Criterios para la designación de personal administrativo que tenga vínculos de parentesco con funcionarios públicos

DECRETO 93/2018

Se dispone que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el presidente y vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de Ministros, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro, incluyendo al cónyuge y la unión convivencial. Las personas cuyas designaciones a la fecha del presente se encuentren alcanzadas por dicha prohibición deberán desvincularse antes del 28 de febrero de 2018.

DECRETO 93/2018

VISTO

El Expediente N° EX-2018-05101956-APN-DSGA#SLYT, y

CONSIDERANDO

Que el Gobierno Nacional asumió el compromiso de continuar mejorando la institucionalidad, la integridad y la transparencia de todas las políticas públicas que lleva adelante.

Que en tal sentido se han dictado los Decretos Nros. 201/17 y 202/17 a fin de promover la adopción de normas dirigidas a la preservación de la integridad de la función pública.

Que se ha comprometido a un cambio continuo que incorpore normativa que incremente la aplicación de los principios precedentemente mencionados.

Que transcurridos dos años de gestión, y efectuado un reordenamiento administrativo que ha permitido mejorar la gestión global del Estado Nacional, resulta ahora necesario adecuar nuevos criterios que sean aplicables al régimen de designaciones bajo cualquier modalidad de funcionarios públicos.

Que ha tomado la intervención de su competencia el Servicio Jurídico pertinente.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA

Art. 1 – Dispónese que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial.

Art. 2 – A los efectos del presente se considera Sector Público Nacional el integrado por los entes detallados en el Anexo al presente artículo (IF 2018-05118980-APN-JGM).

Art. 3 – Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 1° las personas designadas mediante procesos de selección por Concurso Público de antecedentes o que cuenten con estabilidad en el cargo.

Art. 4 – Las personas cuyas designaciones a la fecha del presente se encuentren alcanzadas por el artículo 1° deberán desvincularse antes del 28 de febrero de 2018.

Art. 5 – La presente medida entrará en vigencia a partir de su dictado.

Art. 6 – De forma.

Anexo al artículo 2°: Entes integrantes del Sector Público Nacional.

La Administración Central y los Organismos Descentralizados, incluyendo en estos últimos a las Instituciones de la Seguridad Social, Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones, Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional, entidades de Derecho Privado sujetas a intervención Estatal y la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional.

Fuente: Editorial Erreius

Capital Emprendedor: como deducir montos validados en Ganancias

Deducir Montos Validados en el Impuesto a las Ganancias

Se establecen los requisitos y la forma de deducir del impuesto a las ganancias los aportes de inversión en capital que se efectúen en los emprendimientos beneficiados por el régimen de apoyo al capital emprendedor -L. 27349-.

Recordamos que el citado régimen prevé la posibilidad de deducir en el impuesto a las ganancias un importe equivalente al 75% o al 85% (para determinadas zonas de menor desarrollo y con menor acceso al financiamiento) de los aportes realizados con un tope del 10% de la ganancia neta sujeta a impuesto del ejercicio.

Ahora se establece que, para poder efectuar la deducción en el impuesto a las ganancias de los citados aportes, los contribuyentes deberán tener aprobado dicho beneficio y poseer el correspondiente instrumento electrónico, en el marco de la resolución (SEPYME) 606-E/2017.

La deducción será computable en el ejercicio fiscal en el que se hubiera realizado el aporte o en los cinco ejercicios inmediatos siguientes. A tales efectos las personas humanas y sucesiones indivisas deberán utilizar el programa aplicativo “Ganancias Personas Físicas – Bienes Personales” Versión 18.01 y los demás sujetos deberán utilizar el programa aplicativo “Ganancias Personas Jurídicas” vigente a la fecha de presentación de la declaración jurada.

Cuando los inversores soliciten la devolución total o parcial del aporte antes de los dos años de permanencia, deberán incorporar en la declaración jurada que deba atribuirse la devolución dicho importe, y sobre el mismo deberán ingresarse intereses resarcitorios.

Aquellos inversores que hayan realizado aportes entre el 1/6/2016 y el 7/11/2017, que hubieran presentado las declaraciones juradas de los períodos fiscales 2016 y/o 2017, podrán rectificarlos hasta el 31/5/2018, para incorporar la presente deducción. El saldo a favor que pudiera producirse será exteriorizado en el sistema de cuentas tributarias para su compensación con otros gravámenes o para solicitar la devolución -en los términos de la RG (AFIP) 2463-.

RESOLUCIÓN GENERAL 4193-E

VISTO

La Ley N° 27.349, el Decreto N° 711 del 8 de septiembre de 2017 y las Resoluciones N° 598-E del 2 de noviembre de 2017 y N° 606-E del 6 de noviembre de 2017, ambas de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Título I de la ley del VISTO se creó un régimen de fomento con el objeto de apoyar la actividad emprendedora en el país y su expansión internacional, así como la generación de capital emprendedor en la República Argentina.

Que en su Artículo 7° se previó un beneficio impositivo especial para los aportes de inversión en capital emprendedor, consistente en la posibilidad de deducirlos en la determinación del impuesto a las ganancias.

Que asimismo dispuso que la institución receptora de dichos aportes expida un certificado con carácter de declaración jurada, mediante el cual informará al Registro de Instituciones de Capital Emprendedor (R.I.C.E.) las sumas aportadas por los inversores en capital emprendedor.

Que por su parte, el Artículo 8° contempló que esta Administración Federal establezca un régimen de información para que las citadas instituciones transmitan los datos relativos a los aportes de inversión referidos en los párrafos anteriores.

Que mediante el Decreto N° 711 de fecha 8 de septiembre de 2017 se aprobó la reglamentación del Título I de la aludida ley.

Que la Resolución N° 598-E del 2 de noviembre de 2017 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa aprobó la normativa de aplicación relativa al procedimiento de inscripción en el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor (R.I.C.E.).

Que la Resolución N° 606-E del 6 de noviembre de 2017 de la citada Secretaría estableció el procedimiento, requisitos y demás condiciones a efectos de que el inversor en capital emprendedor acceda al beneficio fiscal previsto en el Artículo 7° de la Ley N° 27.349.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde disponer el procedimiento y demás requisitos a observar por los beneficiarios del régimen a fin de deducir en el impuesto a las ganancias, los montos validados por la Autoridad de Aplicación.

Que asimismo, corresponde establecer la forma en que la citada Secretaría constatará el cumplimiento normal de las obligaciones impositivas y previsionales por parte de los sujetos que soliciten la inscripción en el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor (R.I.C.E.), conforme lo dispuesto por el Artículo 6° de la Ley N° 27.349.

