La obligación alimentaria constituye una obligación de valor no alcanzada por el régimen de la L.23928

Alimentos. Hijos menores. Homologación de acuerdo. Actuación de la cuota alimentaria. Obligación de valor. Ley 23.928
Se revoca parcialmente la sentencia apelada y se homologa la totalidad del convenio de alimentos concertado entre las partes a favor de sus hijas menores, incluida la pactada actualización semestral automática de la cuota alimentaria, conforme al promedio del índice del costo de vida del INDEC o del índice del costo de construcción. Ello así, al juzgarse que la obligación alimentaria es una obligación de valor y, como tal, no se encuentra alcanzada por el régimen establecido en la ley 23928.

L., A. A. c/C., R. G. s/alimentos

En la ciudad de Junín, a los 14 días del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, GASTON MARIO VOLTA Y JUAN JOSE GUARDIOLA, en causa nº ZRO-54401-2017 caratulada: «L., A. A. C/C., R. G. S/ALIMENTOS», a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Castro Durán, Volta y Guardiola.-

La Cámara planteó las siguientes cuestiones:

1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Castro Durán dijo:

I- A fs. 118/119 el Sr. Juez titular del Juzgado de Paz Letrado de Rojas, Dr. Luciano Jorge Caligari, dictó sentencia, por la cual, si bien homologó la cuota alimentaria mensual pactada por la accionante y el demandado, en beneficio de las hijas menores de edad de ambos; en lo que al recurso deducido interesa, aludiendo a un impedimento legal, denegó la homologación del punto referido a la actualización semestral automática de dicha cuota alimentaria, conforme al promedio del índice del costo de vida del INDEC o del índice del costo de construcción.

II- Contra este pronunciamiento, el demandado dedujo apelación a fs. 125; recurso que, concedido en relación y con efecto devolutivo, recibió fundamentación por vía del memorial agregado a fs. 127/130.

En dicha presentación, el apelante se agravió por la desestimación de la homologación del punto referido a la actualización semestral automática de la cuota alimentaria, solicitando que se revoque dicha decisión y se proceda a la homologación total de la cláusula segunda.

Inicialmente adujo que el «a quo» no expresó cuál es el impedimento legal que obsta a la homologación denegada, por lo que la decisión no se encuentra debidamente fundada.

Seguidamente, especuló que si tal impedimento fuera la prohibición de actualización de las deudas dinerarias establecida en el artículo 7 de la ley 23.928, dicha prohibición no resulta aplicable en autos, puesto que la obligación alimentaria es una deuda de valor que resulta ajena al régimen de dicha ley, que sólo contempla las deudas dinerarias.

III- Corrido traslado del memorial reseñado precedentemente, la parte actora guardó silencio; luego de lo cual, el expediente fue remitido a esta Cámara, donde, previo dictamen del Asesor de Incapaces encaminado a la recepción de la apelación deducida, se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a las presentes actuaciones en condiciones de resolver.

IV- En tal labor, comienzo por señalar que coincido con la apelante en cuanto que la obligación alimentaria constituye una obligación de valor, ya que su objeto no es la entrega de una suma de dinero (como ocurre en las obligaciones de dar dinero), sino una prestación que alcance para la satisfacción de las necesidades del alimentado.

Tan es así que la prestación alimentaria puede ser cumplida en especie o mediante la entrega de una suma de dinero que alcance para cubrir las necesidades del beneficiario, pero que no constituye el objeto de la obligación, sino que es el modo de pago de la misma.

Para fijar la suma de dinero erigida en modo de pago de la obligación alimentaria, debe tomarse en cuenta el costo real de las erogaciones a realizar para brindar satisfacción a las necesidades del alimentado (arts. 659 y 772 CCyC).

En claro que la obligación alimentaria es de valor (conf. Claudio A. Belluscio, «Actualización de los alimentos según el costo de vida», págs. 29/33; Federico A. Ossola, «Código Civil y Comercial de la Nación Comentado – Director: Ricardo Luis Lorenzatti», Tomo V, pág. 156; Adrián R. Ventura y Marta N. Stilerman, «Alimentos», pág. 25), cabe señalar que este tipo de obligaciones no se encuentran alcanzadas por el régimen establecido en la ley 23.928.

