Prórroga del Régimen de Reintegro del IVA por compras en comercios minoristas

Beneficio para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo

Se prorroga desde el 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive, la devolución del IVA con un tope de $ 300 mensuales para las operaciones de compra de bienes muebles realizadas a través de tarjetas de débito que realicen los siguientes sujetos -L. 27253-:

* jubilados y pensionados que perciban un haber no superior al mínimo garantizado – art. 125, L. 24241-;
* beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, Asignación por Embarazo para Protección Social y pensiones no contributivas nacionales por un importe que no supere el haber mínimo garantizado – art. 125, L. 24241-.

 

DECRETO 94/2018

VISTO

El Expediente N° EX-2017-34275850-APN-DMEYN#MHA, la Ley N° 27.253 y el Decreto N° 858 del 15 de julio de 2016, y

CONSIDERANDO

Que a través del Título I de la Ley N° 27.253, se establece, para ciertos beneficiarios, un régimen de reintegro de una proporción del impuesto al valor agregado contenido en el monto de las operaciones que, en carácter de consumidores finales, se abonen por las compras de bienes muebles realizadas tanto en comercios dedicados a la venta minorista como en comercios dedicados a la venta mayorista que facturen a consumidores finales, mediante la utilización de transferencias bancarias cursadas por tarjetas de débito que emitan las entidades habilitadas para la acreditación de beneficios laborales, asistenciales o de la seguridad social, incluyendo a las tarjetas prepagas no bancarias o sus equivalentes.

Que en el artículo 15 del Título III de la citada norma se dispone que el régimen resulta de aplicación a partir de la fecha que fije la reglamentación y hasta el 31 de diciembre de 2017, inclusive.

Que, a su vez, se dispuso que el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá prorrogar el referido plazo.

Que, mediante el artículo 5° del Decreto N° 858 del 15 de julio de 2016, se prevé que las disposiciones contenidas en el Título I de la citada ley resultarán de aplicación para las operaciones que se realicen a partir de la entrada en vigencia del mismo decreto y hasta el 31 de diciembre de 2017, ambas fechas inclusive.

Que continúa siendo un objetivo prioritario del Gobierno Nacional la asistencia a las personas de menores ingresos de todo el país a través de medidas concretas y transparentes, con la finalidad de lograr una reducción sostenida de la pobreza.

Que la implementación del régimen de que se trata tiene por finalidad mejorar el ingreso disponible y la capacidad de compra de los sectores más vulnerables conformados por aquellas personas que destinan al consumo de bienes de primera necesidad la totalidad o gran parte de sus ingresos.

Que, en esta instancia y por las razones indicadas, resulta oportuno y de interés mantener la vigencia del beneficio otorgado, prorrogándolo hasta el 31 de diciembre de 2018.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hacienda ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 15 de la Ley N° 27.253.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA

Art. 1 – Prorrógase la vigencia del régimen de reintegro previsto en el Título I de la ley 27253, desde el 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive.

Art. 2 – Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y resultarán de aplicación para las operaciones que se realicen entre las fechas indicadas en el artículo 1.

Art. 3 – De forma.

 

Fuente: Editorial Erreius

El Código Civil y Comercial faculta la reducción de intereses abusivos

Juicio ejecutivo. Intereses. Capitalización mensual. Nulidad parcial. Reducción. Desproporción. Inequidad

Se modifican las pautas de capitalización mensual de los intereses fijados en la sentencia, atento a que lo resuelto en primera instancia al respecto arrojaba un resultado desmesurado e inequitativo para el deudor. Para decidir de este modo, el Tribunal utilizó la facultad de reducir intereses que le otorga el artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando la tasa dispuesta es abusiva o cuando existe una desproporción de los valores económicos.

BCRA c/Insaurralde, Hugo Oscar s/ejecutivo

Buenos Aires, 19 de octubre de 2017.

Y VISTOS

1. Apeló el ejecutado el decisorio de fs. 485 que rechazó dejar sin efecto la capitalización de intereses. Su memoria de fs. 489/491 fue respondida a fs. 493/496.

