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Procedimiento simplificado para la intervención de Diplomas, Certificados Analíticos y demás certificaciones universitarias

Nuevo sistema de certificaciones efectivo en tiempo real respetando el principio de economía procedimental, evitando demoras innecesarias y permitiendo el acceso a los diplomas por parte de los graduados, de modo que puedan ejercer sus profesiones sin dilaciones.

Se aprueba el Procedimiento Simplificado para la Intervención de Diplomas, Certificados Analíticos y Demás Certificaciones Universitarias que emiten las universidades e institutos universitarios de gestión pública y privada integrantes del Sistema Universitario Nacional, que consiste en un sistema de certificaciones efectivo en tiempo real respetando el principio de economía procedimental, evitando demoras innecesarias y permitiendo el acceso a los diplomas por parte de los graduados, de modo que puedan ejercer sus profesiones sin dilaciones.

RESOLUCIÓN 231-E/2018

VISTO

Los artículos 40, 41 y 42 de la Ley Nº 24.521 de Educación Superior, los artículos 3° y 4° de la Resolución Ministerial N° 1669 de fecha 17 de diciembre de 1996; el Título I “Organización de las Carreras y Expedición de los Diplomas” y el Título IV “De los Diplomas y/o Certificados” de la Resolución Ministerial N° 2385 de fecha 9 de setiembre de 2015, las Resoluciones Ministeriales Nros. 2405 de fecha 12 de mayo de 2017; 3322 de fecha 29 de agosto de 2017 y 3723 de fecha 5 de octubre de 2017 y el Anexo II de la Resolución Conjunta del entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES, MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 1- E/2017 de fecha 12 de abril de 2017; las Disposiciones DNGU Nros. 21 de fecha 3 de noviembre de 2009; 22 de fecha 4 de noviembre de 2009; 10 de fecha 16 de noviembre de 2016; 9 de fecha 15 de agosto de 2017; 18 de fecha 21 de setiembre de 2017 y el Expediente N° EX-2017-23922022-APN-DNGU#ME, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 40 de la Ley N° 24.521 de Educación Superior establece que los títulos universitarios deberán ser expedidos en un plazo no mayor a los CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir del inicio del trámite de solicitud del título, por lo que corresponde generar los marcos que faciliten el acceso a la expedición del diploma a los graduados en las condiciones y plazos de ley.

Que el reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional de los títulos que expiden las instituciones universitarias es otorgada por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN conforme a lo establecido por el artículo 41 de la Ley N° 24.521 de Educación Superior.

Que los títulos universitarios oficialmente reconocidos certificarán la formación recibida y habilitarán para el ejercicio profesional en todo el territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponde a las jurisdicciones.

Que las instituciones universitarias presentan ante esta DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA (DNGU) los diplomas y certificados analíticos finales de estudios emitidos por ellas para la intervención de los mismos.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA (DNGU) interviene los títulos de acuerdo a lo resuelto en el artículo 3° de la Resolución Ministerial N° 1669 de fecha 17 de diciembre de 1996.

Que la Resolución Ministerial N° 2385 de fecha 9 de setiembre de 2015 aprobó el documento “Régimen de Organización de Carreras, Otorgamiento de Títulos y Expedición de Diplomas”.

Que el Título I “Organización de las Carreras y Expedición de los Diplomas” y el Título IV “De los Diplomas y/o Certificados” de la citada Resolución brindan pautas respecto al otorgamiento de títulos y expedición de los diplomas que expiden las instituciones universitarias que integran el Sistema Universitario Nacional.

Que conforme a la Disposición DNGU N° 21 de fecha 3 de noviembre de 2009, se aprobó el Sistema Informático de Certificaciones (SICEr).

Que mediante Disposición DNGU N° 22 de fecha 4 de noviembre de 2009 se establecen requisitos mínimos en los diplomas y certificados analíticos para ser intervenidos.

Que por Disposición DNGU N° 10 de fecha 16 de noviembre de 2016 se dispuso que los certificados analíticos que expidan las instituciones universitarias deberán hacer mención expresa del título previo al ingreso a la carrera, que habilitó al interesado para cursar sus estudios.