Que a los fines de la simplificación de las obligaciones a cargo de los contribuyentes, la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa transmitirá periódicamente a esta Administración Federal la información relativa a los aportes de inversión efectuados por los inversores en capital emprendedor, dándose con ello cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 8° de la aludida ley.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Fiscalización, de Recaudación, de Sistemas y Telecomunicaciones y de Técnico Legal Impositiva, y la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE

APORTES DE INVERSIÓN EN CAPITAL EMPRENDEDOR. CÓMPUTO DE LA DEDUCCIÓN EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Art. 1 – A efectos de utilizar el beneficio de deducción en el impuesto a las ganancias de los aportes de inversión en capital emprendedor conforme lo establecido en el artículo 7 de la ley 27349, los contribuyentes deberán tener aprobado dicho beneficio y emitido el correspondiente instrumento electrónico -como constancia de la aprobación- por parte de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa de acuerdo con la resolución (SEyPyME) 606-E/2017.

Art. 2 – El citado beneficio se computará en el ejercicio fiscal en que se hubiera realizado el aporte de inversión y en caso de verificarse un excedente, el mismo podrá deducirse en los cinco (5) ejercicios fiscales inmediatos siguientes.

A tales fines los contribuyentes deberán utilizar:

a) Personas humanas y sucesiones indivisas: La versión 18.01 del programa aplicativo denominado “Ganancias personas físicas – bienes personales” disponible en el sitio web de este Organismo (http://www.afip.gob.ar) y cuyas novedades, características, funciones y aspectos técnicos para su uso podrán consultarse en la opción “Aplicativos” del referido sitio web, o aquella que la sustituya en el futuro, detallando los importes de los instrumentos electrónicos otorgados por la aludida Secretaría en el campo “Aportes a Instituciones de Capital Emprendedor”.

b) Sujetos comprendidos en el inciso a) del artículo 49 de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones: La versión vigente a la fecha de presentación de la declaración jurada, del programa aplicativo denominado “Ganancias personas jurídicas”, informando los importes de los instrumentos electrónicos otorgados por la aludida Secretaría en el campo “Aportes a Instituciones de Capital Emprendedor”.

Art. 3 – En caso que el inversor solicite la devolución total o parcial del aporte con anterioridad al plazo mínimo de permanencia de dos (2) años previsto en el último párrafo del artículo 7 de la ley 27349, deberá incorporar en su declaración jurada del impuesto a las ganancias el monto efectivamente deducido.

La diferencia de impuesto que surja por dicha devolución deberá ingresarse en la fecha que se fije como vencimiento para la presentación de la declaración jurada del período fiscal en que deba atribuirse la devolución.

Asimismo, deberán ingresarse los intereses resarcitorios previstos en el artículo 37 de la ley 11683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, calculados desde la fecha de vencimiento fijada para la presentación de la declaración jurada del período fiscal en que se practicó la deducción hasta la fecha de vencimiento indicada en el párrafo anterior o la del efectivo ingreso.

OTRAS DISPOSICIONES

Art. 4 – A fin de constatar el cumplimiento normal de las obligaciones impositivas y previsionales por parte de los sujetos que soliciten la inscripción en el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor (RICE), conforme lo dispuesto por el artículo 6 de la ley 27349, el Ministerio de Producción deberá ingresar al servicio denominado “Consulta de Deuda – Emprendedores” disponible en el sitio web de este Organismo (http://www.afip.gob.ar), mediante la utilización de la Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 3 como mínimo, obtenida conforme a lo dispuesto por la resolución general 3713 y sus modificatorias.

Dicho servicio brindará información respecto de si los solicitantes del beneficio registran deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad social, vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los cinco (5) años calendarios anteriores y si han cumplido con la presentación de las declaraciones juradas determinativas de dichas obligaciones durante los referidos años.

Art. 5 – La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa brindará a esta Administración Federal, la información relativa a los aportes de inversión en capital emprendedor efectuados por los sujetos alcanzados por las disposiciones de la ley 27349, a los que se les hubiera aprobado el beneficio fiscal previsto en el artículo 7 de la misma.

Art. 6 – La detección de incumplimientos a lo dispuesto por la presente por parte de los sujetos beneficiarios del régimen, que surjan como consecuencia de acciones de verificación y fiscalización realizadas por esta Administración Federal, serán informadas a la Autoridad de Aplicación.

Art. 7 – Aquellos inversores que hayan realizado aportes en capital emprendedor entre el 1 de julio de 2016 y el 7 de noviembre de 2017, ambas fechas inclusive, que obtengan el beneficio fiscal en los términos y condiciones establecidos en el artículo 11 de la resolución (SEyPyME) 606-E/2017 y que hubieran presentado las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2016 y/o 2017, podrán rectificarlas hasta el 31 de mayo de 2018, a efectos de incorporar la respectiva deducción, en la forma prevista en el segundo párrafo del artículo 2 de la presente.

De resultar un saldo a favor, el mismo será exteriorizado como un crédito en el sistema “Cuentas Tributarias” para su compensación con otros gravámenes o solicitud de devolución, según corresponda, en los términos de la resolución general 2463 y sus complementarias.

Art. 8 – Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el décimo día hábil siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 9 – De forma.

 

Fuente: Editorial Erreius

Incorporan gastos de las fuerzas de seguridad en las costas de procesos penales

RESOLUCIÓN 49-E/2018

Se instruye a la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Prefectura Naval Argentina, para que informen a la autoridad judicial competente los gastos incurridos en la realización de tareas encomendadas en cada causa, a los efectos de que sean contemplados al momento de la determinación de las costas del proceso, conforme lo prescripto en el artículo 533, inciso 3), del Código Procesal Penal de la Nación.

RESOLUCIÓN 49-E/2018

VISTO

El Expediente EX-2017-31614951- -APN-DNAYEPJ#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la Ley N° 22.250 (t.o Decreto N° 438 del 20 de marzo de 1992) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO

Que la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias dispone entre las competencias del MINISTERIO DE SEGURIDAD la de entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna y la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Nacionales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria) y provinciales.

Que hoy la lucha contra el delito debe enfocarse en la criminalidad organizada y el delito complejo, caracterizados por su alta eficacia y eficiencia en la consumación de los objetivos.

