La obligación alimentaria constituye una obligación de valor no alcanzada por el régimen de la L.23928

Alimentos. Hijos menores. Homologación de acuerdo. Actuación de la cuota alimentaria. Obligación de valor. Ley 23.928
Se revoca parcialmente la sentencia apelada y se homologa la totalidad del convenio de alimentos concertado entre las partes a favor de sus hijas menores, incluida la pactada actualización semestral automática de la cuota alimentaria, conforme al promedio del índice del costo de vida del INDEC o del índice del costo de construcción. Ello así, al juzgarse que la obligación alimentaria es una obligación de valor y, como tal, no se encuentra alcanzada por el régimen establecido en la ley 23928.

L., A. A. c/C., R. G. s/alimentos

En la ciudad de Junín, a los 14 días del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, GASTON MARIO VOLTA Y JUAN JOSE GUARDIOLA, en causa nº ZRO-54401-2017 caratulada: «L., A. A. C/C., R. G. S/ALIMENTOS», a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Castro Durán, Volta y Guardiola.-

La Cámara planteó las siguientes cuestiones:

1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Castro Durán dijo:

I- A fs. 118/119 el Sr. Juez titular del Juzgado de Paz Letrado de Rojas, Dr. Luciano Jorge Caligari, dictó sentencia, por la cual, si bien homologó la cuota alimentaria mensual pactada por la accionante y el demandado, en beneficio de las hijas menores de edad de ambos; en lo que al recurso deducido interesa, aludiendo a un impedimento legal, denegó la homologación del punto referido a la actualización semestral automática de dicha cuota alimentaria, conforme al promedio del índice del costo de vida del INDEC o del índice del costo de construcción.

II- Contra este pronunciamiento, el demandado dedujo apelación a fs. 125; recurso que, concedido en relación y con efecto devolutivo, recibió fundamentación por vía del memorial agregado a fs. 127/130.

En dicha presentación, el apelante se agravió por la desestimación de la homologación del punto referido a la actualización semestral automática de la cuota alimentaria, solicitando que se revoque dicha decisión y se proceda a la homologación total de la cláusula segunda.

Inicialmente adujo que el «a quo» no expresó cuál es el impedimento legal que obsta a la homologación denegada, por lo que la decisión no se encuentra debidamente fundada.

Seguidamente, especuló que si tal impedimento fuera la prohibición de actualización de las deudas dinerarias establecida en el artículo 7 de la ley 23.928, dicha prohibición no resulta aplicable en autos, puesto que la obligación alimentaria es una deuda de valor que resulta ajena al régimen de dicha ley, que sólo contempla las deudas dinerarias.

III- Corrido traslado del memorial reseñado precedentemente, la parte actora guardó silencio; luego de lo cual, el expediente fue remitido a esta Cámara, donde, previo dictamen del Asesor de Incapaces encaminado a la recepción de la apelación deducida, se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a las presentes actuaciones en condiciones de resolver.

IV- En tal labor, comienzo por señalar que coincido con la apelante en cuanto que la obligación alimentaria constituye una obligación de valor, ya que su objeto no es la entrega de una suma de dinero (como ocurre en las obligaciones de dar dinero), sino una prestación que alcance para la satisfacción de las necesidades del alimentado.

Tan es así que la prestación alimentaria puede ser cumplida en especie o mediante la entrega de una suma de dinero que alcance para cubrir las necesidades del beneficiario, pero que no constituye el objeto de la obligación, sino que es el modo de pago de la misma.

Para fijar la suma de dinero erigida en modo de pago de la obligación alimentaria, debe tomarse en cuenta el costo real de las erogaciones a realizar para brindar satisfacción a las necesidades del alimentado (arts. 659 y 772 CCyC).

