El Senado nacional comenzó a debatir el proyecto que crea una matrícula federal para abogados, que ya cuenta con media sanción de Diputados.

El plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Pedro Guastavino y Juan Manuel Abal Medina, respectivamente, tuvo su primera reunión para analizar la iniciativa que dispone la creación de una matrícula especial para los letrados que litiguen ante los Tribunales Federales y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que será entregada por los colegios profesionales respectivos, bajo la “coordinación” de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

En el caso de las provincias donde no existiere colegiación legal de los abogados y hasta tanto la misma se implemente, será la mencionada federación quien otorgue la matrícula.

En los fundamentos del proyecto, que fue aprobado por la cámara baja en octubre del año pasado, se consideró que esta ley permitirá que “sean los propios abogados quienes asuman la responsabilidad de velar por el prestigio del ejercicio profesional y la custodia de los intereses públicos vinculados con el desempeño de los abogados, a través de sus propias instituciones”.

Si se transforma en ley, los gastos y erogaciones que demande a los Colegios de Abogados y a la FACA la puesta en marcha de las funciones de la matrícula federal, se  financiaran con fondos del Poder Ejecutivo y con una contribución del derecho fijo que deberá abonarse al inicio de cada actuación profesional, que es un aporte que no podrá exceder el 0,3% del sueldo de un Juez Federal de primera instancia.

De todos modos, la alícuota de derecho fijo será fijada semestralmente -respetando los límites legales- por la Junta de Gobierno de la mencionada federación, que también tendrá la facultad de destinar “otros fondos” a “tal fin”.

El cobro de los bonos permanecerá en cabeza de los Colegios de Abogados, que deberán entregar el 20% de lo percibido en tal concepto a la FACA, a excepción del Colegio de Abogados de la Capital Federal (CPACF). En caso de no pagarse, los jueces no proveerán ninguna presentación.

Entre las tareas que le competerán al ente coordinador estarán, por ejemplo, las de  llevar el “registro centralizado de las inscripciones en la matrícula federal” como así también el de la firma digital “y emitirá certificados digitales a favor de los abogados de la matricula federal a través de la autoridad competente”.

Posturas

Fuentes parlamentarias explicaron a Erreius que el nudo de la cuestión está en determinar si se puede dar a una simple asociación civil (como lo es la FACA), el control de la matrícula federal de abogados, la cual está a cargo de los colegios públicos de abogados, de creación legal y con una regulación mucho más estricta que la que detenta la mencionada federación.

Cada una de las partes involucradas expuso su postura en el plenario de comisiones de la cámara alta.

El presidente del CPACF, Jorge Rizzo,  dijo que lo que se propone es  “la privatización de la matrícula Federal”, porque se le dan facultades de control a la FACA, que es una entidad privada. Y señaló que si la iniciativa se transforma en ley, van a cuestionarla en los tribunales.

También señaló que el reimpulso de este proyecto (que parecía que iba a quedar cajoneado en el Senado) es una respuesta a los diferentes planteos de la entidad que preside contra medidas impulsadas desde el Poder Ejecutivo, como los planteos contra la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo y la defensa de los abogados laboralistas en relación al debate sobre la “industria del juicio”.

La FACA es una “una Asociación Civil sin fines de lucro y por ende, con afiliación de carácter estrictamente voluntario, que jamás llevó adelante ninguna estrategia que defienda las incumbencias profesionales, los honorarios ni cualquier otra cuestión atinente a nuestra profesión, pretende hoy avasallar las autonomías de las provincias que componen la República así como la de la Ciudad de Buenos Aires”, agregó.

Esta postura fue apoyada desde que se conoció el proyecto por los colegios de abogados de distintas departamentales de la provincia de Buenos Aires, como los de La Matanza, Avellaneda, Lanús, Quilmes, San Martín, Lomas de Zamora, Moreno y General Rodríguez, que criticaron que se le conceda a la FACA un “rol organizativo y preponderante, por tratarse de una entidad de derecho privado y asociación involuntaria”.

Sin embargo, consideraron positivo que el proyecto permita que el otorgamiento de las matrículas se delegue a los colegios locales, como así también la iniciativa de instar la creación de Colegios de Abogados en las Provincias de Chaco y Santa Cruz, únicas dos provincias en donde la matrícula para ejercer la abogacía es otorgada por los Tribunales Superiores de Justicia, aunque existen distintas entidades que reúnen a los profesionales del derecho.

En tanto, desde la FACA, su presidente Eduardo Massot destacó que la matrícula federal “no implica el pago de costos adicionales respecto de la matrícula local, que seguirá siendo otorgada por cada colegio local de acuerdo con las leyes provinciales que rigen y permitirá a los abogados del interior litigar con una sola inscripción en la matrícula federal”, lo que evita “los costos de la doble matriculación en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal”.

“Tan sólo confiere a la casi centenaria Federación Argentina de Colegios de Abogados, que reúne a más de 80 colegios del país, el ejercicio de ciertas limitadas funciones públicas, que se suman a otras ya delegadas por leyes nacionales, como la integración del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa”, aseguró Massot en la mencionada publicación.

Para las entidades agrupadas en la mencionada federación “el CPACF es el único al que se le confiere la facultad de habilitar para el ejercicio profesional en la Justicia Federal, y esta ley pondría punto final a una irritante situación de desigualdad en la que se encuentran los abogados del interior del país” que se han visto obligados durante treinta años a una innecesaria y costosa doble matriculación.

“En las provincias los abogados deben inscribirse en la cámaras federales para poder ejercer en la Justicia Federal, en una inapropiada y burocrática órbita de funciones que no le corresponden, por lo que la transferencia de ésta a la esfera de las funciones propias de los Colegios de Abogados, aliviaría a la Justicia Federal del interior de una tarea administrativa que además le resulta ajena”, agregaron.

Acercamos el proyecto con media sanción de Diputados.

Fuente: Editorial Erreius