Procedimiento simplificado para la intervención de Diplomas, Certificados Analíticos y demás certificaciones universitarias

Nuevo sistema de certificaciones efectivo en tiempo real respetando el principio de economía procedimental, evitando demoras innecesarias y permitiendo el acceso a los diplomas por parte de los graduados, de modo que puedan ejercer sus profesiones sin dilaciones.

Se aprueba el Procedimiento Simplificado para la Intervención de Diplomas, Certificados Analíticos y Demás Certificaciones Universitarias que emiten las universidades e institutos universitarios de gestión pública y privada integrantes del Sistema Universitario Nacional, que consiste en un sistema de certificaciones efectivo en tiempo real respetando el principio de economía procedimental, evitando demoras innecesarias y permitiendo el acceso a los diplomas por parte de los graduados, de modo que puedan ejercer sus profesiones sin dilaciones.

RESOLUCIÓN 231-E/2018

VISTO

Los artículos 40, 41 y 42 de la Ley Nº 24.521 de Educación Superior, los artículos 3° y 4° de la Resolución Ministerial N° 1669 de fecha 17 de diciembre de 1996; el Título I “Organización de las Carreras y Expedición de los Diplomas” y el Título IV “De los Diplomas y/o Certificados” de la Resolución Ministerial N° 2385 de fecha 9 de setiembre de 2015, las Resoluciones Ministeriales Nros. 2405 de fecha 12 de mayo de 2017; 3322 de fecha 29 de agosto de 2017 y 3723 de fecha 5 de octubre de 2017 y el Anexo II de la Resolución Conjunta del entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES, MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 1- E/2017 de fecha 12 de abril de 2017; las Disposiciones DNGU Nros. 21 de fecha 3 de noviembre de 2009; 22 de fecha 4 de noviembre de 2009; 10 de fecha 16 de noviembre de 2016; 9 de fecha 15 de agosto de 2017; 18 de fecha 21 de setiembre de 2017 y el Expediente N° EX-2017-23922022-APN-DNGU#ME, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 40 de la Ley N° 24.521 de Educación Superior establece que los títulos universitarios deberán ser expedidos en un plazo no mayor a los CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir del inicio del trámite de solicitud del título, por lo que corresponde generar los marcos que faciliten el acceso a la expedición del diploma a los graduados en las condiciones y plazos de ley.

Que el reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional de los títulos que expiden las instituciones universitarias es otorgada por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN conforme a lo establecido por el artículo 41 de la Ley N° 24.521 de Educación Superior.

Que los títulos universitarios oficialmente reconocidos certificarán la formación recibida y habilitarán para el ejercicio profesional en todo el territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponde a las jurisdicciones.

Que las instituciones universitarias presentan ante esta DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA (DNGU) los diplomas y certificados analíticos finales de estudios emitidos por ellas para la intervención de los mismos.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA (DNGU) interviene los títulos de acuerdo a lo resuelto en el artículo 3° de la Resolución Ministerial N° 1669 de fecha 17 de diciembre de 1996.

Que la Resolución Ministerial N° 2385 de fecha 9 de setiembre de 2015 aprobó el documento “Régimen de Organización de Carreras, Otorgamiento de Títulos y Expedición de Diplomas”.

Que el Título I “Organización de las Carreras y Expedición de los Diplomas” y el Título IV “De los Diplomas y/o Certificados” de la citada Resolución brindan pautas respecto al otorgamiento de títulos y expedición de los diplomas que expiden las instituciones universitarias que integran el Sistema Universitario Nacional.

Que conforme a la Disposición DNGU N° 21 de fecha 3 de noviembre de 2009, se aprobó el Sistema Informático de Certificaciones (SICEr).

Que mediante Disposición DNGU N° 22 de fecha 4 de noviembre de 2009 se establecen requisitos mínimos en los diplomas y certificados analíticos para ser intervenidos.

Que por Disposición DNGU N° 10 de fecha 16 de noviembre de 2016 se dispuso que los certificados analíticos que expidan las instituciones universitarias deberán hacer mención expresa del título previo al ingreso a la carrera, que habilitó al interesado para cursar sus estudios.

Que, asimismo, la citada disposición determinó que los diplomas y certificados analíticos deberán contener los datos de la Resolución Ministerial que diera reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al título obtenido.

Que el artículo 14 de la Resolución Ministerial N° 2385/15 determina que los diplomas y certificados que expiden las instituciones serán intervenidos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA mediante el Sistema Informático para Certificaciones (SICEr).