2. Este Tribunal sostuvo (con anterioridad a que rigiera la unificación de los códigos civil y comercial) que el control de los intereses excesivos atribuido a los tribunales tenían sustento en los arts. 502 y 953, CCiv., cuando ellos constituían una causa ilegítima de las obligaciones. Por ello y advertida esa circunstancia, correspondía reducirlos en términos de equidad, decretando la nulidad parcial de los intereses excesivos (CNCom., esta Sala, in re, “Banco Itaú Buen Ayre S.A. c/ Pino, Francisco y otro s/ ejecutivo”, 19-10- 16; y sus citas).

Prerrogativa actualmente regulada en el Código Civil y Comercial: 771, norma que permite a los magistrados reducir los réditos no solo cuando sea abusiva la tasa fijada sino también cuando su aplicación evidencia una clara desproporción de los valores económicos en juego y prescinde de la realidad económica, sin que obste a ello la existencia de sentencia firme que dispuso la aplicación de tales intereses, pues no es posible que -so pretexto de preservar la autoridad de lo decidido con carácter firme- se arribe a resultados que quiebren toda norma de razonabilidad y violenten los principios establecidos en el CCiv.: 953 y 1071 (arts. 279 y 10, CCyC -respect.-).

Porque en tales casos no habría violación de la cosa juzgada, sino -por el contrario- decisión de preservarla, evitándose que sea vulnerada mediante la alteración de la significación patrimonial de la condena dictada (Fallos 255:119; 245:429; 252:186; 270:335; 316:2054; 319:92). Así, cabe acatar la doctrina de la CSJN (in re, “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Cohen, Rafael y otro s/ ejecutivo”, 12-6-12) que descalificó la capitalización mensual de los intereses devengados de un saldo deudor de cuenta corriente bancaria cuando por su exorbitancia genera un resultado irrazonable.

3. De accederse a la pretensión actora (capitalización mensual de intereses) el capital revigorizado al 27-9-16 ascendería a $ 98.720,34 (v. fs. 461), lo que implica que la deuda se incremente en más de un 3.395% (tres mil trescientos noventa y cinco por ciento) -v. anexo 1-. En tal contexto, es evidente que el cálculo de los intereses arroja un resultado desproporcionado, siendo abusivos y usurarios.

Ello, por cuanto surge de la planilla que se aneja a esta resolución y que refleja el criterio de ajuste capitalizando intereses mensualmente, que la obligación del deudor se acrecienta a un límite inadecuado; y no es posible que, so pretexto de preservar la autoridad de lo decidido con carácter firme, se arribe a resultados que quiebren toda norma de razonabilidad, violentando los principios de los arts. 10 y 958, CCyC. Y la capitalización permanente dispuesta en esta causa llevaría a una consecuencia patrimonial equivalente a un despojo del deudor, cuya obligación no puede exceder el crédito actualizado, con un interés que no trascienda los límites referidos.

Se configura así una circunstancia excepcional que autoriza la adopción de remedios extraordinarios tendientes a conjurar una situación de manifiesta injusticia o inequidad, ya que de mantenerse la capitalización mensual de los intereses se estaría dando a la deuda un tratamiento financiero desproporcionado, respecto del rendimiento de cualquier otra actividad productiva o de prestación de servicios que pudiere emprenderse en el país, lo que no puede ser mantenido bajo el argumento de un supuesto respeto al principio de la cosa juzgada, a poco que se considere la inequidad a la que conduce la dilatada proyección en el tiempo de las pautas sentenciadas (CNCom., esta Sala, in re, “Banco del Buen Ayre S.A. c/ Sotelo, Jorge Horacio y otro s/ ejecutivo”, 19-5-17; y sus citas).

