Explican los alcances de los reclamos por daño moral en casos de despido discriminatorio

La Corte Suprema emitió un fallo que ordena abonar un resarcimiento adicional al del contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo. Puntos destacados de la resolución

Ante la ausencia de una normativa específica en el derecho laboral sobre el despido discriminatorio se ha planteado la vinculación normativa de la Ley 23.592, norma general que prohíbe la discriminación, con la regulación del contrato de trabajo.

Dicha norma de alcance general que se aplica a cualquier rama del Derecho, ya que no fue diseñada para ninguna disciplina específica. Es que los bienes jurídicos tutelados por la norma -derecho a un trato igual y a no ser discriminado- constituyen derechos fundamentales y tienen protección supralegal.

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) admite el despido declarado por el empleador, sin expresión de justa causa, como acto válido y eficaz para extinguir la relación laboral y le impone el pago de una indemnización tarifada por despido que resarce el daño producido por la privación del empleo.

Pero hay ciertos casos en que los trabajadores desvinculados (exceptuando a los representantes gremiales y empleados públicos que tienen otro régimen) solicitan que, además, se les pague un resarcimiento adicional por daño moral originado en un acto considerado discriminatorio. Además, tienen la posibilidad de pedir que se lo reinstale en sus puestos.

En ese punto, la Corte Suprema, con los votos de Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, revocó dos fallos del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba que habían rechazado reclamos de indemnización especial por despido discriminatorio.

En el 2006, Ricardo Farrell y Nicolás Bibby participaron, junto con 54 compañeros de trabajo, en una reunión en la que los trabajadores decidieron presentarle una nota a su empleadora para que evaluara la posibilidad de otorgar un aumento salarial al personal jerárquico fuera de convenio. A los pocos días ambos fueron despedidos.

La empresa, propietaria de una cadena de supermercados, adujo como causa de los despidos el supuesto incumplimiento de objetivos comerciales de ventas.

Pero esos dos dependientes (que ocupaban cargos gerenciales) demandaron judicialmente las indemnizaciones laborales por despido injustificado, alegando que, en realidad, se trataba de una represalia por el reclamo salarial.

Solicitaron que se los reincorporen y, además, les paguen una indemnización civil adicional por el daño moral que les provocó la conducta discriminatoria asumida por la empresa.

La justicia cordobesa, si bien hizo lugar a las indemnizaciones laborales por despido, rechazó los reclamos por daño moral señalando que la conducta discriminatoria reprochada no surgía del acto mismo del despido, ni del contexto fáctico que había rodeado a las desvinculaciones.

Pero para la Corte Suprema era irrelevante el hecho de que la conducta discriminatoria no surgiera de lo expresado por la empresa en los telegramas de despido.

En ese sentido, el máximo tribunal explicó que la discriminación se caracteriza por constituir una conducta solapada, oculta o encubierta, que no es reconocida por quien la ejecuta y, por lo tanto, es muy improbable que surja de los términos del telegrama que se envía para comunicar el fin de una relación laboral.

Por el contrario, correspondía tener en cuenta que durante el trámite de ambos juicios se aportaron numerosas pruebas que evidenciaban que los despidos fueron una represalia de la patronal ante el reclamo salarial.

Las pruebas indicaban el malestar que la petición de los trabajadores había generado en los altos mandos de la compañía, que los despidos habían sido comunicados por e-mail a todas las sucursales, lo cual era inusual en la empresa, y que, ocurridos los despidos, se frenó todo el reclamo porque había mucho miedo y nadie se animó a tocar el tema.

Es decir, la causal del despido fue “disuadir al resto del personal jerárquico para que no formulara reclamos tendientes a obtener un incremento salarial”.

Alcances del fallo

El abogado laboralista Juan Carlos Cerutti le dijo a Erreius que el primer gran error de la empresa en el caso analizado se dio en invocar una falsa causa para despedir a los fines de evitar el pago de la indemnización.

Ante esa situación, les gerentes desvinculados reclamaron, tanto el resarcimiento por despido (arts. 245, 232 y 233 de la LCT), además de los daños y perjuicios originados por el acto discriminatorio.

Está clarísimo que en el hecho puntual hubo un ardid de parte de la empresa que es ilegal tanto en lo laboral como en lo civil”, agregó el experto.

No está permitido despedir en forma discriminatoria y en el caso se probó que fue ante un reclamo y no se puede silenciar o prohibir los mismos. Se los trato diferente a estos dos respecto del resto y fue por su acción de reclamar”, indicó Cerutti a Erreius.

Ahora bien, si bien resultaría peligroso que a todos los reclamos por indemnización laborales les sume el de discriminación, lo cierto que no es el caso”, indicó.

La Corte ahora mandó a fallar que la Cámara establezca el monto de los daños y será allí, cuando se verá si aquel guarda proporcionalidad con los hechos.