En claro que la obligación alimentaria es de valor (conf. Claudio A. Belluscio, «Actualización de los alimentos según el costo de vida», págs. 29/33; Federico A. Ossola, «Código Civil y Comercial de la Nación Comentado – Director: Ricardo Luis Lorenzatti», Tomo V, pág. 156; Adrián R. Ventura y Marta N. Stilerman, «Alimentos», pág. 25), cabe señalar que este tipo de obligaciones no se encuentran alcanzadas por el régimen establecido en la ley 23.928.

Llego a esta conclusión, valorando que el artículo 7 de dicha ley, en la parte pertinente, establece que «El deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley…».

Es decir, el artículo transcripto alude expresamente a las obligaciones de dar sumas determinadas de dinero (art. 765 CCyC), las que resultan ontológicamente distintas de las obligaciones de valor; por lo que no corresponde extender a éstas, la prohibición que rige respecto de aquellas (art. 2 CCyC).

V- Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo:

I)- Receptar el recurso de apelación deducido a fs. 125 por el demandado; y en consecuencia, modificar la sentencia de fs. 118/119, disponiendo la homologación total de la cláusula segunda del acuerdo transaccional agregado a fs. 113/114vta., incluida la actualización semestral automática de la cuota alimentaria allí pactada (arts. 2, 659, 765, 772 CCyC; y 7 ley 23.928).

II)- Las costas de Alzada se imponen en el orden causado, atento a la falta de oposición de la parte actora (art. 68 CPC); difiriéndose la regulación de los honorarios de la Dra. María Virginia Aloé, para la oportunidad en que estén regulados los honorarios de primera instancia (art. 31 dec.ley 8904).

ASI LO VOTO.

Los Señores Jueces Doctores Volta y Guardiola, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-

A LA SEGUNDA CUESTION el Señor Juez Dr. Castro Durán, dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC, corresponde:

I)- Receptar el recurso de apelación deducido a fs. 125 por el demandado; y en consecuencia, modificar la sentencia de fs. 118/119, disponiendo la homologación total de la cláusula segunda del acuerdo transaccional agregado a fs. 113/114vta., incluida la actualización semestral automática de la cuota alimentaria allí pactada (arts. 2, 659, 765, 772 CCyC; y 7 ley 23.928).

II)- Las costas de Alzada se imponen en el orden causado, atento a la falta de oposición de la parte actora (art. 68 CPC); difiriéndose la regulación de los honorarios de la Dra. María Virginia Aloé, para la oportunidad en que estén regulados los honorarios de primera instancia (art. 31 dec.ley 8904).

ASI VOTO.

Los Señores Jueces Dres. Volta y Guardiola, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.

Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí:

FDO. DRES. RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, GASTON MARIO VOLTA Y JUAN JOSE GUARDIOLA, ANTE MI, DRA. MARIA. V. ZUZA (Secretaria).-

//NIN, 14 de Diciembre de 2017.-

AUTOS Y VISTOS

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC,

SE RESUELVE

I)- Receptar el recurso de apelación deducido a fs. 125 por el demandado; y en consecuencia, modificar la sentencia de fs. 118/119, disponiendo la homologación total de la cláusula segunda del acuerdo transaccional agregado a fs. 113/114vta., incluida la actualización semestral automática de la cuota alimentaria allí pactada (arts. 2, 659, 765, 772 CCyC; y 7 ley 23.928).

II)- Las costas de Alzada se imponen en el orden causado, atento a la falta de oposición de la parte actora (art. 68 CPC); difiriéndose la regulación de los honorarios de la Dra. María Virginia Aloé, para la oportunidad en que estén regulados los honorarios de primera instancia (art. 31 dec.ley 8904).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen.-

FDO. DRES. RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, GASTON MARIO VOLTA Y JUAN JOSE GUARDIOLA, ANTE MI, DRA. MARIA. V. ZUZA (Secretaria).-

 

Fuente: Editorial Erreius

Oficinas de empleo municipales. Compromiso de no discriminación de postulantes

RESOLUCIÓN 11-E/2018 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Se modifica la resolución (MTESS) 270/2015, que estableció las condiciones de no discriminación que deben observarse al momento de realizar ofertas de empleo, señalando que las mismas no pueden contener restricciones por motivos tales como raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, posición económica, condición social, caracteres físicos, discapacidad, residencia o responsabilidades familiares.

