Claves para entender el proyecto sobre salidas transitorias a condenados por delitos graves

Claves para entender el proyecto sobre las salidas transitorias a los condenados por delitos gravesLa iniciativa, que modifica la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, tiene media sanción de Diputados y podría obtener dictamen en el Senado

El caso de Micaela García volvió a colocar en el centro de la discusión el tema de las salidas transitorias de las personas privadas de su libertad. Esta semana, el Senado buscará avanzar con el proyecto con media sanción de Diputados que propone modificar la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena para prohibir las salidas transitorias y la libertad condicional a personas condenadas por delitos graves.

“Los delitos que no van a poder gozar del beneficio son homicidio, delitos contra la integridad sexual, robos con arma, en poblado y seguidos de muerte; secuestro extorsivo, trata de persona, asociación ilícita, lavado de activos y narcotráfico”, explicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich durante su exposición ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta.

“No es una reacción a lo que sucedió, estaba planeado en la agenda desde febrero. En el medio sucedió una desgracia, que impactó a toda la Argentina, el brutal asesinato de Micaela García, pero esto se iba a discutir”, aclaró la funcionaria.

El martes se reunirán los miembros de la citada comisión para definir el dictamen. La idea del oficialismo es que se trate en el recinto lo más pronto posible.

Federico Borzi Cirilli, colaborador de la editorial Erreius, aclaró que cuando “se habla de que el proyecto busca limitar las excarcelaciones es incorrecto”.

La Ley 24.660 se refiere a condenados y esta propuesta intenta modificar las medidas que tienen que ver el acortamiento o atenuación de las penas y no con la excarcelación que es una medida de liberación del imputado mientras tramita su proceso penal”, sostuvo el especialista.

Según el experto, la confusión puede tener que ver con que los procesados tienen la posibilidad de optar por el régimen de condenados para acceder a los beneficios de la Ley 24.660.

En ese punto, la iniciativa busca modificar al artículo 11 de la Ley. En caso de aprobarse, quedará redactado de la siguiente manera: “Esta ley es aplicable a los procesados a condición de que sus normas no contradigan el principio de inocencia y resulten más favorables y útiles para resguardar su personalidad. Las cuestiones que pudieran suscitarse serán resueltas por el juez competente.

En tanto, el abogado Jorge Monastersky se lamentó porque este tipo de proyectos vuelve a ser tratado por el Congreso luego de un caso que conmueve a la opinión pública y señaló que “no se puede tomar la ley aisladamente”.

Es que, de acuerdo a su punto de vista, la norma no servirá para nada si, entre otras cuestiones, no se encara un trabajo serio en el patronato de liberados y no se efectúa una reforma armónica del sistema penal.

Si los legisladores se guían por el caso “Micaela García” y la actuación del juez de Ejecución de Penas de Entre Ríos, Carlos Alfredo Rossi, para modificar las leyes, en los hechos no va a cambiar absolutamente nada porque lo que hay que hacer es sacar a los malos jueces”, destacó Monastersky, quien dio como ejemplo la situación que en la Capital Federal hay solo tres jueces de ejecución penal, lo que torna imposible su buen funcionamiento y pidió otorgar más recursos económicos y contratar más personal para que se pueda llevar adelante un mejor control.

Modificaciones relevantes del proyecto

Borzi Cirilli explicó que “se suele dividir el tratamiento penitenciario de un condenado en tres fases, la primera consistente en un tratamiento intensivo en busca de fortalecer los comportamientos positivos y atenuar los negativos; una segunda, atenuando la supervisión y una tercera en busca de mayor autodeterminación del interno”.

Cada una de ella requiere determinados objetivos a cumplir. La última etapa puede desembocar en la incorporación del condenado a un establecimiento abierto o sección independiente de éste que se base en el principio de autodisciplina, en la posibilidad de obtener salidas transitorias o en su incorporación al régimen de la semilibertad.