Debería evitarse que en los juicios por despido se agregue el de discriminación o del de daño, salvo casos muy puntuales o exagerados como es el caso”, concluyó.

En situaciones especiales, la norma laboral ha dispuesto la nulidad del despido, como en el caso del despido del representante gremial, cuando no exista una resolución judicial previa que lo excluya de la garantía de estabilidad en el empleo (Ley 23551, artículos 48, 52 y concordantes) Pero fuera de los supuestos especialmente contemplados, en el ámbito de las normas laborales, el despido sin causa es válido sin perjuicio de que en algunos casos se imponga una indemnización agravada (como el despido por causa de embarazo o maternidad, o por causa de matrimonio contemplados en la LCT).

De todas maneras, en estos últimos casos también suele haber casos en que se reclama la reincorporación o el pago de un resarcimiento adicional por el trato discriminatorio sufrido. Luego la Justicia analiza cada caso concreto.

 

 

Fuente: Editorial Erreius

Explican alcance del decreto que prohíbe utilizar testaferros como socios

Quienes actúen como testaferros o socios ocultos tendrán responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada por las deudas de la empresa

El DNU 27/2018 estipula que los que actúen como socios aparentes u ocultos tendrán responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada por las deudas de la empresa

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 27/2018 sobre Desburocratización y Simplificación, firmado el 10 de enero pasado, modificó los artículos 34 y 35 de la Ley General de Sociedades (LGS) y prohíbe expresamente la actuación del socio aparente (conocido popularmente como presta nombre o testaferro) y del socio oculto, implicando para quien actúe en tal carácter la extensión de la responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada por las deudas sociales.

De esta manera, se elimina el doble juego de acciones existente bajo la mencionada ley para el “presta nombre”: la asunción de responsabilidad frente a terceros por las obligaciones y responsabilidades de un socio; y la posibilidad de repetir contra los socios ocultos aquellos conceptos que hubiese abonado por dichas responsabilidad asumida.

En los considerandos, el decreto indica que, para este tema, siguió las recomendaciones de distintos organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Además, manifiesta la voluntad de “terminar con figuras legales que justifican conductas claramente contrarias a las políticas de Estado trazadas, que no hacen más que perjudicar los esfuerzos encaminados a potenciar el intercambio comercial con los demás países que integran aquella organización”.

¿Qué es un testaferro?

Según explica Eduardo M. Favier Dubois, colaborador de la editorial Erreius, “la problemática del socio “aparente” o “prestanombre” y del socio “oculto” remite a la cuestión del “testaferro” en materia societaria, esto es a la actuación de una persona que, actuando en “nombre propio” (socio aparente o testaferro) en rigor ejecuta “intereses ajenos” (socio oculto o principal)”.

Es un sistema de interposición personal en la titularidad de bienes, derechos o funciones, donde el sujeto que aparece como titular (el “testaferro”) no es tal sino que lo hace en interés y sometido a la voluntad de otro sujeto (el “principal” o titular real).

En virtud de la prohibición, la sociedad, los restantes socios y los terceros, podrán desconocer el acto e impedir la actuación del testaferro en los actos sociales, imputando el acto al principal o socio oculto.

No obstante ello, y aún cuando la simulación sea “ilícita” por violar la ley societaria, las partes pueden requerir que se deje sin efecto el acto simulado, recuperando las acciones, cuotas o partes sociales el principal, si ellas “no pueden obtener beneficio alguno de la acción” (art. 335 CCCN), beneficio que no consiste en la recuperación de los bienes y que no se computa si se compensa a los terceros afectados.

Esto es una importante innovación que busca sancionar al “cómplice” o “co-partícipe” de la maniobra de ocultamiento, destaca el especialista.

La prohibición no es retroactiva ni alcanza a las situaciones ya consumadas, no afecta la eventual licitud de otros negocios donde hay “mandato sin representación” y solo se aplica para titularidades de acciones, cuotas o partes sociales y no para otras funciones societarias”, agrega el experto.

Asimismo, Favier Dubois señala que la reforma derogó el régimen legal del “socio del socio”, pero explica que el mismo queda regido por las normas de los negocios en participación del Código Civil y Comercial de la Nación.

Personas humanas y jurídicas

La problemática de los testaferros exige diferenciar los casos de personas humanas de los propios de las personas jurídicas.

En el caso de personas humanas que actúan como testaferros, se presenta el denominado “costo de agencia”, o sea el riesgo de que el testaferro, una vez munido de la titularidad formal, actúe en su propio interés y no en el interés del principal o que reclame una compensación no pactada cuando se le solicita que transfiera el bien, indica Favier Dubois.

