, otras firmas aportan su trabajo para facilitar la actividad de interés público de terceros. «En 2014, nuestro trabajo estuvo concentrado en tres ONGs relacionadas con el sector discapacidad, con la atención de gente de bajos recursos y un hogar de chicas», cuenta Gonzalo Vayo, socio de Del Carril, Colombres, Vayo y Zavalía Lagos. Este año, además, están constituyendo una nueva conformada por jóvenes estudiantes que buscan promover, instruir y motivar a otros en la actividad emprendedora y el espíritu emprendedor.
Tampoco en Zang, Bergel & Viñes el foco pro bono está puesto en los litigios. Carolina Zang, responsable de la actividad en la firma, ejemplifica: «Colaboramos en el diseño de políticas de asesoramiento a las víctimas de las inundaciones de abril de 2013», un proyecto que se llevó a cabo junto a otros estudios de la CPB.
Por su parte, Marval, O’Farrell & Mairal ofrece asistencia legal a ONGs dedicadas a la asistencia de sectores vulnerables en temas relacionados con niñez en riesgo, acceso a la salud, discapacidad, pobreza, alimentación, educación y acceso a la vivienda, enumera Gonzalo Fontana, socio de la firma. Además, asesoran a esas organizaciones en temas contractuales, societarios, impositivos y laborales, y las representan en reclamos administrativos y judiciales. También ofrecen patrocinio jurídico a particulares en temas sobre acceso a la salud, en particular cuando se trata de menores con capacidades especiales o enfermedades graves o poco frecuentes.
En el Estudio Beccar Varela, algunos de los frentes son el programa Pro Bono Argentina para fomentar la actividad; un manual para organizaciones de la sociedad civil que desarrollan junto a otros estudios; una Guía para Emprendedores; el Grupo Jurídico B, que presentará el proyecto de ley para crear la nueva figura jurídica ‘Empresa B’; transparencia; el asesoramiento legal a más de 30 ONGs y particulares que no pueden afrontar los costos de contratar a un abogado, y un taller con la UTDT, enumera Carolina Gherghi, coordinadora del trabajo pro bono en la firma.
En los Estados Unidos, el modelo pro bono es principalmente de acceso a la justicia, cuenta Zapiola Guerrico. Cuando empezó la actividad en la Argentina, plena crisis de principios de siglo, había tanto por hacer que la opción primera fue asistir en la constitución de fundaciones y asociaciones de interés público.
«Ahora, con eso, los abogados jóvenes no sienten que están cambiando el mundo. Están más interesados en el litigio estratégico, de interés público, iniciativas legislativas», dice y reconoce que este tipo de acciones tiene ‘mucho carisma’.

Motivos
Deber moral, devolución, contribución, voluntad de cambio. Los motivos para hacer trabajo pro bono son bien variados.
Para Torassa, ‘es una obligación ética’ del abogado. «Cada abogado ha recibido el don de su formación jurídica que en parte debe volcar en favor de los desprotegidos, de aquellos que necesitan de ayuda para volver al camino de la vida», considera.
Vayo lo ve desde otro ángulo. «Para aquellos que estudiamos en una universidad pública, trabajar en casos pro bono es una forma de devolverle a la sociedad la educación que hemos recibido.
Además, brindar patrocinio jurídico gratuito dignifica la profesión y nos desarrolla como personas y profesionales», sostiene.
“No creo que los abogados ‘deban’ hacer trabajo pro bono”, dice Pinto. “Es parte de una decisión personal y no es fácil: es llevar adelante una gestión profesional sin cobrar honorarios, y es una gestión en la que seguramente habrá que invertir tiempo y recursos con el mismo esfuerzo y dedicación que una gestión rentada”, advierte.
Sí, en cambio, hay ventajas al hacerlo. “El buen uso de nuestra profesión sirve para solucionar problemas reales a mucha gente. Hay casos en los que el trabajo pro bono alcanza a parte o gran parte de una comunidad, y allí se puede advertir la importancia de la gestión jurídica”, dice Llerena.
Para Zang, en tanto, es una forma de plasmar el compromiso con la sociedad y es algo que, por otra parte, los jóvenes profesionales exigen cada vez más.
“En una comunidad en la que el Estado muchas veces no da soluciones adecuadas a los sectores más vulnerables, los profesionales del estudio tienen como rol colaborar con su trabajo en el proceso de dar soluciones legales a organismos que persiguen el bien común y a personas desprotegidas que, por lo general, no tienen otro modo de hacer valer sus derechos”, apunta Fontana.
Gherghi entiende que, dado que los abogados son quienes estudian la ley, las reglas del juego y tienen el monopolio del acceso al sistema judicial, hay un “deber de dedicar parte de la práctica al que debiera ser un objetivo común de la comunidad: el acceso igualitario a la justicia”.
La práctica amplía su presencia también entre los proveedores. Meridional Seguros acaba de sumarse al equipo de abogados voluntarios de la Red Pro Bono. A partir de su adhesión a Pro Bono, los integrantes del equipo de Legales de Meridional Seguros participan del programa ‘La Constitución va a la Escuela’, organizado conjuntamente por la Asociación Conciencia y el Colegio de Abogados de la Ciudad. El tema está instalado y espera seguir creciendo.

Fuente: texto publicado por Cronista.com (3/6/2015)

Seleccionado por Editorial Erreius