Que estos tipos de delitos, en donde la organización y metodología torna sumamente compleja la dilucidación de los autores materiales y la determinación de la responsabilidad de cada uno, pone en evidencia la necesidad de aplicar cuantiosos recursos para su esclarecimiento.

Que sería conveniente que esos recursos ingresen al Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el esclarecimiento de hechos criminales.

Que constituye un objetivo liminar de esta administración, contar con mejor tecnología para lograr mayor eficiencia en la captura y puesta a disposición del Poder Judicial de aquellos que cometen violaciones al ordenamiento jurídico.

Que la ley disciplina a las fuerzas federales y de seguridad en su rol de auxiliares de la administración de justicia, para la reunión y obtención de las pruebas útiles, que serán puestas a consideración de los Tribunales o los Ministerios Públicos.

Que esas actividades de investigación y de obtención de pruebas corresponden a la actividad de policía judicial.

Que conforme lo prescribe el artículo 531 del Código Procesal Penal de la Nación (C.P.P.N.), las costas serán a cargo de la vencida.

Que las costas están integradas por los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa, la tasa de justicia y los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos (art. 533 C.P.P.N.).

Que ante estas previsiones legales corresponde a las fuerzas federales y de seguridad, recuperar los gastos efectuados por las diferentes tareas de investigación o periciales, sean estas ordenadas por los órganos judiciales u obedezcan a tareas preliminares.

Que la medida tiende a poner en equilibrio presupuestario a las tareas de policía judicial como a las de policía de prevención, dado que el aumento de la asignación de recursos para una, afecta directa y proporcionalmente a la otra.

Que resulta necesario para la concreción del objetivo plasmado precedentemente, que las fuerzas federales y de seguridad establezcan los procedimientos internos adecuados entre las diferentes áreas y los servicios jurídicos competentes, a fin de que sean solicitados y posteriormente reclamados ante los estrados judiciales en las causas que correspondan.

Que la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la intervención que le compete.

Que la suscripta resulta competente para el dictado de la presente medida, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 4°, inciso b), apartado 9°, de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificaciones.

Por ello,
LA MINISTRA DE SEGURIDAD

RESUELVE

Art. 1 – Instrúyese a la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Prefectura Naval Argentina, para que informen a la autoridad judicial competente los gastos incurridos en la realización de tareas encomendadas en cada causa, a los efectos de que sean contemplados al momento de la determinación de las costas del proceso, conforme lo prescripto en el artículo 533 inciso 3º del Código Procesal Penal de la Nación.

Art. 2 – Instrúyese a la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Prefectura Naval Argentina, para que realicen las readecuaciones administrativas en las diferentes áreas de sus respectivas fuerzas, con el objeto de hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º a partir de la publicación de la presente Resolución.

Art. 3 – De forma.

 

Fuente: Editorial Erreius

Trámites ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Cómputo de plazos

RESOLUCIÓN 1/2018 INPI Argentina

Se realizan aclaraciones respecto de las normas referidas a plazos de trámites que se llevan a cabo en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en consideración de las modificaciones introducidas por el decreto de necesidad y urgencia 27/2017, de desburocratización y simplificación, las cuales se encuentran encaminadas al acortamiento de los plazos, a la simplificación de los procesos, así como a la adaptación a las nuevas tecnologías, todo con el objeto de facilitar a los administrados y empresas, nacionales o extranjeras el trámite para obtener un registro.

RESOLUCIÓN 1/2018

VISTO

El Expediente N° A253-85235/18 del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, en el cual obra agregado copia de las partes pertinentes del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 27, de fecha 10 de enero de 2018, de Desburocratización y Simplificación, publicado en el Boletín Oficial, con fecha 11 de enero del mismo año y cuya vigencia rige desde el 12 de enero de 2018,

CONSIDERANDO

Que en lo que atañe a las normas de competencia de este organismo, cuyo contenido se encuentra en el Capítulo VIII, las modificaciones introducidas por la norma citada en el Visto, se encuentran encaminadas al acortamiento de los plazos, a la simplificación de los procesos, así como a la adaptación a las nuevas tecnologías, todo con el objeto de facilitar a los Administrados y empresas, nacionales o extranjeras, el trámite para obtener un registro.

Que en algunos casos y sin perjuicio de su vigencia desde el día 12 de enero de 2018, el propio Decreto supedita la aplicación de sus postulados a la correspondiente Reglamentación, tarea en la que ya se encuentran trabajando las áreas técnicas de este organismo.

Que como en todos los casos de transición de un estándar normativo a otro, corresponde reglar las contingencias del tiempo intermedio con el objeto de precisar las mismas y dar certeza a los Administrados.

Que, por otra parte, resulta oportuno realizar una aclaración respecto a que parte del articulado del citado Decreto, ya -desde el dictado de la norma- resultan operativas y cuales necesitan ser reglamentadas para obtener operatividad.

Que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, la DIRECCIÓN DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la normativa legal vigente y el funcionario que suscribe se encuentra habilitado por la Resolución INPI N° P 216/2017.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art. 1 – En todos los trámites que se llevan a cabo en este Instituto que estuvieren corriendo plazos de días, corridos o hábiles, bajo el estándar de la legislación anterior, operará su vencimiento a la finalización del mismo.

Art. 2 – En todos los trámites que se lleven a cabo en este Instituto que estuvieren corriendo plazos de meses o años, bajo el amparo de la legislación anterior, operará su vencimiento a la finalización del mismo o al máximo previsto por la respectivas legislaciones, según las modificaciones incorporadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 27/2018, contado a partir de la fecha de su vigencia, lo que ocurra primero, con excepción de lo dispuesto en el art. 3°.

Art. 3 – Los plazos conferidos a los trámites de oposiciones de marcas que hubieren sido notificados por el Instituto durante la vigencia de la ley anterior, y cuyo vencimiento opere con posterioridad al plazo de tres (3) meses previsto por el artículo 71 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 27/2018, vigente a partir del 12 de enero de 2018, no estarán alcanzados por el artículo 2 precedente, salvo que dentro del citado plazo, el solicitante manifieste la falta de acuerdo o el oponente opte voluntariamente por ampliar los fundamentos de la oposición.

Art. 4 – Incorporar como Anexo I de la presente, el Listado de los Artículos de competencia de este Instituto, obrantes en el Capítulo VIII del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 27/2018, que resultan ya operativos.

Art. 5 – Incorporar como Anexo II de la presente, el Listado de los Artículos de competencia de este Instituto, obrantes en el Capítulo VIII del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 27/2018, cuya aplicación requiere reglamentación previa.

