Incorporan gastos de las fuerzas de seguridad en las costas de procesos penales

RESOLUCIÓN 49-E/2018

Se instruye a la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Prefectura Naval Argentina, para que informen a la autoridad judicial competente los gastos incurridos en la realización de tareas encomendadas en cada causa, a los efectos de que sean contemplados al momento de la determinación de las costas del proceso, conforme lo prescripto en el artículo 533, inciso 3), del Código Procesal Penal de la Nación.

RESOLUCIÓN 49-E/2018

VISTO

El Expediente EX-2017-31614951- -APN-DNAYEPJ#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la Ley N° 22.250 (t.o Decreto N° 438 del 20 de marzo de 1992) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO

Que la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias dispone entre las competencias del MINISTERIO DE SEGURIDAD la de entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna y la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Nacionales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria) y provinciales.

Que hoy la lucha contra el delito debe enfocarse en la criminalidad organizada y el delito complejo, caracterizados por su alta eficacia y eficiencia en la consumación de los objetivos.

Que estos tipos de delitos, en donde la organización y metodología torna sumamente compleja la dilucidación de los autores materiales y la determinación de la responsabilidad de cada uno, pone en evidencia la necesidad de aplicar cuantiosos recursos para su esclarecimiento.

Que sería conveniente que esos recursos ingresen al Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el esclarecimiento de hechos criminales.

Que constituye un objetivo liminar de esta administración, contar con mejor tecnología para lograr mayor eficiencia en la captura y puesta a disposición del Poder Judicial de aquellos que cometen violaciones al ordenamiento jurídico.

Que la ley disciplina a las fuerzas federales y de seguridad en su rol de auxiliares de la administración de justicia, para la reunión y obtención de las pruebas útiles, que serán puestas a consideración de los Tribunales o los Ministerios Públicos.

Que esas actividades de investigación y de obtención de pruebas corresponden a la actividad de policía judicial.

Que conforme lo prescribe el artículo 531 del Código Procesal Penal de la Nación (C.P.P.N.), las costas serán a cargo de la vencida.

Que las costas están integradas por los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa, la tasa de justicia y los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos (art. 533 C.P.P.N.).

Que ante estas previsiones legales corresponde a las fuerzas federales y de seguridad, recuperar los gastos efectuados por las diferentes tareas de investigación o periciales, sean estas ordenadas por los órganos judiciales u obedezcan a tareas preliminares.

Que la medida tiende a poner en equilibrio presupuestario a las tareas de policía judicial como a las de policía de prevención, dado que el aumento de la asignación de recursos para una, afecta directa y proporcionalmente a la otra.

Que resulta necesario para la concreción del objetivo plasmado precedentemente, que las fuerzas federales y de seguridad establezcan los procedimientos internos adecuados entre las diferentes áreas y los servicios jurídicos competentes, a fin de que sean solicitados y posteriormente reclamados ante los estrados judiciales en las causas que correspondan.

Que la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la intervención que le compete.

Que la suscripta resulta competente para el dictado de la presente medida, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 4°, inciso b), apartado 9°, de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificaciones.

Por ello,
LA MINISTRA DE SEGURIDAD

RESUELVE

Art. 1 – Instrúyese a la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Prefectura Naval Argentina, para que informen a la autoridad judicial competente los gastos incurridos en la realización de tareas encomendadas en cada causa, a los efectos de que sean contemplados al momento de la determinación de las costas del proceso, conforme lo prescripto en el artículo 533 inciso 3º del Código Procesal Penal de la Nación.

Art. 2 – Instrúyese a la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Prefectura Naval Argentina, para que realicen las readecuaciones administrativas en las diferentes áreas de sus respectivas fuerzas, con el objeto de hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º a partir de la publicación de la presente Resolución.

Art. 3 – De forma.

 

Fuente: Editorial Erreius

Trámites ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Cómputo de plazos

RESOLUCIÓN 1/2018 INPI Argentina

Se realizan aclaraciones respecto de las normas referidas a plazos de trámites que se llevan a cabo en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en consideración de las modificaciones introducidas por el decreto de necesidad y urgencia 27/2017, de desburocratización y simplificación, las cuales se encuentran encaminadas al acortamiento de los plazos, a la simplificación de los procesos, así como a la adaptación a las nuevas tecnologías, todo con el objeto de facilitar a los administrados y empresas, nacionales o extranjeras el trámite para obtener un registro.

RESOLUCIÓN 1/2018

VISTO

El Expediente N° A253-85235/18 del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, en el cual obra agregado copia de las partes pertinentes del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 27, de fecha 10 de enero de 2018, de Desburocratización y Simplificación, publicado en el Boletín Oficial, con fecha 11 de enero del mismo año y cuya vigencia rige desde el 12 de enero de 2018,

CONSIDERANDO

Que en lo que atañe a las normas de competencia de este organismo, cuyo contenido se encuentra en el Capítulo VIII, las modificaciones introducidas por la norma citada en el Visto, se encuentran encaminadas al acortamiento de los plazos, a la simplificación de los procesos, así como a la adaptación a las nuevas tecnologías, todo con el objeto de facilitar a los Administrados y empresas, nacionales o extranjeras, el trámite para obtener un registro.

Que en algunos casos y sin perjuicio de su vigencia desde el día 12 de enero de 2018, el propio Decreto supedita la aplicación de sus postulados a la correspondiente Reglamentación, tarea en la que ya se encuentran trabajando las áreas técnicas de este organismo.

Que como en todos los casos de transición de un estándar normativo a otro, corresponde reglar las contingencias del tiempo intermedio con el objeto de precisar las mismas y dar certeza a los Administrados.

Que, por otra parte, resulta oportuno realizar una aclaración respecto a que parte del articulado del citado Decreto, ya -desde el dictado de la norma- resultan operativas y cuales necesitan ser reglamentadas para obtener operatividad.

Que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, la DIRECCIÓN DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la normativa legal vigente y el funcionario que suscribe se encuentra habilitado por la Resolución INPI N° P 216/2017.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art. 1 – En todos los trámites que se llevan a cabo en este Instituto que estuvieren corriendo plazos de días, corridos o hábiles, bajo el estándar de la legislación anterior, operará su vencimiento a la finalización del mismo.

Art. 2 – En todos los trámites que se lleven a cabo en este Instituto que estuvieren corriendo plazos de meses o años, bajo el amparo de la legislación anterior, operará su vencimiento a la finalización del mismo o al máximo previsto por la respectivas legislaciones, según las modificaciones incorporadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 27/2018, contado a partir de la fecha de su vigencia, lo que ocurra primero, con excepción de lo dispuesto en el art. 3°.

Art. 3 – Los plazos conferidos a los trámites de oposiciones de marcas que hubieren sido notificados por el Instituto durante la vigencia de la ley anterior, y cuyo vencimiento opere con posterioridad al plazo de tres (3) meses previsto por el artículo 71 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 27/2018, vigente a partir del 12 de enero de 2018, no estarán alcanzados por el artículo 2 precedente, salvo que dentro del citado plazo, el solicitante manifieste la falta de acuerdo o el oponente opte voluntariamente por ampliar los fundamentos de la oposición.

Art. 4 – Incorporar como Anexo I de la presente, el Listado de los Artículos de competencia de este Instituto, obrantes en el Capítulo VIII del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 27/2018, que resultan ya operativos.

Art. 5 – Incorporar como Anexo II de la presente, el Listado de los Artículos de competencia de este Instituto, obrantes en el Capítulo VIII del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 27/2018, cuya aplicación requiere reglamentación previa.

Art. 6 – Encomendar a la Dirección de Administración, a la Dirección Operativa y a la Dirección de Informática de este Instituto la adecuación de los circuitos administrativos, operativos e informáticos necesarios para la implementación de la nueva normativa.

Art. 7 – De forma.