Que, asimismo, la citada disposición determinó que los diplomas y certificados analíticos deberán contener los datos de la Resolución Ministerial que diera reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al título obtenido.

Que el artículo 14 de la Resolución Ministerial N° 2385/15 determina que los diplomas y certificados que expiden las instituciones serán intervenidos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA mediante el Sistema Informático para Certificaciones (SICEr).

Que el artículo 3° de la Resolución Ministerial N° 2405 de fecha 12 de mayo de 2017 resolvió que las instituciones deben gestionar la intervención de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA mediante el SISTEMA INFORMÁTICO DE CERTIFICACIONES -SICEr-, con sus respectivas obleas de seguridad, a los fines de la certificación de las firmas de las autoridades universitarias que suscribieron el CERTIFICADO ANALÍTICO continente del SUPLEMENTO AL TÍTULO UNIVERSITARIO.

Que asimismo, la Resolución Ministerial N° 3322 de fecha 29 de agosto de 2017 generó la posibilidad para que dentro del marco del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico de Educación Superior se expida la Certificación Académica o Pasaporte RTF (Reconocimiento de Trayecto de Formación), que también es autenticado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA.

Que el artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 3723 de fecha 5 de octubre de 2017 creó el REGISTRO PÚBLICO DE GRADUADOS UNIVERSITARIOS de acuerdo a los lineamientos fijados en su Anexo (IF-2017-15033291-APN-DNGU#ME), el que se plantea como última instancia del proceso de intervención, por parte de este Ministerio, de diplomas y certificados expedidos por las instituciones integrantes del Sistema Universitario Nacional.

Que la Resolución Conjunta del entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES, MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 1-E/2017 de fecha 12 de abril de 2017 aprobó en su Anexo II parte del procedimiento de legalización de títulos, certificados analíticos y demás certificaciones emitidas por las instituciones universitarias.

Que el artículo 3° del Anexo II de la citada Resolución Conjunta estableció que los títulos, certificados analíticos y demás certificaciones universitarias emitidas con posterioridad al 1º de enero de 2012 deben ser presentadas por las instituciones ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA para su correspondiente verificación y autenticidad.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA viene implementando sucesivas y constantes medidas tendientes a superar las deficiencias detectadas en los sistemas organizativos e informáticos, como el escaso uso de las herramientas de la tecnología de la información y de la comunicación; a reemplazar las bases obsoletas desarrolladas por la anterior gestión y a implementar medidas que contribuyan a la despapelización de los procesos, garantizando seguridad y agilidad.

Que el procedimiento reglamentario que por la presente se aprueba, responde a la necesidad de generar un sistema de certificaciones de diplomas, certificados analíticos y demás certificaciones universitarias efectivo en tiempo real respetando el principio de economía procedimental, evitando demoras innecesarias y permitiendo el acceso a los diplomas por parte de los graduados de modo que puedan ejercer sus profesiones sin dilaciones.

Que por otro lado, el actual procedimiento obliga a las instituciones a dar ingreso de toda la documentación a certificar a la sede de este Ministerio, cita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que no solo importa una centralización administrativa absurda, sino que también conlleva, tanto agregar tiempo en estas tramitaciones, como así también asignación de enormes recursos a las instituciones universitarias, particularmente, a las que tienen asiento en el interior de nuestro país en transporte, gestoría, etcétera.

Que considerando que la implementación de este moderno procedimiento de certificación exige en algunos casos adecuación de normativa interna de parte de las instituciones universitarias, como así también la incorporación o adaptación de tecnología, corresponde el establecimiento de un período de transición de SEIS (6) meses durante el cual continuará vigente el actual sistema, lo que no será de impedimento para que las instituciones que se hallen en condiciones lo puedan hacer en un menor plazo de tiempo.

Que la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 23 quater inciso 12) de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992) y sus modificatorias.