4. Sintetizando, el cálculo de intereses a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde la mora a la fecha de la resolución apelada arroja un resultado desmesurado, si se procede a su capitalización por todo ese lapso, por lo que se impone la modificación de las pautas de repotenciación fijadas en primera instancia en términos de equidad (CNCom., esta Sala, in re, “Vélez, Miguel Ángel c/ Gómez, Javier Adolfo y otros s/ ejecución prendaria”, 8-5-15; y sus citas).

Así, se admitirán los réditos condenados en tanto no excedan el límite máximo que cabe asumir (con base en los arts. 768, 769, 771 y 794, CCyC) de dos veces y media -2 y 1/2- la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días, teniendo en cuenta el entonces vigente contexto económico-financiero en el que se desenvolvió la realidad negocial de nuestro país (CNCom., esta Sala, in re, “Beittia, Jorge O. s/ quiebra s/ incidente de revisión por Banco de la Provincia de Buenos Aires”, 25- 10-06; y sus citas, entre otros).

5. Se estima el recurso de fs. 487 y se modifica la resolución atacada en los términos expuestos, con costas de ambas instancias a la accionante vencida (arts. 68 y 279, CPCCN).

6. Notifíquese por Secretaría del Tribunal, conforme Acordadas n° 31/11 y 38/13 CSJN.

7. Oportunamente cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada n° 15/13 CSJN, y devuélvase al Juzgado de origen.

8. La Sra. Juez Dra. Ana I. Piaggi no interviene por hallarse en uso de licencia (Art. 109 RJN).

MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO

MATILDE E. BALLERINI

 

Fuente: Editorial Erreius

Criterios para la designación de personal administrativo que tenga vínculos de parentesco con funcionarios públicos

DECRETO 93/2018

Se dispone que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el presidente y vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de Ministros, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro, incluyendo al cónyuge y la unión convivencial. Las personas cuyas designaciones a la fecha del presente se encuentren alcanzadas por dicha prohibición deberán desvincularse antes del 28 de febrero de 2018.

DECRETO 93/2018

VISTO

El Expediente N° EX-2018-05101956-APN-DSGA#SLYT, y

CONSIDERANDO

Que el Gobierno Nacional asumió el compromiso de continuar mejorando la institucionalidad, la integridad y la transparencia de todas las políticas públicas que lleva adelante.

Que en tal sentido se han dictado los Decretos Nros. 201/17 y 202/17 a fin de promover la adopción de normas dirigidas a la preservación de la integridad de la función pública.

Que se ha comprometido a un cambio continuo que incorpore normativa que incremente la aplicación de los principios precedentemente mencionados.

Que transcurridos dos años de gestión, y efectuado un reordenamiento administrativo que ha permitido mejorar la gestión global del Estado Nacional, resulta ahora necesario adecuar nuevos criterios que sean aplicables al régimen de designaciones bajo cualquier modalidad de funcionarios públicos.

Que ha tomado la intervención de su competencia el Servicio Jurídico pertinente.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA

Art. 1 – Dispónese que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial.

Art. 2 – A los efectos del presente se considera Sector Público Nacional el integrado por los entes detallados en el Anexo al presente artículo (IF 2018-05118980-APN-JGM).

Art. 3 – Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 1° las personas designadas mediante procesos de selección por Concurso Público de antecedentes o que cuenten con estabilidad en el cargo.

Art. 4 – Las personas cuyas designaciones a la fecha del presente se encuentren alcanzadas por el artículo 1° deberán desvincularse antes del 28 de febrero de 2018.

Art. 5 – La presente medida entrará en vigencia a partir de su dictado.

Art. 6 – De forma.

Anexo al artículo 2°: Entes integrantes del Sector Público Nacional.

La Administración Central y los Organismos Descentralizados, incluyendo en estos últimos a las Instituciones de la Seguridad Social, Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones, Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional, entidades de Derecho Privado sujetas a intervención Estatal y la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional.