Llego a esta conclusión, valorando que el artículo 7 de dicha ley, en la parte pertinente, establece que «El deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley…».

Es decir, el artículo transcripto alude expresamente a las obligaciones de dar sumas determinadas de dinero (art. 765 CCyC), las que resultan ontológicamente distintas de las obligaciones de valor; por lo que no corresponde extender a éstas, la prohibición que rige respecto de aquellas (art. 2 CCyC).

V- Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo:

I)- Receptar el recurso de apelación deducido a fs. 125 por el demandado; y en consecuencia, modificar la sentencia de fs. 118/119, disponiendo la homologación total de la cláusula segunda del acuerdo transaccional agregado a fs. 113/114vta., incluida la actualización semestral automática de la cuota alimentaria allí pactada (arts. 2, 659, 765, 772 CCyC; y 7 ley 23.928).

II)- Las costas de Alzada se imponen en el orden causado, atento a la falta de oposición de la parte actora (art. 68 CPC); difiriéndose la regulación de los honorarios de la Dra. María Virginia Aloé, para la oportunidad en que estén regulados los honorarios de primera instancia (art. 31 dec.ley 8904).

ASI LO VOTO.

Los Señores Jueces Doctores Volta y Guardiola, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-

A LA SEGUNDA CUESTION el Señor Juez Dr. Castro Durán, dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC, corresponde:

I)- Receptar el recurso de apelación deducido a fs. 125 por el demandado; y en consecuencia, modificar la sentencia de fs. 118/119, disponiendo la homologación total de la cláusula segunda del acuerdo transaccional agregado a fs. 113/114vta., incluida la actualización semestral automática de la cuota alimentaria allí pactada (arts. 2, 659, 765, 772 CCyC; y 7 ley 23.928).

II)- Las costas de Alzada se imponen en el orden causado, atento a la falta de oposición de la parte actora (art. 68 CPC); difiriéndose la regulación de los honorarios de la Dra. María Virginia Aloé, para la oportunidad en que estén regulados los honorarios de primera instancia (art. 31 dec.ley 8904).

ASI VOTO.

Los Señores Jueces Dres. Volta y Guardiola, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.

Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí:

FDO. DRES. RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, GASTON MARIO VOLTA Y JUAN JOSE GUARDIOLA, ANTE MI, DRA. MARIA. V. ZUZA (Secretaria).-

//NIN, 14 de Diciembre de 2017.-

AUTOS Y VISTOS

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC,

SE RESUELVE

I)- Receptar el recurso de apelación deducido a fs. 125 por el demandado; y en consecuencia, modificar la sentencia de fs. 118/119, disponiendo la homologación total de la cláusula segunda del acuerdo transaccional agregado a fs. 113/114vta., incluida la actualización semestral automática de la cuota alimentaria allí pactada (arts. 2, 659, 765, 772 CCyC; y 7 ley 23.928).

II)- Las costas de Alzada se imponen en el orden causado, atento a la falta de oposición de la parte actora (art. 68 CPC); difiriéndose la regulación de los honorarios de la Dra. María Virginia Aloé, para la oportunidad en que estén regulados los honorarios de primera instancia (art. 31 dec.ley 8904).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen.-

FDO. DRES. RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, GASTON MARIO VOLTA Y JUAN JOSE GUARDIOLA, ANTE MI, DRA. MARIA. V. ZUZA (Secretaria).-

 

Fuente: Editorial Erreius

Reforma previsional. Recusación por enemistad manifiesta por conflicto entre el letrado y el juez

Recusación con causa. Enemistad manifiesta. Debido proceso. Derecho de defensa. ANSeS. Reforma previsional

Se hace lugar a la recusación con causa, en los términos del artículo 17, inciso 10), del CPCCN, ante la situación de tensión y denuncias recíprocas entre el letrado actor y el magistrado interviniente en primera instancia. El tribunal juzgó que si bien no estaba frente a una situación de “enemistad ni odio” por parte del magistrado hacia el letrado, resulta notorio un estado de resentimiento que desaconseja, atento a la indudable importancia que los poderes públicos han asignado a la materia en disputa, que la presente causa sea tramitada ante el juez recusado.

