El ministerio de Seguridad tiene un plazo de cinco días para presentar un informe sobre el protocolo antipiquetes
El juez en lo contencioso administrativo federal Ernesto Marinelli le ordenó al gobierno nacional que presente un informe sobre la aplicación del llamado «protocolo antipiquete».
Fuentes judiciales detallaron a Infobae que el magistrado dispuso que en cinco días el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, presente los antecedentes y los fundamentos del protocolo ante una acción de amparo que inició la Coordinadora contra la Represión Política e Institucional (CORREPI).
La mencionada organización política sostuvo que el protocolo «violenta derechos y garantías de raigambre constitucional, como el derecho de huelga, de expresión, de reunión, de informar y de ser informado, además de amenazar la libertad, la integridad física y la vida de cualquier persona que tenga la necesidad de manifestarse públicamente por una protesta o la reivindicación de un derecho».
Se trata del «Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas» que fue aprobado el 17 de febrero pasado en la ciudad de Bariloche, durante una reunión de ministros de seguridad de todo el país.
La medida establece que ante una manifestación las fuerzas de seguridad deberán garantizar la libre circulación del tránsito y ante la negativa de hacer cesar la protesta «se procederá a intervenir y disolver la manifestación».
«Les vamos a dar cinco minutos, les vamos a decir que se vayan por las buenas, y se van o los sacamos», dijo la ministra Bullrich tras la sanción del protocolo antipiquetes.
Siete días después de la aprobación del protocolo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) hizo una protesta por los despidos en la administración pública y cortó las avenidas Corrientes y Callao. Pero el protocolo no se aplicó.
Ante el amparo de Correpi, presentado por la abogada María del Carmen Verdú, el juez Marinelli dispuso librar un oficio «para que, dentro del término de cinco días, presente el informe contemplado en el art. 8 de la ley 16.986, oportunidad en la que deberán ofrecer la prueba de que intente valerse».
Ese artículo de la ley de amparo establece que el «juez requerirá a la autoridad que corresponda un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada».
Verdú ya entregó en el juzgado el oficio para que el Ministerio de Seguridad responda el informe. Los cinco días de plazo comenzarán a regir cuando la cartera que dirige Bullrich reciba el oficio del juzgado, lo que todavía no ocurrió.
Fuente: Texto publicado por Infobae.com (11/4/2016)
Seleccionado por: Editorial Erreius