A esos riesgos “voluntarios” se suman otros derivados de los supuestos de muerte, incapacidad, embargo o quiebra del testaferro, que pueden impedir realizar la transferencia en la oportunidad acordada.

También pueden ser utilizadas las personas jurídicas como “presta nombres”, en particular las “sociedades” de la ley 19.550, muchas veces utilizadas para ocultar propiedades con finalidades de evasión familiar, patrimonial o fiscal.

A ello se suma como atractivo el hecho de que dentro del propio régimen societario, mediante la utilización de testaferros, se pueden también vulnerar las reglas que restringen o sancionan la unipersonalidad o las que establecen determinadas incompatibilidades o responsabilidades a los socios o administradores.

A partir de ahora, tanto la adquisición o transferencia de la propiedad de las acciones, cuotas o participaciones sociales por cualquier título (aporte inicial, compraventa, donación, suscripción de aumento de capital, etc.), como el mandato a tales fines, deben reputarse nulos al tener un objeto prohibido por la ley en la medida en que existan un socio oculto y un socio aparente.

En el caso del socio oculto, la necesidad de evitar tal actuación y de conocer al verdadero titular del interés (que aporta fondos, toma decisiones y percibe dividendos) se vincula a la prevención del lavado de dinero, lo que exige mantener la responsabilidad amplia.

Si bien el DNU está vigente, su constitucionalidad comenzará a ser debatida por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso el próximo 6 de febrero. Luego será discutido por las cámaras para determinar si cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 99 de la Constitución Nacional en cuanto a su necesidad y urgencia. En caso de que cualquiera de ellas lo apruebe, el decreto será válido.

Si ello no ocurre, los efectos del mismo correrán desde el día de su publicación hasta que sea rechazado por ambas cámaras. Además, deberá estarse atento a las presentaciones judiciales que cuestionan la validez del decreto.

Acercamos un artículo del doctor Favier Dubois, donde analiza las recientes modificaciones a la Ley General de Sociedades en virtud del decreto 27/2018, que modifica los artículos 34 y 35, por el que se prohíbe la figura del testaferro como socio.  Los suscriptores de Erreius podrán acceder a la doctrina “La prohibición del “testaferro” como “socio”.  Alcances y efectos legales del Decreto 27/2018”.

Fuente: Editorial Erreius

Expertos destacan la importancia de firmar pactos económicos en las uniones convivenciales

hogares formados por convivientes

Dejar constancia de esa relación en el Registro Civil tiene algunas ventajas, pero no implica que aquellos que no lo hacen queden desprotegidos en caso de ruptura de la pareja

Las uniones convivenciales ganaron un lugar preponderante dentro de la realidad social. En el último censo de 2010 se llegó a contabilizar casi la misma cantidad de hogares formados por parejas matrimoniales que por convivientes.

Si bien este modelo de familia siempre existió, lo hizo a la sombra del matrimonio. Y logró comenzó a ser legislado en la Argentina a través del Código Civil y Comercial, que comenzó a regir el 1 de agosto de 2015.

Se trata de relaciones afectivas de carácter singular, público, notorio, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo.

Además, se requiere que los dos integrantes sean mayores de edad, que no estén unidos por vínculos de parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el segundo grado, no estén unidos por vínculos de parentesco por afinidad en línea recta, no tengan impedimento de ligamen ni esté registrada otra convivencia de manera simultánea.

Por último, aclara cuándo se considera que una pareja ha tenido una relación estable; para ello, fija un período de convivencia no inferior a los dos años.

Si cumple con estos requisitos, los miembros de la pareja pueden registrar –solo a los fines probatorios frente a sí y terceros – su unión convivencial. Si no lo hacen, igual pueden probar ese tipo de vínculo por otros medios.

Los que registran la unión convivencial tienen algunas ventajas. Por ejemplo, de acuerdo al artículo 522, “ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de esta, ni transportarlos fuera de la vivienda.

El juez puede autorizar la disposición del bien si es prescindible y el interés familiar no resulta comprometido. Si no media esa autorización, el que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto, dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido y siempre que continuase la convivencia”.

Este plus de las uniones convivenciales inscriptas también surge del artículo 250, que establece que “si el constituyente está casado o vive en unión convivencial inscripta, el inmueble no puede ser transmitido ni gravado sin la conformidad del cónyuge o conviviente; si este se opone, falta, es incapaz o tiene capacidad restringida, la transmisión o gravamen deben ser autorizados judicialmente”.

La importancia de los pactos

Viviana de Souza Vieira, colaboradora de la editorial Erreius, explica que la regulación de esta unión es muy limitada, por lo que es importante que los convivientes puedan ampliar sus derechos suscribiendo pactos convivenciales.

Ese instrumento es útil para fijar por escrito las bases del proyecto de vida en común y también lo qué sucederá en caso de cese de la relación.