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ANEXO 1 – ARTICULOS VIGENTES OPERATIVOS DEL DNU N° 27/2018

MARCAS Y DESIGNACIONES

ARTICULO 69.- Sustitúyese el articulo 12 de la Ley N° 22.362, por el siguiente:

«ARTICULO 12.- Presentada la solicitud de registro, la Autoridad de Aplicación, si encontrare cumplidas las formalidades legales, efectuará su publicación por UN (1) día en el Boletín de Marcas a costa del peticionante.
Dentro de los TREINTA (30) dlas de·. efectuada la publicación, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL efectuará la. · búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto de la registrabilidad».

ARTICULO 73.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley N° 22.362, por el siguiente:
‘ «ARTICULO 18.- En los juicios de oposición al registro de marcas que a la fecha estuvieren tramitando ante la justicia o hayan concluido sin que se hubiere informado e resultado del mismo, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
USTRIAL podrá constatar directamente su estado en el Portal de trámites del DER JUDICIAL DE LA NACIÓN y resolver en consecuencia».

AR ICULO 74.- Derógase-el articulo 19 de la Ley N° 22.362.

ARTICULO 75.- Sustitúyese el artículo 21 de la Ley N° 22.362, por el siguiente:
«ARTICULO 21.- La resolución denegatoria del registro por causas diferentes a las del articulo 17 puede ser impugnada ante· la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal. La acción tramitará según las normas del proceso ordinario y deberá interponerse dentro de los TREINTA (30) días hábiles de notificada· aquella resolución».

ARTICULO 76.- Sustitúyese el articulo 22 de la Ley N• 22.362, por el siguiente:
«ARTiéULO 22.- Los expedientes de marcas en trámite o registradas son de acceso público e irrestricto».

ARTICULO 77.- Sustitúyese el inciso e) del artículo 23 de la Ley W 22.362, por el siguiente:
«e) Por la declaración de nulidad o caducidad del registro».

ARTICULO 78.- Sustitúyese el articulo 24 de la Ley N° 22.362, por el siguiente:
«ARTICULO 24.- Son nulas las marcas registradas:
a) en contravención a lo dispuesto en esta ley;
b) por quien, al solicitar el registro, conocfa o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero;
e) para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto …. »

ARTICULO 80.- Sustitúyese el articulo 46 de la Ley W 22.362, por el siguiente:
«ARTICULO 46.- La conservación y guarda de las actuaciones administrativas correspondientes al trámite de marcas deberá realizarse según las disposiciones del ecreto W 1.131/16 o el que en el futuro lo reemplace o modifique».

ARTICULO 81.- Sustitúyese el articulo 47 de la Ley W 22.362, por el siguiente:
ARTICULO 47.- El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, en carácter de Autoridad de Aplicación, se encuentra facultado para dictar la norrnativa complementaria de la presente Ley, en cuanto al procedimiento del registro de marcas, en todo aquello que facilite el mismo, elimine requisitos que se tornen obsoletos, aceleren y simplifiquen el trámite de registro.
A tal efecto podrá, entre otras, modificar el procedimiento descripto en la sección segunda de la presente Ley; limitar el examen de las solicitudes a las prohibiciones absolutas o que se relacionen con el orden público, supeditando las relativas a su planteamiento por terceros; establecer la publicación para oposiciones de terceros con posterioridad a la concesión de la marca; supeditar la validez del titulo a lo que resuelva el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en caso de oposiciones que pueda recibir, como también al vencimiento del plazo de prioridad del Convenio de Paris ante eventuales prioridades desconocidas al momento de la concesión».

PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

ARTICULO 83.- Sustitúyase el articulo 14 de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
«ARTICULO 14.- El derecho de prioridad enunciado en el articulo anterior, deberá ser invocado al momento de presentar la solicitud de patente. En la etapa del examen de fondo la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES podrá requerir
el documento de prioridad con su correspondiente traducción al castellano cuando los mismos estén redactados en otro idioma.
Adicionalmente, para reconocer el derecho de prioridad, se deberán satisfacer los siguientes requisitos:
1) Presentar el documento de cesión de los derechos de prioridad, cuando correspondiere.
2) Que la solicitud presentada en la REPÚBLICA ARGENTINA no tenga mayor reivindicada en la solicitud extranjera; si lo tuviere, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a la solicitud extranjera.
3) Que exista reciprocidad en el país de la primera solicitud».

ARTICULO 84.- Sustitúyese el art_iculo 19 de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
«ARTICULO 19.- Para la obtención de la patente deberá presentarse:
a) La denominación y descripción de la invención.
b) Los planos o dibujos técnicos que se requieran para la comprensión de la descripción.
e) Una o más reivindicaciones.
d) Un resumen de la descripción de la invención que servirá únicamente para su·publicación y como elemento de información técnica.
Transcurridos TREINTA (30) días corridos, desde la fecha de presentación de la solicitud sin cumplimentar los requisitos. sefialados precedentemente, aquella se denegará sin más trámite».

ARTICULO 85.- Sustitúyese el artículo 23 de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
«ARTICULO 23.- Durante su tramitación, una solicitud de patente de invención podrá . . ser convertida en solicitud de modelo de utilidad y viceversa.
El solicitante podrá efectuar la conversión dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud; o dentro de los TREINTA (30) dias corridos desde la fecha en que la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE PATENTES lo hubiera requerido.
·En caso que el solicitante no convierta la solicitud dentro del plazo estipulado, se tendrá por abandonada la misma».
ARTICULO 86.- Sustitúyese el articulo 24 de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
«ARTICULO 24.- La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES realizará un examen preliminar de la solicitud y podrá requerir que se precise o aclare lo que considere necesario o se subsanen errores u omisiones.
O no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo-de TREINTA (30) dias corridos, se declarará abandonada la solicitud».

ARTICULO 87.- Sustitúyese el cuarto párrafo del articulo 27 de la Ley N° 24.481 (t.o . 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
«Transcurridos DIECIOCHO (18) meses de la presentación de la solicitud de patente, sin que el peticionante abonare la tasa correspondiente al examen de fondo, la misma se considerará desistida».

ARTICULO 88.- Sustitúyese el articulo 51 d.e la Ley N» 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
«ARTICULO 51.- Todo el que mejorase una invención patentada, tendrá derecho a solicitar una patente de adición».

ARTICULO 90.- Sustitúyese el artículo 55 de la Ley N° 24.481 (t.o. 1gg6) y sus modificatorias, por el siguiente:
«ARTICULO 55.- Serán requisitos esenciales para que proceda la expedición de estos· certificados que los inventos contemplados en· este título sean nuevos y tengan carácter industrial». ‘ .

ARTICULO 91.- Sustitúyese el articulo 57 de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
«ARTICULO 57.- Presentada una solicitud de modelo de utilidad y previo pago de la tasa de examen de fondo, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES examinará si han sido cumplidas las prescripciones de los artículos 53 y 55.
Aprobado dicho examen, se procederá a publicar la solicitud. ·
Dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la publicación, cualquier persona podrá formular observaciones fundadas a la solicitud de modelo de utilidad y agregar prueba documental. Las observaciones deberán consistir en la . . falta o insuficiencia de los requisitos legales para su concesión.
Vencido este último plazo, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES procederá a resolver la solicitud y expedirá el certificado de modelo de utilidad en caso de corresponder.
Transcurridos TRES (3) meses desde la presentación de la solicitud de modelo de utilidad sin que el solicitante hubiese abonado la tasa de examen de fondo, la solicitud se considerará desistida».

ARTICUL0.92.- Sustitúyese el articulo 67 de la Ley N° 24.481 (l.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
«ARTICULO 67.- El trámite de la solicitud. de patentes de invención· o modelos de utilidad queda sujeto al efectivo pago del arancel correspondiente a la presentación. Caso contrario, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES declarará la nulidad.del mismo».

ARTICULO 93.- Sustitúyese el artículo 68 de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
«ARTICULO 68.- La representación invocada en la solicitudes de patentes de invención y/o modelos de utilidad tendrá carácter de declaración jurada. En caso de considerarlo pertinente la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES podrá requerir la documentación que acredite el carácter invocado.
En el supuesto de invocarse el ca[ácter de gestor de negocios, se deberá ratificar la gestión dentro del plazo de CUARENTA (40) días hábiles posteriores a su ingreso, bajo apercibimiento de declarar la nulidad de la presentación».