En tal sentido, se incorporan a los motivos enumerados los antecedentes penales de las personas que hayan cumplido la totalidad de su condena.

RESOLUCIÓN 11-E/2018

VISTO

El Expediente N° 1.654.899/2014 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 25.326, 25.875 y 22.520 y sus modificatorias, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 270 del 13 de abril de 2015 y la Recomendación de la PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN N° 855 del 10 de febrero de 2017, y

CONSIDERANDO

Que la Ley N° 25.326 establece los límites en el uso y disposición de los datos personales sin consentimiento expreso de su titular, estableciendo el principio general de que ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles, quedando prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente revele estos datos.

Que el artículo 23 de la Ley N° 22.520, establece que le compete al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL entender en la promoción, regulación y fiscalización del cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores, así como en la igualdad de oportunidades y de trato en el acceso al empleo.

Que en ese orden, por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 270/2015 se promueve el compromiso de las Oficinas de Empleo Municipales de no suministrar datos que pudieran ser motivo de discriminación de los postulantes por parte de empleadores.

Que asimismo con el objeto de propiciar la igualdad de condiciones al momento de la postulación a un puesto de trabajo, en el artículo 3° de la Resolución citada se establece que las ofertas de empleo no podrán contener restricciones por motivos tales como raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, posición económica, condición social, caracteres físicos, discapacidad, residencia o responsabilidades familiares.

Que en el marco de las facultades establecidas por la Ley N° 25.875, la PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN formuló la Recomendación PNN N° 855/17 al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a los fines de incorporar a los motivos enumerados en el artículo 3° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 270/2015 que no podrán ser causa de restricción para el otorgamiento del empleo los antecedentes penales de las personas que hayan cumplido la totalidad de su condena.

Que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL entiende pertinente la modificación propuesta.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 22.520 y sus modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE

Art. 1- Sustitúyese el artículo 3 de la resolución (MTESS) 270 del 13 de abril de 2015 por el siguiente:

“Art. 3 – Las ofertas de empleo no podrán contener restricciones por motivos tales como raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, posición económica, condición social, caracteres físicos, discapacidad, residencia, responsabilidades familiares o antecedentes penales de quienes hayan cumplido la totalidad de su condena.”

Art. 2 – De forma.

 

Fuente: Editorial Erreius

Reforma previsional. Recusación por enemistad manifiesta por conflicto entre el letrado y el juez

Recusación con causa. Enemistad manifiesta. Debido proceso. Derecho de defensa. ANSeS. Reforma previsional

Se hace lugar a la recusación con causa, en los términos del artículo 17, inciso 10), del CPCCN, ante la situación de tensión y denuncias recíprocas entre el letrado actor y el magistrado interviniente en primera instancia. El tribunal juzgó que si bien no estaba frente a una situación de “enemistad ni odio” por parte del magistrado hacia el letrado, resulta notorio un estado de resentimiento que desaconseja, atento a la indudable importancia que los poderes públicos han asignado a la materia en disputa, que la presente causa sea tramitada ante el juez recusado.

Fernández Pastor, Miguel Ángel c/ANSeS s/incidente

Buenos Aires, 27/12/2017

EL DOCTOR MARTIN LACLAU DIJO:

En las presentes actuaciones, el Dr. Miguel Ángel Fernández Pastor recusa con causa al Dr. Fernando Strasser, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 2, donde ha recaído la acción de amparo iniciada por aquél con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.426 y del Decreto 1058/17. En tal sentido, invoca lo preceptuado por el art. 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en sus incisos 6 y 10. La primera de las causales de recusación invocada se refiere a “ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema haya dispuesto dar curso a la denuncia”. La segunda causal consiste en tener el juez hacia el recusante “enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos”.