Que el artículo 3° de la Resolución Ministerial N° 2405 de fecha 12 de mayo de 2017 resolvió que las instituciones deben gestionar la intervención de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA mediante el SISTEMA INFORMÁTICO DE CERTIFICACIONES -SICEr-, con sus respectivas obleas de seguridad, a los fines de la certificación de las firmas de las autoridades universitarias que suscribieron el CERTIFICADO ANALÍTICO continente del SUPLEMENTO AL TÍTULO UNIVERSITARIO.

Que asimismo, la Resolución Ministerial N° 3322 de fecha 29 de agosto de 2017 generó la posibilidad para que dentro del marco del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico de Educación Superior se expida la Certificación Académica o Pasaporte RTF (Reconocimiento de Trayecto de Formación), que también es autenticado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA.

Que el artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 3723 de fecha 5 de octubre de 2017 creó el REGISTRO PÚBLICO DE GRADUADOS UNIVERSITARIOS de acuerdo a los lineamientos fijados en su Anexo (IF-2017-15033291-APN-DNGU#ME), el que se plantea como última instancia del proceso de intervención, por parte de este Ministerio, de diplomas y certificados expedidos por las instituciones integrantes del Sistema Universitario Nacional.

Que la Resolución Conjunta del entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES, MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 1-E/2017 de fecha 12 de abril de 2017 aprobó en su Anexo II parte del procedimiento de legalización de títulos, certificados analíticos y demás certificaciones emitidas por las instituciones universitarias.

Que el artículo 3° del Anexo II de la citada Resolución Conjunta estableció que los títulos, certificados analíticos y demás certificaciones universitarias emitidas con posterioridad al 1º de enero de 2012 deben ser presentadas por las instituciones ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA para su correspondiente verificación y autenticidad.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA viene implementando sucesivas y constantes medidas tendientes a superar las deficiencias detectadas en los sistemas organizativos e informáticos, como el escaso uso de las herramientas de la tecnología de la información y de la comunicación; a reemplazar las bases obsoletas desarrolladas por la anterior gestión y a implementar medidas que contribuyan a la despapelización de los procesos, garantizando seguridad y agilidad.

Que el procedimiento reglamentario que por la presente se aprueba, responde a la necesidad de generar un sistema de certificaciones de diplomas, certificados analíticos y demás certificaciones universitarias efectivo en tiempo real respetando el principio de economía procedimental, evitando demoras innecesarias y permitiendo el acceso a los diplomas por parte de los graduados de modo que puedan ejercer sus profesiones sin dilaciones.

Que por otro lado, el actual procedimiento obliga a las instituciones a dar ingreso de toda la documentación a certificar a la sede de este Ministerio, cita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que no solo importa una centralización administrativa absurda, sino que también conlleva, tanto agregar tiempo en estas tramitaciones, como así también asignación de enormes recursos a las instituciones universitarias, particularmente, a las que tienen asiento en el interior de nuestro país en transporte, gestoría, etcétera.

Que considerando que la implementación de este moderno procedimiento de certificación exige en algunos casos adecuación de normativa interna de parte de las instituciones universitarias, como así también la incorporación o adaptación de tecnología, corresponde el establecimiento de un período de transición de SEIS (6) meses durante el cual continuará vigente el actual sistema, lo que no será de impedimento para que las instituciones que se hallen en condiciones lo puedan hacer en un menor plazo de tiempo.

Que la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 23 quater inciso 12) de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992) y sus modificatorias.

Por ello;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

Art. 1 – Aprobar el “PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA LA INTERVENCIÓN DE DIPLOMAS, CERTIFICADOS ANALÍTICOS Y DEMÁS CERTIFICACIONES UNIVERSITARIAS” que emiten las universidades e institutos universitarios de gestión pública y privada integrantes del Sistema Universitario Nacional que como ANEXO (IF-2017-30740979-APN-DNGU#ME) forma parte de la presente.

Art. 2- Establecer que el actual sistema de certificaciones a cargo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA, al momento de emitirse esta Resolución, continuará vigente por un período de SEIS (6) meses a partir de la publicación de la presente en el BOLETÍN OFICIAL, al cabo del cual el único procedimiento para la intervención de diplomas, certificados analíticos y demás certificaciones universitarias, será el procedimiento aprobado en el artículo precedente de la presente Resolución.