Fernández Pastor, Miguel Ángel c/ANSeS s/incidente

Buenos Aires, 27/12/2017

EL DOCTOR MARTIN LACLAU DIJO:

En las presentes actuaciones, el Dr. Miguel Ángel Fernández Pastor recusa con causa al Dr. Fernando Strasser, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 2, donde ha recaído la acción de amparo iniciada por aquél con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.426 y del Decreto 1058/17. En tal sentido, invoca lo preceptuado por el art. 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en sus incisos 6 y 10. La primera de las causales de recusación invocada se refiere a “ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema haya dispuesto dar curso a la denuncia”. La segunda causal consiste en tener el juez hacia el recusante “enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos”.

El accionante invoca que, en una causa anterior (CSS 61668/2016/1/CA2), efectuó reiteradas denuncias contra el magistrado recusado, quien-en su opinión- “violentó todos y cada uno de los derechos de defensa en juicio y del debido proceso objetivo”. Cabe destacar que dicha denuncia no fue considerada por la Corte Suprema, puesto que esta Alzada la desestimó ante el carácter genérico de sus expresiones y dicho pronunciamiento no fue recurrido por el Dr. Fernández Pastor, lo cual no torna viable, en mi opinión, la primera de las causales de recusación alegadas.

Ahora bien, el magistrado recusado, en su informe obrante a fs.1 de estos actuados, pone en evidencia una situación de alta tensión entre el Dr. Fernández Pastor y él, que lo llevó a denunciar al recusante ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a efectos de que fuese sancionado por el Tribunal de Disciplina de esa institución. Estimo que, ante esta situación no cabe hablar de enemistad ni de odio por parte del Dr. Strasser hacia el Dr. Fernández Pastor, pero sí resulta notorio un estado de resentimiento que desaconseja, atento la indudable importancia que los poderes públicos han asignado a la materia en disputa, que la presente causa sea tramitada ante los estrados del juzgado del Dr. Strasser.

Por ello, en caso de prosperar mi voto, correspondería hacer lugar a la recusación planteada en autos, con base en lo normado por el art. 17, inc.10), del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

El DR. RODOLFO M. MILANO DIJO:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Laclau.

EL DR. NESTOR A. FASCIOLO DIJO:

I.

El aquí actor recusa con causa a fs. 64vta. / 65vta. al Dr. Fernando Strasser, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social nro. 2, donde tramita la acción de amparo promovida con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.426 y del Dto. 1058/17, por las causales enunciadas en los incisos 6 y 10 del art. 17 del CPCCN.

En ambos casos, en apoyo de su petición alude a lo actuado en el “incidente nro. 1 de FERNANDEZ PASTOR, MIGUEL ANGEL Y OTROS en autos FERNANDEZ PASTOR MIGUEL ANTEL C/ANSES S/AMPAROS Y SUMARÍSIMOS”.

A fs. 1 obra el informe del sr. juez a quo previsto por el art. 26 del CPCCN.

II.

Adhiero a lo expresado por el Dr. Laclau en el segundo párrafo de sus considerandos, por lo que no ha de prosperar la recusación con causa contemplada por el art. 17 inc. 6 CPCCN.

III.

En relación a la causal del inc. 10 del art. 17 CPCCN., considero que lo actuado por el magistrado al imponerle -en esa causa- una sanción de prevención al letrado -aquí actor- y poner en conocimiento lo ocurrido al Colegio Público de Abogados para que intervenga el Tribunal de Disciplina y a la Cámara a los fines que estime corresponder, se enmarca en lo dispuesto por los arts. 35 y 36 CPCCN. y no cabe inferir de ello de manera directa y sin más la existencia de “enemistad, odio o resentimiento” del magistrado contra el recusante, lo que aquel descartó en su informe.