El accionante invoca que, en una causa anterior (CSS 61668/2016/1/CA2), efectuó reiteradas denuncias contra el magistrado recusado, quien-en su opinión- “violentó todos y cada uno de los derechos de defensa en juicio y del debido proceso objetivo”. Cabe destacar que dicha denuncia no fue considerada por la Corte Suprema, puesto que esta Alzada la desestimó ante el carácter genérico de sus expresiones y dicho pronunciamiento no fue recurrido por el Dr. Fernández Pastor, lo cual no torna viable, en mi opinión, la primera de las causales de recusación alegadas.

Ahora bien, el magistrado recusado, en su informe obrante a fs.1 de estos actuados, pone en evidencia una situación de alta tensión entre el Dr. Fernández Pastor y él, que lo llevó a denunciar al recusante ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a efectos de que fuese sancionado por el Tribunal de Disciplina de esa institución. Estimo que, ante esta situación no cabe hablar de enemistad ni de odio por parte del Dr. Strasser hacia el Dr. Fernández Pastor, pero sí resulta notorio un estado de resentimiento que desaconseja, atento la indudable importancia que los poderes públicos han asignado a la materia en disputa, que la presente causa sea tramitada ante los estrados del juzgado del Dr. Strasser.

Por ello, en caso de prosperar mi voto, correspondería hacer lugar a la recusación planteada en autos, con base en lo normado por el art. 17, inc.10), del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

El DR. RODOLFO M. MILANO DIJO:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Laclau.

EL DR. NESTOR A. FASCIOLO DIJO:

I.

El aquí actor recusa con causa a fs. 64vta. / 65vta. al Dr. Fernando Strasser, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social nro. 2, donde tramita la acción de amparo promovida con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.426 y del Dto. 1058/17, por las causales enunciadas en los incisos 6 y 10 del art. 17 del CPCCN.

En ambos casos, en apoyo de su petición alude a lo actuado en el “incidente nro. 1 de FERNANDEZ PASTOR, MIGUEL ANGEL Y OTROS en autos FERNANDEZ PASTOR MIGUEL ANTEL C/ANSES S/AMPAROS Y SUMARÍSIMOS”.

A fs. 1 obra el informe del sr. juez a quo previsto por el art. 26 del CPCCN.

II.

Adhiero a lo expresado por el Dr. Laclau en el segundo párrafo de sus considerandos, por lo que no ha de prosperar la recusación con causa contemplada por el art. 17 inc. 6 CPCCN.

III.

En relación a la causal del inc. 10 del art. 17 CPCCN., considero que lo actuado por el magistrado al imponerle -en esa causa- una sanción de prevención al letrado -aquí actor- y poner en conocimiento lo ocurrido al Colegio Público de Abogados para que intervenga el Tribunal de Disciplina y a la Cámara a los fines que estime corresponder, se enmarca en lo dispuesto por los arts. 35 y 36 CPCCN. y no cabe inferir de ello de manera directa y sin más la existencia de “enemistad, odio o resentimiento” del magistrado contra el recusante, lo que aquel descartó en su informe.

No obstante ello, al solo fin de descartar en el ánimo del demandante cualquier sospecha de “resentimiento” en su contra que pueda afectar el debido proceso y su derecho de defensa en juicio, es que habré de dar curso a la recusación fundada en este precepto, debiendo remitirse el expediente a Secretaría General a sus efectos (art. 28 CPCCN.). Así lo voto.

Por lo que resulta del acuerdo de la mayoría, el Tribunal

RESUELVE

Hacer lugar a la recusación planteada en autos, con base en lo normado por el art. 17, inc.10), del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Cópiese, protocolícese, notifíquese por cédula electrónica a la parte actora y al titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 2, Dr. Fernando Strasser, mediante oficio de estilo, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p.4 y conc.) y, oportunamente, remítase a la Secretaría General a sus efectos.