Art. 3 – Establecer que las instituciones universitarias que voluntariamente deseen tramitar la intervención por parte de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA de los diplomas, certificados analíticos y demás certificaciones universitarias, mediante el “PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA LA INTERVENCIÓN DE DIPLOMAS Y CERTIFICADOS ANALÍTICOS” podrán realizarlo a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL para las intervenciones de diplomas, certificados analíticos y demás certificaciones universitarias que se inicien a partir de esa fecha.

Art. 4 – Facultar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA a dictar las normas aclaratorias y reglamentarias que permitan la mejor ejecución de la presente Resolución, previa intervención de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Art. 5 – Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 1669 de fecha 17 de diciembre de 1996, y toda otra norma de igual o inferior jerarquía que se oponga a lo previsto en la presente.

Art. 6 – De forma.

ANEXO

Acercamos el anexo de la RESOLUCIÓN 231-E/2018 en formato pdf.

 

Fuente: Editorial Erreius

Cuentas sueldo. Cierre de cuentas de forma no presencial

El cierre de las cuentas sueldo deberá ser comunicado por el empleador o por el trabajador cuando la apertura haya sido tramitada por el empleador

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), mediante la Comunicación “A” 6448, del 2/2/2018, informa que el cierre de las cuentas sueldo deberá ser comunicado por el empleador o por el trabajador cuando la apertura haya sido tramitada por el empleador. En el caso de que dicha apertura haya sido solicitada por el trabajador, el cierre deberá ser comunicado exclusivamente por este último.

En ambos casos, el trabajador podrá utilizar mecanismos electrónicos de comunicación, eficaces e inmediatos, que permitan el cierre de la cuenta en un solo acto (tales como correo electrónico, telefonía, banca por Internet -“home banking”-, cajeros automáticos y terminales de autoservicio).

Acceda a la Comunicación (BCRA) “A” 6448.

 

Fuente: Editorial Erreius

Oficinas de empleo municipales. Compromiso de no discriminación de postulantes

RESOLUCIÓN 11-E/2018 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Se modifica la resolución (MTESS) 270/2015, que estableció las condiciones de no discriminación que deben observarse al momento de realizar ofertas de empleo, señalando que las mismas no pueden contener restricciones por motivos tales como raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, posición económica, condición social, caracteres físicos, discapacidad, residencia o responsabilidades familiares.

En tal sentido, se incorporan a los motivos enumerados los antecedentes penales de las personas que hayan cumplido la totalidad de su condena.

RESOLUCIÓN 11-E/2018

VISTO

El Expediente N° 1.654.899/2014 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 25.326, 25.875 y 22.520 y sus modificatorias, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 270 del 13 de abril de 2015 y la Recomendación de la PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN N° 855 del 10 de febrero de 2017, y

CONSIDERANDO

Que la Ley N° 25.326 establece los límites en el uso y disposición de los datos personales sin consentimiento expreso de su titular, estableciendo el principio general de que ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles, quedando prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente revele estos datos.

Que el artículo 23 de la Ley N° 22.520, establece que le compete al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL entender en la promoción, regulación y fiscalización del cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores, así como en la igualdad de oportunidades y de trato en el acceso al empleo.

Que en ese orden, por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 270/2015 se promueve el compromiso de las Oficinas de Empleo Municipales de no suministrar datos que pudieran ser motivo de discriminación de los postulantes por parte de empleadores.

Que asimismo con el objeto de propiciar la igualdad de condiciones al momento de la postulación a un puesto de trabajo, en el artículo 3° de la Resolución citada se establece que las ofertas de empleo no podrán contener restricciones por motivos tales como raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, posición económica, condición social, caracteres físicos, discapacidad, residencia o responsabilidades familiares.

Que en el marco de las facultades establecidas por la Ley N° 25.875, la PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN formuló la Recomendación PNN N° 855/17 al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a los fines de incorporar a los motivos enumerados en el artículo 3° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 270/2015 que no podrán ser causa de restricción para el otorgamiento del empleo los antecedentes penales de las personas que hayan cumplido la totalidad de su condena.

Que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL entiende pertinente la modificación propuesta.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 22.520 y sus modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE

Art. 1- Sustitúyese el artículo 3 de la resolución (MTESS) 270 del 13 de abril de 2015 por el siguiente:

“Art. 3 – Las ofertas de empleo no podrán contener restricciones por motivos tales como raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, posición económica, condición social, caracteres físicos, discapacidad, residencia, responsabilidades familiares o antecedentes penales de quienes hayan cumplido la totalidad de su condena.”