No obstante ello, al solo fin de descartar en el ánimo del demandante cualquier sospecha de “resentimiento” en su contra que pueda afectar el debido proceso y su derecho de defensa en juicio, es que habré de dar curso a la recusación fundada en este precepto, debiendo remitirse el expediente a Secretaría General a sus efectos (art. 28 CPCCN.). Así lo voto.

Por lo que resulta del acuerdo de la mayoría, el Tribunal

RESUELVE

Hacer lugar a la recusación planteada en autos, con base en lo normado por el art. 17, inc.10), del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Cópiese, protocolícese, notifíquese por cédula electrónica a la parte actora y al titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 2, Dr. Fernando Strasser, mediante oficio de estilo, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p.4 y conc.) y, oportunamente, remítase a la Secretaría General a sus efectos.

RODOLFO MARIO MILANO

JUEZ DE CAMARA

-SUBROGANTEANTE

NESTOR A. FASCIOLO

JUEZ DE CAMARA

MARTIN LACLAU

JUEZ DE CAMARA

ANTE MI:

ELOY A. NILSSON

SECRETARIO DE CAMARA

JAVIER B. PICONE

SECRETARIO DE CAMARA

 

Fuente: Editorial Erreius

El Código Civil y Comercial faculta la reducción de intereses abusivos

Juicio ejecutivo. Intereses. Capitalización mensual. Nulidad parcial. Reducción. Desproporción. Inequidad

Se modifican las pautas de capitalización mensual de los intereses fijados en la sentencia, atento a que lo resuelto en primera instancia al respecto arrojaba un resultado desmesurado e inequitativo para el deudor. Para decidir de este modo, el Tribunal utilizó la facultad de reducir intereses que le otorga el artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando la tasa dispuesta es abusiva o cuando existe una desproporción de los valores económicos.

BCRA c/Insaurralde, Hugo Oscar s/ejecutivo

Buenos Aires, 19 de octubre de 2017.

Y VISTOS

1. Apeló el ejecutado el decisorio de fs. 485 que rechazó dejar sin efecto la capitalización de intereses. Su memoria de fs. 489/491 fue respondida a fs. 493/496.

2. Este Tribunal sostuvo (con anterioridad a que rigiera la unificación de los códigos civil y comercial) que el control de los intereses excesivos atribuido a los tribunales tenían sustento en los arts. 502 y 953, CCiv., cuando ellos constituían una causa ilegítima de las obligaciones. Por ello y advertida esa circunstancia, correspondía reducirlos en términos de equidad, decretando la nulidad parcial de los intereses excesivos (CNCom., esta Sala, in re, “Banco Itaú Buen Ayre S.A. c/ Pino, Francisco y otro s/ ejecutivo”, 19-10- 16; y sus citas).

Prerrogativa actualmente regulada en el Código Civil y Comercial: 771, norma que permite a los magistrados reducir los réditos no solo cuando sea abusiva la tasa fijada sino también cuando su aplicación evidencia una clara desproporción de los valores económicos en juego y prescinde de la realidad económica, sin que obste a ello la existencia de sentencia firme que dispuso la aplicación de tales intereses, pues no es posible que -so pretexto de preservar la autoridad de lo decidido con carácter firme- se arribe a resultados que quiebren toda norma de razonabilidad y violenten los principios establecidos en el CCiv.: 953 y 1071 (arts. 279 y 10, CCyC -respect.-).

Porque en tales casos no habría violación de la cosa juzgada, sino -por el contrario- decisión de preservarla, evitándose que sea vulnerada mediante la alteración de la significación patrimonial de la condena dictada (Fallos 255:119; 245:429; 252:186; 270:335; 316:2054; 319:92). Así, cabe acatar la doctrina de la CSJN (in re, “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Cohen, Rafael y otro s/ ejecutivo”, 12-6-12) que descalificó la capitalización mensual de los intereses devengados de un saldo deudor de cuenta corriente bancaria cuando por su exorbitancia genera un resultado irrazonable.

