201308.06
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La intensa agenda de la Justicia para la segunda mitad del año

La intensa agenda de la Justicia para la segunda mitad del año: se espera que la Corte avance sobre la ley de medios, mientras que el Consejo de la Magistratura deberá tratar un conjunto de denuncias a magistrados y reglamentar concursos y subrogancias. Senadores y diputados también estudian nuevas reformas.

La actividad judicial volvió con una agenda cargada de temas de suma relevancia mediática y de gran interés para el conjunto de la sociedad. Una vez pasado el fervor por la reforma judicial, el foco indiscutido se posa sobre uno de los temas más esperados para esta segunda mitad del año: la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) deberá resolver sobre la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El máximo tribunal tiene la última palabra sobre uno de los temas judiciales más debatidos de los últimos tiempos. La decisión de la Corte llega en un escenario que es catalogado en los pasillos de Tribunales como “delicado”, dado que, justamente, días atrás la CSJN debió solicitar a la Jefatura de Gabinete de Ministros una modificación presupuestaria para aumentar los salarios de los trabajadores de la Justicia. El reclamo de fondos apunta a otorgar un aumento salarial del 10% a los trabajadores del Poder Judicial de todas las categorías del escalafón, retroactivo al 1º de julio.
Así, dentro del rumoreo judicial es un lugar común escuchar que luego de la tensa pulseada encarnada por el Gobierno y la Corte Suprema por la reforma del Consejo de la Magistratura, desde el oficialismo se espera un gesto positivo del tribunal supremo para que le otorgue la celeridad necesaria para la resolución definitiva del tema. De esta forma, el Poder Judicial pone en vigencia la facultad que le otorga la Carta Magna, que es el ejercicio del “control de constitucionalidad”, materia que ha originado intensos cruces en los últimos meses.
Cabe destacar que días antes del comienzo de la feria judicial, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó la constitucionalidad de la ley 26.522, sancionada por el Congreso en el 2009. Entre los argumento resonantes la procuradora advirtió que “procura el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia de los servicios de comunicación audiovisual”. Asimismo, sostiene que la ley tiene “el fin último de abaratar, democratizar y universalizar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”.

El Consejo debe resolver
En lo que se refiere a la actividad del Consejo de la Magistratura de la Nación, queda sus manos avanzar sobre la reglamentación de las subrogancias y sobre los concursos, ambos temas modificados en el paquete de normas de la reforma judicial.
En este plano, actualmente se encuentra en pleno análisis de los consejeros un proyecto del presidente del consejo, Mario Fera, que busca devolver a los secretarios la posibilidad de ocupar cargos vacantes.
La ley de reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación puso entre las obligaciones del cuerpo la elaboración de los reglamentos para la designación de jueces subrogantes en casos de licencia o suspensión del titular y ante la existencia de vacancias para los tribunales inferiores.
El primer paso de esta iniciativa es solicitar a las cámaras nacionales y federales de todo el país que envíen listas de secretarios judiciales en condiciones de ser subrogantes, para ser remitidas al Poder Ejecutivo nacional “a los efectos del artículo 3º de la ley 26.376. A tal efecto los nominados deberán contar con matrícula federal”. Asimismo –según lo estipula el texto del proyecto– se propone que hasta tanto “se satisfaga el pedido y se haga efectivo el sistema previsto en la ley, las cámaras nacionales y federales podrán designar secretarios” para que se hagan cargo de los juzgados de primera instancia que se encuentran vacantes.
Conforme lo indican los recientes informes que evalúan en el consejo, en las cámaras nacionales y federales son numerosas las vacantes. Se destaca que los cargos existentes en el Poder Judicial de la Nación son 989, de los cuales 910 corresponden a cargos habilitados y 79 a cargos no habilitados. De este total, existen 254 vacantes: 61 en el Poder Ejecutivo y 193 –en diferentes etapas– en la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial.
“Es necesario dar respuestas inmediatas a las situaciones que ya se presentan y a las que se vayan presentando en los distintos fueros y jurisdicciones para evitar una privación de justicia y garantizar, mientras se sustancian los respectivos concursos, el correcto cumplimiento de la función judicial”, puede leerse en los argumentos de la iniciativa.
En la actualidad cerca de treinta juzgados se encuentran a cargo de secretarios, varios de ellos autorizados por la Corte con posterioridad al fallo “Rosza”, con la idea de garantizar la prestación de los servicios de justicia frente a situaciones de urgencia.