Al regir la autonomía de la voluntad, las partes podrán diseñar el pacto a su gusto, agregando cláusulas no solo patrimoniales sino también extrapatrimoniales, pero que sean de relevancia para la pareja.

Si en el acuerdo se establecen cláusulas relacionadas con bienes inmuebles o muebles registrables, se deberán también registrar en los respectivos registros (Registro de Propiedad Inmueble, Registro de Propiedad Automotor, Registro de Caballos de Carrera, etc.).

Con ellos, podrán evitar consecuencias disvaliosas para alguno de alguno de los integrantes al momento de la ruptura de la convivencia, evitando recurrir a la justicia a los fines de lograr sus derechos, con un resultado incierto”, agrega la especialista.

Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres.

El contenido del pacto podrá ser modificado o extinguido por acuerdo de ambos convivientes o en los supuestos que la ley prevé.

No puede dejar fuera el piso mínimo obligatorio (PMO) de derechos, el cual no puede ser renunciado por los convivientes. El resto puede ser dejado de lado o ampliados.

Entre ese núcleo duro e irrenunciable se encuentra el de asistencia durante la convivencia. Puede ampliarse si se pactar lo que ocurrirá post cese, por ejemplo fijando una cuota alimentaria, en qué tipo de moneda se hará efectiva, por cuánto tiempo, lugar de pago, etc.

El artículo 520 es otro artículo que integra el PMO y establece que ninguna de las dos partes podrá renunciar a la contribución de las cargas del hogar.

En el pacto se podrán distribuir los gastos del hogar convivencial. Así, un conviviente se obligará a abonar los gastos de luz, gas y teléfono, y el otro, el alquiler del departamento que habitan. Una vez que hayan nacido hijos en común, podrán establecer que uno de ellos se encargará del pago de la escuela a la que los niños concurren, los libros, útiles escolares, así como también los gastos de excursiones y campamentos, y el otro podrá hacerse cargo de sus actividades extracurriculares, como profesores particulares, clases de danza, deportes, etc”, destaca de Souza Vieira.

Todos estos gastos derivarán en deudas, que pueden no ser abonadas en el momento correspondiente; es por ello se estipula que los convivientes son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos hubiere contraído con terceros.

Cualquier cláusula que violara estos artículos se considerará nula.

También hay que tener en cuenta que los convivientes no tienen derecho hereditario. Por ello, es importante que puedan incluir cláusulas relacionadas con la atribución de la vivienda familiar para luego del fallecimiento del conviviente propietario o la compensación económica, que, si ha sido establecida a favor de alguno de los convivientes, aunque el obligado fallezca, queda como carga de sus herederos.

Compensaciones en las uniones no registradas

Registrar la relación tiene sus ventajas, lo que no significa que aquellos que no lo hayan hecho quedan desprotegidos.
Adela Pérez del Viso, colaboradora de Erreius, indica que “la realidad debe ser observada y reconocida y, si se verifican situaciones de injusticia, se debe operar una intervención en esa realidad para crear una solución ordenada y armónica”.

Casi todos estos casos se encontrarán con problemas de prueba en razón de que, mientras dura el afecto, no existe desconfianza. Es probable que no se dediquen a reservar cada documento pensando en el futuro”, indica la especialista.
Atento al estado actual de la legislación alrededor de las uniones convivenciales, pueden ocurrir las siguientes situaciones:

1. Dos personas comienzan a convivir. Una de ellas (“A”) tiene a su nombre un inmueble. La otra parte (“B”) gana un salario u otro tipo de crédito y lo invierte totalmente en el inmueble del primero (construyendo, mejorando, etc.), todo debido a la unión y el afecto que se profesan. No se conservan recibos de los pagos realizados al/los operario/s que refaccionó/aron o amplió/aron la casa ni de los materiales comprados. Pasa el tiempo. Cuando se separan, todo el incremento y la mejora quedan en la casa de “A”.

2. Mismo escenario. “A” fallece. El inmueble “mejorado” no constituye la casa en la que convivían. “A” tenía dos hijos. Concurren al sucesorio los hijos de “A” y denuncian bienes como únicos herederos de “A”: el inmueble donde “B” realizó todas esas inversiones. El conviviente, como tal (salvo existencia de testamento), queda excluido del sucesorio.(8)

Estas situaciones pueden encontrar una solución más rápida en los casos en que se haya inscripto la unión y se haya estipulado en el mencionado pacto.

Pero hay casos en los que los jueces entienden que existió una “dependencia convivencial” (o “hiposuficiencia del conviviente”) que le impidió requerir a su pareja una prueba certera de su aporte económico a la compra o mejora de un bien determinado.