Fuente: Editorial Erreius

Expertos destacan la importancia de firmar pactos económicos en las uniones convivenciales

hogares formados por convivientes

Dejar constancia de esa relación en el Registro Civil tiene algunas ventajas, pero no implica que aquellos que no lo hacen queden desprotegidos en caso de ruptura de la pareja

Las uniones convivenciales ganaron un lugar preponderante dentro de la realidad social. En el último censo de 2010 se llegó a contabilizar casi la misma cantidad de hogares formados por parejas matrimoniales que por convivientes.

Si bien este modelo de familia siempre existió, lo hizo a la sombra del matrimonio. Y logró comenzó a ser legislado en la Argentina a través del Código Civil y Comercial, que comenzó a regir el 1 de agosto de 2015.

Se trata de relaciones afectivas de carácter singular, público, notorio, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo.

Además, se requiere que los dos integrantes sean mayores de edad, que no estén unidos por vínculos de parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el segundo grado, no estén unidos por vínculos de parentesco por afinidad en línea recta, no tengan impedimento de ligamen ni esté registrada otra convivencia de manera simultánea.

Por último, aclara cuándo se considera que una pareja ha tenido una relación estable; para ello, fija un período de convivencia no inferior a los dos años.

Si cumple con estos requisitos, los miembros de la pareja pueden registrar –solo a los fines probatorios frente a sí y terceros – su unión convivencial. Si no lo hacen, igual pueden probar ese tipo de vínculo por otros medios.

Los que registran la unión convivencial tienen algunas ventajas. Por ejemplo, de acuerdo al artículo 522, “ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de esta, ni transportarlos fuera de la vivienda.

El juez puede autorizar la disposición del bien si es prescindible y el interés familiar no resulta comprometido. Si no media esa autorización, el que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto, dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido y siempre que continuase la convivencia”.

Este plus de las uniones convivenciales inscriptas también surge del artículo 250, que establece que “si el constituyente está casado o vive en unión convivencial inscripta, el inmueble no puede ser transmitido ni gravado sin la conformidad del cónyuge o conviviente; si este se opone, falta, es incapaz o tiene capacidad restringida, la transmisión o gravamen deben ser autorizados judicialmente”.

La importancia de los pactos

Viviana de Souza Vieira, colaboradora de la editorial Erreius, explica que la regulación de esta unión es muy limitada, por lo que es importante que los convivientes puedan ampliar sus derechos suscribiendo pactos convivenciales.

Ese instrumento es útil para fijar por escrito las bases del proyecto de vida en común y también lo qué sucederá en caso de cese de la relación.

Al regir la autonomía de la voluntad, las partes podrán diseñar el pacto a su gusto, agregando cláusulas no solo patrimoniales sino también extrapatrimoniales, pero que sean de relevancia para la pareja.

Si en el acuerdo se establecen cláusulas relacionadas con bienes inmuebles o muebles registrables, se deberán también registrar en los respectivos registros (Registro de Propiedad Inmueble, Registro de Propiedad Automotor, Registro de Caballos de Carrera, etc.).

Con ellos, podrán evitar consecuencias disvaliosas para alguno de alguno de los integrantes al momento de la ruptura de la convivencia, evitando recurrir a la justicia a los fines de lograr sus derechos, con un resultado incierto”, agrega la especialista.

Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres.

El contenido del pacto podrá ser modificado o extinguido por acuerdo de ambos convivientes o en los supuestos que la ley prevé.

No puede dejar fuera el piso mínimo obligatorio (PMO) de derechos, el cual no puede ser renunciado por los convivientes. El resto puede ser dejado de lado o ampliados.

Entre ese núcleo duro e irrenunciable se encuentra el de asistencia durante la convivencia. Puede ampliarse si se pactar lo que ocurrirá post cese, por ejemplo fijando una cuota alimentaria, en qué tipo de moneda se hará efectiva, por cuánto tiempo, lugar de pago, etc.

El artículo 520 es otro artículo que integra el PMO y establece que ninguna de las dos partes podrá renunciar a la contribución de las cargas del hogar.

