201408.19
0
0

Arranca el debate de los proyectos de defensa del usuario y del consumidor

Para este martes a las 17 está previsto un plenario de comisiones, donde expondrán funcionarios del Ejecutivo y asociaciones civiles.

parlamentarioArranca este martes el tratamiento de las tres iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo sobre defensa del usuario y del consumidor. Será a partir de las 17, en el marco de un plenario de comisiones reunidas en el Salón Azul del Senado, donde expondrán funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de asociaciones de usuarios y consumidores.
Según se espera, el funcionario que explicará el paquete de normas será el secretario de Justicia de la Nación, Julián Alvarez, quien cumplió esa tarea el 31 de julio pasado, cuando la presidenta anunció el envío de esos proyectos desde la Casa Rosada.

El proyecto de ley que establece un sistema de resolución de conflicto en las relaciones de consumo será tratado por un plenario de comisiones de Derechos Humanos y Garantías, a cargo del formoseño Luis Petcoff Naidenoff (UCR); de Justicia y Asuntos Penales, conducida por el entrerriano Pedro Guastavino (FpV); de Industria y Comercia, a cargo del correntino Eugenio “Nito” Artaza; y de Presupuesto y Hacienda, que preside el bonaerense Aníbal Fernández (FpV).

Las mismas comisiones tratarán a continuación la propuesta que establece una nueva regulación de las relaciones de producción y consumo.
Las iniciativas enviadas por el Ejecutivo crean el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios y del marco regulatorio para las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo.

El proyecto de constitución de nuevos fueros judiciales nacionales para “encausar y dar solución a las controversias originadas en el ámbito de las relaciones de consumo” cuenta con el visto bueno tanto del oficialismo como de la oposición.

El Gobierno impulsa la “creación de mecanismos legales para que estén a disposición de los consumidores y usuarios para agilizar la resolución de conflictos en el marco de las relaciones de consumo”, tal como establecen los fundamentos de la norma.

La iniciativa crea tres instrumentos: el Servicio de Conciliación de las Relaciones de Consumo en la Secretaría de Comercio (COPREC); la Auditoría en las Relaciones de Consumo y la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo.

El COPREC es una instancia conciliatoria previa y gratuita para el consumidor, competente para dirimir los conflictos derivados de las relaciones de consumo, hasta cierta suma de dinero que no exceda los 55 salarios mínimos.

La Auditoría estará facultada para determinar el resarcimiento al consumidor, siempre que no se haya llegado a un acuerdo conciliatorio ante el COPREC.

El nuevo fuero estará compuesto por ocho juzgados federales de Primera Instancia, dentro de los cuales funcionarán tres fiscalías y tres defensorías, y una Cámara Federal de Apelaciones, con una fiscalía y una defensoría pública oficial.

El nuevo sistema, de acuerdo con el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, debe “regirse por principios de celeridad, inmediación, economía procesal, oralidad, gratuidad y protección para el consumidor”.

El proyecto que crea el Observatorio de Precios y el que genera el marco regulatorio para las relaciones de producción y consumo serán analizados más adelante. El Observatorio funcionará como un organismo técnico para asistir a la Secretaría de Comercio en el monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios comercializados y prestados en el país.

Esta nueva institución podrá recomendar a la Secretaría de Comercio el requerimiento de documentación relativa al giro comercial de las empresas e informes a organismos públicos y privados.

El marco regulatorio, según los fundamentos del proyecto, se sustenta en la “constitucionalidad de las acciones de intervención estatal, para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor”.

La Secretaría de Comercio, como autoridad de aplicación, podrá intervenir en los estados previos de la cadena de valor (sin contacto directo con el consumidor) “fijando márgenes de utilidad”, así como “precios de referencia” y “niveles máximos y mínimos de precios para la provisión de bienes y servicios imprescindibles”.

Fuente: texto y foto publicados por Parlamentario.com