RODOLFO MARIO MILANO

JUEZ DE CAMARA

-SUBROGANTEANTE

NESTOR A. FASCIOLO

JUEZ DE CAMARA

MARTIN LACLAU

JUEZ DE CAMARA

ANTE MI:

ELOY A. NILSSON

SECRETARIO DE CAMARA

JAVIER B. PICONE

SECRETARIO DE CAMARA

 

Fuente: Editorial Erreius

CABA. Vínculos de parentesco en la función pública

DECRETO 43/2018 CABA

Se dispone que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tengan algún vínculo de parentesco, tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el señor Jefe de Gobierno y Vicejefe de Gobierno de la Ciudad, el Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la unión convivencial.

Ello, en relación al decreto 93/2018 del Gobierno Nacional.

DECRETO 43/2018

Art. 1 – Dispónese que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el señor Jefe de Gobierno y Vicejefe de Gobierno de la Ciudad, el Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial.

Art. 2 – A los efectos del presente se considera Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el integrado por la Administración Central (Poder Ejecutivo), las comunas, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Central, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado de la Ciudad tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado de la Ciudad tenga el control de las decisiones, Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado, entidades de Derecho Privado sujetas a intervención Estatal.

Art. 3 – Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 1° las personas designadas mediante procesos de selección por Concurso Público de antecedentes o que cuenten con estabilidad en el cargo.

Art. 4 – Las personas cuyas designaciones a la fecha del presente se encuentren alcanzadas por el artículo 1° deberán desvincularse antes del 28 de febrero de 2018.

Art. 5 – El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Art. 6 – De forma.

Fuente: Editorial Erreius

Explican alcance del decreto que prohíbe utilizar testaferros como socios

Quienes actúen como testaferros o socios ocultos tendrán responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada por las deudas de la empresa

El DNU 27/2018 estipula que los que actúen como socios aparentes u ocultos tendrán responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada por las deudas de la empresa

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 27/2018 sobre Desburocratización y Simplificación, firmado el 10 de enero pasado, modificó los artículos 34 y 35 de la Ley General de Sociedades (LGS) y prohíbe expresamente la actuación del socio aparente (conocido popularmente como presta nombre o testaferro) y del socio oculto, implicando para quien actúe en tal carácter la extensión de la responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada por las deudas sociales.

De esta manera, se elimina el doble juego de acciones existente bajo la mencionada ley para el “presta nombre”: la asunción de responsabilidad frente a terceros por las obligaciones y responsabilidades de un socio; y la posibilidad de repetir contra los socios ocultos aquellos conceptos que hubiese abonado por dichas responsabilidad asumida.

En los considerandos, el decreto indica que, para este tema, siguió las recomendaciones de distintos organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Además, manifiesta la voluntad de “terminar con figuras legales que justifican conductas claramente contrarias a las políticas de Estado trazadas, que no hacen más que perjudicar los esfuerzos encaminados a potenciar el intercambio comercial con los demás países que integran aquella organización”.

¿Qué es un testaferro?

Según explica Eduardo M. Favier Dubois, colaborador de la editorial Erreius, “la problemática del socio “aparente” o “prestanombre” y del socio “oculto” remite a la cuestión del “testaferro” en materia societaria, esto es a la actuación de una persona que, actuando en “nombre propio” (socio aparente o testaferro) en rigor ejecuta “intereses ajenos” (socio oculto o principal)”.

Es un sistema de interposición personal en la titularidad de bienes, derechos o funciones, donde el sujeto que aparece como titular (el “testaferro”) no es tal sino que lo hace en interés y sometido a la voluntad de otro sujeto (el “principal” o titular real).