Al modificarse el artículo 56 bis se excluye de todas estas posibilidades de atenuación de la pena privativa de libertad -tampoco podrán obtener los beneficios de la prisión discontinua o semidetención, ni el de la libertad asistida- a los condenados por una gran cantidad de delitos”, explicó el experto.

Además de los delitos contra la integridad sexual (artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127, 128 primer y segundo párrafo, 130 del Código Penal) se agregan el homicidio simple y agravados, privación ilegal de la libertad coactiva si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida; tortura seguida de muerte; robo seguido de muerte, secuestro extorsivo seguido de muerte; trata de personas; delitos cometidos por asociaciones ilícitas en los términos de los artículos 210 y 210 bis del Código Penal, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y prevaricato; cuando un delito fuere cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a la autoridades a realizar un acto o abstenerse de alguno; delitos contra el orden económico y financiero; delitos de comercialización, introducción o financiamiento de estupefacientes y delitos aduaneros.

De hecho, el proyecto expresamente dispone que: “El juez de ejecución o juez competente deberá denegar los beneficios comprendidos en el periodo de prueba como así también la prisión discontinua o semidetención, por resolución fundada, cuando el egreso pueda constituir un grave riesgo para el condenado o para la sociedad”.

Para que esta reforma resulte armónica con el Código Penal de la Nación –que es el que regula la libertad condicional- se modifica también a éste en su artículo 14 excluyendo de la posibilidad de acceder a la libertad condicional a los reincidentes y a los condenados en todos los delitos mencionados anteriormente”, agregó Borzi Cirilli.

La iniciativa introduce al régimen de pena privativa de libertad un Régimen Preparatorio para la Liberación (artículo 56 quater) para los condenados por los delitos recién señalados que consistirá en un programa específico de carácter individual, teniendo en cuenta la gravedad del delito cometido, que permita un mayor contacto con el mundo exterior y, un año antes del cumplimiento de la condena, siempre que el condenado cumpliera los requisitos de acceso a la libertad condicional, podrá acceder a la libertad conforme al Régimen preparatorio para la liberación.

En este, los tres primeros meses se dedicarán a la preparación dentro del establecimiento del condenado para la liberación, con posterioridad se admitirá la realización de salidas con acompañamiento durante un plazo de ocho meses y, finalmente, en el último mes el condenado accederá a la posibilidad de ingresar en el régimen de salidas fuera del establecimiento penitenciario sin supervisión. En todos los casos las salidas serán diurnas y por plazos no superiores a las doce horas.

Por último, Borzi Cirilli indicó que “para la implementación de este nuevo régimen preparatorio para la liberación se crea a través del nuevo artículo 56 quinquies un organismo especializado en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Registro Nacional de Beneficios u otras Medidas Procesales (RENABEM)”.

Este organismo intervendrá en lo relativo al otorgamiento de salidas transitorias, incorporación al Régimen de semilibertad, prisión discontinua, semidetención, prisión nocturna; otorgamiento de prisión domiciliaria, libertad asistida, libertad condicional y todos los beneficios comprendidos en el período de prueba previsto por la ley de Ejecución de la pena y suspensión del proceso a prueba.

Fuente: Editorial Erreius

Dudan de que la “Reparación Histórica” ayude a reducir la litigiosidad

Expertos dudan de que la “Reparación Histórica” a los jubilados ayude a reducir la litigiosidadConsideran que se debe corregir el cálculo inicial y la movilidad de los haberes, así como evitar el retraso respecto a la actualización de los topes. Además, indicaron que la norma alertó a muchos beneficiarios que no habían iniciado juicio y ahora decidieron presentarse en la Justicia

El sistema previsional argentino desde hace varias décadas enfrenta una importante litigiosidad, por la errónea determinación del haber inicial del beneficiario, la aplicación de topes máximos en los haberes y la ausencia de movilidad en las prestaciones otorgadas.

Para tratar de terminar con este problema, la Ley 27.260 creó el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados con el fin de intentar resolver el endeudamiento crónico con la clase pasiva y evitar pérdidas de tiempo en reclamos para cobrar un haber adecuado.