Por ello;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

Art. 1 – Aprobar el “PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA LA INTERVENCIÓN DE DIPLOMAS, CERTIFICADOS ANALÍTICOS Y DEMÁS CERTIFICACIONES UNIVERSITARIAS” que emiten las universidades e institutos universitarios de gestión pública y privada integrantes del Sistema Universitario Nacional que como ANEXO (IF-2017-30740979-APN-DNGU#ME) forma parte de la presente.

Art. 2- Establecer que el actual sistema de certificaciones a cargo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA, al momento de emitirse esta Resolución, continuará vigente por un período de SEIS (6) meses a partir de la publicación de la presente en el BOLETÍN OFICIAL, al cabo del cual el único procedimiento para la intervención de diplomas, certificados analíticos y demás certificaciones universitarias, será el procedimiento aprobado en el artículo precedente de la presente Resolución.

Art. 3 – Establecer que las instituciones universitarias que voluntariamente deseen tramitar la intervención por parte de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA de los diplomas, certificados analíticos y demás certificaciones universitarias, mediante el “PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA LA INTERVENCIÓN DE DIPLOMAS Y CERTIFICADOS ANALÍTICOS” podrán realizarlo a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL para las intervenciones de diplomas, certificados analíticos y demás certificaciones universitarias que se inicien a partir de esa fecha.

Art. 4 – Facultar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA a dictar las normas aclaratorias y reglamentarias que permitan la mejor ejecución de la presente Resolución, previa intervención de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Art. 5 – Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 1669 de fecha 17 de diciembre de 1996, y toda otra norma de igual o inferior jerarquía que se oponga a lo previsto en la presente.

Art. 6 – De forma.

ANEXO

Acercamos el anexo de la RESOLUCIÓN 231-E/2018 en formato pdf.

 

Fuente: Editorial Erreius

Explican los alcances de los reclamos por daño moral en casos de despido discriminatorio

La Corte Suprema emitió un fallo que ordena abonar un resarcimiento adicional al del contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo. Puntos destacados de la resolución

Ante la ausencia de una normativa específica en el derecho laboral sobre el despido discriminatorio se ha planteado la vinculación normativa de la Ley 23.592, norma general que prohíbe la discriminación, con la regulación del contrato de trabajo.

Dicha norma de alcance general que se aplica a cualquier rama del Derecho, ya que no fue diseñada para ninguna disciplina específica. Es que los bienes jurídicos tutelados por la norma -derecho a un trato igual y a no ser discriminado- constituyen derechos fundamentales y tienen protección supralegal.

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) admite el despido declarado por el empleador, sin expresión de justa causa, como acto válido y eficaz para extinguir la relación laboral y le impone el pago de una indemnización tarifada por despido que resarce el daño producido por la privación del empleo.

Pero hay ciertos casos en que los trabajadores desvinculados (exceptuando a los representantes gremiales y empleados públicos que tienen otro régimen) solicitan que, además, se les pague un resarcimiento adicional por daño moral originado en un acto considerado discriminatorio. Además, tienen la posibilidad de pedir que se lo reinstale en sus puestos.

En ese punto, la Corte Suprema, con los votos de Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, revocó dos fallos del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba que habían rechazado reclamos de indemnización especial por despido discriminatorio.

En el 2006, Ricardo Farrell y Nicolás Bibby participaron, junto con 54 compañeros de trabajo, en una reunión en la que los trabajadores decidieron presentarle una nota a su empleadora para que evaluara la posibilidad de otorgar un aumento salarial al personal jerárquico fuera de convenio. A los pocos días ambos fueron despedidos.

La empresa, propietaria de una cadena de supermercados, adujo como causa de los despidos el supuesto incumplimiento de objetivos comerciales de ventas.

Pero esos dos dependientes (que ocupaban cargos gerenciales) demandaron judicialmente las indemnizaciones laborales por despido injustificado, alegando que, en realidad, se trataba de una represalia por el reclamo salarial.

Solicitaron que se los reincorporen y, además, les paguen una indemnización civil adicional por el daño moral que les provocó la conducta discriminatoria asumida por la empresa.