Art. 6 – Encomendar a la Dirección de Administración, a la Dirección Operativa y a la Dirección de Informática de este Instituto la adecuación de los circuitos administrativos, operativos e informáticos necesarios para la implementación de la nueva normativa.

Art. 7 – De forma.

ANEXO EN PDF

ANEXO 1 – ARTICULOS VIGENTES OPERATIVOS DEL DNU N° 27/2018

MARCAS Y DESIGNACIONES

ARTICULO 69.- Sustitúyese el articulo 12 de la Ley N° 22.362, por el siguiente:

«ARTICULO 12.- Presentada la solicitud de registro, la Autoridad de Aplicación, si encontrare cumplidas las formalidades legales, efectuará su publicación por UN (1) día en el Boletín de Marcas a costa del peticionante.
Dentro de los TREINTA (30) dlas de·. efectuada la publicación, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL efectuará la. · búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto de la registrabilidad».

ARTICULO 73.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley N° 22.362, por el siguiente:
‘ «ARTICULO 18.- En los juicios de oposición al registro de marcas que a la fecha estuvieren tramitando ante la justicia o hayan concluido sin que se hubiere informado e resultado del mismo, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
USTRIAL podrá constatar directamente su estado en el Portal de trámites del DER JUDICIAL DE LA NACIÓN y resolver en consecuencia».

AR ICULO 74.- Derógase-el articulo 19 de la Ley N° 22.362.

ARTICULO 75.- Sustitúyese el artículo 21 de la Ley N° 22.362, por el siguiente:
«ARTICULO 21.- La resolución denegatoria del registro por causas diferentes a las del articulo 17 puede ser impugnada ante· la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal. La acción tramitará según las normas del proceso ordinario y deberá interponerse dentro de los TREINTA (30) días hábiles de notificada· aquella resolución».

ARTICULO 76.- Sustitúyese el articulo 22 de la Ley N• 22.362, por el siguiente:
«ARTiéULO 22.- Los expedientes de marcas en trámite o registradas son de acceso público e irrestricto».

ARTICULO 77.- Sustitúyese el inciso e) del artículo 23 de la Ley W 22.362, por el siguiente:
«e) Por la declaración de nulidad o caducidad del registro».

ARTICULO 78.- Sustitúyese el articulo 24 de la Ley N° 22.362, por el siguiente:
«ARTICULO 24.- Son nulas las marcas registradas:
a) en contravención a lo dispuesto en esta ley;
b) por quien, al solicitar el registro, conocfa o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero;
e) para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto …. »

ARTICULO 80.- Sustitúyese el articulo 46 de la Ley W 22.362, por el siguiente:
«ARTICULO 46.- La conservación y guarda de las actuaciones administrativas correspondientes al trámite de marcas deberá realizarse según las disposiciones del ecreto W 1.131/16 o el que en el futuro lo reemplace o modifique».

ARTICULO 81.- Sustitúyese el articulo 47 de la Ley W 22.362, por el siguiente:
ARTICULO 47.- El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, en carácter de Autoridad de Aplicación, se encuentra facultado para dictar la norrnativa complementaria de la presente Ley, en cuanto al procedimiento del registro de marcas, en todo aquello que facilite el mismo, elimine requisitos que se tornen obsoletos, aceleren y simplifiquen el trámite de registro.
A tal efecto podrá, entre otras, modificar el procedimiento descripto en la sección segunda de la presente Ley; limitar el examen de las solicitudes a las prohibiciones absolutas o que se relacionen con el orden público, supeditando las relativas a su planteamiento por terceros; establecer la publicación para oposiciones de terceros con posterioridad a la concesión de la marca; supeditar la validez del titulo a lo que resuelva el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en caso de oposiciones que pueda recibir, como también al vencimiento del plazo de prioridad del Convenio de Paris ante eventuales prioridades desconocidas al momento de la concesión».

PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

ARTICULO 83.- Sustitúyase el articulo 14 de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
«ARTICULO 14.- El derecho de prioridad enunciado en el articulo anterior, deberá ser invocado al momento de presentar la solicitud de patente. En la etapa del examen de fondo la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES podrá requerir
el documento de prioridad con su correspondiente traducción al castellano cuando los mismos estén redactados en otro idioma.
Adicionalmente, para reconocer el derecho de prioridad, se deberán satisfacer los siguientes requisitos:
1) Presentar el documento de cesión de los derechos de prioridad, cuando correspondiere.
2) Que la solicitud presentada en la REPÚBLICA ARGENTINA no tenga mayor reivindicada en la solicitud extranjera; si lo tuviere, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a la solicitud extranjera.
3) Que exista reciprocidad en el país de la primera solicitud».

ARTICULO 84.- Sustitúyese el art_iculo 19 de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
«ARTICULO 19.- Para la obtención de la patente deberá presentarse:
a) La denominación y descripción de la invención.
b) Los planos o dibujos técnicos que se requieran para la comprensión de la descripción.
e) Una o más reivindicaciones.
d) Un resumen de la descripción de la invención que servirá únicamente para su·publicación y como elemento de información técnica.
Transcurridos TREINTA (30) días corridos, desde la fecha de presentación de la solicitud sin cumplimentar los requisitos. sefialados precedentemente, aquella se denegará sin más trámite».

ARTICULO 85.- Sustitúyese el artículo 23 de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
«ARTICULO 23.- Durante su tramitación, una solicitud de patente de invención podrá . . ser convertida en solicitud de modelo de utilidad y viceversa.
El solicitante podrá efectuar la conversión dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud; o dentro de los TREINTA (30) dias corridos desde la fecha en que la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE PATENTES lo hubiera requerido.
·En caso que el solicitante no convierta la solicitud dentro del plazo estipulado, se tendrá por abandonada la misma».
ARTICULO 86.- Sustitúyese el articulo 24 de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
«ARTICULO 24.- La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES realizará un examen preliminar de la solicitud y podrá requerir que se precise o aclare lo que considere necesario o se subsanen errores u omisiones.
O no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo-de TREINTA (30) dias corridos, se declarará abandonada la solicitud».

ARTICULO 87.- Sustitúyese el cuarto párrafo del articulo 27 de la Ley N° 24.481 (t.o . 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
«Transcurridos DIECIOCHO (18) meses de la presentación de la solicitud de patente, sin que el peticionante abonare la tasa correspondiente al examen de fondo, la misma se considerará desistida».