Pero, por ahora, no hizo disminuir la litigiosidad entre los jubilados y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Es que la oferta del organismo previsional alertó a muchos beneficiarios de la posibilidad de obtener un reajuste mayor por medio de una sentencia judicial. Muchos decidieron iniciar nuevos juicios.

El ingreso al programa para desistir del camino judicial, que muchas veces es muy largo teniendo en cuenta la edad del reclamante, es voluntario. Aquellos que optaren por adherirse reciben una propuesta de pago, definidos en tres grupos de beneficiarios según su situación al 30 de mayo del año pasado:

– Para los casos en los que hubiere recaído sentencia firme a dicha fecha, se realiza una propuesta que contempla abonar las diferencias devengadas desde los dos años previos a la notificación de la demanda.

– Para los casos en los que hubiere juicio iniciado con anterioridad, y carezcan de sentencia firme a dicha fecha, se realiza una propuesta que estipula abonar las diferencias devengadas desde los dos años previos a la notificación de la demanda y hasta un máximo de cuarenta y ocho meses de retroactivo, tomándose, en este último supuesto, los meses anteriores inmediatos a la fecha de aceptación de la propuesta.

– Para los casos en los que no hubiere juicio iniciado antes del 30 de mayo de 2016, se realiza una propuesta que contemple abonar las diferencias devengadas desde la presentación de la solicitud de ingreso al Programa.

En tanto, aquellas personas que hubieran iniciado una acción judicial y decidiesen no ingresar al Programa, la ley dispone que la ANSES se compromete a continuar abonando los correspondientes reajustes de haberes en cumplimiento de las sentencias firmes.

Hasta el momento, los beneficiarios con los haberes más bajos son los que accedieron en mayor proporción al modo abreviado del acuerdo.

El grupo que cobra entre un haber mínimo y un mínimo y medio es el que más reajustes de Reparación Histórica tiene tramitadas, con 42,86% del total. En el rango de $6349,85 y $9524,67 existen unas 417.542 adhesiones de jubilados sin causas y 4897 con causas, indica un informe de la Jefatura de Gabinete.

Además, señala que se abonaron reajustes a 894.668 jubilados a enero pasado. Entre ellos, 481.555 fueron aceptados por los titulares y 20.169 fueron presentados en la Justicia para homologarse. La cantidad de reajustes va disminuyendo a medida que se sube en la escala jubilatoria.

El fenómeno se observa en que la mayoría de los acuerdos iniciados corresponde a jubilados que no habían iniciado juicios: de los acuerdos aceptados, 22.536 son de los beneficiarios que estaban en litigio, destaca el mismo informe.

El especialista Patricio J. Torti Cerquetti, colaborador de la editorial Erreius, explica que “a través de la ley 27260 se produce un reconocimiento del Estado sobre la legitimidad de los reclamos en materia de reajustes previsionales” pero considera que “una verdadera reparación histórica debiera consistir en ajustar los haberes y cancelar deudas de manera automática”.

Reducir la litigiosidad en materia previsional no ha de obtenerse mediante este tipo de propuestas y tampoco con la declaración de emergencia en la cual se enmarca el Programa, sino corrigiendo el cálculo y la determinación de los haberes y su movilidad, así como el retraso respecto a la actualización de los topes aplicables, debiendo encargarse de ello la ANSES como administrador del sistema previsional”, remarca.

Si bien para el experto es “loable la intencionalidad del Programa”, mientras “no se elimine la causa de la litigiosidad sino que sólo se ataque la consecuencia, resultará muy difícil poder terminar con este problema.

En tanto, para el juez Walter Carnota, “el legislador no procedió a declarar la “emergencia del sistema previsional” como otrora se hizo, sino que focalizó su atención en la “emergencia de la litigiosidad previsional”. Es decir, para el magistrado, el mal a atacar es la cantidad de juicios que inundan los tribunales y no sus causas.

Sobre este punto María Lodi-Fé, colaboradora de Erreius, remarca que “de la declaración de emergencia en materia de litigiosidad previsional se infiere que el Estado no ha cumplido con el pago de los juicios”.