La justicia cordobesa, si bien hizo lugar a las indemnizaciones laborales por despido, rechazó los reclamos por daño moral señalando que la conducta discriminatoria reprochada no surgía del acto mismo del despido, ni del contexto fáctico que había rodeado a las desvinculaciones.

Pero para la Corte Suprema era irrelevante el hecho de que la conducta discriminatoria no surgiera de lo expresado por la empresa en los telegramas de despido.

En ese sentido, el máximo tribunal explicó que la discriminación se caracteriza por constituir una conducta solapada, oculta o encubierta, que no es reconocida por quien la ejecuta y, por lo tanto, es muy improbable que surja de los términos del telegrama que se envía para comunicar el fin de una relación laboral.

Por el contrario, correspondía tener en cuenta que durante el trámite de ambos juicios se aportaron numerosas pruebas que evidenciaban que los despidos fueron una represalia de la patronal ante el reclamo salarial.

Las pruebas indicaban el malestar que la petición de los trabajadores había generado en los altos mandos de la compañía, que los despidos habían sido comunicados por e-mail a todas las sucursales, lo cual era inusual en la empresa, y que, ocurridos los despidos, se frenó todo el reclamo porque había mucho miedo y nadie se animó a tocar el tema.

Es decir, la causal del despido fue “disuadir al resto del personal jerárquico para que no formulara reclamos tendientes a obtener un incremento salarial”.

Alcances del fallo

El abogado laboralista Juan Carlos Cerutti le dijo a Erreius que el primer gran error de la empresa en el caso analizado se dio en invocar una falsa causa para despedir a los fines de evitar el pago de la indemnización.

Ante esa situación, les gerentes desvinculados reclamaron, tanto el resarcimiento por despido (arts. 245, 232 y 233 de la LCT), además de los daños y perjuicios originados por el acto discriminatorio.

Está clarísimo que en el hecho puntual hubo un ardid de parte de la empresa que es ilegal tanto en lo laboral como en lo civil”, agregó el experto.

No está permitido despedir en forma discriminatoria y en el caso se probó que fue ante un reclamo y no se puede silenciar o prohibir los mismos. Se los trato diferente a estos dos respecto del resto y fue por su acción de reclamar”, indicó Cerutti a Erreius.

Ahora bien, si bien resultaría peligroso que a todos los reclamos por indemnización laborales les sume el de discriminación, lo cierto que no es el caso”, indicó.

La Corte ahora mandó a fallar que la Cámara establezca el monto de los daños y será allí, cuando se verá si aquel guarda proporcionalidad con los hechos.

Debería evitarse que en los juicios por despido se agregue el de discriminación o del de daño, salvo casos muy puntuales o exagerados como es el caso”, concluyó.

En situaciones especiales, la norma laboral ha dispuesto la nulidad del despido, como en el caso del despido del representante gremial, cuando no exista una resolución judicial previa que lo excluya de la garantía de estabilidad en el empleo (Ley 23551, artículos 48, 52 y concordantes) Pero fuera de los supuestos especialmente contemplados, en el ámbito de las normas laborales, el despido sin causa es válido sin perjuicio de que en algunos casos se imponga una indemnización agravada (como el despido por causa de embarazo o maternidad, o por causa de matrimonio contemplados en la LCT).

De todas maneras, en estos últimos casos también suele haber casos en que se reclama la reincorporación o el pago de un resarcimiento adicional por el trato discriminatorio sufrido. Luego la Justicia analiza cada caso concreto.

 

 

Fuente: Editorial Erreius

Cuentas sueldo. Cierre de cuentas de forma no presencial

El cierre de las cuentas sueldo deberá ser comunicado por el empleador o por el trabajador cuando la apertura haya sido tramitada por el empleador

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), mediante la Comunicación “A” 6448, del 2/2/2018, informa que el cierre de las cuentas sueldo deberá ser comunicado por el empleador o por el trabajador cuando la apertura haya sido tramitada por el empleador. En el caso de que dicha apertura haya sido solicitada por el trabajador, el cierre deberá ser comunicado exclusivamente por este último.