ARTICULO 94.- Sustitúyese el articulo 72 de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
«ARTICULO 72 – Procederá el recurso de apelación administrativo contra la disposición que deniegue una solicitud de patente o de modelo de utilidad, el que deberá interponerse ante el presidente del INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL en el plazo perentorio de TREINTA (30) dias hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la disposición respectiva. Al recurso se le acompañará documentación que acredite su procedencia».
ARTICULO 95.- Sustitúyese el inciso d) del artículo 92 de la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
«d) establecer, modificar y eliminar aranceles en relación a los trámites que se realicen ante el mismo, inclusive
quellos tendientes al mantenimiento del derecho del titular, y administrar los fondos que recaude por el arancelamiento de sus servicios».

ARTICULO 96.- Sustitúyese el inciso k) del articulo 92 de la Ley N» 24:481 y sus modificatorias (t.o 1996), por el siguiente:
«k) reglamentar el procedimiento de patentes de invención y modelos de utilidad, en todo aquello que facilite el mismo, adaptar requisitos que resulten obsoletos por la implementación de nuevas tecnologias y simplificar el trámite de registro a favor del administrado y la sociedad en su conjunto».

MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

ARTICULO 97.- Sustitúyese el articulo 3° del Decreto-Ley N» 6.673 de fecha 9 de agosto de 1963, ratificado por la Ley N° 16.478, por el siguiente:
«ARTICULO 3″.- A los efectos de este Decreto, se considera modelo o diseño industrial las formas incorporadas y/o el aspecto aplicado a un producto industrial o artesanal que le confiere carácter ornamental».

ARTICULO 98.- Sustitúyese el artículo 4″ del Decreto-Ley N» 6.673/63, ratificado por la Ley N° 1e.478, por el siguiente:
«ARTICULO 4″.- Para gozar de los derechos reconocidos por el presente DecretoLey, el autor deberá registrar el modelo o disello de su creación en la DIRECCIÓN DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,· organismo descentralizado actuante .en el ámbito del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN».

ARTICULO 99.- Sustitúyese el articulo e• del Decreto-Ley N» e.e73te3, ratificado por la Ley N» 1e.4 78, por el siguiente:
«ARTICULO e•.- No podrán gozar de los beneficios que otorgue este Decreto-Ley: Aquellos modelos o diseños industriales que hayan sido publicados o explotados públicamente, en el pais o en el extranjero, con anterioridad a la fecha del registro.
Sin embargo, no se reputan conocidos los modelos o diseños divulgados dentro de los SEIS (e) meses que preceden a la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad cuando reúnan las siguientes condiciones:
1. Que tal divulgación hubiese sido resultado directa. o indirectamente de actos realizados por el autor o sus sucesores legítimos.
2. La divulgación proveniente de un tercero por un acto de· mala fe o infidencia; de un incumplimiento de contrato u otro acto illcito cometido contra el autor o sucesor legitimo.
3. La publicación de las solicitudes realizadas erróneamente o indebidamente por la DIRECCIÓN DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES.
b) Los modelos o diseños industriales que carezcan de una configuración distinta y fisonomla propia y novedosa con respecto a modelos o diseños industriales anteriores.
e) Los disellos o modelos industriales cuyos elementos estén impuestos por la función técnica que debe desempeñar el producto.
d) Cuando se trate de un mero cambio de. colorido en modelos o diseños ya conocidos.
e) Cuando sea contrario a la moral, a las buenas costumbres y al orden público».

ARTiCULO 102.- Sustitúyese el articulo 1 O del Decreto-Ley N• 6.673/63, ratificado por la Ley 16.478, por el siguiente:
«ARTICULO 10.- La solicitud del registro deberá presentarse ante la DIRECCIÓN DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES y deberá contener:
a) La solicitud de registro.
b) Dibujos y/o fotografías y/o reproducciones digitales del modelo o diseño que identifiquen suficientemente el objeto de la protección;
e) Descripción del modelo o diseño industrial si el solicitante lo considera necesario».

ARTICULO 103.- Sustitúyese el articulo 11 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado. por la Ley N° 16.478, por el siguiente:
ARTICULO 11.- La solicitud de renovación del registro deberá presentarse dentro el plazo de los Últimos SEIS (6) meses de vigencia del mismo ….

ARTiCULO 104.- Sustitúyese el articulo 12 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la Ley N° 16.478, por el siguiente:
«ARTICULO 12.- La solicitud de registro no podrá ser rechazada sino por incumplimiento de los requisitos formales determinados en el artículo 10 y concordantes del presente Decreto-Ley. La resolución denegatoria respecto a una
solicitud de registro será recurrible ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Agotada la instancia administrativa, la resolución dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL será apelable ante la Justicia Civil y Comercial Federal».

ARTICULO 105.- Sustitúyese el artículo 13 del Decreto-Ley N» 6.673/63, ratificado por la Ley N° 16.478, por el siguiente:
«ARTICULO 13.- La DIRECCIÓN DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES extenderá el título de propiedad correspondiente».

ARTICULO 106.- Derógase el artículo 14 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la ley N° 16.478.

ARTICULO 107.- Sustitúyese el articulo 15 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la Ley 16.478, por el siguiente:
«ARTICULO 15.- El titular de un registro de· modelo o diseño podrá cederlo total o parcialmente. El cesionario o sucesor a titulo particular o universal no podrá invocar derechos emergentes de registro mientras no se inscriba dicha transferencia ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL».

ARTICULO 108.- Sustitúyese el articulo 16 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la Ley N° 16.478, por el siguiente:
«ARTICULO 16.- Los registros de modelos y diseños industriales, sus renovaciones, transferencias y cancelaciones serán publicados en la forma y tiempo que determine la reglamentación …. »

ARTICULO 109.- Sustitúyese el articulo 21 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la Ley N° 16.478, por el siguiente:
«ARTICULO 21.- Serán reprimidos con una multa mínima equivalente al valor de la tasa o arancel que se perciba por CINCUENTA (50) registros originarios de modelos y diseños industriales, y máxima de TRESCIENTOS TREINTA (330) de la misma tasa o arancel:
a) Quienes fabriquen o hagan fabricar productos industriales que presenten las caracteristicas protegidas por ·el registro de un modelo o diseño, o sus copias.
b) Quienes, con conocimientp de su carácter ilícito, vendan, pongan en venta, exhiban, importen, exporten o de otro modo comercien con los productos referidos en el inciso a).
e) Quienes, maliciosamente, detenten dichos productos o encubran a sus fabricantes.
d) Quienes, sin tener registrados un .modelo o diseño, lo invocaren maliciosamente.
e) Quienes vendan como propios, planos de diseño protegidos por un registro ajeno.
En caso de reincidencia, se duplicarán las penas establecidas en este articulo».

ARTICULO 110.- Sustitúyese el artículo 28 del Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por la Ley N° 16.478, por el siguiente:
«ARTICULO 28.- Cuando un modelo o diseño industrial registrado de acuerdo con el presente Decreto-Ley haya podido también ser objeto de un depósito conforme a la Ley N° 11.723 y sus modificatorias, el autor no podrá invocarlas simultáneamente en la defensa judicial de sus derechos.
Cuando por error se solicite una patente de invención o un modelo de utilidad para proteger un modelo o diseño industrial, objetada la solicitud por el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, el interesado podrá solicitar su conversión en solicitud de registro de modelo o diseño.»

ARTICULO 111.- El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, en su carácter de Autoridad de Aplicación, tiene las facultades suficientes para dictar normas aclaratorias y complementarias al Decreto Ley N° ·6.673/63, ratificado por la ley N° 16.478, y las que las modifiquen o sustituyan, en cuanto al procedimiento de
registro de Modelos y Diseños Industriales, en todo aquello que facilite el mismo, elimine requisitos que se tornen obsoletos y aceleren el trámite de registro a favor del administrado.

ANEXO 2- ARTICULOS VIGENTES A REGLAMENTAR DEL DNU N° 27/2018

MARCAS Y DESIGNACIONES

ARTICULO 68.- Sustitúyese el articulo 1 O d~ la Ley N° 22.362, por el siguiente:
«ARTICULO 10.- Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud que incluya nombre, domicilio real y . especial electrónico según las condiciones que fije la reglamentación, la descripción de la marca y la indicación de los productos y/o servicios que va a distinguir».