3. De accederse a la pretensión actora (capitalización mensual de intereses) el capital revigorizado al 27-9-16 ascendería a $ 98.720,34 (v. fs. 461), lo que implica que la deuda se incremente en más de un 3.395% (tres mil trescientos noventa y cinco por ciento) -v. anexo 1-. En tal contexto, es evidente que el cálculo de los intereses arroja un resultado desproporcionado, siendo abusivos y usurarios.

Ello, por cuanto surge de la planilla que se aneja a esta resolución y que refleja el criterio de ajuste capitalizando intereses mensualmente, que la obligación del deudor se acrecienta a un límite inadecuado; y no es posible que, so pretexto de preservar la autoridad de lo decidido con carácter firme, se arribe a resultados que quiebren toda norma de razonabilidad, violentando los principios de los arts. 10 y 958, CCyC. Y la capitalización permanente dispuesta en esta causa llevaría a una consecuencia patrimonial equivalente a un despojo del deudor, cuya obligación no puede exceder el crédito actualizado, con un interés que no trascienda los límites referidos.

Se configura así una circunstancia excepcional que autoriza la adopción de remedios extraordinarios tendientes a conjurar una situación de manifiesta injusticia o inequidad, ya que de mantenerse la capitalización mensual de los intereses se estaría dando a la deuda un tratamiento financiero desproporcionado, respecto del rendimiento de cualquier otra actividad productiva o de prestación de servicios que pudiere emprenderse en el país, lo que no puede ser mantenido bajo el argumento de un supuesto respeto al principio de la cosa juzgada, a poco que se considere la inequidad a la que conduce la dilatada proyección en el tiempo de las pautas sentenciadas (CNCom., esta Sala, in re, “Banco del Buen Ayre S.A. c/ Sotelo, Jorge Horacio y otro s/ ejecutivo”, 19-5-17; y sus citas).

4. Sintetizando, el cálculo de intereses a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde la mora a la fecha de la resolución apelada arroja un resultado desmesurado, si se procede a su capitalización por todo ese lapso, por lo que se impone la modificación de las pautas de repotenciación fijadas en primera instancia en términos de equidad (CNCom., esta Sala, in re, “Vélez, Miguel Ángel c/ Gómez, Javier Adolfo y otros s/ ejecución prendaria”, 8-5-15; y sus citas).

Así, se admitirán los réditos condenados en tanto no excedan el límite máximo que cabe asumir (con base en los arts. 768, 769, 771 y 794, CCyC) de dos veces y media -2 y 1/2- la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días, teniendo en cuenta el entonces vigente contexto económico-financiero en el que se desenvolvió la realidad negocial de nuestro país (CNCom., esta Sala, in re, “Beittia, Jorge O. s/ quiebra s/ incidente de revisión por Banco de la Provincia de Buenos Aires”, 25- 10-06; y sus citas, entre otros).

5. Se estima el recurso de fs. 487 y se modifica la resolución atacada en los términos expuestos, con costas de ambas instancias a la accionante vencida (arts. 68 y 279, CPCCN).

6. Notifíquese por Secretaría del Tribunal, conforme Acordadas n° 31/11 y 38/13 CSJN.

7. Oportunamente cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada n° 15/13 CSJN, y devuélvase al Juzgado de origen.

8. La Sra. Juez Dra. Ana I. Piaggi no interviene por hallarse en uso de licencia (Art. 109 RJN).

MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO

MATILDE E. BALLERINI

 

Fuente: Editorial Erreius

Juicio ejecutivo. Excepción de inhabilidad de título. Abuso de firma en blanco

Juicio ejecutivo. Excepción de inhabilidad de título. Abuso de firma en blanco. Causa de la obligación

Se confirma el rechazo de la excepción de inhabilidad de título, pues los pagarés ejecutados cumplen con todos los requisitos que establece la normativa, incluida la promesa pura y simple de pagar una suma determinada.