En virtud de la prohibición, la sociedad, los restantes socios y los terceros, podrán desconocer el acto e impedir la actuación del testaferro en los actos sociales, imputando el acto al principal o socio oculto.

No obstante ello, y aún cuando la simulación sea “ilícita” por violar la ley societaria, las partes pueden requerir que se deje sin efecto el acto simulado, recuperando las acciones, cuotas o partes sociales el principal, si ellas “no pueden obtener beneficio alguno de la acción” (art. 335 CCCN), beneficio que no consiste en la recuperación de los bienes y que no se computa si se compensa a los terceros afectados.

Esto es una importante innovación que busca sancionar al “cómplice” o “co-partícipe” de la maniobra de ocultamiento, destaca el especialista.

La prohibición no es retroactiva ni alcanza a las situaciones ya consumadas, no afecta la eventual licitud de otros negocios donde hay “mandato sin representación” y solo se aplica para titularidades de acciones, cuotas o partes sociales y no para otras funciones societarias”, agrega el experto.

Asimismo, Favier Dubois señala que la reforma derogó el régimen legal del “socio del socio”, pero explica que el mismo queda regido por las normas de los negocios en participación del Código Civil y Comercial de la Nación.

Personas humanas y jurídicas

La problemática de los testaferros exige diferenciar los casos de personas humanas de los propios de las personas jurídicas.

En el caso de personas humanas que actúan como testaferros, se presenta el denominado “costo de agencia”, o sea el riesgo de que el testaferro, una vez munido de la titularidad formal, actúe en su propio interés y no en el interés del principal o que reclame una compensación no pactada cuando se le solicita que transfiera el bien, indica Favier Dubois.

A esos riesgos “voluntarios” se suman otros derivados de los supuestos de muerte, incapacidad, embargo o quiebra del testaferro, que pueden impedir realizar la transferencia en la oportunidad acordada.

También pueden ser utilizadas las personas jurídicas como “presta nombres”, en particular las “sociedades” de la ley 19.550, muchas veces utilizadas para ocultar propiedades con finalidades de evasión familiar, patrimonial o fiscal.

A ello se suma como atractivo el hecho de que dentro del propio régimen societario, mediante la utilización de testaferros, se pueden también vulnerar las reglas que restringen o sancionan la unipersonalidad o las que establecen determinadas incompatibilidades o responsabilidades a los socios o administradores.

A partir de ahora, tanto la adquisición o transferencia de la propiedad de las acciones, cuotas o participaciones sociales por cualquier título (aporte inicial, compraventa, donación, suscripción de aumento de capital, etc.), como el mandato a tales fines, deben reputarse nulos al tener un objeto prohibido por la ley en la medida en que existan un socio oculto y un socio aparente.

En el caso del socio oculto, la necesidad de evitar tal actuación y de conocer al verdadero titular del interés (que aporta fondos, toma decisiones y percibe dividendos) se vincula a la prevención del lavado de dinero, lo que exige mantener la responsabilidad amplia.

Si bien el DNU está vigente, su constitucionalidad comenzará a ser debatida por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso el próximo 6 de febrero. Luego será discutido por las cámaras para determinar si cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 99 de la Constitución Nacional en cuanto a su necesidad y urgencia. En caso de que cualquiera de ellas lo apruebe, el decreto será válido.

Si ello no ocurre, los efectos del mismo correrán desde el día de su publicación hasta que sea rechazado por ambas cámaras. Además, deberá estarse atento a las presentaciones judiciales que cuestionan la validez del decreto.

Acercamos un artículo del doctor Favier Dubois, donde analiza las recientes modificaciones a la Ley General de Sociedades en virtud del decreto 27/2018, que modifica los artículos 34 y 35, por el que se prohíbe la figura del testaferro como socio.  Los suscriptores de Erreius podrán acceder a la doctrina «La prohibición del “testaferro” como “socio”.  Alcances y efectos legales del Decreto 27/2018».

Fuente: Editorial Erreius