ARTICULO 70.- Sustitúyese el articulo 14 de la Ley N° 22.362, por el siguiente:
«ARTICULO 14.- Las oposiciones al registro de una marca deben deducirse electrónicamente ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, con indicación del nombre, domicilio real y electrónico del oponente y los
fundamentos de la oposición».

ARTICULO 71.- Sustitúyese el artículo 16 de la Ley N° 22.362, por el siguiente:
ARTICULO 16.- Cumplidos TRES (3) meses contados a partir de la notificación de las oposiciones previstas en el artículo 15, si el solicitante no hubiese obtenido el levantamiento de las oposiciones, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS
resolverá en instancia administrativa las oposiciones que aún permanezcan vigentes».

ARTICULO 72.- Sustitúyese el articulo 17 de la Ley N° 22.362, por el siguiente:
«ARTICULO 17.- El procedimiento para resolver las oposiciones, será fijado por la Autoridad de Aplicación, el que deberá contemplar al menos la posibilidad del oponente de ampliar . fundamentos, el derecho del solicitante de contestar la
oposición y el derecho de ambos de ofrecer prueba. El procedimiento deberá receptar los principios de celeridad, sencillez y economía procesal.
Las resoluciones por oposiciones que dicte la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS serán sólo susceptibles de recurso directo de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dentro de los TREINTA (30) días hábiles de su notificación. El recurso deberá presentarse en el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, quien lo remitirá a la justicia en las condiciones que fije la reglamentación».

ARTICULO 78.- Sustitúyese el artículo 24 de la Ley N°22.362, por el siguiente:
«ARTICULO 24.- Son nulas las marcas registradas:
El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, de oficio-o a pedido de parte, resolverá en instancia administrativa las nulidades de marcas a las que se refiere el inciso a) del presente artículo.
La resolución que recaiga en materia de nulidad de marca será apelable en el plazo de TREINTA (30) días hábiles desde la notificación, sólo mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal; el que será presentado en el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL».

ARTICULO 79.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley N° 22.362, por el siguiente:
ARTICULO 26.- El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; de oficio o a pedido de parte, conforme a la reglamentación que se dicte, declarará la ·caducidad de la marca, inclusive parcialmente, en relación a los productos o
servicios para los que no hubiere sido utilizada en el país dentro de los CINCO (5) años previos a la solicitud de caducidad, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.
La resolución que recaiga en materia de caducidad de marca será apelable en el plazo de TREINTA (30) días hábiles desde la notificación, sólo mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, el que deberá ser presentado en el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para determinados productos o servicios, si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio afín o semejante a aquellos, aun incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad relacionada con los primeros.
Asimismo, una vez cumplido el quinto año de concedido el registro de la marca, y antes del vencimiento del sexto año, su titular deberá presentar una declaración jurada respecto del uso que hubiese ,hecho de la marca hasta ese momento».

Acceder al anexo completo en formato PDF.

 

Fuente: Editorial Erreius

Multa a abogado que no actuó en defensa de intereses de cliente

S., J. M. c/Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ejercicio de la abogacía 

Se confirma la sentencia del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que le impuso a un abogado una sanción de multa por haber infringido el Código de Ética Profesional al haber renunciado este a la defensa de su representado tras alegar una supuesta falta de comunicación con su cliente -que no probó- mientras corría el plazo para interponer el recurso de apelación contra el auto de procesamiento de aquel, en tanto no actuó de forma diligente en defensa de los intereses de su cliente.

S., J. M. c/Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ejercicio de la abogacía

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2017.-

VISTOS y CONSIDERANDO

I. Que la defensora de oficio del abogado S. interpone recurso de apelación (fs. 120/123, cuyo traslado fue contestado a fs. 136/143), contra la sentencia n° 11 (fs. 74/76) dictada por la Sala I del Tribunal de Disciplina (TD) del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) que le impuso al abogado S. una sanción de multa consistente en el quince por ciento (15%) de la retribución mensual que percibe en concepto de salario un juez nacional de primera instancia en lo civil sin suplementos ni adicionales, por haber infringido los artículos 6, inciso e), 44, incisos e), g) y h), de la ley 23.187 y artículos 10, incisos a), y 19, incisos a) e i), y 21 del Código de Ética.

II. Que las actuaciones fueron iniciadas con el oficio enviado por la señora jueza a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 38 (fs. 1) en relación con la causa n° 27.027/2014, quien remitió testimonios de las partes pertinentes, a raíz de la conducta desarrollada por el abogado J. M. S..

III. Que para decidir, el CPACF consideró que:

(i) El abogado S. asumió la defensa técnica del imputado R. en la causa penal.

(ii) Ni el abogado sancionado ni la Unidad de Defensoría han ofrecido ni producido prueba alguna acerca del alejamiento del imputado, pese a los supuestos intentos que dijo haber realizado para contactarlo.

El abogado denunciado debió extremar los recaudos necesarios a los efectos de comunicar en el juzgado que no tenía contacto con su defendido, y tomar las medidas pertinentes para no perjudicarlo.

(iii) Era reprochable el abandono de la defensa de modo intempestivo mientras corría el plazo de apelación del auto de procesamiento.

La queja por haber sido notificado de dicho auto durante la feria judicial cuando el plazo de apelación comenzaba a correr el 1° de febrero de 2016 denota un desconocimiento del proceso penal y de sus plazos. Ello debe ser valorado como un agravante en el momento de fijar la sanción.

(iv) Los abogados deben cumplir con las exigencias procesales que cada caso requiere. Deben evitar el detrimento de los derechos de sus clientes y no exponerlos a las consecuencias de sus conductas intempestivas.

(v) La inviolabilidad de la defensa garantizada en el artículo 18 de la Constitución Nacional no se cumple cuando ésta es insuficiente. Cita el proyecto de Código de Ética Profesional de la Abogacía Iberoamericana (Declaración de Mar del Plata) en cuanto sostiene que la renuncia a la defensa no debe ser intempestiva ni perjudicial para el cliente.

(vi) No puede ser soslayado el lenguaje descomedido que el Dr. S. utilizó para dirigirse a la señora jueza titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 38, respecto de la notificación del auto de procesamiento en enero de 2016, y por no haber aceptado su renuncia inicialmente.

IV. Que la defensora de oficio manifiesta que:

1. No hubo perjuicio procesal para el defendido. El imputado no quedó indefenso. Después de que el Dr. S. renunció, el defensor oficial intervino en la causa.

Se desconoce si el imputado efectuó alguna crítica a la conducta de su ex abogado, en tanto no promovió la denuncia efectuada.

La renuncia del Dr. S. pudo haber sido molesta para la jueza, pero no causó daño alguno al señor R..

2. En lo referente al lenguaje utilizado, el tribunal se encargó de un asunto que no le había sido encomendado. La resolución dictada es nula por violación del objeto y constituye un exceso ritual manifiesto que es reprochable.

En el caso, el tribunal parece haber aplicado una “especie de regla moral”, que no puede ser admitida.

V. Que la responsabilidad primaria del juicio de la conducta ética de los abogados corresponde a los pares del profesional, en tanto ellos cumplen los mismos menesteres y conocen -por lo tanto- los alcances de su responsabilidad profesional que les corresponde y la compleja serie de comportamientos inspiradores en los usos profesionales, en la tradición y en las reglas de costumbre. Los miembros del tribunal de disciplina son los expertos en la valoración de las conductas; los jueces deben atenerse a ese juicio, salvo que concurriesen causales que, por ilegalidad o arbitrariedad de lo decidido, hicieran caer la validez de las decisiones que dicho tribunal haya tomado en cumplimiento de la potestad específica de valoración profesional (esta sala, causas “Pastor”, “Guevara”, “Méndez”, “Delega”, “Tella”,“Mindel”, “Polito, y “Ledesma”, pronunciamientos del 13 de diciembre de 2011, del 30 de agosto de 2012, del 12 de marzo, del 2 de julio, del 1° y del 14 de septiembre de 2015, del 26 de mayo y del 30 de agosto de 2016, respectivamente).