Para evitar la generación de juicios y consecuente litigiosidad, la experta considera que es necesario “liquidar correctamente el haber inicial y otorgar correcta movilidad al mismo”.

En este punto, Lodi-Fé señala que “se utiliza un índice inferior para la actualización de las remuneraciones que el reconocido en las sentencias, de lo que resultará un aumento menor al que se establecería cumpliendo las mismas”.

El monto menor surge de la no aplicación de lo resuelto por la Corte Suprema de la Nación en el caso “Elliff, Alberto José” (fijación de índice superior), “Argento, Federico Ernesto” y “Barrios, Idilio Anelio” (topes) y “Quiroga, Carlos Alberto” (reajuste de la Prestación Básica Universal).

Luego se preguntó: ¿Qué pasará con los jubilados y pensionados que no acepten la oferta y continúen con los juicios o esperen el pago de una sentencia firme?

Se sostiene en la ley que los beneficiarios que no adhieran al Programa podrán cobrar la sentencia sin las quitas. La pregunta que surge, de acuerdo a Lodi-Fé, es cuándo se abonarán: durante la emergencia previsional por tres años que declara la ley o luego de ese período.

Acuerdos transaccionales

Torti Cerquetti enfatiza que “la declaración de emergencia en “materia de litigiosidad” con el único fin de ofertar una mejora en el haber jubilatorio o de pensión a cambio de dejar sin efecto un juicio, entraña el peligro de habilitar medidas que impliquen una eventual restricción o suspensión de derechos respecto de aquellos que no acepten la oferta y quieran continuar con sus juicios o esperar el pago de una sentencia que ya se encuentre firme”.

La ANSES podría utilizar esto como excusa para dilatar el pago a quienes no se sometan a la ley 27260 o peor aún, la llave de acceso al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para hacer uso de éste de forma desmesurada e inapropiada, consideró el colaborador de Erreius.

Y destaca que se optó por un condicionamiento en los derechos de la clase pasiva, quedando supeditado su reconocimiento a la aceptación de un acuerdo transaccional, lo que implica “una suerte de renunciar a derechos que de acuerdo a nuestra Constitución son irrenunciables, generándose así más dudas que certezas”.

En este punto, Walter Carnota agrega que “para un acuerdo transaccional no sería necesaria en sentido estricto la intervención de un juezporque “el Código Civil y Comercial de la Nación regula a partir del artículo 1641 el “contrato de transacción” en donde las partes, “para evitar un juicio”, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas”.

La norma siguiente estatuye que la transacción produce los efectos de la cosa juzgada, sin necesidad de homologación judicial.
Empero, estando de por medio la Administración y la emergencia en materia de litigiosidad, bien el Congreso pudo entender hacer una excepción a este principio, y conferir mayor certidumbre al acuerdo transaccional acercándolo o llevándolo al poder judicial para que lo homologue, en atención a la emergencia que se declara”, agrega Carnota.

Luego finaliza señalando que “los nuevos acuerdos tensionarán la capacidad operativa de la Administración prestacional, de la judicatura y de la comunidad forense en su conjunto para poder tramitarlos en debida forma y manera. En este sentido, serán desafíos interesantes. Es que poner coto a la litigiosidad en esta materia hace que, al menos, merezca la pena intentarlo, a fin de saldar de una vez por todas, la precitada deuda histórica”.

Fuente: Editorial Errepar

Convocatoria a elecciones para Senadores y Diputados Nacionales

Convocatoria a elecciones para Senadores y Diputados NacionalesSe convoca al electorado de la Nación Argentina a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de candidatos a Senadores y Diputados Nacionales el día 13 de agosto de 2017; y se convoca a elecciones definitivas para el día 22 de octubre de 2017.