ARTICULO 88.- Sustitúyese el articulo 51 d.e la Ley N» 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
«ARTICULO 51.- Todo el que mejorase una invención patentada, tendrá derecho a solicitar una patente de adición».

ARTICULO 90.- Sustitúyese el artículo 55 de la Ley N° 24.481 (t.o. 1gg6) y sus modificatorias, por el siguiente:
«ARTICULO 55.- Serán requisitos esenciales para que proceda la expedición de estos· certificados que los inventos contemplados en· este título sean nuevos y tengan carácter industrial». ‘ .

ARTICULO 91.- Sustitúyese el articulo 57 de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
«ARTICULO 57.- Presentada una solicitud de modelo de utilidad y previo pago de la tasa de examen de fondo, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES examinará si han sido cumplidas las prescripciones de los artículos 53 y 55.
Aprobado dicho examen, se procederá a publicar la solicitud. ·
Dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la publicación, cualquier persona podrá formular observaciones fundadas a la solicitud de modelo de utilidad y agregar prueba documental. Las observaciones deberán consistir en la . . falta o insuficiencia de los requisitos legales para su concesión.
Vencido este último plazo, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES procederá a resolver la solicitud y expedirá el certificado de modelo de utilidad en caso de corresponder.
Transcurridos TRES (3) meses desde la presentación de la solicitud de modelo de utilidad sin que el solicitante hubiese abonado la tasa de examen de fondo, la solicitud se considerará desistida».

ARTICUL0.92.- Sustitúyese el articulo 67 de la Ley N° 24.481 (l.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
«ARTICULO 67.- El trámite de la solicitud. de patentes de invención· o modelos de utilidad queda sujeto al efectivo pago del arancel correspondiente a la presentación. Caso contrario, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES declarará la nulidad.del mismo».

ARTICULO 93.- Sustitúyese el artículo 68 de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
«ARTICULO 68.- La representación invocada en la solicitudes de patentes de invención y/o modelos de utilidad tendrá carácter de declaración jurada. En caso de considerarlo pertinente la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES podrá requerir la documentación que acredite el carácter invocado.
En el supuesto de invocarse el ca[ácter de gestor de negocios, se deberá ratificar la gestión dentro del plazo de CUARENTA (40) días hábiles posteriores a su ingreso, bajo apercibimiento de declarar la nulidad de la presentación».

ARTICULO 94.- Sustitúyese el articulo 72 de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
«ARTICULO 72 – Procederá el recurso de apelación administrativo contra la disposición que deniegue una solicitud de patente o de modelo de utilidad, el que deberá interponerse ante el presidente del INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL en el plazo perentorio de TREINTA (30) dias hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la disposición respectiva. Al recurso se le acompañará documentación que acredite su procedencia».
ARTICULO 95.- Sustitúyese el inciso d) del artículo 92 de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
«d) establecer, modificar y eliminar aranceles en relación a los trámites que se realicen ante el mismo, inclusive
quellos tendientes al mantenimiento del derecho del titular, y administrar los fondos que recaude por el arancelamiento de sus servicios».

ARTICULO 96.- Sustitúyese el inciso k) del articulo 92 de la Ley N» 24:481 y sus modificatorias (t.o 1996), por el siguiente:
«k) reglamentar el procedimiento de patentes de invención y modelos de utilidad, en todo aquello que facilite el mismo, adaptar requisitos que resulten obsoletos por la implementación de nuevas tecnologias y simplificar el trámite de registro a favor del administrado y la sociedad en su conjunto».

MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

ARTICULO 97.- Sustitúyese el articulo 3° del Decreto-Ley N» 6.673 de fecha 9 de agosto de 1963, ratificado por la Ley N° 16.478, por el siguiente:
«ARTICULO 3″.- A los efectos de este Decreto, se considera modelo o diseño industrial las formas incorporadas y/o el aspecto aplicado a un producto industrial o artesanal que le confiere carácter ornamental».

ARTICULO 98.- Sustitúyese el artículo 4″ del Decreto-Ley N» 6.673/63, ratificado por la Ley N° 1e.478, por el siguiente:
«ARTICULO 4″.- Para gozar de los derechos reconocidos por el presente DecretoLey, el autor deberá registrar el modelo o disello de su creación en la DIRECCIÓN DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,· organismo descentralizado actuante .en el ámbito del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN».

ARTICULO 99.- Sustitúyese el articulo e• del Decreto-Ley N» e.e73te3, ratificado por la Ley N» 1e.4 78, por el siguiente:
«ARTICULO e•.- No podrán gozar de los beneficios que otorgue este Decreto-Ley: Aquellos modelos o diseños industriales que hayan sido publicados o explotados públicamente, en el pais o en el extranjero, con anterioridad a la fecha del registro.
Sin embargo, no se reputan conocidos los modelos o diseños divulgados dentro de los SEIS (e) meses que preceden a la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad cuando reúnan las siguientes condiciones:
1. Que tal divulgación hubiese sido resultado directa. o indirectamente de actos realizados por el autor o sus sucesores legítimos.
2. La divulgación proveniente de un tercero por un acto de· mala fe o infidencia; de un incumplimiento de contrato u otro acto illcito cometido contra el autor o sucesor legitimo.
3. La publicación de las solicitudes realizadas erróneamente o indebidamente por la DIRECCIÓN DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES.
b) Los modelos o diseños industriales que carezcan de una configuración distinta y fisonomla propia y novedosa con respecto a modelos o diseños industriales anteriores.
e) Los disellos o modelos industriales cuyos elementos estén impuestos por la función técnica que debe desempeñar el producto.
d) Cuando se trate de un mero cambio de. colorido en modelos o diseños ya conocidos.
e) Cuando sea contrario a la moral, a las buenas costumbres y al orden público».

ARTiCULO 102.- Sustitúyese el articulo 1 O del Decreto-Ley N• 6.673/63, ratificado por la Ley 16.478, por el siguiente:
«ARTICULO 10.- La solicitud del registro deberá presentarse ante la DIRECCIÓN DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES y deberá contener:
a) La solicitud de registro.
b) Dibujos y/o fotografías y/o reproducciones digitales del modelo o diseño que identifiquen suficientemente el objeto de la protección;
e) Descripción del modelo o diseño industrial si el solicitante lo considera necesario».

ARTICULO 103.- Sustitúyese el articulo 11 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado. por la Ley N° 16.478, por el siguiente:
ARTICULO 11.- La solicitud de renovación del registro deberá presentarse dentro el plazo de los Últimos SEIS (6) meses de vigencia del mismo ….

