201509.23
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Condenaron al Estado a pagarle $38.000 por dilatar más de un año una demanda contra empresa de telefonía celular

Erreius de InterésLa directora de Comercio Interior y Exterior pampeana, Susana Medina, fue condenada a indemnizar con 38 mil pesos a un consumidor por dilatar por más de un año una demanda que había presentado el hombre contra una empresa de telefonía celular.

Medina, quien desde la dirección de comercio estaba a cargo de la Oficina de Protección al Consumidor, recibió la condena porque según la Justicia demoró sin «justificativo» su actuación en tiempo y forma.

La Justicia sostuvo que en lugar de proteger al consumidor se comportó con «desatención y descuido» en la causa.

La jueza civil Susana Fernández responsabilizó a la funcionaria y a la provincia de La Pampa, de manera solidaria, por la indefensión en la que quedó José María Molinero con su reclamo ante la prestadora del servicio de telefonía móvil Claro.

La indemnización que deberá afrontar asciende a 38.312 pesos.

El caso data del 18 de junio de 2010, cuando Molinero se presentó en la Oficina del Defensa del Consumidor para reclamarle a la empresa que le había cortado de manera indebida el servicio en 14 teléfonos celulares corporativos.

En lugar de encontrar apoyo en su demanda, el consumidor se encontró con una dilación indebida y el posterior pase a archivo de la causa, dijeron fuentes judiciales a la agencia DyN.

Para afirmar que hubo demora, la jueza Fernández le achacó a Medina que se tomó más de dos meses para fijar la fecha de la primera audiencia de conciliación entre las partes y que llegado el día tuvo que pasar a un cuarto intermedio porque la empresa se comprometió a evaluar una propuesta conciliatoria.

El 3 de septiembre la empresa presentó ante la Oficina una nota firmada por Molinero ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, pero él pidió que se aplique sanción y resarcimiento por las molestias ocasionadas y desconoció que esa nota hubiera sido firmada por él.

Las fuentes señalaron que en Comercio esperaron hasta el 22 de diciembre para entregar una copia del presunto acuerdo alcanzado con el usuario de la empresa y Medina fijó una nueva audiencia para el 3 de febrero de 2011.
Llegado el día de la audiencia el consumidor denunció a Medina en la Fiscalía de Investigaciones por considerar excesiva la demora para la resolución del caso.

El 14 de julio la Fiscalía de Investigaciones Administrativas recomendó un llamado de atención contra la funcionaria por su inacción.

El 16 de agosto de ese año Medina pasó a archivo la denuncia por creer que el consumidor había encontrado su reparación en el ámbito de la Comisión Nacional de Comunicación, añadieron las fuentes.

Ante ello, Molinero recurrió a la justicia y el 7 de septiembre la jueza Fernández le dio la razón y condenó a la provincia y a la funcionaria a pagar en forma solidaria los 38.312 pesos de indemnización por daños y perjuicios.

Fuente: Editorial Erreius