En el pacto se podrán distribuir los gastos del hogar convivencial. Así, un conviviente se obligará a abonar los gastos de luz, gas y teléfono, y el otro, el alquiler del departamento que habitan. Una vez que hayan nacido hijos en común, podrán establecer que uno de ellos se encargará del pago de la escuela a la que los niños concurren, los libros, útiles escolares, así como también los gastos de excursiones y campamentos, y el otro podrá hacerse cargo de sus actividades extracurriculares, como profesores particulares, clases de danza, deportes, etc”, destaca de Souza Vieira.

Todos estos gastos derivarán en deudas, que pueden no ser abonadas en el momento correspondiente; es por ello se estipula que los convivientes son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos hubiere contraído con terceros.

Cualquier cláusula que violara estos artículos se considerará nula.

También hay que tener en cuenta que los convivientes no tienen derecho hereditario. Por ello, es importante que puedan incluir cláusulas relacionadas con la atribución de la vivienda familiar para luego del fallecimiento del conviviente propietario o la compensación económica, que, si ha sido establecida a favor de alguno de los convivientes, aunque el obligado fallezca, queda como carga de sus herederos.

Compensaciones en las uniones no registradas

Registrar la relación tiene sus ventajas, lo que no significa que aquellos que no lo hayan hecho quedan desprotegidos.
Adela Pérez del Viso, colaboradora de Erreius, indica que “la realidad debe ser observada y reconocida y, si se verifican situaciones de injusticia, se debe operar una intervención en esa realidad para crear una solución ordenada y armónica”.

Casi todos estos casos se encontrarán con problemas de prueba en razón de que, mientras dura el afecto, no existe desconfianza. Es probable que no se dediquen a reservar cada documento pensando en el futuro”, indica la especialista.
Atento al estado actual de la legislación alrededor de las uniones convivenciales, pueden ocurrir las siguientes situaciones:

1. Dos personas comienzan a convivir. Una de ellas (“A”) tiene a su nombre un inmueble. La otra parte (“B”) gana un salario u otro tipo de crédito y lo invierte totalmente en el inmueble del primero (construyendo, mejorando, etc.), todo debido a la unión y el afecto que se profesan. No se conservan recibos de los pagos realizados al/los operario/s que refaccionó/aron o amplió/aron la casa ni de los materiales comprados. Pasa el tiempo. Cuando se separan, todo el incremento y la mejora quedan en la casa de “A”.

2. Mismo escenario. “A” fallece. El inmueble “mejorado” no constituye la casa en la que convivían. “A” tenía dos hijos. Concurren al sucesorio los hijos de “A” y denuncian bienes como únicos herederos de “A”: el inmueble donde “B” realizó todas esas inversiones. El conviviente, como tal (salvo existencia de testamento), queda excluido del sucesorio.(8)

Estas situaciones pueden encontrar una solución más rápida en los casos en que se haya inscripto la unión y se haya estipulado en el mencionado pacto.

Pero hay casos en los que los jueces entienden que existió una “dependencia convivencial” (o “hiposuficiencia del conviviente”) que le impidió requerir a su pareja una prueba certera de su aporte económico a la compra o mejora de un bien determinado.

Por ende, la autoridad debe entender que, a partir de ciertos hechos probados, se origina una presunción en favor de la existencia de los aportes económicos conjuntos en la adquisición de bienes, una inversión del onus probandi, y entonces será el titular del bien (a quien se le reclama la distribución) el que deba probar lo contrario.

 

Fuente: Editorial Erreius

 

Juicio ejecutivo. Excepción de inhabilidad de título. Abuso de firma en blanco

Juicio ejecutivo. Excepción de inhabilidad de título. Abuso de firma en blanco. Causa de la obligación

Se confirma el rechazo de la excepción de inhabilidad de título, pues los pagarés ejecutados cumplen con todos los requisitos que establece la normativa, incluida la promesa pura y simple de pagar una suma determinada.