Por ende, la autoridad debe entender que, a partir de ciertos hechos probados, se origina una presunción en favor de la existencia de los aportes económicos conjuntos en la adquisición de bienes, una inversión del onus probandi, y entonces será el titular del bien (a quien se le reclama la distribución) el que deba probar lo contrario.

 

Fuente: Editorial Erreius

 

Registro de operadores de cambio: inclusión de personas jurídicas no financieras

Banco Central de la República Argentina. Mercado Libre de Cambios. Registro de Operadores de Cambio. Inclusión de Personas Jurídicas No Financieras

Se habilita a personas jurídicas no autorizadas por la ley de entidades financieras, que desarrollen actividades comerciales, industriales o de otra clase, a operar en forma permanente o habitual en el mercado libre de cambios, incluida la compra y venta de monedas y billetes extranjeros, y canje de cheques de viajero, previa autorización e inscripción en el “Registro de Operadores de Cambio”, habilitado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Asimismo, se autoriza a personas humanas a actuar en el mercado bajo la forma de sociedades anónimas unipersonales (SAU) o sociedades por acciones simplificadas unipersonales (SAS).

El Registro de Operadores de Cambio funcionará en forma electrónica, será de libre acceso y estará disponible en el sitio web del BCRA. Para su inscripción, se deberá utilizar el aplicativo previsto, al que se accederá con clave fiscal desde la página de la AFIP.

La norma resulta de aplicación a partir del 1 de marzo de 2018.

COMUNICACIÓN A 6443

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO:

Ref.: Circular

RUNOR 1 – 1378

CAMEX 1 – 794

SECYC 1 – 5

Decreto N° 27/18. Casas, agencias y oficinas de cambio. Adecuaciones. Operadores de cambio.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente, dispone:

“1. Aprobar las normas sobre “Operadores de cambio”, que reemplazan las normas sobre “Casas, agencias y oficinas de cambio”, que se acompañan en anexo y forman parte de la presente resolución.

2. Disponer que las entidades cambiarias que se encuentren autorizadas a la fecha de entrada en vigencia de la presente comunicación, sean inscriptas automáticamente en el “Registro de operadores de cambio” previsto en las normas sobre “Operadores de cambio” (punto 1. precedente).

3. Sustituir el punto 1.1.2.2. de las normas sobre “Protección de los usuarios de servicios financieros” por lo siguiente:

“1.1.2.2. Operadores de cambio, por las operaciones comprendidas en las normas sobre “Exterior y cambios”.”

4. Reemplazar el título del punto 3.6. de las normas sobre “Exterior y cambios” por lo siguiente:

“3.6. Operaciones de cambio entre entidades financieras y/o casas de cambio locales.”

5. Sustituir el punto 1.5. de las normas sobre “Ordenamiento, emisión y divulgación de comunicaciones y comunicados de prensa” por lo siguiente:

“1.5. Destinatarios.

En los encabezamientos de las comunicaciones “A”, “B”, “C” y “D” se establecerán las denominaciones de los destinatarios, los cuales pueden ser uno o varios de los siguientes:

1.5.1. Entidades financieras.

1.5.2. Operadores de cambio.

1.5.3. Cajas de crédito.

1.5.4. Sociedades de garantía recíproca.

1.5.5. Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito.

1.5.6. Administradores de carteras crediticias de ex entidades financieras.

1.5.7. Fiduciarios de fideicomisos financieros comprendidos en la Ley de Entidades Financieras.

1.5.8. Cámaras electrónicas de compensación.

1.5.9. Empresas administradoras de redes de cajeros automáticos.

1.5.10. Representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas para operar en el país.

1.5.11. Cajas de crédito cooperativas (Ley 26.173).

1.5.12. Fondos de garantía de carácter público.

1.5.13. Otros proveedores no financieros de crédito.

1.5.14. Empresas no financieras emisoras de tarjetas de compra.

1.5.15. Transportadoras de valores.”

6. Disponer que las presentes disposiciones tendrán vigencia a partir del 1.3.18.”

Por otra parte, les hacemos llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en las normas sobre “Protección de los usuarios de servicios financieros”, “Exterior y cambios” y “Ordenamiento, emisión y divulgación de comunicaciones y comunicados de prensa”. Asimismo, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero – MARCO LEGAL Y NORMATIVO – Ordenamiento y Resúmenes – Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

ANEXO

Acercamos el anexo de la Comunicación A 6443 del BCRA en formato pdf.

 

Fuente: Editorial Erreius

Es ley el proyecto que limita la aplicación del 2×1 en casos de lesa humanidad

el 2x1 “no es aplicable” a los crímenes de lesa humanidadEl Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto para limitar la aplicación del beneficio del 2×1 en el cómputo de la pena a autores de delitos de lesa humanidad.

La Cámara alta sancionó por unanimidad el proyecto, que fue consensuado este martes entre el oficialismo y la oposición en Diputados, y aprobado en una sesión histórica por amplia mayoría.