VI. Que, en ejercicio de esas atribuciones propias, el TD ponderó las constancias existentes en la causa penal y tuvo por acreditada la infracción ética que se formuló en la causa disciplinaria.

En efecto, de las constancias de la causa penal surge que: el 23 de septiembre de 2015 (fs. 5) el abogado S. aceptó el cargo de letrado defensor y el 25 de enero de 2016 (fs. 8/14) fue decretado el procesamiento del imputado; el 28 de enero de 2016 (fs. 17/19) renunció a la defensa técnica; y el 3 de febrero de 2016 (fs. 22/28) reiteró su renuncia y solicitó que el Defensor Oficial tuviese intervención.

Ciertamente, el abogado sancionado renunció a la defensa tras alegar una supuesta falta de comunicación con su cliente -que no probó- mientras corría el plazo para interponer el recurso de apelación contra el auto de procesamiento de aquél.

Y renunció por segunda vez, pese a que la primera había sido desestimada para evitar un caso de abandono.

VII. Que los agravios de la recurrente sólo traducen una discrepancia con la valoración efectuada por el CPACF y resultan insuficientes para probar la inexistencia de una conducta pasible de sanción.

En efecto:

1. En el momento de aceptar el patrocinio, la ley impone al abogado la carga de vigilar y de no descuidar la causa encomendada. El letrado debe abogar por los intereses de su cliente, que por ser lego en la materia debe confiar en el buen saber y entender de aquél. La actitud contraria es violatoria del deber de fidelidad, en los términos del artículo 19, inciso a), del Código de Ética (esta sala, causas “Brola”, “Quieto”, “Iraha” y “Bergenfel”, pronunciamientos del 10 de mayo de 2012, del 3 de octubre de 2013, del 25 de junio de 2015 y del 28 de marzo de 2017, respectivamente).

2. El abogado sancionado no actuó de forma diligente en defensa de los intereses de su cliente. Antes bien, lo expuso a las consecuencias de su inactividad. Así, la afirmación relativa a que no habría provocado daño al cliente es inconsistente.

3. En el ámbito de la ética del abogado se juzgan los actos realizados en el ejercicio de su rol de letrado patrocinante que por los errores, planteos absurdos o falta de interés habilitan al tribunal ético a sostener la falta de probidad, lealtad o buena fe en el desempeño profesional, en los términos del artículo 6, inciso e), de la ley 23.187 (esta sala, causas “Castro Roberts”, “Salinas”, “Mindel”, “Forlani”, “Meotto” y “Luna”, pronunciamientos del 16 de septiembre y del 4 de diciembre de 2014, del 14 de septiembre de 2014, del 11 de diciembre de 2015, del 10 de noviembre de 2016, y del 2 de febrero de 2017, respectivamente).

VIII. Que la queja referente a la mención del lenguaje descomedido utilizado por el Dr. S. ante la notificación del auo de procesamiento y el rechazo de la primera renuncia, también debe ser desestimada.

El TD señaló que dicho profesional no podía ser sancionado por ello, debido a que el asunto “no ha sido materia de la denuncia”. Sin embargo, destacó dicha circunstancia con la finalidad de que la conducta del abogado sancionado fuese valorada completamente.

De ese modo, la nulidad planteada por afectación del objeto debe ser rechazada.

IX. Que la apelante no ha probado en autos que el Tribunal de Disciplina del CPACF -órgano a quien el legislador atribuyó el juzgamiento ético del comportamiento de los integrantes del foro local- haya ejercido ilegal o arbitrariamente su potestad al decidir del modo en que lo hizo (esta sala, causas “Thomson”, “Forlani”, “Julio”, “Delucchi” y “Defanti”, pronunciamientos del 18 de mayo y del 11 de diciembre de 2015, del 12 de julio de 2016, del 16 de febrero y del 5 de octubre de 2017, respectivamente).

X. Que en cuanto a la magnitud de la sanción, no se advierte que ella sea desproporcionada frente a la gravedad asignada a la conducta que se reprocha al abogado S., a tenor de lo dispuesto en los artículos 26, inciso b), y 28, inciso b), del Código de Ética, con encuadramiento como “falta grave”; máxime si el TD tuvo en cuenta los antecedentes disciplinarios agregados a fs. 36/42.

Por lo expuesto, el tribunal

RESUELVE

desestimar los agravios y confirmar la sentencia n° 11 del 8 de marzo de 2017 dictada por la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Las costas se distribuyen en el orden causado, atento a las particularidades del caso (artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Se deja constancia de que el Dr. Carlos Manuel Grecco interviene en la presente causa en los términos de la acordada 16/2011 de esta cámara.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rodolfo Eduardo Facio

Clara María do Pico

Carlos Manuel Grecco

 

Fuente: Editorial Erreius

Creación de la Policía Judicial de la Provincia de Buenos Aires

La policía judicial trabajará junto al agente fiscal para investigar y analizar los elementos de convicción y prueba en los procesos penales

Se crea la policía judicial que asistirá y trabajará con el agente fiscal en la investigación, búsqueda, recolección, preservación y análisis de elementos de convicción y prueba en los procesos penales.

LEY 15005

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1 – Creación: Créase la Policía Judicial de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 166 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, bajo el régimen de servicio público esencial, dependiente orgánica y funcionalmente del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.

Art. 2 – Misión y principios. La Policía Judicial es una institución civil técnico-científica, organizada jerárquicamente, que asistirá y trabajará con el agente fiscal en la investigación, búsqueda, recolección, preservación y análisis de elementos de convicción y prueba en los procesos penales.

La Policía Judicial se organizará sobre la base de los principios de organización jerárquica, especialización y descentralización. Deberá guardar reserva de las investigaciones que lleve a cabo.

A fin de cumplimentar su tarea, podrá solicitar a los agentes fiscales la asistencia de las policías y fuerzas de seguridad y de investigación. Si hubiere peligro para sus integrantes o terceros, puede requerir en forma directa la colaboración de cualquier fuerza de seguridad provincial, federal o local, dando cuenta inmediata al responsable de la investigación. Esta asistencia no podrá significar la delegación de la tarea de investigación.

La Policía Judicial adecuará sus actos a un criterio objetivo, por lo que el ocultamiento o manipulación de los elementos de prueba, favorables o no, a quien resulte investigado será considerado falta grave cuando no implique la directa comisión de un delito. Así también se deberá evitar todo tipo de discriminación política, social, religiosa, racial, cultural, sexual o de cualquier otra índole.

La Policía Judicial no portará armas de fuego.

Art. 3 – Administración general. El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene a su cargo la administración general de la Policía Judicial.

La administración general de la Policía Judicial comprende la formulación, el establecimiento y la supervisión del cumplimiento de los parámetros generales y protocolos reglamentarios de la gestión administrativa; la gestión de los recursos humanos; la gestión económica, contable y financiera; la gestión presupuestaria; la gerencia patrimonial e infraestructural, y la asistencia y el asesoramiento jurídico.

Art. 4 – Funciones. La Policía Judicial tiene como función:

1. Practicar las diligencias necesarias y que correspondan para la averiguación y esclarecimiento de los delitos bajo las órdenes del responsable de la investigación;

2. Prestar la asistencia técnica y científica necesaria para el desarrollo de las investigaciones, como así también para la búsqueda, recopilación, análisis y estudio de las pruebas, u otros elementos de convicción que contribuyan al esclarecimiento de los hechos;

3. Ejercer todas las facultades que le acuerda el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires a la policía;

4. Proponer al área competente del Ministerio Público la elaboración y actualización de protocolos de actuación para la preservación de la escena del delito; conservación de los elementos de prueba; seguridad y asistencia de las víctimas y para toda otra función atinente a la competencia de este Cuerpo;

5. Observar los deberes y prohibiciones establecidos para los empleados del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de las que se dispongan por la vía reglamentaria, y siempre y cuando tales deberes y prohibiciones no se contrapongan o afecten en modo alguno el régimen de servicio público declarado en el artículo 1 de la presente ley.