Fuente: Editorial Erreius

Qué estipula el proyecto que analizará Diputados sobre alquileres para vivienda


La propuesta fue aprobada por unanimidad en noviembre pasado por el Senado. Entre otros puntos, amplía los plazos del contrato, fija topes a las comisiones y actualizaciones del canon

La Cámara de Diputados tiene previsto retomar en abril el proyecto que obtuvo media sanción por unanimidad en el Senado que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación en lo concerniente al contrato de locación de viviendas.
La iniciativa fue impulsada por la organización Inquilinos Agrupados y presentada por la senadora del bloque Frente para la Victoria- PJ Silvina García Larraburu. En la última sesión ordinaria del año pasado, se aprobó por unanimidad.
El proyecto consta de seis artículos, uno de ellos de forma, y contempla, por ejemplo, la ampliación de dos a tres años del plazo mínimo de la locación de inmuebles destinados a vivienda, la devolución a precio actualizado del depósito en garantía abonado al inicio de la relación contractual, y que las expensas extraordinarias en ningún caso correrán por cuenta del locatario.
La iniciativa ya fue girada a la comisión de Legislación General de Diputados, presidida por Daniel Lipovetzky, de Cambiemos, quien también presentó una iniciativa sobre este tema. Se debatiría en este ámbito durante los primeros días de abril.

Punto por punto
El artículo 1 del proyecto modifica el artículo 1196 del Código Civil y Comercial de la Nación y prohíbe el pago de alquileres anticipados y los depósitos de garantía en ambos casos mayores a un mes de alquiler.
Además, prevé que “el depósito en garantía será devuelto mediante la entrega de una suma, proporcional o equivalente al precio del último mes de la locación, en el momento de la restitución del inmueble, el que debe ser actualizado conforme lo establece el procedimiento de actualización anual de la locación”.
También prohíbe el pago de valor llave o equivalentes y destaca que en “caso que el contrato haya sido celebrado con la intermediación comercial de un tercero, las sumas que corresponden a comisiones u honorarios por los servicios prestados no podrán superar los máximos establecidos en cada jurisdicción. Si no los hubiere, no podrán ser mayores a un (1) mes de alquiler.»
La impulsora del proyecto indica que el propósito de esta modificación es “evitar los abusos que se vienen denunciando en este rubro; como las devoluciones tardías, sin actualización de las sumas depositadas, se establece claramente que el locador cumple con la devolución del depósito en garantía realizado por el locatario al inicio de la relación, entregándole una suma equivalente al valor del último mes de alquiler en el mismo momento de la restitución del inmueble”.
Y sobre el tope al pago de comisiones a los corredores inmobiliarias explica que “para evitar que se fijen arbitrariamente retribuciones de carácter abusivo por la tarea de intermediación, que en la práctica pesan exclusivamente sobre el locatario invocando en algunos casos la libertad contractual del Código Civil y Comercial, se propone como regla que sean estrictamente las que se determine por ley cada jurisdicción, y en caso de no estar fijadas no superen nunca el valor de un mes de alquiler al momento de la celebración del contrato”.
Desde el estudio Jorge Grispo & Asociados remarcan que “si bien la propuesta tiene la intención de brindar una mayor estabilidad al inquilino, tal situación podría llevar a que la oferta de alquileres se retraiga perjudicando así a quienes desean alquilar un inmueble, que en teoría son los que la ley supuestamente quiere beneficiar”.
Esto se debe a que el propietario probablemente traslade sus nuevos costos al monto del alquiler.

En tanto, el artículo 2 modifica el artículo 1198 del Código Civil y Comercial de la Nación y amplía a tres años el plazo de la locación de inmuebles para vivienda. Para la senadora García Larraburu, “con un plazo más extendido, las familias locatarias tendrán mayor estabilidad en la vivienda, podrán planear con una mejor perspectiva sus eventuales mudanzas y lograrán un significativo ahorro en sus ingresos, dado que pagarán comisiones a las inmobiliarias por la renovación de los contratos cada tres años”.