La ley modifica el artículo 7 de la Ley 24.390 –hoy derogada- para especificar que el 2×1 “no es aplicable” a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

Además, establece que el beneficio sólo podrá regir en los casos en los que el condenado hubiese estado privado de su libertad en forma preventiva entre 1994 y 2001, es decir, durante el período de la vigencia de la norma. También, el tercer artículo indica que esa interpretación es la que debe aplicarse a todas las causas en trámite.

Al abrir el debate, que se extendió por más de cuatro horas, el senador Pedro Guastavino (PJ-FpV) expresó que el fallo de la Corte Suprema “pone nuevamente sobre el tapete la discusión sobre el período más oscuro que ha vivido el país”. Explicó que esta ley será una “pauta interpretativa” para impedir que “en lo sucesivo, a quienes utilizaron el aparato del Estado para secuestrar, torturar y asesinar, puedan gozar de ese beneficio”.

Desde su banca, el presidente provisional, Federico Pinedo (Pro), recordó el “hecho desgraciado” que significó para la Argentina la Ley 24.390 -hoy derogada-, y afirmó que la iniciativa para frenar el 2×1 a represores “ratifica la mirada” del país en base al “compromiso” de condenar los delitos de lesa humanidad.

A su turno, el legislador Fernando “Pino” Solanas mencionó que el juicio a las Juntas Militares fue “ejemplar” y “único en el mundo”. “Ningún país en América Latina se animó a juzgar a los genocidas”, agregó. En referencia al fallo del máximo tribunal, lo consideró “absolutamente cuestionable”. “Apoyamos decididamente esta reacción rápida que ha tenido el pueblo argentino”, manifestó.

El chubutense Alfredo Luenzo sostuvo: “la política negacionista ha sido condenada por toda la sociedad y por eso es tan difícil de interpretar el objetivo de este fallo”.

Por su parte, el radical Alfredo Martínez subrayó la “reacción intrajusticia” que hubo respecto al fallo. “Con esta ley, lo que estamos diciéndole es ‘muchachos respeten la ley que está en vigencia’”, señaló, en referencia a la Ley 27.156, sobre prohibición de indultos, amnistías y conmutación de penas en los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra.

“Cuando hay errores y se cometen aberraciones es necesario que los otros poderes reaccionen. Las políticas en derechos humanos no se negocian”, añadió el santacruceño.

El mendocino Julio Cobos remarcó que “este fallo nos sorprendió”. “Va en contramano de lo que venimos haciendo a lo largo de la historia democrática de nuestro país, en política de derechos humanos y también de seguridad”, dijo.

El exvicepresidente instó a que la Corte Suprema tenga “la capacidad” de “consensuar una resolución que dé marcha atrás en la decisión dividida” que emitió el pasado viernes.

La riojana Teresita Luna (PJ-FpV) no dudó en sostener que la medida del máximo tribunal es “una decisión política disfrazada de fallo judicial”. Además, remarcó: “la Iglesia pretendió allanar el camino para este fallo con un falso llamado a la reconciliación”.

Por su parte, la kirchnerista Virginia García recordó su rechazo a los pliegos de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, designados en un principio por decreto, quienes se inclinaron a favor. “Es un fallo político que acompaña un proceso político: la designación de jueces por DNU, hablar de guerra sucia, trasladar el 24 (de marzo)”, enumeró.

En tanto, su par María Ester Labado confesó: “no me arrepiento de no haberlos votado”. Y acusó que la sesión del Senado se dio con un “apuro necesario para lavar culpas”. La legisladora Nancy González también resaltó que Rosatti y Rosenkrantz fueron “criticados y objetados por todos los organismos de derechos humanos”; y cargó contra el presidente Mauricio Macri por su silencio ante el fallo.

El senador Jaime Linares (GEN) reivindicó “la conciencia del pueblo” ante esta situación planteada por una Corte que consideró “un poder político”. Habló de un “contexto político” y recordó el juicio a las Juntas como “un hecho trascendente histórico”, que fue “muy superior al Juicio de Nüremberg”. Por eso, dijo, en su momento “nos dolió el apriete que hubo de las fuerzas armadas, muy fuerte”, y consideró al indulto “mucho más duro”. Por eso reconoció la actitud del entonces presidente Néstor Kirchner de haber reactivado los juicios.

“Si tiene dudas el juez de lo que la ley dice, me parece que esto le da certezas”, remarcó, destacando entonces la importancia de la discusión que se estaba dando en el Congreso ahora.

A continuación, el senador Dalmacio Mera (PJ-FpV) destacó que “este patrimonio nacional que hemos dado la sociedad argentina que es darnos justicia, viene con este fallo a alterar el proceso que hemos tenido. Pero se encontró con la noticia más feliz: el rechazo de todos los sectores”, destacando el “repudio generalizado” al fallo.