Art. 5 – Competencia. La Policía Judicial interviene en la investigación de hechos delictivos cometidos en la Provincia de Buenos Aires o por pedidos de colaboración interjurisdiccional, en ambos casos cuando así lo disponga el Procurador General o quien este designe.

Asimismo, los Fiscales Generales Departamentales, en base a criterios de eficiencia y uso racional de recursos, podrán disponer la intervención de la Policía Judicial asignada a su jurisdicción, debiéndose priorizar aquellos casos complejos, de repercusión pública y/o en los que se investigue a miembros de las fuerzas de seguridad.

A tal fin, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires emitirá directivas generales. La misma facultad tendrán los Fiscales Generales Departamentales dentro de sus áreas de competencia, debiendo comunicar de ello al Procurador General.

TÍTULO II

ORGANIZACIÓN

Art. 6 – Designación, remoción y cesantía. El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires designa y remueve a los funcionarios y empleados de la Policía Judicial conforme a esta ley y la reglamentación que él dicte, debiendo establecer procesos de selección que contemplen los principios de concurrencia y publicidad.

Art. 7 – Composición. La Policía Judicial estará presidida por un Director General, secundado por los Subdirectores, que estarán a cargo de las Subdirecciones de Investigaciones Judiciales y Técnico-Científica que actuarán en reemplazo del Director General en caso de ausencia o vacancia, de acuerdo a la reglamentación que el Procurador General dicte al efecto.

La Policía Judicial se descentralizará en las regiones que establezca el Procurador General vía reglamentaria.

Las oficinas descentralizadas estarán a cargo de un Coordinador Regional cuyas funciones se precisarán en la reglamentación que se dicte a tal fin.

Art. 8 – Régimen escalafonario, administrativo y disciplinario. Los integrantes de la Policía Judicial estarán sujetos al régimen escalafonario, administrativo y disciplinario que el Procurador General establezca vía reglamentaria.

A tal efecto la idoneidad y el mérito en el ejercicio de la función son pautas centrales a observar, por lo que las condiciones personales, profesionales, de capacitación y formación, como así también la excelencia y eficiencia en la labor deberán regir los criterios de nombramiento, evaluación, calificación, movimiento y remoción en el régimen de la carrera que se diseñe hacia el interior de la Policía Judicial.

Art. 9 – Requisitos generales del personal. El personal que se desempeñe en la Policía Judicial debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de edad a la fecha de su incorporación y poseer título secundario.

2. Contar con capacitación especializada y/o superior en la materia.

3. Aprobar el curso de capacitación que se establezca a tal efecto.

4. No registrar condenas ni estar procesado por violaciones a los derechos humanos, ni por delitos dolosos o contra la administración pública nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5. No encontrarse afectados por inhabilitación administrativa o judicial para ejercer cargos públicos y no haber sido sancionados/as con exoneración o cesantía en cualquier cargo público.

6. No haber sido inhabilitado por infracciones a la Ley N° 12997 de prestadores de Servicios de Seguridad Privada.

7. No ejercer o haber ejercido otras actividades que pudieran afectar o poner en riesgo la independencia o el cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en la presente Ley.

Art. 10 – Requisitos para acceder a los cargos directivos. El Director General, los Subdirectores y los Coordinadores Regionales, además de los requisitos establecidos en el artículo 9° de la presente ley, deben contar con título de grado universitario y con especialización certificada acorde al cargo.

Art. 11 – Funciones. El Director General de la Policía Judicial tiene por función:

1. Dirigir a la Policía Judicial de acuerdo a los lineamientos y directivas que disponga el Procurador General.

2. Proponer al Procurador General las políticas de acción del área.

3. Garantizar el cumplimiento de las misiones y los principios que marca la presente ley para el funcionamiento de la Policía Judicial.

4. Organizar, coordinar y supervisar las tareas de las áreas a su cargo.

5. Promover la capacitación del personal.

6. Presentar al Procurador General un informe anual de gestión y un plan de acción y presupuestario para cada año calendario.

7. Requerir a los Subdirectores y Coordinadores Regionales informes de gestión.

8. Elaborar un cuadro de situación de la problemática delictiva objeto de intervención de la Policía Judicial en el ámbito provincial y producir análisis estratégicos y específicos de dichas problemáticas.

9. Promover el inicio de sumario administrativo ante la presunta comisión de faltas disciplinarias por parte de los funcionarios y agentes de la Policía Judicial.

10. Promover y gestionar a través del área competente del Ministerio Público la celebración de convenios de asistencia y colaboración con universidades públicas, priorizando la asistencia en el desarrollo y perfeccionamiento de tecnologías que contribuyan al mejoramiento de la investigación criminal, y el estudio del delito como fenómeno social.

TÍTULO III

DE LAS ÁREAS

CAPÍTULO I

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES JUDICIALES

Art. 12 – Misión. La Subdirección de Investigaciones Judiciales tiene a su cargo practicar todos los actos de investigación que le ordenen los representantes del Ministerio Público Fiscal de conformidad con las normas procesales penales y reglamentarias.

Art. 13 – Composición. La Subdirección de Investigaciones Judiciales será presidida por un Subdirector y estará integrada por los Coordinadores Regionales, los Detectives Judiciales y el personal administrativo que serán asignados a las sedes descentralizadas de acuerdo a las necesidades de política criminal y a los requerimientos de cada una de ellas. A tal fin, el Coordinador Regional deberá presentar un informe de gestión anual.

Art. 14 – Titular. Requisitos. El Subdirector de Investigaciones Judiciales y los Coordinadores Regionales deberán reunir, además de los requisitos establecidos en el artículo 9° de la presente ley, cualquiera de los siguientes que a continuación se detallan:

1. Título de abogado, especialista en derecho penal o criminología y cuatro (4) años de ejercicio de la profesión o como integrante del Poder Judicial o del Ministerio Público, tanto nacional como provinciales;

2. Licenciado en criminalística y cuatro (4) años de ejercicio de la profesión o como integrante del cuerpo de peritos del Cuerpo de Auxiliares del Poder Judicial, Ministerio Público o de una fuerza de seguridad federal o provincial.

Art. 15 – Detectives Judiciales. Funciones. Los Detectives Judiciales tienen las siguientes funciones:

1. Practicar todos los actos de investigación que les ordenen los representantes del Ministerio Público Fiscal de conformidad con las normas procesales penales y la reglamentación vigentes, ejecutando y haciendo ejecutar las instrucciones que a ese fin les impartan sus superiores. En caso de urgencia podrán adoptar las medidas necesarias para asegurar la investigación, con arreglo a las leyes y reglamentación vigentes.

2. Controlar la observancia de las normas constitucionales y legales relativas a los derechos y garantías de las personas imputadas y de toda otra persona involucrada en la investigación, debiendo informar de inmediato a las autoridades del Ministerio Público Fiscal de toda violación a esas disposiciones de las que tenga conocimiento.

3. Toda otra función que el Procurador General establezca por vía reglamentaria.

CAPÍTULO II

SUBDIRECCIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA

Art. 16 – Misión. La Subdirección Técnico Científica tiene a su cargo los estudios, análisis e investigaciones técnicos y científicos necesarios para el ejercicio de las funciones investigativas a cargo del Ministerio Público Fiscal.

Art. 17 – Composición: La Subdirección Técnico Científica será presidida por un Subdirector y estará integrada por los Coordinadores Regionales, los gabinetes periciales, laboratorios y morgues que vía reglamentaria establezca el Procurador General y los empleados administrativos que serán asignados a las sedes descentralizadas de acuerdo a las necesidades de política criminal y a los requerimientos de cada una de ellas. A tal fin, el Coordinador Regional deberá presentar un informe de gestión anual.

Art. 18 – Titular. Requisitos: El Subdirector Técnico Científico debe reunir las condiciones previstas en el artículo 9 de la presente ley y poseer título universitario habilitante en cualquiera de las disciplinas especializadas que se desarrolle en los gabinetes técnicos de la Subdirección.

