201309.06
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Fertilización asistida: la ley se cumple en una sola provincia

Es para tratar en forma gratuita a las parejas con problemas para tener hijos. Pero sólo Chubut respeta lo que se votó en las dos cámaras. Las prepagas y las obras sociales ponen fuertes trabas.

Por Mariana Iglesias

Sueño cumplido. Cecilia y Diego esperaron 12 años la llegada de Camila. En la provincia de Buenos Aires hay una ley de fertilización previa a la nacional, aunque más restrictiva / MAURICIO NIEVAS

Sueño cumplido. Cecilia y Diego esperaron 12 años la llegada de Camila. En la provincia de Buenos Aires hay una ley de fertilización previa a la nacional, aunque más restrictiva / MAURICIO NIEVAS

Hace tres meses, y después de varios años de lucha, el Congreso votó la Ley de Fertilización Asistida. Se trata de una ley inclusiva, que no pone límites en la edad, ni en el sexo ni en el estado civil de los interesados. Es una ley que amplía derechos: no toma la infertilidad como una enfermedad que debe enfrentar una pareja que no logra concebir un hijo, sino que hace hincapié en el derecho que tienen todas las personas a reproducirse. La ley ya fue reglamentada pero las provincias aún no adhirieron, sólo Chubut lo hizo. Y encima las obras sociales y las prepagas sólo ponen trabas: piden requisitos irrisorios e ilegales.

Hasta el momento la ley sólo genera confusión.

¿Cuáles son los centros habilitados? ¿Se pueden elegir libremente las clínicas? ¿El costo de la medicación está cubierto al 100%? ¿Se debe entregar la documentación que exigen algunas empresas? ¿Se debe pagar la donación de gametas? ¿Hay que seguir esperando o la aplicación de la ley es inmediata? ¿Los que ya tienen hijos pero necesitan tratamiento pueden acceder al beneficio? Las dudas siguen.
La Ley 26.862 de Acceso Integral a los Procedimientos y Técnicas Médico Asistenciales de Reproducción Médicamente Asistida dice que los tratamientos de fertilización deben ser incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), y deben ser cubiertos por el sistema público, las prepagas y las obras sociales. Por ende, los diagnósticos previos también deben ser cubiertos. La ley fue reglamentada el 22 de julio, y el decreto (956) sostiene que se deberá garantizar “la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas de reproducción médicamente asistida”.
Argentina es un país federal, y como tal, necesita que cada jurisdicción adhiera a la ley. Sólo Chubut lo ha hecho.

El resto de las provincias está tratando el tema en sus respectivas legislaturas.

Hay dos provincias que tenían leyes de fertilización previas a la nacional (Buenos Aires y Santa Fe), pero son restrictivas y los límites son muchos. Ahora, en esas dos privincias se trata la ampliación de derechos, y ya tienen media sanción las normas que se equipararán a la ley nacional. De todas maneras, y aunque con leyes restrictivas, en Santa Fe se hicieron 56 tratamientos y nacieron dos bebés, y en la Provincia ya nacieron 158 bebés. En Córdoba y la ciudad de Buenos Aires se hacen tratamientos pero sólo a los usuarios de la obra social estatal provincial (Apross, en Córdoba), y a los empleados públicos porteños (OSBA).
El Ministerio de Salud, por su parte, ya habilitó 53 centros para que realicen este tipo de tratamientos. Se trata de instituciones públicas y privadas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, San Juan, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la asociación civil Concebir (Grupo de Apoyo para parejas con trastornos en la Reproducción) reciben infinidad de consultas desde que se aprobó la ley.
“Las prepagas y las obras sociales están pidiendo requisitos imposibles, como test socioambientales, piscológicos y hasta acta de matrimonio de la pareja”, dice a Clarín Guillermina Pieroni. Todo es ilegal, nada de todo eso está en la ley, que postula todo lo contrario, nada de límites, nada de requisitos, nada de papeles. En Concebir explican cómo hay que mandar cartas documento a las empresas de medicina privada que se nieguen a los tratamientos o que pongan trabas, pero no es lo único que aconsejan hacer. “También hay que hacer la denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud”, dice Guillermina.
Se sabía y se intuía que iba a haber reticencias. Los tratamientos son muy costosos. No tanto los de baja complejidad, pero sí los de alta. Pueden llegar a los 50.000 pesos, y es muy difícil tener éxito en el primer intento. Por eso hasta ahora sólo tienen hijos por fertilización quienes tienen dinero. Pero ahora hay una ley para cumplir.

Fuente: texto e imagen publicados por Clarín (6/9/2013)