Se destaca que la indicación de la causa que motivó el libramiento de la cambial no es uno de los requisitos que regula la normativa a efectos de la habilidad de los documentos, por lo que no cabe más que rechazar las quejas que hacen a dicha cuestión.

Ayala, Blima Alcira c/Gomila, Alberto Ramón s/ejecutivo

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2017.

Y VISTOS

1. El ejecutado apeló la resolución de fs. 54/55, que denegó sus excepciones. Su memoria de fs. 59/60 fue contestada a fs. 63.

2. El apelante se agravió de que el Magistrado no admitiera su defensa en razón de la falta de indicación de la causa de libramiento de los pagarés. Se quejó también de que no se permitiera la realización de la prueba pericial caligráfica mediante la cual pretendió acreditar el llenado de los títulos, ni que se considerara la falta de claridad respecto de la cantidad adeudada.

La indicación de la causa que motivó el libramiento de la cambial no es uno de los requisitos que regula la normativa a efectos de la habilidad de los documentos, por lo que no cabe más que rechazar las quejas que hacen a dicha cuestión.

La intención de indagar el aspecto causal de la obligación, conforme pacífica doctrina y jurisprudencia, y los hechos que hacen a la llamada “causa” del título cuya ejecución se persigue, no pueden considerarse en el juicio ejecutivo. Ello solo podrá invocarse y probarse en el juicio de conocimiento posterior (CNCom., esta Sala, in re “Hernández, José Luis c/ Perone Héctor s/ ejecutivo”, del 29.05.98; idem in re “Servicios de Viajes y Turismo Biblos S.A. c/ Green Land Travel S.A. s/ ejecutivo” del 04.07.06).

Igual suerte desestimatoria correrán el resto de sus quejas.

Conforme se ha dicho de manera reiterada, la apertura a prueba de las excepciones en juicio ejecutivo es una facultad privativa del juez de la causa (CNCom., esta Sala in re «Dearti de Torres c/ Repetto s/ ejec.» del 24/03/81; idem in re «Paredes, Carlos c/ Todarello, Francisca» del 22/06/82; idem in re «López, Juan c/ Angélica, Daniel» del 05/07/82); y en el caso fue procedente para resolver las defensas opuestas y oportunamente ofrecida por la ejecutante en virtud de lo normado por el Cpr. 547, segundo párrafo.

La argumentación de que los pagarés ejecutados fueron firmados en blanco y luego completados por la ejecutante, es inidónea para sustentar la excepción en examen y no justifica la recepción a prueba de la causa. La indagación procurada con fundamento en el abuso de firma en blanco es improponible en el juicio ejecutivo; cuyo ámbito de conocimiento debe ceñirse a las formas extrínsecas de los documentos, so pena de desvirtuar la prohibición del art. 544, inc. 4 del Cpr. (CNCom. esta Sala in re «Cooperativa de Crédito Vivienda y Consumo Arba Ltda. C/ Le Novo S.R.L y otro s/ ejecutivo», del 19.10.93, idem in re «Gómez Susana c/ Madero Juan Manuel s/ ejecutivo», del 09.03.98; idem in re «Galloti, Enrique c/ Canopol S.R.L. s/ ejecutivo» del 14.11.07).

Los pagarés cuyas copias corren a fs. 7/10 cumplen con todos los requisitos que establece la normativa, incluida la promesa pura y simple de pagar una suma determinada, lo que impone el rechazo de las pretensiones del recurrente.

3. Por lo expuesto, se rechaza el recurso de fs. 57 y se confirma la resolución de fs. 54/55, con costas al ejecutado por resultar vencido (Cpr. 69).

4. Notifíquese por Secretaría del Tribunal, conforme Acordadas n° 31/11 y 38/13 CSJN.

5. Oportunamente cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada n° 15/13 CSJN, y devuélvase al Juzgado de origen.