Art. 19 – Funciones. La Subsecretaría Técnico Científica tiene las siguientes funciones:

1. Practicar los análisis e investigaciones técnicas y científicas que les ordenen los representantes del Ministerio Público Fiscal, de conformidad con las reglas del arte y el procedimiento legal aplicable, ejecutando y haciendo ejecutar las instrucciones que a ese fin les impartan sus superiores.

2. Elaborar propuestas para su constante desarrollo, capacitación y equipamiento.

El Procurador General podrá adecuar las funciones de esta Subdirección conforme a los requerimientos técnicos y científicos que demanden las investigaciones.

Art. 20 – Requisitos. Los integrantes de la Subsecretaría Técnico Científica deben poseer capacitación especializada y/o superior en la materia, en la disciplina que se desarrolle en los gabinetes del área.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS O FINALES

Art. 21 – La Policía Judicial se implementará en forma progresiva en función de la disponibilidad de recursos materiales y humanos conforme los perfiles requeridos en cada caso.

Art. 22 – Derógase la Ley 14424 y toda otra norma que se oponga a la presente ley.

Art. 23 – De forma.

 

Fuente: Editorial Erreius

Demanda de cese de cuota alimentaria contra ex cónyuge

TEMAS: CESACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA. ALIMENTOS PROVISIONALES. ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. CÓNYUGE INOCENTE. CUESTIÓN DE PURO DERECHO. NUEVA LEGISLACIÓN. REVOCACIÓN DE SENTENCIA. CARGA DE LA PRUEBA. FALTA DE PRUEBA.

Se hace lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido y se rechaza la demanda de cese de cuota alimentaria interpuesta por el actor contra su ex esposa, obligación derivada de la calificación de “cónyuge inocente” que obtuvo en el divorcio vincular, al no probar el accionante que aquella contara con recursos suficientes para sustentarse y que habría dejado de necesitar la cuota alimentaria de la que gozara.

CESACION DE CUOTA ALIMENTARIA: F., C. A. C/ P., G. DEL V.

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, la Sala I Civil, Comercial y de Familia del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los Señores Jueces Dra. Beatriz Elizabeth Altamirano, Dr. Sergio Marcelo Jenefes y Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone, bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el Expte. Nº CF-13.128/2016 (Tribunal de Familia Sala I Vocalía 3) “Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-057.336/2015: CESACION DE CUOTA ALIMENTARIA: F., C. A. C/ P., G. DEL V.; de cual,

La Dra. Altamirano dijo:

La Sala Primera del Tribunal de Familia, mediante sentencia de fecha 20 de octubre del dos mil dieciséis, resolvió hacer lugar a la acción sumaria de cesación de cuota alimentaria promovida por el Sr. C. A. F. en contra de su ex cónyuge, la Sra. G. del V. P.; dejó sin efecto la retención del 20% que en concepto de alimentos se venía efectuando sobre la jubilación del actor; reguló honorarios profesionales, e impuso costas por el orden causado.

Para decidir de tal manera, el Tribunal consideró en primer lugar que, la prestación alimentaria que le fue impuesta al Sr. C. A. F., tuvo en cuenta que G. del V. P. había sido declarada cónyuge inocente del divorcio. En este sentido, al haber desaparecido la figura del “cónyuge inocente” con el dictado del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el reclamo del actor se analizó bajo la óptica de la nueva normativa.

Al respecto la misma establece que, acaecido el divorcio la obligación alimentaria subsiste sólo cuando se presentan casos excepcionales de situaciones de vulnerabilidad, aseverando que el régimen alimentario de excepción no opera en forma automática, sino que la carga de la prueba recae sobre el propio interesado que pretende beneficiarse con el mismo.

Finalmente concluye expresando que, en autos no consta que la Sra. P. sea acreedora de alimentos en los términos del Art. 434 del Código Civil y Comercial de la Nación.

En contra de dicho pronunciamiento, a fs. 05/10 la Dra. Rosalía Txapi Baca con el patrocinio letrado del Dr. Guillermo Agustín Garlatti, en nombre y representación de G. del V. P., interpone recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria.

Sostiene que el fallo vulnera el Art. 17 de nuestra Carta Magna.

Se agravia del pronunciamiento atacado en la medida que, de persistir el razonamiento de aplicabilidad al presente caso del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se estaría violando derechos ya adquiridos. Expresa que el Art. 7 segundo párrafo de la normativa recientemente sancionada dispone: las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Manifiesta que el fallo no solo afecta derechos amparados por la Constitución sino otros derechos establecidos en diferentes tratados internacionales, como aquellos referidos a las conquistas de los derechos de protección de la mujer.

Entiende que “de aceptarse tal criterio, esto es que al desaparecer la figura del cónyuge inocente, desaparece ipso facto los alimentos a favor de los mismos, se estaría afirmando y promoviendo el planteo de cesación de cuotas alimentarias que de modo automático deberían ser resueltas favorablemente.” (sic).

Afirma que “La sentencia deja sin efecto los alimentos, pero se olvida también que previendo lo denunciado en el párrafo anterior, existe en la nueva normativa la compensación económica a fin de evitar estas disparidades, situación que no alcanza a quienes se encuentran percibiendo alimentos por haber sido declarados mediante sentencia cónyuges inocentes, es decir, se les aplica el nuevo Código, sólo para restringir sus derechos, cuando debiera primero analizar una compensación y en todo caso, luego ver el tema de la cesación” (sic).

Finalmente acota que, debe primar el principio pro homine, que favorece a la parte más débil. Frente a ello, expresa que al no haberse abierto la causa a prueba y declararse la cuestión resuelta de puro derecho, no se acreditó que la Sra. P. no sea acreedora de los alimentos en los términos del Art. 434 del C.C.C.

Brinda mayores argumentaciones jurídicas a las que remito en honor a la brevedad. Formula reserva del caso federal y peticiona.

Corrido traslado de ley, a fs. 50/53 comparece a contestarlo la Dra. Valeria Vanesa Cari, en nombre y representación del Sr. C. A. F., oponiéndose a la procedencia del mismo por los fundamentos que expone, a los que cabe remitir.

Cumplidos los demás trámites procesales, la Señora Fiscal General Adjunto emitió dictamen (fs. 88/91), aconsejando hacer lugar al Recurso de Inconstitucionalidad tentado, por lo que el mismo se encuentra para resolver.

En primer lugar, y antes de entrar a conocer el fondo de la cuestión sometida a revisión, se impone precisar que a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, las nuevas normas procesales resultan operativas respecto a las consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas existentes, esto es, a aquellos juicios iniciados y no concluidos, o pendientes, en lo que fuera pertinente y, considerando la preclusión de actos o etapas realizadas.

Hecha esta aclaración previa, atendiendo a la naturaleza alimentaria del objeto del recurso, cabe recordar que, este Superior Tribunal de Justicia tiene dicho que “las sentencias que resuelven cuestiones relativas a alimentos en tanto no causan estado (art. 401 inc. 4 del Código Procesal Civil), resultan en principio irrecurribles por la vía del recurso de inconstitucionalidad” (L.A. Nº 49, Fº 2331/2332, Nº 761).

Sin embargo, se trata de una regla que admite excepciones cuando se advierte que la sentencia de grado ha considerado la aplicación de la ley, sin tener en cuenta el caso particular, lo que a mi juicio ha provocado se concrete una situación de injusticia, conforme la opinión del Ministerio Fiscal.

Digo ello, porque “El carácter estrictamente excepcional que posee la doctrina de la arbitrariedad debe ser subrayado en juicios de la naturaleza del presente -alimentos- cuya solución depende, eminentemente, de la valoración de complejas situaciones personales, pues esta particularidad torna prudente dejar librada dicha ponderación a los jueces de grado, en tanto no medie un evidente apartamiento de los hechos, del buen sentido o de las reglas de la sana crítica (CSJN, 11/10/84, “R:R: c/ R. de C:B: s/ Alimentos, fallo citado por Gustavo A. Bossert en “Régimen jurídico de los alimentos”, Ed. Astrea, p. 402) y, al haber ocurrido esto último en este supuesto, en el que la valoración hecha en la sentencia en crisis no ha sido acertada, procede admitir su revisión.

