El Senado avanza con el nuevo Código Procesal Penal
El plenario de comisiones que analizó la reforma recibe a jueces, camaristas y especialistas. El kirchnerismo irá por la media sanción en las próximas semanas.
El Senado fue escenario de la tercera jornada de debate con invitados por el nuevo Código Procesal Penal, que el oficialismo pretende sancionar antes de fin de año.
En el plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto expusieron jueces, camaristas, abogados y especialistas en el tema, que en líneas generales apoyaron la reforma pero plantearon objeciones.
La intención del Frente para la Victoria es darle media sanción al proyecto en las próximas semanas, para que la Cámara de Diputados complete el tratamiento.
El presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky, consideró que “el proyecto es bueno, es tendiente a la celeridad, a la oralidad y la publicidad”, pero opinó que “hay aspectos para mejorar”.
En este sentido, ejemplificó que “no se sabe en qué casos” se llevará adelante el juicio por jurados, y advirtió que será necesario capacitar a la población.
El abogado Julio Maier sostuvo que el Congreso debió comenzar antes con el análisis del Código Penal, porque el Procesal Penal contiene instituciones del primero, por ejemplo, la suspensión del juicio a prueba.
Además, explicó que el proyecto tiene “tres metas claras”: fortalecer el Ministerio Público, “lograr que los jueces resuelvan en un procedimiento por audiencias” y la “aminoración del tiempo que duran los procesos penales”.
No obstante, reconoció: “Dudo que el proyecto haya elegido los mejores mecanismos para lograr estas metas”.
En tanto, el vicepresidente de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, Luis María Cabral, indicó que la participación de la víctima en el proceso penal tiene una “regulación insuficiente” en el proyecto oficial.
Tomó parte de la reunión Guillermo Yacobucci, integrante de la Sala 2 de la Cámara de Casacion Penal, quien puntualizó que «el sistema acusatorio ya no se discute como modelo más eficaz», al tiempo que el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta, quien advirtió que e el país funciona «una estructura judicial del siglo XIX, muy burocratizada y este es el gran desafío».
El proyecto fue defendido la semana pasada por el ministro de Justicia, Julio Alak, y su vice, Julián Álvarez.
También expusieron sobre el tema procuradores fiscales de la Justicia nacional y de las provincias que ya cuentan con sistema acusatorio.
Ejes del proyecto
El nuevo Código Procesal Penal establece un sistema acusatorio -en reemplazo del sistema mixto actual- en el que se fortalece el poder del Ministerio Público.
Así, los fiscales quedarán a cargo de la investigación y la recolección de pruebas –que hoy realizan los jueces- y podrán elegir qué causas investigar, salvo en los casos de corrupción de funcionarios, discriminación o violencia de género, que deberán tomar sí o sí.
El texto fija un plazo máximo de tres años para la duración de un proceso judicial y además establece sanciones si los jueces demoran los casos –por ejemplo, someterse a un jury de enjuiciamiento-, aunque las causas no prescriben.
Por otra parte, se le dará más participación de las víctimas en los procesos aunque no sean querellantes: son protegidas, pueden intervenir en el proceso y pueden seguir con una acción privada si el fiscal desiste en la investigación.
Todo el proceso será oral y, por otra parte, se mantienen los criterios actuales para la prisión preventiva, que será ordenada teniendo en cuenta diferentes variables, como la reincidencia y la conmoción social que produzca el hecho.
Los extranjeros que estén en una situación irregular en nuestro país y sean sorprendidos cometiendo un delito “in fraganti” serán expulsados y no podrán volver por 15 años, pero siempre y cuando esto no vulnere la “reunificación familiar”.
El proyecto de nuevo Código Procesal Penal crea además, en el ámbito del Congreso Nacional, una comisión bicameral ad hoc, integrada por representantes de todos los partidos políticos, que estará encargada de monitorear la aplicación de la reforma.
Fuente: texto y foto publicados por Parlamentario.com (04/11/2014)