En ambos casos, el trabajador podrá utilizar mecanismos electrónicos de comunicación, eficaces e inmediatos, que permitan el cierre de la cuenta en un solo acto (tales como correo electrónico, telefonía, banca por Internet -“home banking”-, cajeros automáticos y terminales de autoservicio).

Acceda a la Comunicación (BCRA) “A” 6448.

 

Fuente: Editorial Erreius

La obligación alimentaria constituye una obligación de valor no alcanzada por el régimen de la L.23928

Alimentos. Hijos menores. Homologación de acuerdo. Actuación de la cuota alimentaria. Obligación de valor. Ley 23.928
Se revoca parcialmente la sentencia apelada y se homologa la totalidad del convenio de alimentos concertado entre las partes a favor de sus hijas menores, incluida la pactada actualización semestral automática de la cuota alimentaria, conforme al promedio del índice del costo de vida del INDEC o del índice del costo de construcción. Ello así, al juzgarse que la obligación alimentaria es una obligación de valor y, como tal, no se encuentra alcanzada por el régimen establecido en la ley 23928.

L., A. A. c/C., R. G. s/alimentos

En la ciudad de Junín, a los 14 días del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, GASTON MARIO VOLTA Y JUAN JOSE GUARDIOLA, en causa nº ZRO-54401-2017 caratulada: “L., A. A. C/C., R. G. S/ALIMENTOS”, a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Castro Durán, Volta y Guardiola.-

La Cámara planteó las siguientes cuestiones:

1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Castro Durán dijo:

I- A fs. 118/119 el Sr. Juez titular del Juzgado de Paz Letrado de Rojas, Dr. Luciano Jorge Caligari, dictó sentencia, por la cual, si bien homologó la cuota alimentaria mensual pactada por la accionante y el demandado, en beneficio de las hijas menores de edad de ambos; en lo que al recurso deducido interesa, aludiendo a un impedimento legal, denegó la homologación del punto referido a la actualización semestral automática de dicha cuota alimentaria, conforme al promedio del índice del costo de vida del INDEC o del índice del costo de construcción.

II- Contra este pronunciamiento, el demandado dedujo apelación a fs. 125; recurso que, concedido en relación y con efecto devolutivo, recibió fundamentación por vía del memorial agregado a fs. 127/130.

En dicha presentación, el apelante se agravió por la desestimación de la homologación del punto referido a la actualización semestral automática de la cuota alimentaria, solicitando que se revoque dicha decisión y se proceda a la homologación total de la cláusula segunda.

Inicialmente adujo que el “a quo” no expresó cuál es el impedimento legal que obsta a la homologación denegada, por lo que la decisión no se encuentra debidamente fundada.

Seguidamente, especuló que si tal impedimento fuera la prohibición de actualización de las deudas dinerarias establecida en el artículo 7 de la ley 23.928, dicha prohibición no resulta aplicable en autos, puesto que la obligación alimentaria es una deuda de valor que resulta ajena al régimen de dicha ley, que sólo contempla las deudas dinerarias.

III- Corrido traslado del memorial reseñado precedentemente, la parte actora guardó silencio; luego de lo cual, el expediente fue remitido a esta Cámara, donde, previo dictamen del Asesor de Incapaces encaminado a la recepción de la apelación deducida, se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a las presentes actuaciones en condiciones de resolver.

IV- En tal labor, comienzo por señalar que coincido con la apelante en cuanto que la obligación alimentaria constituye una obligación de valor, ya que su objeto no es la entrega de una suma de dinero (como ocurre en las obligaciones de dar dinero), sino una prestación que alcance para la satisfacción de las necesidades del alimentado.

Tan es así que la prestación alimentaria puede ser cumplida en especie o mediante la entrega de una suma de dinero que alcance para cubrir las necesidades del beneficiario, pero que no constituye el objeto de la obligación, sino que es el modo de pago de la misma.