6. La Sra. Juez Dra. Ana I. Piaggi no interviene por hallarse en uso de licencia (Art. 109 RJN).

MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO

MATILDE E. BALLERINI

 

Fuente: Editorial Erreius

Es improcedente prorrogar la competencia en razón de la materia

Ejecución hipotecaria. Competencia. Justicia Nacional en lo Civil. En razón de materia. Orden público

Se resuelve que resulta competente la Justicia Nacional en lo Civil para entender en una ejecución hipotecaria, pues a pesar de que las partes fijaron en el mutuo someterse a la competencia y jurisdicción de los Tribunales Comerciales de la Ciudad, la redacción de dicha cláusula resulta defectuosa en cuanto parece pretender prorrogar la competencia en razón de la materia, lo cual es improcedente, pues la misma es de orden público y, por ende, improrrogable.

Sucursal de Citibank N.A. Est. En la R.A. c/Luis y Miguel Zanniello S.A. s/ejecución hipotecaria

Buenos Aires, diciembre 19 de 2017.

Y VISTOS: CONSIDERANDO

Estos autos fueron elevados en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 423 por la parte actora contra el pronunciamiento de fs. 419/421 en mediante el cual el señor Juez aquo admitió la excepción de incompetencia planteada por el ejecutado y ordenó la remisión de las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. A fs. 425/429 obra el memorial cuyo traslado fue contestado a fs. 431/433. A fs. 437 obra el dictamen del Señor Fiscal de Cámara quien propicia la revocación de la resolución apelada.

Conforme surge del escrito de inicio y demás constancias de autos el Banco le otorgó a Luis y Miguel Zaniello S.A. un préstamo por la cantidad de $18.700.000. En garantía de la deuda contraída la parte demandada gravó con derecho real de hipoteca a favor del acreedor dos inmuebles cuya ejecución se persigue en estas actuaciones.

En cuanto a la determinación de la competencia en razón de la materia, esta Sala debe poner de manifiesto que comparte el criterio sustentado por el Sr. Fiscal de Cámara en el fundado dictamen que en autos agregara.

Es principio doctrinario, legislativo y jurisprudencial que la competencia en razón de la materia es de orden público, improrrogable y susceptible de ser declarada de oficio su incompetencia por el órgano judicial.

Es útil señalar que las reglas atribuidas de la competencia en razón de la materia tienen por fin asegurar la mejor eficacia y funcionamiento del servicio de justicia con fundamento en el interés general, y son de orden público (conf. CNCiv. esta Sala en R.485.767, “Degreef, Luciano Adrián c/ C&A Argentina SCS s/acción declarativa” del 12/11/07).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que dado que la competencia por razón de la materia es improrrogable, resulta inconducente estudiar el problema desde la perspectiva de la jurisdicción comercial convenida por las partes (CSJN, Fallos 314:100).

En el caso de autos las partes al momento de constituirse el negocio jurídico base de la presente ejecución fijaron, en el Sección XXI – Varios del mutuo (ver Anexo II de la documental reservada), que se sometían a la competencia y jurisdicción de los Tribunales Comerciales de esta Ciudad. Ahora bien, la redacción de esa cláusula resulta defectuosa en cuanto pareciera pretender prorrogar la competencia en razón de la materia, extremo que resulta a todas luces improcedente por tratarse de una cuestión de orden público.

En efecto, este Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades el criterio conforme al cual es la Justicia Nacional en lo Civil la competente para entender en procesos de ejecución de mutuos con garantía real de hipoteca (Conf. CNCiv., esta Sala en Expte. n° 63.388/2013 del 24/4/14 y sus citas).

En virtud de lo hasta aquí expuesto y de conformidad con lo dictaminado por el Señor Fiscal de Cámara,

SE RESUELVE

Revocar la resolución de fs. 419/421 en todo cuanto decide y, en consecuencia corresponde que las actuaciones continúen tramitando por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 60. Con costas (arts. 68 y 69 del Código Procesal).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

José Luis Galmarini

Eduardo A. Zannoni

Fernando Posse Saguier

 

 

Fuente: Editorial Erreius