La presidente del bloque Pro, Laura Rodríguez Machado, celebró la “rápida respuesta que desde Cambiemos le dimos a esta ley”. Reivindicó la condición de representantes del pueblo de los legisladores, y consideró que “la mejor forma de transformar las cosas en justicia y no venganza es que la ley sea pareja para todos”. Recordó además que lo sucedido con la Corte ya había sucedido en 2013, cuando el Tribunal Supremo rechazó un recurso dejando firme el 2×1 para el coronel Simón, “en pleno gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”, destacando que no recordaba que hubiera habido reacción alguna del gobierno de entonces. En cambio, realzó la actitud del Gobierno de Cambiemos. Y para los que piden el juicio político ahora, señaló que no lo hicieron en su momento contra los jueces que en 2013 votaron el citado fallo.

“El contexto histórico de hoy no es muy distinto del de 2013”, insistió, destacando que “este nunca más durante la gestión del presidente Mauricio Macri hoy va a ser realidad; lamento que no haya ocurrido lo mismo en 2013”.

La entrerriana Sigrid Kunath dijo haber aprendido a tener una mirada de “profundo respeto” hacia quienes “visibilizan en nuestro país estas luchas permanentemente”, en referencia a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. La senadora del PJ-FpV señaló que “también la lucha y visibilización de los derechos humanos y buscar la verdad y justicia tiene que ver con una causa que es de todos, que esta lucha hoy es una causa de todo el país”, reivindicando las manifestaciones vistas estos últimos días y que dijo esperar que se verían en Plaza de Mayo este miércoles. La senadora añadió que “los delitos de lesa humanidad no pueden ser juzgados y mirados como delitos comunes”, y aclaró que “este Congreso debe expedirse al respecto”. Celebró asimismo “la rápida reacción que desde la política y desde este Congreso se ha tenido frente a este tema”.

La senadora Pamela Verasay recordó que la ley en discusión es del entonces senador Augusto Alasino, y la consideró una “pésima ley”. Admitió que hay consenso en que nadie puede estar más de dos años sin ser condenado, pero cuestionó que la respuesta del Estado haya sido entonces un “parche” como la Ley del 2×1. Recordó también lo sucedido en 2013, cuando se benefició a condenados por delitos de lesa humanidad “y nadie se movilizó”, y pidió “avanzar en valorar el acuerdo que ha logrado la Cámara de Diputados para dar un no rotundo”.

“Los invito a muchos de los que apoyaron en su momento aquella ley, hoy estamos a tiempo de repararla”, concluyó.

El senador chaqueño Eduardo Aguilar reivindicó haber logrado juzgar a los militares “sin revancha, con la ley en la mano. Este es un logro de nuestra democracia, que nadie tiene derecho a negar”, enfatizó. Respecto de lo que estaba el Congreso por establecer, dijo que “esto debe ser una base”, en cuanto a acordar que “hay cosas que no se pueden hacer”.

El radical Luis Naidenoff aseguró que en materia de Derechos Humanos, desde 1983, “todo ha sido avances y retrocesos”. Y expresó, a favor de esta ley, que “por respeto” a “nuestra historia” hay que “cerrar los atajos que permiten el alejamiento del sentido de la realidad”.

La senadora María Cristina Fiore Viñuales reflexionó sobre el rol del Congreso frente a esta situación, y se preguntó cómo pudo no haberla previsto. Hizo eje en el fundamento del fallo de mayoría de la Corte, que destaca que el Código Penal dice que siempre se debe aplicar la ley más benigna. Se remontó entonces al origen del problema, la ley del 2×1, pero advirtió que el legislador de aquel entonces no reparó en lo que ahora se ha transformado en un problema porque entonces estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. De todos modos se manifestó sorprendida en el caso de los jueces que votaron el fallo de mayoría por “la falta de lectura de todo el contexto político”.

Por Peronismo Pampeano, la senadora Norma Durango subrayó que es “inadmisible” la aplicación del beneficio del 2×1 para condenados por delitos de lesa humanidad y enfatizó que “la lucha llevada adelante por más de 30 años” en cuestión de derechos humanos “no se lo merece”.

Ruperto Godoy consideró el fallo “injusto, que violenta a la sociedad argentina”, y reivindicó la respuesta de Madres, Abuelas, organismos de DDHH, de constitucionalistas y organizaciones internacionales, que “ponen en evidencia que el Nunca Más, es Nunca Más”. Señaló que “esta construcción es un camino que ha sido duro, pero que ha puesto fin a aquellos que querían instalar por ejemplo las teorías de los dos demonios”. Agregó que es “un mensaje para el Poder Judicial, para los jueces que se desviaron de la doctrina”. Rechazó de paso la “reconciliación” propuesta por la Iglesia Católica. “No va a haber reconciliación si no hay memoria, justicia y verdad”, consideró. Embistió luego contra el Poder Ejecutivo, al que atribuyó haber generado “un clima” propicio que “pone en duda lo que pasó en la Argentina”.