ARTiCULO 104.- Sustitúyese el articulo 12 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la Ley N° 16.478, por el siguiente:
«ARTICULO 12.- La solicitud de registro no podrá ser rechazada sino por incumplimiento de los requisitos formales determinados en el artículo 10 y concordantes del presente Decreto-Ley. La resolución denegatoria respecto a una
solicitud de registro será recurrible ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Agotada la instancia administrativa, la resolución dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL será apelable ante la Justicia Civil y Comercial Federal».

ARTICULO 105.- Sustitúyese el artículo 13 del Decreto-Ley N» 6.673/63, ratificado por la Ley N° 16.478, por el siguiente:
«ARTICULO 13.- La DIRECCIÓN DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES extenderá el título de propiedad correspondiente».

ARTICULO 106.- Derógase el artículo 14 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la ley N° 16.478.

ARTICULO 107.- Sustitúyese el articulo 15 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la Ley 16.478, por el siguiente:
«ARTICULO 15.- El titular de un registro de· modelo o diseño podrá cederlo total o parcialmente. El cesionario o sucesor a titulo particular o universal no podrá invocar derechos emergentes de registro mientras no se inscriba dicha transferencia ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL».

ARTICULO 108.- Sustitúyese el articulo 16 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la Ley N° 16.478, por el siguiente:
«ARTICULO 16.- Los registros de modelos y diseños industriales, sus renovaciones, transferencias y cancelaciones serán publicados en la forma y tiempo que determine la reglamentación …. »

ARTICULO 109.- Sustitúyese el articulo 21 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la Ley N° 16.478, por el siguiente:
«ARTICULO 21.- Serán reprimidos con una multa mínima equivalente al valor de la tasa o arancel que se perciba por CINCUENTA (50) registros originarios de modelos y diseños industriales, y máxima de TRESCIENTOS TREINTA (330) de la misma tasa o arancel:
a) Quienes fabriquen o hagan fabricar productos industriales que presenten las caracteristicas protegidas por ·el registro de un modelo o diseño, o sus copias.
b) Quienes, con conocimientp de su carácter ilícito, vendan, pongan en venta, exhiban, importen, exporten o de otro modo comercien con los productos referidos en el inciso a).
e) Quienes, maliciosamente, detenten dichos productos o encubran a sus fabricantes.
d) Quienes, sin tener registrados un .modelo o diseño, lo invocaren maliciosamente.
e) Quienes vendan como propios, planos de diseño protegidos por un registro ajeno.
En caso de reincidencia, se duplicarán las penas establecidas en este articulo».

ARTICULO 110.- Sustitúyese el artículo 28 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la Ley N° 16.478, por el siguiente:
«ARTICULO 28.- Cuando un modelo o diseño industrial registrado de acuerdo con el presente Decreto-Ley haya podido también ser objeto de un depósito conforme a la Ley N° 11.723 y sus modificatorias, el autor no podrá invocarlas simultáneamente en la defensa judicial de sus derechos.
Cuando por error se solicite una patente de invención o un modelo de utilidad para proteger un modelo o diseño industrial, objetada la solicitud por el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, el interesado podrá solicitar su conversión en solicitud de registro de modelo o diseño.»

ARTICULO 111.- El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, en su carácter de Autoridad de Aplicación, tiene las facultades suficientes para dictar normas aclaratorias y complementarias al Decreto Ley N° ·6.673/63, ratificado por la ley N° 16.478, y las que las modifiquen o sustituyan, en cuanto al procedimiento de
registro de Modelos y Diseños Industriales, en todo aquello que facilite el mismo, elimine requisitos que se tornen obsoletos y aceleren el trámite de registro a favor del administrado.

ANEXO 2- ARTICULOS VIGENTES A REGLAMENTAR DEL DNU N° 27/2018

MARCAS Y DESIGNACIONES

ARTICULO 68.- Sustitúyese el articulo 1 O d~ la Ley N° 22.362, por el siguiente:
«ARTICULO 10.- Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud que incluya nombre, domicilio real y . especial electrónico según las condiciones que fije la reglamentación, la descripción de la marca y la indicación de los productos y/o servicios que va a distinguir».

ARTICULO 70.- Sustitúyese el articulo 14 de la Ley N° 22.362, por el siguiente:
«ARTICULO 14.- Las oposiciones al registro de una marca deben deducirse electrónicamente ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, con indicación del nombre, domicilio real y electrónico del oponente y los
fundamentos de la oposición».

ARTICULO 71.- Sustitúyese el artículo 16 de la Ley N° 22.362, por el siguiente:
ARTICULO 16.- Cumplidos TRES (3) meses contados a partir de la notificación de las oposiciones previstas en el artículo 15, si el solicitante no hubiese obtenido el levantamiento de las oposiciones, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS
resolverá en instancia administrativa las oposiciones que aún permanezcan vigentes».

ARTICULO 72.- Sustitúyese el articulo 17 de la Ley N° 22.362, por el siguiente:
«ARTICULO 17.- El procedimiento para resolver las oposiciones, será fijado por la Autoridad de Aplicación, el que deberá contemplar al menos la posibilidad del oponente de ampliar . fundamentos, el derecho del solicitante de contestar la
oposición y el derecho de ambos de ofrecer prueba. El procedimiento deberá receptar los principios de celeridad, sencillez y economía procesal.
Las resoluciones por oposiciones que dicte la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS serán sólo susceptibles de recurso directo de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dentro de los TREINTA (30) días hábiles de su notificación. El recurso deberá presentarse en el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, quien lo remitirá a la justicia en las condiciones que fije la reglamentación».

ARTICULO 78.- Sustitúyese el artículo 24 de la Ley N°22.362, por el siguiente:
«ARTICULO 24.- Son nulas las marcas registradas:
El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, de oficio-o a pedido de parte, resolverá en instancia administrativa las nulidades de marcas a las que se refiere el inciso a) del presente artículo.
La resolución que recaiga en materia de nulidad de marca será apelable en el plazo de TREINTA (30) días hábiles desde la notificación, sólo mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal; el que será presentado en el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL».