Se impone tener en cuenta para casos como el de autos, que lo cuestionado es una cuota alimentaria provisoria, a cuyo respecto “La evaluación que el juez hace para otorgar alimentos provisorios no es definitiva ni implica prejuzgar sobre el fondo del asunto, sino disponer el pago de lo indispensable para atender las necesidades mínimas, en tanto en la sentencia resolverá con todos los elementos de la causa ya reunidos”. (Leiva Fernández, “Alimentos”, Digesto Práctico La Ley, pág. 834).

Efectivamente, en este supuesto se ha decidido dejar sin efecto la cuota provisoria de alimentos fijada a favor de la cónyuge divorciada, bajo la vigencia de la ley anterior, encuadrando la posición de la recurrente en el supuesto de excepción previsto por la nueva legislación, de poder peticionar “alimentos de toda necesidad (art. 434 inc. b)”, la que según afirma la sentencia en crisis, es una figura cercana al alimento entre parientes, que exige la acreditación por parte del ex cónyuge, que no tiene recursos propios suficientes, ni posibilidades de procurárselos. Por lo que dicho régimen alimentario de excepción no opera en forma automática, sino que la carga de la prueba recae sobre el propio interesado que pretende beneficiarse con el mismo”, agregando que “en estos autos no consta prueba alguna en el sentido antes referido, por lo que no puede tenerse por abonado que la Sra. P. sea acreedora de alimentos en los términos del art. 434 del t.o.” (sic).

Es en contra de esta decisión así tomada, que la recurrente se alza en queja.

Frente a ello, si bien no comparto los fundamentos dados por la recurrente para sostener los agravios, considero la razonabilidad del recurso.

En tal sentido me expido porque “El nuevo Código parte de la noción de asistencia recíproca, y del principio de solidaridad familiar, pilar fundamental de la obligación alimentaria, que trasciende al matrimonio que se quebró; diríamos que es un mínimo de derechos y deberes que subsisten, y que están directamente relacionados con la situación de debilidad en la que puede encontrarse uno de los ex cónyuges.” (“La prueba en el Código Civil y Comercial de la Nación”, Revista de Derecho Procesal, 2016-2, ed. Rubinzal Culzoni).

Esa situación de vulnerabilidad debe ser probada, y si bien, como lo refiere el a-quo, de las constancias de autos surge una evidente orfandad probatoria; a diferencia de lo que el mismo estima sobre la carga probatoria, que se la cargó a la recurrente, al decidir así, se apartó de los principios generales que rigen la materia.

Efectivamente, como lo sostiene la doctrina en la misma obra citada, “la regla general es que el actor debe probar los hechos constitutivos y el demandado los hechos modificativos, impeditivos y extintivos…”.

También la jurisprudencia se ha expedido en igual sentido al afirmar que “Corresponde al alimentante acreditar que su esposa -ex esposa en el caso- goza de posición económica equivalente o superior a la suya a fin de hacer cesar la obligación alimentaria que pesa sobre si” (fallo citado en “Derecho a Alimentos”, Mariano C. Otero, ed. jurídicas Cuyo).

Por consiguiente al pretender el recurrido en el expediente principal, la extinción o cese de la cuota alimentaria fijada a favor de su ex cónyuge, a él le cabía, como un imperativo de su propio interés, la obligación de desvirtuar la subsistencia de la necesidad mínima de alimentos, que al tiempo de otorgárselos en forma provisoria valoró el mismo tribunal (fs. 25 del expte. B-255.815, agregado por cuerda) y, sin embargo así no lo hizo.

Efectivamente, si estamos a las constancias de la demanda cuya resolución reviso, se advierte que sólo acompaña una certificación negativa del ANSES, la que sólo “registra liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo”, pero sin que se desprenda de ella el monto que por tal beneficio percibe, como tampoco si lo hace a través del trabajo que reconoce desempeñar, o por el contrario lo percibe como otro ingreso, omitiendo ofrecer ninguna otra prueba que demuestre su derecho.

Es decir que en el caso bajo estudio, no sólo que no se ha probado que la recurrida cuente con recursos suficientes para sustentarse, y ha dejado de necesitar la cuota alimentaria de la que goza, sino que ni siquiera la resolución atacada causa estado definitivo.

Tampoco debemos olvidar que, por la naturaleza de la cuestión, la misma es siempre revisable, ya que como se ha “afirmado pacíficamente las decisiones recaídas en materia de alimentos no producen cosa juzgada sino que gozan de estabilidad en tanto no varían los presupuestos en los que descansan” (Jurisprudencia citada en Alles Monasterio de Ceriani Cernadas, Ana, “El derecho alimentario del cónyuge inocente. Su cesación o reducción, Causas”, en L.L. 1992-C-413).

Por eso se ha dicho que “estamos frente a sentencias que en principio no revisten carácter definitivo, toda vez que la cuestión es pasible de ser tratada nuevamente; constituyen decisorios en los que la cosa juzgada reviste carácter formal (ED-183-226). (Libro de Acuerdos Nº 57, Fº 1825/1827, Nº 503 y L.A. Nº 58, Fº 1925/1928, Nº 546).

En conclusión, al no haberse demostrado en autos que han variado los presupuestos de hecho tenidos en cuenta al tiempo de dictarse la resolución en la que se fijaron los alimentos, cuya cesación se dispuso en la sentencia en crisis, se impone su revocación, debiéndose mantener la vigencia de la cuota alimentaria cuestionada, en los términos establecidos.

Fijados entonces los límites dentro de los cuales procedí a la revisión y, por las razones expuestas, sólo cabe concluir en la admisión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos por la Dra. Rosalía Txapi Baca, con el patrocinio letrado del Dr. Guillermo Agustín Garlatti, en representación de G. del V. P., procediendo en su consecuencia, el rechazo de la demanda de cese de cuota alimentaria interpuesta por el Dr. C. A. F.
Imponer las costas a cargo del recurrido que resulta vencido (Art. 102 del C.P.C.).

En cuanto a los honorarios profesionales de los letrados intervinientes, por su actuación en esta instancia recursiva, su regulación procede efectuarla conforme doctrina sobre honorarios mínimos, actualizada mediante Acordada Nº 96 de fecha 24 de Mayo del año 2016, determinándose los mismos a favor de la Dra. Rosalía Txapi Baca, como apoderado de la recurrente que resulta vencedora, en la suma de pesos un mil ciento sesenta y siete ($1.167), para el Dr. Guillermo Agustín Garlatti como patrocinante en la suma de pesos dos mil trescientos treinta y tres ($2.333); y a favor de la Dra. Valeria Vanesa Cari, como apoderada de la parte recurrida que resulta vencido, en la suma de pesos dos mil ochocientos ($2.800), con más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) si correspondiere.

Los Dres. Sergio Marcelo Jenefes y Clara De Langhe de Falcone, adhieren al voto que antecede.

Por ello, la Sala I, Civil y Comercial y de Familia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,

RESUELVE

1°) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por la Dra. Rosalía Txapi Baca, con el patrocinio letrado del Dr. Guillermo Agustín Garlatti, en representación de G. del V. P., y en su consecuencia rechazar la demanda de cese de cuota alimentaria interpuesta por el Sr. C. A. F.

2°) Imponer las costas al recurrido vencido.

3°) Regular los honorarios profesionales, a favor de la Dra. Rosalía Txapi Baca, como apoderada de la recurrente que resulta vencedora, en la suma de pesos un mil ciento sesenta y siete ($1.167), para el Dr. Guillermo Agustín Garlatti como patrocinante, en la suma de pesos dos mil trescientos treinta y tres ($2.333); y a favor de la Dra. Valeria Vanesa Cari, como apoderada de la parte recurrida que resulta vencida, en la suma de pesos dos mil ochocientos ($2.800), con más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) si correspondiere.

4°) Registrar, agregar copia en autos, protocolizar y notificar por cédula.

Firmado: Dra. Beatriz Elizabeth Altamirano; Dr. Sergio Marcelo Jenefes; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone.

Ante mí: Dra. Susana Inés Ferreyra – Secretaria Relatora.

 

Fuente: Editorial Erreius