Para fijar la suma de dinero erigida en modo de pago de la obligación alimentaria, debe tomarse en cuenta el costo real de las erogaciones a realizar para brindar satisfacción a las necesidades del alimentado (arts. 659 y 772 CCyC).

En claro que la obligación alimentaria es de valor (conf. Claudio A. Belluscio, “Actualización de los alimentos según el costo de vida”, págs. 29/33; Federico A. Ossola, “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado – Director: Ricardo Luis Lorenzatti”, Tomo V, pág. 156; Adrián R. Ventura y Marta N. Stilerman, “Alimentos”, pág. 25), cabe señalar que este tipo de obligaciones no se encuentran alcanzadas por el régimen establecido en la ley 23.928.

Llego a esta conclusión, valorando que el artículo 7 de dicha ley, en la parte pertinente, establece que “El deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley…”.

Es decir, el artículo transcripto alude expresamente a las obligaciones de dar sumas determinadas de dinero (art. 765 CCyC), las que resultan ontológicamente distintas de las obligaciones de valor; por lo que no corresponde extender a éstas, la prohibición que rige respecto de aquellas (art. 2 CCyC).

V- Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo:

I)- Receptar el recurso de apelación deducido a fs. 125 por el demandado; y en consecuencia, modificar la sentencia de fs. 118/119, disponiendo la homologación total de la cláusula segunda del acuerdo transaccional agregado a fs. 113/114vta., incluida la actualización semestral automática de la cuota alimentaria allí pactada (arts. 2, 659, 765, 772 CCyC; y 7 ley 23.928).

II)- Las costas de Alzada se imponen en el orden causado, atento a la falta de oposición de la parte actora (art. 68 CPC); difiriéndose la regulación de los honorarios de la Dra. María Virginia Aloé, para la oportunidad en que estén regulados los honorarios de primera instancia (art. 31 dec.ley 8904).

ASI LO VOTO.

Los Señores Jueces Doctores Volta y Guardiola, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-

A LA SEGUNDA CUESTION el Señor Juez Dr. Castro Durán, dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC, corresponde:

I)- Receptar el recurso de apelación deducido a fs. 125 por el demandado; y en consecuencia, modificar la sentencia de fs. 118/119, disponiendo la homologación total de la cláusula segunda del acuerdo transaccional agregado a fs. 113/114vta., incluida la actualización semestral automática de la cuota alimentaria allí pactada (arts. 2, 659, 765, 772 CCyC; y 7 ley 23.928).

II)- Las costas de Alzada se imponen en el orden causado, atento a la falta de oposición de la parte actora (art. 68 CPC); difiriéndose la regulación de los honorarios de la Dra. María Virginia Aloé, para la oportunidad en que estén regulados los honorarios de primera instancia (art. 31 dec.ley 8904).

ASI VOTO.

Los Señores Jueces Dres. Volta y Guardiola, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.

Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí:

FDO. DRES. RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, GASTON MARIO VOLTA Y JUAN JOSE GUARDIOLA, ANTE MI, DRA. MARIA. V. ZUZA (Secretaria).-

//NIN, 14 de Diciembre de 2017.-

AUTOS Y VISTOS

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC,

SE RESUELVE

I)- Receptar el recurso de apelación deducido a fs. 125 por el demandado; y en consecuencia, modificar la sentencia de fs. 118/119, disponiendo la homologación total de la cláusula segunda del acuerdo transaccional agregado a fs. 113/114vta., incluida la actualización semestral automática de la cuota alimentaria allí pactada (arts. 2, 659, 765, 772 CCyC; y 7 ley 23.928).

II)- Las costas de Alzada se imponen en el orden causado, atento a la falta de oposición de la parte actora (art. 68 CPC); difiriéndose la regulación de los honorarios de la Dra. María Virginia Aloé, para la oportunidad en que estén regulados los honorarios de primera instancia (art. 31 dec.ley 8904).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen.-

FDO. DRES. RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, GASTON MARIO VOLTA Y JUAN JOSE GUARDIOLA, ANTE MI, DRA. MARIA. V. ZUZA (Secretaria).-

 

Fuente: Editorial Erreius