ARTICULO 79.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley N° 22.362, por el siguiente:
ARTICULO 26.- El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; de oficio o a pedido de parte, conforme a la reglamentación que se dicte, declarará la ·caducidad de la marca, inclusive parcialmente, en relación a los productos o
servicios para los que no hubiere sido utilizada en el país dentro de los CINCO (5) años previos a la solicitud de caducidad, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.
La resolución que recaiga en materia de caducidad de marca será apelable en el plazo de TREINTA (30) días hábiles desde la notificación, sólo mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, el que deberá ser presentado en el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para determinados productos o servicios, si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio afín o semejante a aquellos, aun incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad relacionada con los primeros.
Asimismo, una vez cumplido el quinto año de concedido el registro de la marca, y antes del vencimiento del sexto año, su titular deberá presentar una declaración jurada respecto del uso que hubiese ,hecho de la marca hasta ese momento».

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Fuente: Editorial Erreius

Creación de la Policía Judicial de la Provincia de Buenos Aires

La policía judicial trabajará junto al agente fiscal para investigar y analizar los elementos de convicción y prueba en los procesos penales

Se crea la policía judicial que asistirá y trabajará con el agente fiscal en la investigación, búsqueda, recolección, preservación y análisis de elementos de convicción y prueba en los procesos penales.

LEY 15005

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1 – Creación: Créase la Policía Judicial de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 166 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, bajo el régimen de servicio público esencial, dependiente orgánica y funcionalmente del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.

Art. 2 – Misión y principios. La Policía Judicial es una institución civil técnico-científica, organizada jerárquicamente, que asistirá y trabajará con el agente fiscal en la investigación, búsqueda, recolección, preservación y análisis de elementos de convicción y prueba en los procesos penales.

La Policía Judicial se organizará sobre la base de los principios de organización jerárquica, especialización y descentralización. Deberá guardar reserva de las investigaciones que lleve a cabo.

A fin de cumplimentar su tarea, podrá solicitar a los agentes fiscales la asistencia de las policías y fuerzas de seguridad y de investigación. Si hubiere peligro para sus integrantes o terceros, puede requerir en forma directa la colaboración de cualquier fuerza de seguridad provincial, federal o local, dando cuenta inmediata al responsable de la investigación. Esta asistencia no podrá significar la delegación de la tarea de investigación.

La Policía Judicial adecuará sus actos a un criterio objetivo, por lo que el ocultamiento o manipulación de los elementos de prueba, favorables o no, a quien resulte investigado será considerado falta grave cuando no implique la directa comisión de un delito. Así también se deberá evitar todo tipo de discriminación política, social, religiosa, racial, cultural, sexual o de cualquier otra índole.

La Policía Judicial no portará armas de fuego.

Art. 3 – Administración general. El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene a su cargo la administración general de la Policía Judicial.

La administración general de la Policía Judicial comprende la formulación, el establecimiento y la supervisión del cumplimiento de los parámetros generales y protocolos reglamentarios de la gestión administrativa; la gestión de los recursos humanos; la gestión económica, contable y financiera; la gestión presupuestaria; la gerencia patrimonial e infraestructural, y la asistencia y el asesoramiento jurídico.

Art. 4 – Funciones. La Policía Judicial tiene como función:

1. Practicar las diligencias necesarias y que correspondan para la averiguación y esclarecimiento de los delitos bajo las órdenes del responsable de la investigación;

2. Prestar la asistencia técnica y científica necesaria para el desarrollo de las investigaciones, como así también para la búsqueda, recopilación, análisis y estudio de las pruebas, u otros elementos de convicción que contribuyan al esclarecimiento de los hechos;

3. Ejercer todas las facultades que le acuerda el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires a la policía;

4. Proponer al área competente del Ministerio Público la elaboración y actualización de protocolos de actuación para la preservación de la escena del delito; conservación de los elementos de prueba; seguridad y asistencia de las víctimas y para toda otra función atinente a la competencia de este Cuerpo;

5. Observar los deberes y prohibiciones establecidos para los empleados del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de las que se dispongan por la vía reglamentaria, y siempre y cuando tales deberes y prohibiciones no se contrapongan o afecten en modo alguno el régimen de servicio público declarado en el artículo 1 de la presente ley.

Art. 5 – Competencia. La Policía Judicial interviene en la investigación de hechos delictivos cometidos en la Provincia de Buenos Aires o por pedidos de colaboración interjurisdiccional, en ambos casos cuando así lo disponga el Procurador General o quien este designe.

Asimismo, los Fiscales Generales Departamentales, en base a criterios de eficiencia y uso racional de recursos, podrán disponer la intervención de la Policía Judicial asignada a su jurisdicción, debiéndose priorizar aquellos casos complejos, de repercusión pública y/o en los que se investigue a miembros de las fuerzas de seguridad.

A tal fin, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires emitirá directivas generales. La misma facultad tendrán los Fiscales Generales Departamentales dentro de sus áreas de competencia, debiendo comunicar de ello al Procurador General.

TÍTULO II

ORGANIZACIÓN

Art. 6 – Designación, remoción y cesantía. El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires designa y remueve a los funcionarios y empleados de la Policía Judicial conforme a esta ley y la reglamentación que él dicte, debiendo establecer procesos de selección que contemplen los principios de concurrencia y publicidad.

Art. 7 – Composición. La Policía Judicial estará presidida por un Director General, secundado por los Subdirectores, que estarán a cargo de las Subdirecciones de Investigaciones Judiciales y Técnico-Científica que actuarán en reemplazo del Director General en caso de ausencia o vacancia, de acuerdo a la reglamentación que el Procurador General dicte al efecto.

La Policía Judicial se descentralizará en las regiones que establezca el Procurador General vía reglamentaria.

Las oficinas descentralizadas estarán a cargo de un Coordinador Regional cuyas funciones se precisarán en la reglamentación que se dicte a tal fin.

Art. 8 – Régimen escalafonario, administrativo y disciplinario. Los integrantes de la Policía Judicial estarán sujetos al régimen escalafonario, administrativo y disciplinario que el Procurador General establezca vía reglamentaria.

A tal efecto la idoneidad y el mérito en el ejercicio de la función son pautas centrales a observar, por lo que las condiciones personales, profesionales, de capacitación y formación, como así también la excelencia y eficiencia en la labor deberán regir los criterios de nombramiento, evaluación, calificación, movimiento y remoción en el régimen de la carrera que se diseñe hacia el interior de la Policía Judicial.

Art. 9 – Requisitos generales del personal. El personal que se desempeñe en la Policía Judicial debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de edad a la fecha de su incorporación y poseer título secundario.

2. Contar con capacitación especializada y/o superior en la materia.

3. Aprobar el curso de capacitación que se establezca a tal efecto.

4. No registrar condenas ni estar procesado por violaciones a los derechos humanos, ni por delitos dolosos o contra la administración pública nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5. No encontrarse afectados por inhabilitación administrativa o judicial para ejercer cargos públicos y no haber sido sancionados/as con exoneración o cesantía en cualquier cargo público.