Por otro lado, el artículo 3 modifica el artículo 1209 del CCyCo, que remarca que el locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que dé a la cosa locada. Pero destaca que “no tiene a su cargo el pago de las que graven la cosa, ni las expensas extraordinarias.»
De esta manera, se establece expresamente que las expensas extraordinarias en ningún caso corren por cuenta del locatario y se elimina la posibilidad de pactar en contrario.
La crítica que se le hace al proyecto en este punto es la misma que se le efectuó en el tema comisiones por intermediación: es muy probable que el propietario traslade ese nuevo costo al monto del alquiler.

El artículo 4 del proyecto modifica el artículo 1221 del Código Civil y Comercial de la Nación y elimina el plazo de seis meses para que el locatario pueda resolver el contrato sin causa. Podrá hacerlo en cualquier tiempo, aunque se mantienen las indemnizaciones ya previstas a favor del locador.
Es decir, si el locatario decide abandonar la vivienda antes del primer año del vínculo deberá abonar en concepto de indemnización la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble y se reduce a un mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso.
Para Jorge Grispo “esto implicaría que los contratos de locación carecerían de un plazo mínimo que vincule a las partes, algo que podría llevar a la retracción en la oferta de inmuebles”.
Por otro lado, el mismo artículo estipula que las partes deben acordar la renovación del contrato, por lo menos sesenta días antes de su finalización. A tal efecto, cualquiera puede convocar a la otra de modo fehaciente.
Si no llegasen a un acuerdo, el locatario puede resolver el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización correspondiente.
Pero si se ponen de acuerdo y una de las partes luego no cumple, esta debe pagar a la otra una indemnización equivalente a un mes de alquiler a la finalización del contrato.
Según explica García Larraburu “con el sistema legal vigente, el locador está en mejor posición y puede estirar hasta los últimos días del plazo la renovación del contrato, especulando con la necesidad de vivienda del locatario para obtener un mejor precio. El locatario por su parte debe negociar la renovación y a la vez buscar una vivienda por si no se llega a un acuerdo. Si consiguiese nueva vivienda antes del vencimiento del plazo, pesa sobre el castigo de la multa por resolución anticipada”, agrega.

Por último, el artículo 5 del proyecto estipula que “hasta que la variación anual del índice de precios al consumidor (IPC) sea inferior al diez por ciento (10%), el precio de la locación sólo podrá ser reajustado anualmente según la variación del índice de actualización que al efecto elaborará el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en base a la evolución de los índices de precios al consumidor (IPC) y coeficiente de variación salarial (CVS) -o los que en el futuro los reemplacen-, promediados en partes iguales.
Exceptúese de lo dispuesto en los artículos 7° y 10 de la ley 23.928, y sus modificatorias, al procedimiento de actualización previsto en el párrafo anterior”.
De acuerdo a Garcìa Larraburu, se pretende “terminar con las actualizaciones arbitrarias del precio de las locaciones para vivienda, calculadas a criterio de las mismas inmobiliarias con el objeto de preservar el valor del alquiler en el tiempo” y a su vez permite eludir legalmente la prohibición de indexación.
Al no pactarse libremente por las partes el modo de actualización, “el valor del canon mensual podría resultar incierto ya que el valor se encuentra supeditado a los índices restándole previsibilidad y seguridad jurídica a la operación”, concluyeron desde el estudio Grispo.

Fuente: Editorial Erreius

La Facultad de Derecho de la UBA es campeona de una competencia internacional

Foto: Facultad de Derecho UBAFelicitamos a los tres estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA, quienes se consagraron campeones del concurso Jean Pictet sobre Alegatos y Simulación en Derecho Internacional Humanitario.

El equipo de la UBA, conformado por Alan Feler, Juan Francisco Padín y Jimena Posleman, venció en la final a la Universidad de New York y a la Universidad de Liège (Bélgica) con la representación a la defensa de un acusado de crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional.

La Facultad de Derecho de la UBA participa en el Concurso Jean Pictet ininterrumpidamente desde 1999. La competencia está dirigida a estudiantes avanzados de derecho, ciencia política, relaciones internacionales, academias militares y disciplinas afines.

¡Felicitaciones!

Fuente: Editorial Erreius
Crédito foto: Falcultad de Derecho, UBA