Art. 2 – De forma.

 

Fuente: Editorial Erreius

CABA. Vínculos de parentesco en la función pública

DECRETO 43/2018 CABA

Se dispone que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tengan algún vínculo de parentesco, tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el señor Jefe de Gobierno y Vicejefe de Gobierno de la Ciudad, el Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la unión convivencial.

Ello, en relación al decreto 93/2018 del Gobierno Nacional.

DECRETO 43/2018

Art. 1 – Dispónese que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el señor Jefe de Gobierno y Vicejefe de Gobierno de la Ciudad, el Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial.

Art. 2 – A los efectos del presente se considera Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el integrado por la Administración Central (Poder Ejecutivo), las comunas, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Central, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado de la Ciudad tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado de la Ciudad tenga el control de las decisiones, Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado, entidades de Derecho Privado sujetas a intervención Estatal.

Art. 3 – Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 1° las personas designadas mediante procesos de selección por Concurso Público de antecedentes o que cuenten con estabilidad en el cargo.

Art. 4 – Las personas cuyas designaciones a la fecha del presente se encuentren alcanzadas por el artículo 1° deberán desvincularse antes del 28 de febrero de 2018.

Art. 5 – El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Art. 6 – De forma.

Fuente: Editorial Erreius

Prórroga del Régimen de Reintegro del IVA por compras en comercios minoristas

Beneficio para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo

Se prorroga desde el 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive, la devolución del IVA con un tope de $ 300 mensuales para las operaciones de compra de bienes muebles realizadas a través de tarjetas de débito que realicen los siguientes sujetos -L. 27253-:

* jubilados y pensionados que perciban un haber no superior al mínimo garantizado – art. 125, L. 24241-;
* beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, Asignación por Embarazo para Protección Social y pensiones no contributivas nacionales por un importe que no supere el haber mínimo garantizado – art. 125, L. 24241-.

 

DECRETO 94/2018

VISTO

El Expediente N° EX-2017-34275850-APN-DMEYN#MHA, la Ley N° 27.253 y el Decreto N° 858 del 15 de julio de 2016, y

CONSIDERANDO

Que a través del Título I de la Ley N° 27.253, se establece, para ciertos beneficiarios, un régimen de reintegro de una proporción del impuesto al valor agregado contenido en el monto de las operaciones que, en carácter de consumidores finales, se abonen por las compras de bienes muebles realizadas tanto en comercios dedicados a la venta minorista como en comercios dedicados a la venta mayorista que facturen a consumidores finales, mediante la utilización de transferencias bancarias cursadas por tarjetas de débito que emitan las entidades habilitadas para la acreditación de beneficios laborales, asistenciales o de la seguridad social, incluyendo a las tarjetas prepagas no bancarias o sus equivalentes.

Que en el artículo 15 del Título III de la citada norma se dispone que el régimen resulta de aplicación a partir de la fecha que fije la reglamentación y hasta el 31 de diciembre de 2017, inclusive.

Que, a su vez, se dispuso que el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá prorrogar el referido plazo.

Que, mediante el artículo 5° del Decreto N° 858 del 15 de julio de 2016, se prevé que las disposiciones contenidas en el Título I de la citada ley resultarán de aplicación para las operaciones que se realicen a partir de la entrada en vigencia del mismo decreto y hasta el 31 de diciembre de 2017, ambas fechas inclusive.

Que continúa siendo un objetivo prioritario del Gobierno Nacional la asistencia a las personas de menores ingresos de todo el país a través de medidas concretas y transparentes, con la finalidad de lograr una reducción sostenida de la pobreza.

Que la implementación del régimen de que se trata tiene por finalidad mejorar el ingreso disponible y la capacidad de compra de los sectores más vulnerables conformados por aquellas personas que destinan al consumo de bienes de primera necesidad la totalidad o gran parte de sus ingresos.

Que, en esta instancia y por las razones indicadas, resulta oportuno y de interés mantener la vigencia del beneficio otorgado, prorrogándolo hasta el 31 de diciembre de 2018.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hacienda ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 15 de la Ley N° 27.253.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA

Art. 1 – Prorrógase la vigencia del régimen de reintegro previsto en el Título I de la ley 27253, desde el 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive.

Art. 2 – Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y resultarán de aplicación para las operaciones que se realicen entre las fechas indicadas en el artículo 1.

Art. 3 – De forma.

 

Fuente: Editorial Erreius