6. No haber sido inhabilitado por infracciones a la Ley N° 12997 de prestadores de Servicios de Seguridad Privada.

7. No ejercer o haber ejercido otras actividades que pudieran afectar o poner en riesgo la independencia o el cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en la presente Ley.

Art. 10 – Requisitos para acceder a los cargos directivos. El Director General, los Subdirectores y los Coordinadores Regionales, además de los requisitos establecidos en el artículo 9° de la presente ley, deben contar con título de grado universitario y con especialización certificada acorde al cargo.

Art. 11 – Funciones. El Director General de la Policía Judicial tiene por función:

1. Dirigir a la Policía Judicial de acuerdo a los lineamientos y directivas que disponga el Procurador General.

2. Proponer al Procurador General las políticas de acción del área.

3. Garantizar el cumplimiento de las misiones y los principios que marca la presente ley para el funcionamiento de la Policía Judicial.

4. Organizar, coordinar y supervisar las tareas de las áreas a su cargo.

5. Promover la capacitación del personal.

6. Presentar al Procurador General un informe anual de gestión y un plan de acción y presupuestario para cada año calendario.

7. Requerir a los Subdirectores y Coordinadores Regionales informes de gestión.

8. Elaborar un cuadro de situación de la problemática delictiva objeto de intervención de la Policía Judicial en el ámbito provincial y producir análisis estratégicos y específicos de dichas problemáticas.

9. Promover el inicio de sumario administrativo ante la presunta comisión de faltas disciplinarias por parte de los funcionarios y agentes de la Policía Judicial.

10. Promover y gestionar a través del área competente del Ministerio Público la celebración de convenios de asistencia y colaboración con universidades públicas, priorizando la asistencia en el desarrollo y perfeccionamiento de tecnologías que contribuyan al mejoramiento de la investigación criminal, y el estudio del delito como fenómeno social.

TÍTULO III

DE LAS ÁREAS

CAPÍTULO I

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES JUDICIALES

Art. 12 – Misión. La Subdirección de Investigaciones Judiciales tiene a su cargo practicar todos los actos de investigación que le ordenen los representantes del Ministerio Público Fiscal de conformidad con las normas procesales penales y reglamentarias.

Art. 13 – Composición. La Subdirección de Investigaciones Judiciales será presidida por un Subdirector y estará integrada por los Coordinadores Regionales, los Detectives Judiciales y el personal administrativo que serán asignados a las sedes descentralizadas de acuerdo a las necesidades de política criminal y a los requerimientos de cada una de ellas. A tal fin, el Coordinador Regional deberá presentar un informe de gestión anual.

Art. 14 – Titular. Requisitos. El Subdirector de Investigaciones Judiciales y los Coordinadores Regionales deberán reunir, además de los requisitos establecidos en el artículo 9° de la presente ley, cualquiera de los siguientes que a continuación se detallan:

1. Título de abogado, especialista en derecho penal o criminología y cuatro (4) años de ejercicio de la profesión o como integrante del Poder Judicial o del Ministerio Público, tanto nacional como provinciales;

2. Licenciado en criminalística y cuatro (4) años de ejercicio de la profesión o como integrante del cuerpo de peritos del Cuerpo de Auxiliares del Poder Judicial, Ministerio Público o de una fuerza de seguridad federal o provincial.

Art. 15 – Detectives Judiciales. Funciones. Los Detectives Judiciales tienen las siguientes funciones:

1. Practicar todos los actos de investigación que les ordenen los representantes del Ministerio Público Fiscal de conformidad con las normas procesales penales y la reglamentación vigentes, ejecutando y haciendo ejecutar las instrucciones que a ese fin les impartan sus superiores. En caso de urgencia podrán adoptar las medidas necesarias para asegurar la investigación, con arreglo a las leyes y reglamentación vigentes.

2. Controlar la observancia de las normas constitucionales y legales relativas a los derechos y garantías de las personas imputadas y de toda otra persona involucrada en la investigación, debiendo informar de inmediato a las autoridades del Ministerio Público Fiscal de toda violación a esas disposiciones de las que tenga conocimiento.

3. Toda otra función que el Procurador General establezca por vía reglamentaria.

CAPÍTULO II

SUBDIRECCIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA

Art. 16 – Misión. La Subdirección Técnico Científica tiene a su cargo los estudios, análisis e investigaciones técnicos y científicos necesarios para el ejercicio de las funciones investigativas a cargo del Ministerio Público Fiscal.

Art. 17 – Composición: La Subdirección Técnico Científica será presidida por un Subdirector y estará integrada por los Coordinadores Regionales, los gabinetes periciales, laboratorios y morgues que vía reglamentaria establezca el Procurador General y los empleados administrativos que serán asignados a las sedes descentralizadas de acuerdo a las necesidades de política criminal y a los requerimientos de cada una de ellas. A tal fin, el Coordinador Regional deberá presentar un informe de gestión anual.

Art. 18 – Titular. Requisitos: El Subdirector Técnico Científico debe reunir las condiciones previstas en el artículo 9 de la presente ley y poseer título universitario habilitante en cualquiera de las disciplinas especializadas que se desarrolle en los gabinetes técnicos de la Subdirección.

Art. 19 – Funciones. La Subsecretaría Técnico Científica tiene las siguientes funciones:

1. Practicar los análisis e investigaciones técnicas y científicas que les ordenen los representantes del Ministerio Público Fiscal, de conformidad con las reglas del arte y el procedimiento legal aplicable, ejecutando y haciendo ejecutar las instrucciones que a ese fin les impartan sus superiores.

2. Elaborar propuestas para su constante desarrollo, capacitación y equipamiento.

El Procurador General podrá adecuar las funciones de esta Subdirección conforme a los requerimientos técnicos y científicos que demanden las investigaciones.

Art. 20 – Requisitos. Los integrantes de la Subsecretaría Técnico Científica deben poseer capacitación especializada y/o superior en la materia, en la disciplina que se desarrolle en los gabinetes del área.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS O FINALES

Art. 21 – La Policía Judicial se implementará en forma progresiva en función de la disponibilidad de recursos materiales y humanos conforme los perfiles requeridos en cada caso.

Art. 22 – Derógase la Ley 14424 y toda otra norma que se oponga a la presente ley.

Art. 23 – De forma.

 

Fuente: Editorial Erreius