201308.20
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La Corte ratificó el juicio contra los responsables de Taringa!

Están imputados por la descarga ilegal de libros en presunta violación de la ley de propiedad intelectual.

La Corte Suprema ratificó que los responsables del sitio de Internet Taringa! deberán afrontar un juicio oral y público por presunta “violación a la ley de propiedad intelectual, por permitir que a través de esa web se descarguen de manera ilegal obras sin autorización”.
El máximo tribunal, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, rechazó el planteo de la defensa de uno de los imputados, Alberto Nakayama, contra la elevación a juicio dispuesta por el juez de instrucción Eduardo Daffis Niklisson.
El fallo de la Corte explica que el recurso presentado por Carlos Beraldi, defensor del imputado Nakayama, “no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal”. Ello significa justamente que como no se ha realizado aún el juicio oral, no hay una sentencia sobre la que puedan pronunciarse la Cámara Federal de Casación Penal, como instancia revisora, ni la Corte, como último instancia de control de las garantías constitucionales.
En setiembre del año pasado, el juez de primera instancia Daffis Niklison elevó a juicio el caso en el que aparecen involucrados los hermanos Matías y Hernán Botbol, además de Nakayama, responsables de www.taringa.net. Todos están imputados por la descarga ilegal de 29 obras jurídicas y 12 libros de computación, en presunta violación al artículo 72 de la ley de propiedad intelectual, que establece penas de un mes a seis años de prisión a quien “edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derecho habientes”.
En un comunicado, Taringa señaló que es su intención “que esta cuestión se defina judicialmente lo antes posible. Por tal motivo, sus autoridades ya han comparecido ante el tribunal oral competente ofreciendo una gran cantidad de pruebas, hasta ahora no valoradas, que habrán de demostrar que el accionar de la empresa, así como también de las políticas comerciales establecidas para con sus usuarios, resulta acorde con la ley y con las pautas internacionales establecidas”.

Fuente: Clarín (20/8/2013)