El exgobernador santiagueño Gerardo Zamora consideró “inexplicable” el fallo de la Corte Suprema, reivindicó el Juicio a las Juntas, y el “magistral” alegato del fiscal Julio Strassera que concluyó con el recordado “Nunca Más, algo que no podemos resignar”. Lamentó que “Argentina vuelva a ubicarse del lado negativo en materia de derechos humanos”. En este contexto consideró que el dato “positivo” ha sido la reacción del Parlamento, y consideró que “esta ley es un paso positivo importante”, que posibilitará “que los argentinos podamos vivir en paz”.

Con las palabras de Raúl Alfonsín al presentarse ante la CONADEP y recibir el documento elaborado por ese organismo, arrancó su discurso Magdalena Odarda, quien luego leyó parte del prólogo del Nunca Más. Respecto al fallo, señaló que “es contrario a derecho”, y lo calificó de “abominable”. A su juicio “no corresponde de ninguna manera aplicar el 2×1 a causas de lesa humanidad; esto resulta absolutamente peligroso para la democracia argentina”. Y además, dijo, “la Corte va en contra de su propia jurisprudencia”, en referencia al caso Simón. Al final, reivindicó al doctor Raúl Alfonsín, por haberse animado a poner en el banquillo de los acusados a las Juntas, y también a la CONADEP. Reivindicó también a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, todos los organismos de DDHH, a jueces, y por último mencionó a los desaparecidos de su provincia, entre ellos Rodolfo Walsh.

El senador Daniel Lovera destacó que “a esta sesión especial uno la siente como a favor del reclamo de la memoria, verdad y justicia”, y remarcó que “hoy somos una mayoría de argentinos que estamos dando una respuesta rápida” ante la situación planteada, destacando que hubiera “legisladores de distintos partidos dando una respuesta”. “El reclamo de la memoria, la verdad y la justicia están más presentes que nunca”, dijo, y reivindicó que la política de DDHH “no es patrimonio de ningún sector, sino de todos los argentinos”.

“Es un día de esperanza porque estamos reafirmando el valor sagrado de la vida”, agregó el legislador pampeano. “Los legisladores tenemos la responsabilidad de poner límites claros a esos fallos de los jueces cuando creemos que van en contra de los derechos humanos”, señaló.

Marina Riofrío reivindicó a los jueces de su provincia, San Juan, que decretaron la inconstitucionalidad del fallo de la Corte. Recordó que los represores gozaron de libertad durante muchos años, concluida la dictadura.

Omar Perotti resaltó que “el pueblo argentino adhiere y se expresa en Memoria, Verdad y Justicia” y que “ninguno de nosotros quiere a los genocidas caminando por nuestras provincias”. Mientras que Anabel Fernández Sagasti ponderó la “señal política contundente y rápida que está dando el Congreso”. Dijo que el fallo del máximo tribunal tiene “argumentos bastantes rebuscados” y consideró que el presidente debería “pedirle la renuncia” a Rosatti y Rosenkrantz.

Enfática, la tucumana Silvia Elías de Pérez, cruzó a sus pares de la oposición, frente a las críticas al Gobierno nacional, y disparó: “No imagino a mi presidente poniendo a (César) Milani como jefe del Ejército”. Y sostuvo que Cambiemos “no” sale a “hacer utilización política partidaria de hechos como estos, porque entonces ahí es cuando hablamos de curro de los derechos humanos”.

El senador Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV) destacó la “velocidad” de la sanción de la ley, que permitirá “cerrar definitivamente” la puerta del 2×1 a los genocidas. Destacó el acto que encabezaron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en el Salón Azul, durante el desarrollo de la sesión, y dijo que con “humildad” vinieron “a pedirnos” que el Congreso avance en la norma. El legislador expresó su “preocupación” ante manifestaciones de “negacionismo” que provienen de funcionarios públicos y aseguró que en Argentina hay “dos consensos históricos” que hay que preservar, como lo son “el respeto irrestricto a la democracia y las políticas de derechos humanos”.

En el cierre del debate, el senador Adolfo Rodríguez Saá apuntó contra la jueza Elena Highton de Nolasco, quien votó a favor del polémico fallo de la Corte Suprema, y dijo que “ha cumplido su mandato”. También cuestionó al Gobierno por “no” apelar la decisión del máximo tribunal.

Fuente: texto publicado por Parlamentario (10/05/2017)

Seleccionado por: Editorial Erreius