Concursos anticipados
Uno de los puntos incluidos en la reforma judicial apunta a cubrir un déficit histórico de la Justicia: realizar concursos previos para disminuir la alarmante cantidad de vacantes. En esta segunda mitad del año los consejeros deben analizar a contrarreloj la aplicación de esta nueva modalidad que –en cierta forma– ya venían debatiendo a partir del proyecto que ya se encontraba a estudio en el consejo, donde se proponía que “los postulantes serán seleccionados mediante un concurso público de oposición y antecedentes. Cuando se produzca una vacante, o periódicamente de modo anticipado, la comisión convocará a concurso dando a publicidad las fechas de los exámenes”.
Asimismo, queda en manos del consejo avanzar en lo referente a las modificaciones que estableció la reforma a las ternas de los concursos y avanzar con una reglamentación en ese sentido. Según la nueva norma corresponde que se aprueben nueve candidatos por cada concurso.
El consejo deberá también trabajar en fijar los criterios y mecanismos de calificación de los exámenes y de evaluación de los antecedentes, “debiendo garantizar igualdad de trato y no discriminación entre quienes acrediten antecedentes relevantes en el ejercicio de la profesión o la actividad académica o científica y aquellos que provengan del ámbito judicial”.
Este órgano también avanza sobre una cantidad de denuncias contra magistrados. En este plano el juez federal Daniel Rafecas deberá presentarse el 10 de septiembre ante el consejo para formular su descargo y dar explicaciones en el marco del juicio político que se le inició debido a su actuación en el caso de la ex Ciccone Calcográfica.

Diputados y senadores estudian cambios al sistema judicial
La actividad en el ámbito del Senado arrancó con intensidad dado que días después del receso de invierno aprobó los 51 pliegos de jueces, fiscales y defensores del Pueblo que propuso el Poder Ejecutivo, entre ellos los de la titular de la agrupación Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, y del fiscal antilavado, Carlos Gonella.
El trabajo fue intenso para las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto del Senado, que avanzaron con dos proyectos de ley de peso para el sistema de justicia: uno sobre la erradicación de la violencia y el abuso de poder en el ámbito familiar, y otro sobre la penalización de servicios sexuales que involucren a víctimas de trata.
El primero surgió a partir de una propuesta que presentaron en agosto del 2012 los senadores Aníbal Fernández y Elena Corregido (Frente para la Victoria). Este proyecto de ley propone que las denuncias puedan hacerse ante cualquier instancia judicial, policial o administrativa de la Nación, las provincias o los municipios, y que se pueda solicitar la reserva de identidad del denunciante. Además prevé que las niñas, niños y adolescentes puedan denunciar los hechos que los afecten, y que brinden testimonio de forma oral, escrita o por correo electrónico. La iniciativa de los senadores incorpora la figura de “denuncia solidaria” para que cualquier persona que se sienta afectada por una situación de violencia, o bien terceros, puedan radicar la denuncia sin necesidad de la presentación de prueba. La iniciativa propicia, además, la creación de programas de prevención de la violencia familiar en medios de difusión masiva, y de un registro estadístico sobre denuncias, así como la inclusión de planes de atención y tratamiento en obras sociales y empresas de medicina prepaga.
Por otro lado, se analizó la iniciativa que establece penas para quien utilice o procure servicios sexuales sabiendo o debiendo saber que esa persona es víctima de la trata de personas con fines de explotación sexual. Se busca incorporar al Código Penal el artículo 127 bis, que sanciona con prisión de uno a tres años el consumo sexual cuando hay víctimas de trata. En el caso de que la víctima fuera menor de 18 años el proyecto propone una pena de 5 a 10 años de prisión.
Por su parte, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se encuentra analizando una iniciativa que propone la creación del Instituto Nacional de Criminalística e Investigaciones Judiciales (Incij), que actuaría como cuerpo civil auxiliar de la Justicia y de las fuerzas de seguridad, en los actos de policía judicial que le sean requeridos en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Procesal Penal de la Nación.
Asimismo, trabajan sobre la posibilidad de avanzar con la figura del juicio por jurados. Existen ya algunos proyectos presentados, se avanzó con diferentes rondas de consultas y se trabajó con representantes de la provincia de Buenos Aires, que se encuentran ya encaminados a materializar los jurados populares.
Por otro lado circula una iniciativa apuntada “a fortalecer la autarquía del Poder Judicial”, mediante la cual se busca que “la misma facultad que tiene el jefe de Gabinete sobre la redistribución de excedente de partidas la pueda tener el presidente de la Corte respecto del presupuesto del Poder Judicial”, explica un representante de la comisión.

Fuente: Diario BAE (6/8/2013)