Se destaca que la indicación de la causa que motivó el libramiento de la cambial no es uno de los requisitos que regula la normativa a efectos de la habilidad de los documentos, por lo que no cabe más que rechazar las quejas que hacen a dicha cuestión.

Ayala, Blima Alcira c/Gomila, Alberto Ramón s/ejecutivo

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2017.

Y VISTOS

1. El ejecutado apeló la resolución de fs. 54/55, que denegó sus excepciones. Su memoria de fs. 59/60 fue contestada a fs. 63.

2. El apelante se agravió de que el Magistrado no admitiera su defensa en razón de la falta de indicación de la causa de libramiento de los pagarés. Se quejó también de que no se permitiera la realización de la prueba pericial caligráfica mediante la cual pretendió acreditar el llenado de los títulos, ni que se considerara la falta de claridad respecto de la cantidad adeudada.

La indicación de la causa que motivó el libramiento de la cambial no es uno de los requisitos que regula la normativa a efectos de la habilidad de los documentos, por lo que no cabe más que rechazar las quejas que hacen a dicha cuestión.

La intención de indagar el aspecto causal de la obligación, conforme pacífica doctrina y jurisprudencia, y los hechos que hacen a la llamada “causa” del título cuya ejecución se persigue, no pueden considerarse en el juicio ejecutivo. Ello solo podrá invocarse y probarse en el juicio de conocimiento posterior (CNCom., esta Sala, in re “Hernández, José Luis c/ Perone Héctor s/ ejecutivo”, del 29.05.98; idem in re “Servicios de Viajes y Turismo Biblos S.A. c/ Green Land Travel S.A. s/ ejecutivo” del 04.07.06).

Igual suerte desestimatoria correrán el resto de sus quejas.

Conforme se ha dicho de manera reiterada, la apertura a prueba de las excepciones en juicio ejecutivo es una facultad privativa del juez de la causa (CNCom., esta Sala in re «Dearti de Torres c/ Repetto s/ ejec.» del 24/03/81; idem in re «Paredes, Carlos c/ Todarello, Francisca» del 22/06/82; idem in re «López, Juan c/ Angélica, Daniel» del 05/07/82); y en el caso fue procedente para resolver las defensas opuestas y oportunamente ofrecida por la ejecutante en virtud de lo normado por el Cpr. 547, segundo párrafo.

La argumentación de que los pagarés ejecutados fueron firmados en blanco y luego completados por la ejecutante, es inidónea para sustentar la excepción en examen y no justifica la recepción a prueba de la causa. La indagación procurada con fundamento en el abuso de firma en blanco es improponible en el juicio ejecutivo; cuyo ámbito de conocimiento debe ceñirse a las formas extrínsecas de los documentos, so pena de desvirtuar la prohibición del art. 544, inc. 4 del Cpr. (CNCom. esta Sala in re «Cooperativa de Crédito Vivienda y Consumo Arba Ltda. C/ Le Novo S.R.L y otro s/ ejecutivo», del 19.10.93, idem in re «Gómez Susana c/ Madero Juan Manuel s/ ejecutivo», del 09.03.98; idem in re «Galloti, Enrique c/ Canopol S.R.L. s/ ejecutivo» del 14.11.07).

Los pagarés cuyas copias corren a fs. 7/10 cumplen con todos los requisitos que establece la normativa, incluida la promesa pura y simple de pagar una suma determinada, lo que impone el rechazo de las pretensiones del recurrente.

3. Por lo expuesto, se rechaza el recurso de fs. 57 y se confirma la resolución de fs. 54/55, con costas al ejecutado por resultar vencido (Cpr. 69).

4. Notifíquese por Secretaría del Tribunal, conforme Acordadas n° 31/11 y 38/13 CSJN.

5. Oportunamente cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada n° 15/13 CSJN, y devuélvase al Juzgado de origen.

6. La Sra. Juez Dra. Ana I. Piaggi no interviene por hallarse en uso de licencia (Art. 109 RJN).

MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO

MATILDE E. BALLERINI

 

Fuente: Editorial Erreius